Artículos de Pensar el Derecho
Espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Columna coordinada especialmente para esta publicación digital por las doctoras en Ciencias Jurídicas Majela Ferrari Yaunner y Yamila González Ferrer.
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El proyecto normativo no se orienta hacia una sustitución de responsabilidades, sino hacia su distribución más amplia. El Estado mantiene facultades de apoyo, financiamiento y rehabilitación, mientras que los propietarios asumen deberes más claros respecto a la conservación cotidiana de los inmuebles. La coexistencia de ambos elementos es uno de los rasgos más distintivos de la propuesta legislativa.
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Este 8 de junio de 2026, en el Año del Centenario de Fidel, mientras Cuba renueva su ordenamiento jurídico, merece ser algo más que una fecha de felicitaciones protocolares. Merece ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa el derecho en una sociedad que tiene la justicia como aspiración irrenunciable, y sobre el papel de quienes han elegido esa aspiración como profesión y como destino.
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La regulación de los extranjeros en Cuba es un sistema de categorías y clasificaciones que busca claridad, coherencia y proporcionalidad. Los extranjeros pueden ser residentes o no residentes. Los residentes tienen cinco clasificaciones posibles que van de menor a mayor arraigo. La Ley de Migración recoge requisitos, formalidades, causales y otros elementos relevantes.
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Cuba no reformó su legislación migratoria por capricho administrativo. La Ley No. 171 de 2024, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 5 de mayo de 2026, responde a una realidad que ya no cabía dentro de los marcos jurídicos de la Ley 1312 de 1976, norma que durante casi cinco décadas fue el pilar del ordenamiento migratorio cubano.
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En los últimos años, con más fuerza, Cuba ha consolidado una visión de país centrada en la dignidad humana, la justicia social y la igualdad de derechos para todas las personas. Se trata de un proceso que no surge de manera improvisada, sino de una evolución política, jurídica y cultural que ha ido ampliando espacios de reconocimiento y protección para sectores históricamente invisibilizados.
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Mayo es en Cuba el mes de la diversidad. Desde 2008, el Centro Nacional de Educación Sexual desarrolla las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, una campaña que articula actividades académicas, comunitarias, artísticas y educativas con un propósito que, desde sus inicios, ha tenido una dimensión jurídica evidente.
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Mayo es el mes internacional de las familias. No es una efeméride menor. Es una oportunidad concreta para preguntarse qué protege realmente la ley cuando habla de las familias, qué derechos tienen las personas dentro de ese espacio que solemos dar por natural y que, sin embargo está regulado, disputado y transformado por el derecho.
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La reciente Resolución 247 de 2025 del Ministerio de Salud Pública marca un punto de inflexión en la organización de los servicios de cuidados destinados a personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Se trata de un mandato que encarga definir cómo deben funcionar estos servicios cuando son prestados por actores económicos no estatales.
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En la columna de este lunes nos acercaremos a los diversos escenarios laborales para valorar cómo se manifiesta la participación de las personas trabajadoras en los procesos. Una primera aproximación a dichos escenarios conduce a preguntarnos si estas miradas a la participación laboral constituyen solo una novedad para Cuba.
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Sin profundizar más allá de lo necesario en aspectos de carácter conceptual, es importante señalar de manera sencilla y asequible que el derecho laboral tiene una clara vocación de tutela y protección del más débil en la relación que se establece entre empleador y trabajador. El principio protectorio es uno de los fundamentales del derecho del trabajo.
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La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado.
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El Decreto-Ley 94 es más que un avance legal. Constituye un hito en la construcción de una sociedad inclusiva, donde la diversidad se reconoce, respeta y protege activamente. La oficialización de la Lengua de Señas Cubana consolida la identidad cultural de la Comunidad Sorda, garantiza acceso pleno a educación y cultura, y refuerza autonomía y participación social.
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