Artículos de Pensar el Derecho
Espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Columna coordinada especialmente para esta publicación digital por las doctoras en Ciencias Jurídicas Majela Ferrari Yaunner y Yamila González Ferrer.
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Mayo es el mes internacional de las familias. No es una efeméride menor. Es una oportunidad concreta para preguntarse qué protege realmente la ley cuando habla de las familias, qué derechos tienen las personas dentro de ese espacio que solemos dar por natural y que, sin embargo está regulado, disputado y transformado por el derecho.
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La reciente Resolución 247 de 2025 del Ministerio de Salud Pública marca un punto de inflexión en la organización de los servicios de cuidados destinados a personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Se trata de un mandato que encarga definir cómo deben funcionar estos servicios cuando son prestados por actores económicos no estatales.
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En la columna de este lunes nos acercaremos a los diversos escenarios laborales para valorar cómo se manifiesta la participación de las personas trabajadoras en los procesos. Una primera aproximación a dichos escenarios conduce a preguntarnos si estas miradas a la participación laboral constituyen solo una novedad para Cuba.
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Sin profundizar más allá de lo necesario en aspectos de carácter conceptual, es importante señalar de manera sencilla y asequible que el derecho laboral tiene una clara vocación de tutela y protección del más débil en la relación que se establece entre empleador y trabajador. El principio protectorio es uno de los fundamentales del derecho del trabajo.
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La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado.
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El Decreto-Ley 94 es más que un avance legal. Constituye un hito en la construcción de una sociedad inclusiva, donde la diversidad se reconoce, respeta y protege activamente. La oficialización de la Lengua de Señas Cubana consolida la identidad cultural de la Comunidad Sorda, garantiza acceso pleno a educación y cultura, y refuerza autonomía y participación social.
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Cada vez más personas requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria y, al mismo tiempo, cada vez son menos los miembros del núcleo familiar que pueden asumir esa responsabilidad de manera permanente. Frente a ese escenario, el Derecho empieza a reorganizar el mapa institucional del cuidado.
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La vivienda ocupa un lugar especial en la vida de cualquier familia. No es solo un inmueble; es estabilidad, es seguridad, es proyecto de futuro. El Anteproyecto de Ley de la Vivienda propone actualizar las reglas que rigen ese espacio tan sensible, con un propósito evidente: dar mayor claridad jurídica, proteger a quienes más lo necesitan y evitar distorsiones que puedan vaciar de sentido la política social.
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La Constitución cubana de 1976 fue el resultado de profundas transformaciones socioeconómicas, culturales y político-ideológicas, marcadas además por fuertes contradicciones internas e internacionales y por una notable influencia del ideal socialista soviético. Durante más de cuarenta años de vigencia sufrió modificaciones formales.
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Cuba vuelve a ocupar titulares internacionales en medio de un escenario económico especialmente complejo que no puede comprenderse sin analizar el recrudecimiento de las sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, limitar el análisis a un “enfrentamiento político entre gobiernos”, como prefieren hacerlo algunos, impide ver la dimensión real del problema.
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La reciente publicación de la Ley 168: De la Transparencia y el Acceso a la Información Pública marca un momento relevante dentro del desarrollo jurídico cubano, porque convierte en reglas concretas derechos que ya estaban reconocidos en la Constitución, pero que ahora cuentan con mayores mecanismos y obligaciones precisas para hacerse efectivos.
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