Cubadebate

“¿Cuántos problemas no tenían solución en la sociedad cubana y el Código de las Familias les abrió una vía de solución de los problemas? Aquella idea errada de muchas personas sobre que el código se concentraría solo en los matrimonios está superada, y los indicadores están evidenciando cómo esta ley se concentra en las relaciones de familias en la sociedad.

“Son la mejor expresión de que es una obra de justicia social”, señaló José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en los debates generados en su comisión, que analizó de modo conjunto con la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y los Derechos de Igualdad de la Mujer, los resultados de la implementación de la Ley 156 Código de las Familias.

La marcha de esta ley fue presentada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular,  en los debates previos al primer periodo ordinario de sesiones de la X legislatura.

Como elemento común trascendió que si bien se ha avanzado en este proceso y existen muchos ejemplos de buenas prácticas, la capacitación y formación continua y sistemática de los operadores del derecho es un elemento fundamental para lograr que la ley sea aplicada correctamente y cumpla la función para la cual fue diseñada.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, consideró fundamental que la Asamblea Nacional del Poder Popular en el trabajo de sus comisiones dé seguimiento a las leyes que se aprueban en el país y su implementación posterior.

“Están claras todas las virtudes del Código, lo que ha significado para la heterogeneidad de familias que tenemos en nuestra sociedad y la garantía que representa para las mujeres, los jóvenes, los niños, lo que supone en términos de responsabilidad de los padres… es enaltecedor, pero ahora lo importante es que todo ello lo podamos cumplir y concretar con el ejercicio de las instituciones que intervienen en la operación jurídica”, sostuvo el mandatario.

“La verdadera victoria de lo que pueda representar el código para la sociedad cubana es su implementación”, dijo.

Sabíamos del número de problemas no resueltos y del impacto que tendríamos, y por ello alertábamos desde el inicio de la necesaria diligencia, capacidad para atender a las personas que iban a reclamar la aplicación de los contenidos del código, precisó.

Colocó como un elemento fundamental la ética con que los operadores jurídicos ayuden a la implementación del código.

“Para nadie es un secreto que este es un código muy debatido, que todos no estaban de acuerdo con algunos contenidos del código. Dentro de esas personas que no están de acuerdo con algunos contenidos también hay notarios, fiscales… que alguno de los elementos del código no los comparten por ejemplo, por cuestiones de machismo.

“De ahí la importancia de la ética profesional, ser responsables con una ley que aprobó el país y que contó con una amplia participación en consulta popular y referéndum”, sostuvo.

Es una ley sumamente novedosa, moderna, con toda la envergadura que implica ser transversal en la sociedad, por lo cual los retos son muchos y empiezan por la comprensión de la ley, su estudio e insistir en la preparación y capacitación de los operadores del derecho, consideró.

Al intervenir en el debate, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, a partir del intercambio que han sostenido con más de 800 abogados de ocho provincias del país, identificó algunas de las principales problemáticas que hoy inciden en la implementación de la norma, si bien no se pueden generalizar, destacó.

De acuerdo con la jurista, falta preparación técnica de los profesionales del derecho respecto al Código, también desde la propia responsabilidad personal, porque conocer la norma a profundidad necesita de un plus de auto preparación, dijo.

“No se trata solo de preparación técnica, sino también del llamado a romper con nuestros propios prejuicios, es el cambio cultural que necesitamos. Todavía hay demasiado apego a las normas y principios del Código de 1975”, apuntó.

González Ferrer señaló que existe en muchos profesionales poco manejo de las normas del nuevo Código dejándose de dar solución a situaciones que en el orden familiar operan, relacionadas por ejemplo, con la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de desatención, negligencia y violencia.

“No se encuentra todavía el apoyo con las protecciones urgentes establecidas en el Código de las Familias”, dijo la especialista, al referirse a que la nueva ley cambia también el paradigma de actuación ante este tipo de situaciones.

“Necesitamos que, desde el Ministerio de Educación, y del Ministerio de Salud Pública, se establezcan los protocolos de actuación, porque la Fiscalía tiene la misión de investigar, pero primero esa actuación, esa protección urgente, debe darse por las instituciones establecidas sin demoras. En eso todavía estamos fallando”, señaló.

Unido a eso—dijo— prevalece esa mentalidad todavía “adultocéntrica” de, en lugar de pensar en la inmediata protección del niño, estamos pensando en trabajar con los padres, en ver qué más se puede hacer, en darles una oportunidad, cuando el proceso es a la inversa: primero proteger a ese niño, niña o adolescente y luego lo demás.

“Necesitamos que esa protección sea urgente y centrar la mirada en nuestros niños y adolescentes”, reiteró.

Por otra parte, en algunos notarios se evita la autorización del divorcio con hijos en razón del dictamen del fiscal en escucha de niños, niñas y adolescentes, lo que  se traduce en una información inadecuada a la población y en un innecesario incremento del número de divorcios por mutuo acuerdo en sede judicial.

Mencionó la desnaturalización las escrituras públicas de autorización para salida del país que en su contenido llevan implícito una realización parcial del ejercicio de la responsabilidad parental, para lo cual es necesario dictamen parcial y escucha de niños y niñas y adolescentes.

Asimismo, dijo, existen prejuicios en sedes judiciales sobre la guarda y el cuidado compartido, lo que lleva un cambio de mentalidad, pero incluso en la guarda y cuidados unilaterales todavía no se lleva a cabo todo lo que podemos ampliar en materia de determinar qué se va a hacer en los tiempos de vacaciones, los fines de semana, porque aún se está muy apegado al código de familia anterior, ejemplificó.

Se ha apreciado en algunos casos lentitud en la respuesta de los tribunales a casos de solicitudes de medidas cautelares, y se constata una aplicación no ajustada del derecho en sedes judiciales, en formas familiares en temas de divorcio, por ejemplo no se completan todos los actos que se requieren.

La función compensatoria  apenas se aplica. No es algo solo atribuible a nuestros jueces, muchas veces no se pide por parte de los demandantes, expresó.

Si bien es cierto es que muchos jueces tienen todavía prejuicios, también hay muchísimas buenas prácticas, dijo González Ferrer.  

Refirió que en cuanto al tratamiento judicial sobre el régimen legal de la capacidad jurídica hay desconocimiento del tema, interpretaciones erróneas de las normas sustantivas y procesales, dilación innecesaria de asuntos de esta naturaleza que tienen una pronta solución, lo cual demuestra que no existe toda la sensibilidad en el tema de la situación de las personas con discapacidad.

Los temas migratorios han abrumado a los operadores del derecho sin que en todos los casos se les haya dado solución a partir de las diversas herramientas legales que el pueblo pide, dijo.

“Muchas veces las soluciones no se ajustan a derechos y los operadores jurídicos tenemos que ofrecer alternativas para solventar las necesidades, a partir de lo que pretenden imponer los operadores del derecho de otros países, olvidando que el derecho que se aplica en estos casos es el cubano”, apuntó la jurista.

Advirtió que no son pocas las situaciones de violencia de género en el ámbito familiar, las cuales siguen teniendo un tratamiento con poca sensibilidad. El tratamiento muchas veces demuestra falta de conocimientos en materias familiar y penal y la ausencia del uso de un protocolo de atención, incluyendo unidades de policía.

Conocemos casos de mujeres lesionadas, ingresadas, pendientes de operación por los daños sufridos y los agresores a lo que se ha impuesto fianza están en libertad. “Está pasando muchas veces que la Fiscalía no conoce de estos casos, porque no se pone en su conocimiento. Es decir, son cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando para dar solución”, señaló.

“Hoy no podemos decir que no tenemos una legislación que proteja a las personas víctimas de violencia. Hoy sí tenemos una legislación, sustantiva, procesal, de nuevo tipo.

“Tenemos que seguir trabajando en la capacitación y sensibilización de nuestros profesionales del derecho y abrir este trabajo hacia fomentar la cultura jurídica de otros profesionales que también están incidiendo en todos estos asuntos, así como hacia la población, para que pueda exigir sus derechos.

“En este ámbito necesitamos una transformación profunda de nuestras mentalidades para dar el salto que necesitamos en la implementación efectiva de nuestro Código de las Familias”, concluyó.

Lilia María Hernández, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, dijo que hoy esta organización enfrenta el desafío de la implementación del Código con 1600 abogados, y reiteró el desafío que representa la superación y formación de estos profesionales.

Si el abogado no sabe en detalle y a profundidad  lo que es responsabilidad parental, autonomía progresiva, interés superior del niño, el derecho de niñas y niñas a ser escuchados por ejemplo, ello influye en el posible escrito que realice en representación de la defensa y en el desempeño que pueda realizar, ejemplificó.

Detalló que ahora los operadores del derecho atienden cuestiones que antes no estaban acostumbrados a tramitar y ello les confiere una mayor responsabilidad y compromiso social también con estas personas, que acuden a buscar nuestros servicios.

Llamó la atención sobre los casos de reclamación de los alimentos, un tema sobre el que hay que continuar educando. “Como abogados tenemos que explicar que no es un asunto a analizar solo desde lo material, sino lo que representa desde el punto de vista espiritual”, dijo.

Leydis María Labrador Herrera, diputada por Las Tunas, señaló que al abordar este tema no solo se está discutiendo una ley, sino una norma que tiene impacto real en las personas, pero cuya implementación requiere de un proceso paulatino, que pasa por la cultura de la gente, por romper estereotipos, por visiones novedosas del mundo que pasa por aceptar conceptos que hace unos años atrás eran inaceptables.

Alertó que muchas veces se naturalizan formas de violencia en el entorno familiar y como una medida para ir erradicando estas manifestaciones, apuntó que los contenidos del código deben llevarse al ámbito educacional. “A menudo subestimamos la capacidad de comprensión que pueden tener nuestros propios niños de sus derechos, de la manera en que se ven a sí mismos, de la manera que ven la relación con sus padres y su familia. Hay que empezar desde ahí”, sostuvo.

“La Cuba de hoy necesitaba este Código de las Familias y todavía lo necesita porque todavía es mucho lo que nos queda por hacer en función de poder implementarlo”, señaló.

En la jornada, Oscar Silvera Martínez, ministro cubano de Justicia, informó a los parlamentarios sobre las principales acciones de comunicación, capacitación y control desarrolladas desde el sector jurídico para una correcta aplicación de la norma.

Dijo que se ha trabajado con intensidad en el control y capacitación de los recursos humanos. “En general no se han reportado incidencias graves, ni negativas en los últimos meses, por lo que consideramos que su implementación marcha satisfactoriamente. De forma gradual los ciudadanos hacen uso de las distintas figuras que regula el Código, se apropian de ellas en la medida de sus necesidades”, destacó.

Silvera Martínez recordó la aprobación el pasado 10 de mayo de 2023 por Acuerdo 9571 del Consejo de Ministros y constitución el 16 de junio de 2023 de la Defensoría. “Esta cuenta con defensores y consultores para el logro de sus objetivos. Los defensores serán juristas (con excepción de jueces, fiscales y notarios) y los consultores pueden ser licenciados en Derecho, Psicología, Sociología, Pedagogía, Medicina u otras ramas según el asunto a tratar”, dijo.

Al mostrar algunos indicadores de la implementación, el ministro de Justicia informó que hasta la fecha se han tramitado 4193 escrituras de asentimiento para disponer de la vivienda familiar, 1926 escrituras de consentimiento para el acceso a técnicas de reproducción asistida en seres humanos, 203 pactos matrimoniales, 60 revocación de donaciones así como 1068 matrimonios entre personas del mismo género y 75 uniones de hecho afectivas.

La Fiscal General de la República, Yamila Peña, señaló que se continúa trabajando en el completamiento de los recursos humanos que aseguran la gestión de la Fiscalía en estos procesos y asuntos, en la preparación de los fiscales y asistentes que los tramitan, profundizando en el dominio de las normas procesales y el Código de las Familias.

Sostuvo que se incrementan las acciones de supervisión a los territorios con el propósito de asegurar el intercambio directo con los fiscales y asistentes y elevar la efectividad del órgano en la tramitación de procesos y asuntos.

“Hasta el momento la intervención del Fiscal ha sido mayoritariamente en procesos civiles y familiares, a partir de los emplazamientos recibidos de los tribunales, progresivamente se eleva la cantidad de los que se derivan del Código de las Familias. Se aprecia un incremento del nivel de nivel actividad, lo cual conlleva a la protección y especialización de las fuerzas que se dedican a estos”, afirmó.

Al abordarse el proceso de implementación del Código en los Tribunales de Justicia, los diputados conocieron por Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, que entre los procesos que predominan se encuentran los divorcios: 11 702; de ellos, 2854 por mutuo acuerdo. Ello seguido de las pensiones alimenticias: 1940 y la guarda y cuidado, y regulación del régimen de comunicación de los hijos menores de edad: 1102.

Entre los asuntos novedosos mencionó que se han implementado 244 reconocimientos de unión de hecho afectiva, 238 guarda y cuidado para abuelos, otros parientes o personas afectivamente cercanas, 49 reconocimientos de filiación socioafectiva y se han atendido 146 casos de discrepancias en el ejercicio de la responsabilidad parental.