Artículos de Pensar el Derecho
Espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Columna coordinada especialmente para esta publicación digital por las doctoras en Ciencias Jurídicas Majela Ferrari Yaunner y Yamila González Ferrer.
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El consumidor vulnerable es un concepto dinámico, pues una persona puede ser considerada vulnerable en un determinado ámbito de consumo, pero no en otros. Además, esa condición de vulnerabilidad podrá variar a lo largo del tiempo según puedan hacerlo las condiciones que la determinan, tanto las de tipo personal como las sociales o de contexto. Por esa razón, cualquier persona puede ser vulnerable en algún momento de su vida, de ahí la importancia de su protección.
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El pasado 17 de enero fue publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 6, el Decreto Ley 81/2023 que regula el régimen laboral especial de las personas privadas de libertad que trabajan dentro o fuera de los establecimientos penitenciarios y que entrará en vigor a los 60 días posteriores a su publicación.
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Ante la situación que actualmente atraviesa el país en cuanto a las afectaciones al sistema electro energético nacional, a la transportación por la carencia de combustibles, entre otras situaciones complejas ¿por qué no se autoriza a más trabajadores el régimen legal del trabajo a distancia o el teletrabajo? »
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En materia de género, prevención de la violencia y derechos sexuales y reproductivos, la Ley incorpora importantes novedades en correspondencia con la Constitución de la República, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la Estrategia Integral de Prevención y Atención a la Violencia de Género y en el escenario familiar, el Código de las familias.
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A inicios de noviembre fue publicado en el sitio del Parlamento el anteproyecto de Ley de la Salud Pública, que ha sufrido posteriores precisiones como resultado de un proceso de consulta. Es imposible abarcar el análisis de todas sus previsiones. En esta ocasión, solo nos detenemos en una de sus más notables novedades: las determinaciones para el final de la vida.
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El consentimiento informado no puede suponer la firma de un documento que se le entrega al paciente sin más. No se trata de rellenar un formulario, ni de buscar la coartada para evadir cualquier supuesto de responsabilidad médica (ya sea civil o penal).
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La medicina constituye una actividad científica y el médico, como hombre de ciencia, su ejecutor, con la peculiaridad de que no despliega un ejercicio para sí, sino para el bienestar de la sociedad. Por su trascendencia, esta actividad esencial para la vida de las personas no ha escapado a la regulación jurídica, siendo parte del objeto del derecho por su cometido social y esencialmente humano.
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El anteproyecto de Ley de Salud Pública que será debatido en el Parlamento propone un abordaje actualizado de la obligación del Estado en esta área. La futura normativa atempera las máximas que identifican la protección de la salud en el país para garantizar la prestación de servicios que tributen al nivel más alto posible de salud de las personas desde la base del humanismo.
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Favorecer vías que fortalezcan el ejercicio y defensa de los derechos es deber estatal, resulta clave para la articulación de consensos y elemento imprescindible para la credibilidad y confianza en el poder público político. En ese contexto, es usual que los ordenamientos jurídicos regulen como derecho constitucional la posibilidad de las personas de quejarse y pedir ante las autoridades.
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El derecho de acceso a la información, construido históricamente sobre la base de los derechos de libertad de expresión y de participación política, puede considerarse como una refinación natural de un haz concreto que nutre la dinámica entre el Estado y los ciudadanos.
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Cuando una familia se encuentra afrontando situaciones de alta conflictividad ante una ruptura de pareja y existen hijos menores de edad fruto de esa relación, los litigios que pudieran suscitarse, necesitan de un sistema de apoyo multidisciplinario para su solución, que garantice una protección integral a la familia y en particular al interés superior de niñas, niños y adolescentes.
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El derecho de habitación le confiere a su titular, llamado habitador o habitacionista, la facultad de residir en un bien inmueble ajeno, destinado a vivienda, y aprovecharse de su totalidad o de algunas de sus partes, por un plazo temporal o de manera vitalicia. Este derecho puede favorecer a personas cercanas en el orden familiar al habitacionista.
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