Arizona
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rizona, lo dice su nombre, es una zona. Zona árida, pero zona al fin. No llega a ser un lugar. A mitad de camino entre Texas y California, parte hippie, parte cowboy. Tiene una megalópolis como Phoneix (5,5 millones de habitantes) que es un monumento al modernismo, y una capital como Tucson (un millón) que es un ícono del Far West. Arizona es grande como la Patagonia, pero el noventa por ciento de su población se concentra en sus dos grandes ciudades.
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Molestos por la severa legislación contra los inmigración ilegal en Arizona, manifestantes hispanos tomaron las calles el sábado para denunciar la nueva ley y exhortar a Washington a actuar con urgencia sobre la reforma inmigratoria en las protestas del 1 de mayo en Estados Unidos. En un mar de banderas estadounidenses y carteles pintados "Todos Somos Arizona" y "No al Apartheid de Arizona", decenas de miles de manifestantes, vestidos de blanco, se congregaron en el centro de Los Angeles.
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La legislación antiinmigrante de Arizona podría ser el punto de partida para que otros entidades de Estados Unidos apliquen este tipo de leyes, advirtió el activista guatemalteco Miguel Angel Ibarra. "Independientemente de que es una ley anticonstitucional, podría ser el punto de partida con las consecuencias que ya conocemos", señaló Ibarra del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, de Naciones Unidas (ONU).
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Arizona fue el único territorio al oeste de Texas que se separó de la Unión y pasó a formar parte de la Confederación durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Un siglo más tarde, luchó por el reconocimiento del feriado nacional en honor a Martin Luther King Jr. Esta semana, la gobernadora republicana del estado, Jan Bewer, promulgó una ley anti-inmigrantes. El proyecto de ley 1070 del Senado de Arizona autoriza al estado y a la policía local y estatal a detener, interrogar y arrestar a cualquier persona que sospechen que no es residente legal del estado.
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El gobierno mexicano emitió el martes un alerta a sus ciudadanos que visiten, residan o estudien en Arizona, luego que el gobierno de ese estado norteamericano adoptó una nueva ley que criminaliza la inmigración sin papeles. La secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un comunicado que si bien los detalles de aplicación de la ley aún no están claros, se debe asumir que todo ciudadano mexicano podrá ser molestado y cuestionado sin mayor causa en cualquier momento''.
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En noviembre de 2008, el inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba con un amigo cuando fueron enfrentados por unos siete jóvenes que buscaban "mexicanos" para golpear, lo cual culminó con el apuñalamiento mortal de Lucero. Ayer, Jeffrey Conroy, de 19 años, fue declarado culpable de homicidio imprudente como crimen de odio. Cuatro de sus compañeros han aceptado su culpabilidad en cargos de crímenes de odio, dos más están en espera de juicio. El juez determinará una condena de entre 8 y 25 años de prisión para Conroy. El veredicto causó inconformidad entre la comunidad inmigrante y activistas contra delitos de odio »
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La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó este viernes una ley que convierte en delito la inmigración ilegal en ese estado fronterizo con México y permite a la policía detener a cualquier persona si hay "sospecha razonable" de que es inmigrante ilegal. Una ley que criminaliza a todo el que se encuentre en EEUU sin papeles en un país donde se estiman viven unos 12 millones de personas indocumentadas, de los cuales el 76% son de origen hispano, aunque la gran mayoría proviene de México (59%), 11% son centroamericanos, 7% sudamericanos y 4% del Caribe.
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Una jueza amenazó con sentenciar a 25 días de prisión a un hombre de Arizona que dejó envases con agua en el desierto para los inmigrantes indocumentados. Walt Staton es miembro del grupo No More Deaths, que apoya la ayuda humanitaria a lo largo de la frontera para evitar las muertes de indocumentados. Estaba previsto que recibiera una nueva sentencia el viernes, después de que dijo el mes pasado, a una magistrada federal, que objetaba el castigo impuesto por la corte, por razones morales y legales.
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