Artículos de Yuliesky Amador Echevarria
Licenciado en Derecho y Máster en Derecho Constitucional y Administrativo. Profesor Auxiliar de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Universidad de Artemisa "Julio Díaz González".
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El proyecto normativo no se orienta hacia una sustitución de responsabilidades, sino hacia su distribución más amplia. El Estado mantiene facultades de apoyo, financiamiento y rehabilitación, mientras que los propietarios asumen deberes más claros respecto a la conservación cotidiana de los inmuebles. La coexistencia de ambos elementos es uno de los rasgos más distintivos de la propuesta legislativa.
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Este 8 de junio de 2026, en el Año del Centenario de Fidel, mientras Cuba renueva su ordenamiento jurídico, merece ser algo más que una fecha de felicitaciones protocolares. Merece ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa el derecho en una sociedad que tiene la justicia como aspiración irrenunciable, y sobre el papel de quienes han elegido esa aspiración como profesión y como destino.
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Cuba no reformó su legislación migratoria por capricho administrativo. La Ley No. 171 de 2024, publicada en la Gaceta Oficial el pasado 5 de mayo de 2026, responde a una realidad que ya no cabía dentro de los marcos jurídicos de la Ley 1312 de 1976, norma que durante casi cinco décadas fue el pilar del ordenamiento migratorio cubano.
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En los últimos años, con más fuerza, Cuba ha consolidado una visión de país centrada en la dignidad humana, la justicia social y la igualdad de derechos para todas las personas. Se trata de un proceso que no surge de manera improvisada, sino de una evolución política, jurídica y cultural que ha ido ampliando espacios de reconocimiento y protección para sectores históricamente invisibilizados.
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Mayo es en Cuba el mes de la diversidad. Desde 2008, el Centro Nacional de Educación Sexual desarrolla las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, una campaña que articula actividades académicas, comunitarias, artísticas y educativas con un propósito que, desde sus inicios, ha tenido una dimensión jurídica evidente.
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Mayo es el mes internacional de las familias. No es una efeméride menor. Es una oportunidad concreta para preguntarse qué protege realmente la ley cuando habla de las familias, qué derechos tienen las personas dentro de ese espacio que solemos dar por natural y que, sin embargo está regulado, disputado y transformado por el derecho.
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La reciente Resolución 247 de 2025 del Ministerio de Salud Pública marca un punto de inflexión en la organización de los servicios de cuidados destinados a personas adultas mayores y en situación de discapacidad. Se trata de un mandato que encarga definir cómo deben funcionar estos servicios cuando son prestados por actores económicos no estatales.
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La Resolución 71 de 2021 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene un objetivo muy concreto dentro del sistema jurídico cubano, ordenar de manera precisa dos formas de organización laboral que en los últimos años comenzaron a utilizarse con mayor frecuencia en entidades estatales y en otras estructuras de empleo subordinado.
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El Decreto-Ley 94 es más que un avance legal. Constituye un hito en la construcción de una sociedad inclusiva, donde la diversidad se reconoce, respeta y protege activamente. La oficialización de la Lengua de Señas Cubana consolida la identidad cultural de la Comunidad Sorda, garantiza acceso pleno a educación y cultura, y refuerza autonomía y participación social.
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Cada vez más personas requieren apoyo para realizar actividades básicas de la vida diaria y, al mismo tiempo, cada vez son menos los miembros del núcleo familiar que pueden asumir esa responsabilidad de manera permanente. Frente a ese escenario, el Derecho empieza a reorganizar el mapa institucional del cuidado.
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La vivienda ocupa un lugar especial en la vida de cualquier familia. No es solo un inmueble; es estabilidad, es seguridad, es proyecto de futuro. El Anteproyecto de Ley de la Vivienda propone actualizar las reglas que rigen ese espacio tan sensible, con un propósito evidente: dar mayor claridad jurídica, proteger a quienes más lo necesitan y evitar distorsiones que puedan vaciar de sentido la política social.
Especiales, Política »
Reflexionar sobre la Constitución de la República de Cuba implica situarla en perspectiva histórica y política. No es un texto aislado ni una reforma meramente técnica; es la expresión jurídica de un momento del proyecto social cubano, construido sobre bases anteriores y proyectado hacia nuevos escenarios.
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