Artículos de Pensar el Derecho
Espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Columna coordinada especialmente para esta publicación digital por las doctoras en Ciencias Jurídicas Majela Ferrari Yaunner y Yamila González Ferrer.
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Próximamente se desarrollará un proceso de consulta con los trabajadores del país a través de asambleas dedicadas al análisis, debate y, si fuera necesario, presentación de propuestas sobre el texto del anteproyecto del Código de Trabajo. Este forma parte del Cronograma Legislativo y se someterá a la aprobación de la ANPP en la presente legislatura.
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La figura del presidente de la República en Cuba es, según lo establece la Constitución de 2019, la máxima autoridad del Estado. Su rol es clave en la organización del poder político, entre otras cuestiones vitales. Pero, ¿qué implica realmente ser presidente en Cuba? ¿Qué responsabilidades conlleva? ¿Qué límites se le imponen? »
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Uno de los pilares fundamentales del Derecho del Trabajo en Cuba es el principio de igualdad y no discriminación. Este principio proscribe cualquier forma de exclusión o trato diferenciado que vulnere la dignidad humana, ya sea por razones internas o externas al ejercicio profesional, tales como la edad biológica, la identidad de género o las creencias religiosas.
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Pocas figuras reflejan con tanta claridad la fusión entre el derecho, la ética y los afectos como la obligación legal de dar alimentos. Lejos de ser una simple fórmula judicial para resolver conflictos familiares, esta figura revela la profundidad del compromiso social que asume el Estado cubano en la protección de sus ciudadanos más vulnerables.
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Nos acercamos a los beneficios de las modificaciones realizadas al Decreto Ley 56 de 2021, en su versión concordada publicada en la Edición Especial No. 2 de la Gaceta Oficial de fecha 26 de junio de 2024, bajo el título “De la maternidad de la trabajadora y la responsabilidad de las familias”, referidos a la maternidad y paternidad responsables.
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Un nuevo instrumento jurídico en Cuba establece protocolos para proteger a personas en situación de calle, priorizando a colectivos históricamente marginados. La medida busca garantizar derechos sociales ante desigualdades agravadas por cambios demográficos y económicos.
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Garantizar un entorno laboral seguro y saludable es un derecho fundamental que protege la integridad física y mental del trabajador. La legislación actual, desde el Código de Trabajo hasta normas internacionales, exige identificar y prevenir riesgos tanto físicos como psicosociales.
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Hablar de violencia de género implica también aprender a reconocer sus formas más sutiles y dolorosas, aquellas que muchas veces no dejan huellas físicas, pero que destruyen por dentro. Una de las expresiones más crueles y poco visibilizadas es la violencia vicaria, que ocurre cuando la agresión se perpetra a través de sus seres más queridos: sus hijos e hijas.
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A pesar del compromiso global de erradicar el trabajo infantil para 2025 bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, las cifras revelan un retroceso. Según el último informe conjunto de la OIT y UNICEF, en 2020 había 160 millones de niños en situación de trabajo infantil.
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En el presente artículo trataremos aspectos relacionados con la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, a través de las normas internacionales y la legislación cubana que constituyen la plataforma para su atención, mediante estrategias adoptadas para impedir que menores de edad sean víctimas de cualquier tipo de trabajo.
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Cuidar ha sido, durante décadas, una de las tareas más invisibles y desiguales dentro de la sociedad cubana. Sin embargo, ese escenario comenzó a cambiar con la entrada en vigor del Decreto 121/2025, sobre el Servicio de Cuidados para familias de hijos en situación de discapacidad severa, una normativa que convierte el cuidado en un trabajo formal, digno y protegido.
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Desde hace décadas, se han desarrollado esfuerzos significativos en el ámbito de la salud, la educación y la participación social para garantizar los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Estos esfuerzos han sido impulsados tanto por el Estado como por instituciones como el Centro Nacional de Educación Sexual.
Destacadas
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