Cubadebate

Miami.-  A pesar de la opinión de la inmensa mayoría de los expertos jurídicos, el pasado 28 de septiembre, la fiscalía federal presentó un recurso de revisión de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito que anuló el juicio y las condenas de nuestros Cinco compatriotas: Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, ante el pleno del mismo tribunal.

Como se recordará, el 9 de agosto pasado, un tribunal de tres jueces nombrado por el pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito, dictaminó el fallo antes mencionado.  La ley establece que la parte afectada adversamente por ese fallo, en este caso la fiscalía, tiene el derecho a apelar la decisión al pleno de ese tribunal.

La fiscalía tomó esa decisión a pesar de que la inmensa mayoría de los expertos en esos asuntos, que han opinado sobre la decisión del Tribunal de Apelaciones, mantienen que ésta es minuciosa en cuanto a establecer las causas que la obligaron a determinar la anulación del juicio y las condenas de los acusados, así como que ésta se fundamenta en precedentes jurídicos ampliamente demostrados. Además de que la decisión fue unánime.

¿Por qué se arriesga entonces la fiscalía federal a apelar la decisión al pleno del tribunal?  Si éste fuera un caso normal, se podría suponer, que otra hubiera sido la decisión de la fiscalía federal.  Pero éste nunca ha sido un caso normal en el cual la fiscalía tendría como objetivo lograr que se hiciera justicia. Éste desde un principio ha sido producto de una decisión política por parte de las más altas autoridades de la república que, desde un principio, ha convertido a este proceso en una cruel parodia de la justicia. 

Y es la política la que hace que la fiscalía general decidiera apelar al pleno del tribunal. Especialmente los compromisos políticos que la Casa Blanca mantiene, con los sectores que componen la ultraderecha cubano-americana en Miami, y con su obtusa y ultrajante política anti cubana. Son esas razones de política -nada que tenga que ver con la justicia o con la verdad-- las que la obligan a utilizar todos los recursos que la ley le permite para justificarse ante esos sectores, aunque suponga de antemano que es extremadamente improbable que tenga éxito en ese procedimiento.

Ahora, ¿cuál es el orden a seguir una vez que se hizo la apelación por parte de la fiscalía?  En primer lugar, la fiscalía federal en su alegato por escrito le ha pedido al Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito que el pleno del tribunal decida considerar su petición de la reconsideración de la decisión de la anulación del juicio y las condenas.  El pleno del tribunal, el cual se compone de sus doce jueces en activo -incluyendo al juez presidente del tribunal de tres jueces (dos de los que compusieron ese tribunal son jueces en retiro) que tomó la decisión cuestionada-- decidirá si accede o no a la petición de la fiscalía federal.  Antes de que el pleno del tribunal decida esa cuestión, considerará el alegato por escrito de la defensa defendiendo la decisión y oponiéndose a su reconsideración, que ésta presentará al tribunal para el 14 de octubre próximo.

Si el pleno del tribunal decidiera (la mayoría se compone de un mínimo de 7 jueces de los 12) en contra de la petición de la fiscalía, se le terminarían a la fiscalía los recursos disponibles ante el Tribunal de Apelaciones. Sólo le quedaría a la fiscalía federal la posibilidad de un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo federal. Históricamente el Tribunal Supremo federal se ha mostrado reacio a aceptar la petición de revisión de una decisión de uno de los tribunales de apelaciones, si el pleno de ese tribunal ha decidido no hacerlo.  En este caso las probabilidades de la fiscalía federal ante el Tribunal Supremo serían mínimas.

Entonces, al quedar definitivamente anulados el juicio y las condenas, la alternativa que le quedaría a la fiscalía general sería decidir si va o no a un segundo juicio en contra de nuestros Cinco compatriotas.

Pero si el pleno del Tribunal de Apelaciones del Onceno Circuito decidiera por mayoría aceptar revisar la decisión, comenzaría un largo proceso durante el cual ambas partes, la defensa y la fiscalía, presentarían alegatos, por escrito y, después orales, ante el pleno del tribunal quien, a su vez, tendría el derecho de tomar una nueva decisión sobre el juicio y las condenas de nuestros Cinco compatriotas.

Este proceso podría demorarse muchísimo tiempo.  Recordemos que el proceso original de apelación de su juicio y sus condenas demoró 28 meses, dos años y cuatro meses, antes que el Tribunal de Apelaciones se pronunciara el pasado 9 de agosto.

Mientras esto suceda, de una manera u otra, ninguna persona de buena voluntad, conocedora de esta injusticia, podrá permanecer de brazos cruzados.  Los Cinco llevan más de siete años presos arbitraria e injustamente.  A todos nos corresponde aunar nuestras voluntades e incrementar nuestros esfuerzos para lograr que se haga justicia, y que se les restituya su libertad ahora.

Andrés Gómez es el director de Areítodigital.