Cubadebate

La justicia argentina ordenó hoy la extracción obligatoria de muestras genéticas de los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, para saber si son hijos de desaparecidos durante la última dictadura militar. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó este jueves un recurso de apelación presentado por los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera, quienes quieren evitar la entrega de pruebas de ADN que podrían demostrar su verdadera identidad.

La vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, reveló en Argentina que las embarazadas secuestradas en la ESMA eran obligadas a formar en fila para que las futuras apropiadoras de sus bebés pudieran "elegir el tipo de criatura" que iban a adoptar de manera ilegal una vez que nacieran. "Las esposas de los milicos iban a ver esas formaciones para ver a las madres y poder elegir el tipo de criatura que se iban a llevar", contó Roisinblit en una nueva audiencia por el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la dictadura.

Ha aparecido con fuerza la teoría de que el Presidente Salvador Allende no se suicidara y que recibiera disparos de dos armas distintas en La Moneda. Esa es la tesis del reportaje que emitirá esta noche "Informe Especial" (TVN, 22:50 horas). Clave en ello es la aparición de un documento que supuestamente estaba perdido y que llegó a las oficinas del programa de investigación.

El féretro con los restos del presidente chileno Salvador Allende fue exhumado del mausoleo familiar en el Cementerio General de Santiago para iniciar las pericias que determinen las circunstancias de su muerte, que según la versión más aceptada se debió a un suicidio. La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones, ante un equipo de forenses y antropólogos, cinco de ellos extranjeros.

Una de las querellas en un juicio que se lleva a cabo en Argentina por delitos de lesa humanidad durante la dictadura pide prisión perpetua para los exmarinos Alfredo Astiz y Jorge Acosta por el asesinato del escritor Rodolfo Walsh, informaron hoy fuentes judiciales. La solicitud al Tribunal Oral Federal 5 de Buenos Aires fue hecha por los abogados Miriam Bregman y Luis Bonomi, quienes representan a la exdiputada Patricia Walsh, hija del escritor.

El juez argentino Sergio Torres ordenó la detención de tres pilotos de la Prefectura Naval, un exsuboficial de la Armada y un abogado, vinculados con la desaparición de las monjas francesas Leonnie Duquet y Alice Domon, quienes fueron arrojadas al mar junto con otras integrantes de Madres de Plaza de Mayo luego de ser secuestras de la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977.

El Senado uruguayo invalidó hoy la Ley de Caducidad, que perdonó las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar (1973-1985), y abrió así las puertas sin excepción a los juicios contra militares y policías responsables de los crímenes. Con 16 votos a favor, todos del izquierdista Frente Amplio (FA), y 15 en contra, uno de ellos del oficialismo, los senadores aprobaron el proyecto de ley, tras más de 12 horas de acalorado debate.

El Premio Cervantes de Poesía 2007, el argentino Juan Gelman, ha conquistado la Justicia por la que tanto batalló durante las últimas tres décadas: los cuatro verdugos que asesinaron a su hijo, Marcelo Ariel, de 20 años, han sido condenados. El Tribunal Oral Federal 1 de Buenos Aires castigó con penas de reclusión perpetua al ex general Eduardo Cabanillas, 25 años a los agentes civiles de la 'guerra sucia' de la dictadura argentina Honorio Martínez Ruiz y Eduardo Alfredo Ruffo, y 20 años para Raúl Guglielminetti.

Las tres hijas del general chileno Carlos Prats, asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires por la policía secreta de Augusto Pinochet, demandaron hoy al Estado chileno y a los autores por quince millones de dólares, informaron fuentes del caso. Se trata de una demanda solidaria, que se tramita en la justicia civil e incluye a los condenados por el doble crimen y al Estado, explicó a Efe el abogado Luciano Fouilloux, que patrocina la demanda.