Artículos de Pensar el Derecho
Espacio de diálogo y conocimiento, que pretende contribuir a acercar el Derecho cubano, sus complejidades y conquistas, a quienes leen Cubadebate. Columna coordinada especialmente para esta publicación digital por las doctoras en Ciencias Jurídicas Majela Ferrari Yaunner y Yamila González Ferrer.
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Una de las más notorias novedades del nuevo Código de las Familias cubano es la protección de los derechos de los adultos mayores en el entorno familiar, a la par que se rescatan roles tan importantes para la reproducción social como la abuelidad y se visibilizan las relaciones de cuidado a lo interno de las familias.
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“La Historia me absolverá” no fue en esencia un alegato de autodefensa, sino, sobre todo, un discurso contra el sistema social de explotación, evidenciado con argumentos sólidos, en los que se advierte el manejo eficaz de la lógica jurídica, libre de normativas, sustentado en consideraciones doctrinales, históricas, políticas y económicas esgrimidas contra la tiranía.
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El pasado 28 de septiembre la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto No. 96 contentivo del “Protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y situaciones de acoso en el ámbito laboral”, el cual dispone nuevos principios, deberes, derechos y herramientas jurídicas para enfrentar el acoso laboral, la discriminación y violencia en los espacios de trabajo.
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Todos conocemos la existencia del derecho de propiedad tradicional pues a diario, mediante actos de compraventa, adquirimos bienes a los que denominamos tangibles, materiales, porque los podemos ver, tocar, y como propietarios de estos bienes, los podemos llevar con nosotros a cualquier lugar.
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En este ámbito, necesitamos una transformación profunda de nuestras mentalidades para dar el salto que necesitamos en la implementación efectiva de nuestro Código de las Familias, para lo cual el análisis y la evaluación permanente de la implementación son fundamentales.
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El pasado 14 de septiembre, los juristas cubanos rememoramos un aniversario más del natalicio del Dr. Julio Fernández Bulté, sin lugar a dudas uno de los grandes maestros de la ciencia jurídica nacional. Además de la amplitud y profundidad de su obra académica, el profesor Fernández Bulté logró, en términos inusuales, una amplísima popularidad en los más variados entornos generacionales de nuestro pueblo.
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El cooperativismo es un movimiento socioeconómico con más de un siglo de existencia y base en una doctrina que considera a las cooperativas como la forma ideal de la actividad socioeconómica de la humanidad. ¿Cuál será el futuro de las cooperativas en Cuba? ¿Serán capaces de resistir la competencia que les suponen las mipymes? »
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Se trata de una columna enfocada en la socialización del conocimiento jurídico fuera de los espacios académicos y especializados, como ejercicio permanente en pos de acercar este fenómeno y sus conceptos a todas las personas.
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Pero, ¿qué implica la participación de los trabajadores en la empresa? ¿se ha desarrollado en otros países? ¿con qué objetivo? ¿es este un tema nuevo en Cuba?, ¿por qué la ley debe regularla? ¿es más precisa su regulación constitucional al definir los espacios de participación? ¿cómo reglamentarla correctamente? »
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La relación de trabajo tiene dos manifestaciones: las relaciones laborales individuales y la relación colectiva de trabajo, la cual tiene como sujetos al empleador y a la organización sindical en representación colectiva de los derechos e intereses de los trabajadores.
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El derecho de los trabajadores a participar en la gestión económica de la empresa es un principio constitucional que concentra en sí los fundamentos de esas tres variables y se ha formulado con mayor concreción y extensión en cada reforma de la carta magna. Lamentablemente sus resultados y concreciones no han estado en correspondencia con las pretensiones.
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A lo largo de la historia jurídica de nuestro país, han existido mecanismos de representación y protección de las personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, las circunstancias sociales y la reforma de nuestro panorama legislativo, desencadenada a partir de la Constitución del 2019, ha propiciado la aparición de una estructura especializada para atender estos particulares: la Defensoría.
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