Cubadebate

  Nidia Díaz  

Bolivia, arde. A 60 ascienden los muertos por la represión desatada contra el movimiento popular que desde el 15 de septiembre último  reclama una nueva ley de hidrocarburos y la renacionalización de la industria petrolera nacional.
El Alto, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa Cruz y Chuquisaca, están paralizadas. El pueblo está en las calles y exige la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, mientras el vicepresidente, Carlos Mesa, y el ministro de Economía, Jorge Torres  se distanciaron del Ejecutivo a causa de la brutal represión.
Cuentan corresponsales extranjeros en ese país que militares aymaras se han negado a volver sus armas contra sus conciudadanos y han sido detenidos. Uno de ellos recibió un disparo mortal de manos de un oficial a causa de su negativa.
La entrega de la comercialización del gas a transnacionales norteamericanas para su embarque por Chile hacia Estados Unidos, ha devenido un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Se trata de que la renuncia al uso soberano de una de las principales riquezas bolivianas perjudica al pueblo toda vez que esas entidades foráneas se beneficiarán por el trasiego comercial del gas con la suma de 1 400 millones de dólares anuales, mientras el Estado boliviano solo percibirá entre 40 y 70 millones.
Mucho pudiera hablarse acerca del tema. Toda reflexión, sin embargo, deberá pasar por el común denominador de las consecuencias de la implementación del modelo neoliberal que privatizó en la región los principales recursos naturales de nuestros pueblos y provocó la exclusión social de millones de latinoamericanos quienes, en la peor de las agonías, aún sacan fuerzas para pelear su lugar en la tierra que los vio nacer.
Y, por si fuera poco, este lunes, el Consejo Permanente de la OEA, responsabilizó a la oposición boliviana de la dramática  represión al tiempo que apoyó al Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Mientras, César Gaviria, con su tradicional ambigüedad se pronunció "contra cualquiera acción para quebrantar el sistema democrático".
Desde Washington, la consejera de Seguridad nacional del Gobierno de George W. Bush, Condoleezza Rice, aspirante a  "dama de hierro", habló más claro y advirtió que "tenemos que apoyar al Gobierno Constitucional de Bolivia".
Lo que llama la atención es que lo que debe ser correcto para Bolivia, no lo sea para Venezuela. Lo que provoca indignación es que ni la OEA, ni su Secretario General, y mucho menos la administración Bush, defiendan con igual vehemencia y urgencia la constitucionalidad del proceso bolivariano, cuando a diferencia de lo que sucede en el país andino, la oposición en Venezuela no reclama la reparación de una injusticia que perjudica a millones, sino por el contrario, lo que se propone esa  oposición golpista, es violar el orden constitucional mismo y  retrotraer el país a la época de la injusticia, la corrupción y el servilismo.
Más alla del tema boliviano, lo que en esta ocasión vuelve a saltar a la vista de cualquier observador, es la política selectiva y de doble rasero con que el imperio y sus más fieles servidores asumen conceptos como el de la constitucionalidad y la democracia, cuando, como en el caso de Bolivia se ponen en peligro los intereses de las transnacionales, muy al contrario de lo que sucede en el caso venezolano.