Cubadebate

Guillermo Lasso. Foto: Archivo.

Incumplimiento de promesas electorales, medidas represivas contra quienes protestan,  desprecio a la minoría indígena que le ayudó a llegar el poder, renuncia de algunos de sus ministros y hasta de su portavoz que le acompañaban en su política de entronización neoliberal, son algunos de los actuales elementos que conforman el actual enfrentamiento con un legislativo en el que apenas está representado, al que amenaza con considerarlo invisible y gobernar mediante decretos, al tiempo que acusa sin pruebas a algunos de sus miembros, siempre apoyado por medios al servicio de la oligarquía.

Lo más reciente de las trapacerías del millonario mandatario es su acusación a cinco legisladores que, según él, le pidieron favores a cambio de ayudarlo a aprobar su proyecto de Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación, que le Asamblea Nacional rechazó y archivó.

Los nombres que aparecen en la denuncia de Lasso son los de los asambleístas de Pachakutik Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, así como el asesor de este último, Marcelo Romero.

Los cinco parlamentarios denunciados por Lasso emitieron un comunicado en el que señalaron que la denuncia presentada ante la Fiscalía carece de "sustento legal y pruebas que justifiquen sus afirmaciones".

Los asambleístas consideran que el mandatario "busca desprestigiar a la Asamblea Nacional y principalmente a los legisladores de Pachakutik", luego de "no cumplirse sus cálculos políticos".

Añaden que la denuncia de Lasso es "una acción de retaliación" contra los parlamentarios por no aprobar la Ley de Inversiones, "abusando de su poder e increpando acusaciones falsas que pretenden confundir y engañar al pueblo ecuatoriano", y manifestaron que están dispuestos a brindar las facilidades para la investigación que realice la Fiscalía.

"Debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al Gobierno nacional", dijo el mandatario.

Afirmó que los asambleístas, al negar el proyecto que envió, "poco contribuyen al desarrollo de Ecuador". De acuerdo con el propio Lasso, con esa iniciativa de ley pretendía conseguir 30 000 millones de dólares en inversión y generar más de dos millones de empleos.

Sin embargo, las bancadas parlamentarias que lo negaron y archivaron, que fueron Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik e Izquierda Democrática (ID), argumentaron que se trataba de una "ley privatizadora", que "no atraía inversiones, no generaba nuevos empleos y no beneficiaba a la gente". Asimismo, señalaron que el proyecto "podría afectar a los intereses ciudadanos".

Según el mandatario, el Parlamento le ha negado o no ha tratado. Ya el legislativo había rechazado otros proyectos de Lasso, siempre favoreciendo intereses privados en detrimento de los públicos, relacionados con comunicación, educación superior, seguridad y una "económica urgente".

Hay que recordar que Lasso aprovechó la falta de conexión de dirigentes indígenas con el correísmo para lograr que la población originaria le apoyara, al tiempo que le hacia promesas acerca de rebajar los precios de los combustibles y de artículos de primera necesidad, cuestiones que no cumplió, al tiempo que negaba el indulto a detenidos y encarcelados por un año, por rechazar las políticas oficiales.

Temor a la muerte cruzada

Tanto el portavoz presidencial, Carlos Gijón, como la ministra del Interior, Alexandra Vela, al renunciar a sus cargos, no dejaron de señalar su “admiración” por Lasso y hasta lo tildaron de “patriota”, y coincidieron en que es necesario aplicar lo que denominan “muerte cruzada”, ante los problemas del ejecutivo con el legislativo.

La "muerte cruzada" es un mecanismo contemplado en la Constitución de Ecuador, que permite al presidente de la República disolver a la Asamblea Nacional (artículo 148) o faculta al Parlamento para destituir al mandatario (artículo 130), y esto último es lo que teme Lasso por el momento.

Lo cierto es que Lasso llegó a la presidencia en su tercer intento, luego de ser derrotado por Rafael Correa en el 2013 y por Lenin Moreno en el 2017, cuando éste era apoyado por las fuerzas progresistas, a las que traicionó posteriormente, aliándose a las ideas conservadoras y reaccionarias.

Pero antes de que Lenin cayera tan bajo, la ambición de Lasso para llegar a la presidencia le hizo pagar dos millones de dólares a Ángel S. de Córdova, propietario de CEDATOS, con el objetivo de cambar los resultados de los sondeos de preferencia electoral, claramente favorables a Moreno, quien, al final, ganó con una ventaja mínima.

“No quiero ser cómplice de estos engaños y por eso quiero denunciarlos públicamente», afirmó el arrepentido funcionario, pero ello, en definitiva, no causó problema alguno al banquero aspirante.

En fin, Lasso aprovechó la persecución a los correístas comenzada por Lenin y crédulos jefes indígenas para llegar a un poder en el que su gestión está muy distante de arreglar el desastre de Moreno en diversos ámbitos.
Insistió en que estaba preparado para gobernar en materia económica, sanitaria, ética y moral. Sin embargo, hoy por hoy la ciudadanía cuestiona la administración por considerar que va peor que la anterior, encabezada por el también derechista Lenin Moreno.

Constantemente Lasso, exbanquero conservador de 65 años, confirma su convicción neoliberal. Por ejemplo, uno de los compromisos que asumió desde la campaña es mantener el apego a las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), como lo hizo su antecesor.

Reportes financieros de la nación suramericana estiman que la deuda que asumió Moreno con el FMI y el Banco Mundial, prácticamente extienden la dependencia de esa nación con los organismos internacionales por al menos 30 años.

Mientras tanto, el tiempo aun breve del gobierno de Lasso se cumplen en medio de protestas y huelgas de hambre por la Unión Nacional de Educadores (UNE) para exigir reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el pago de jubilaciones.

De igual forma, se levantan los reclamos de la Federación Nacional de Arroceros (Femaros) y la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Femada); en una protesta nacional para exigir el pago mínimo acordado en cuanto a la producción.

A esas protestas se suman manifestaciones dirigidas por movimientos indígenas y campesinos ecuatorianos. Estos sectores se ven afectados por el mencionado incremento en el precio del combustible.

También se mantiene la tensión en los centros penitenciarios, donde los reos reclaman el abandono de políticas de atención por el gobierno y protagonizaron motines que han dejado decenas de personas privadas de libertad asesinadas.

Y en ese maremágnum de cuestiones sin resolver, algunos de los personeros del gobierno han utilizado el dicho de “tomar las llaves” –como decía el argentino Javier Portales en No toca botón-, para salir de un escenario cada vez peor.

(Tomado de Cuba Sí)