Cubadebate

El vice primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, comentó que ha sido una semana intensa para el análisis del comportamiento de la economía, tanto en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular como en el pleno del Comité Central del Partido.

“Repasamos todo el resultado de los lineamientos, posteriormente se realizaron debates en todas las comisiones de la Asamblea Nacional y luego en el plenario, con la presentación del primer ministro y las indicaciones de nuestro presidente”, recordó.

Cuba –dijo Gil Fernández– está enfrentando “un escenario de economía de guerra, como se le ha llamado, con las presiones del bloqueo recrudecido, que dificulta todas las gestiones que tenemos que hacer para el desempeño económico del país”.

En medio de las tensiones que enfrenta el país para mantener la vitalidad en lo económico y en lo social, a partir de los recursos económicos disponibles, “hay que sobreponerse, hay que encontrar las alternativas. Es diseñar medidas acordes con nuestro modelo económico y social, inclusivas en nuestro socialismo, y que nos permitan, con objetividad, con realismo, salir adelante”.

En eso se basa –agregó– la presentación que ha hecho el Gobierno para enfrentar las complejidades, reimpulsar la economía y corregir las distorsiones que están presentes en el país.

Al referirse a las distorsiones, el vice primer ministro dijo que se han señalado, partiendo del propio trabajo que ha realizado el Gobierno, las evaluaciones hechas a lo interno del funcionamiento de las instituciones, de la economía.

“Como dijo el presidente, muchas de ellas están dadas por el complejo escenario de tensión en que se han ido tomando para enfrentar las complejidades de la economía. Han sido señaladas, además, en el debate con los académicos y de la opinión de la población, incluso las opiniones reflejadas en Cubadebate”.

Canasta familiar normada

En el caso de la canasta familiar normada, Gil Fernández señaló que hay una opinión en la población de que se mantienen los subsidios a todas las personas por igual; sin embargo, no todos tienen la misma capacidad adquisitiva. 

Eso –dijo el vice primer ministro– “es algo que tenemos que revisar, porque esa pretensión de mantener el aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad no es una distribución muy equitativa. Sobre todo, por el altísimo costo que tiene para el país mantener la canasta familiar normada, cuya importación cuesta más de 1 600 millones de dólares, 700 millones más que en el 2019, por el incremento de los precios” en el mercado internacional.

En ese contexto, hasta qué punto es factible “mantener un nivel de asignación en la entrega de productos con los mismos precios subsidiados a los mismos precios de la población, cuando no todos están en la misma situación de solvencia económica”.

Es una distorsión que es necesario corregir. “Son cuestiones que estamos evaluando. Para nada esto significa que se va a quitar la canasta, eso se ha explicado ya. Se mantiene la asignación física de productos. En lo que se trabaja es en cálculos, para mover algunos precios y que los subsidios se trasladen a las personas que están en situación de vulnerabilidad y no sean de carácter masivo a todos los productos que se entregan por la canasta familiar normada”, aclaró.

Combustible

Una segunda distorsión, la relacionada con el combustible, “la hemos estado enfrentando hace unos años, pero se ha hecho más visible. La propia población la menciona, está en los estados de opinión. ¿Puede este país mantener esos precios de los combustibles, que probablemente sean los más bajos del mundo en comparación con los precios de otros países, y también cuando se los compara con los precios de las divisas en el mercado informal cubano?”.

Señaló que es “un asunto que debemos revisar también, porque tiene que ver con la escasez de combustibles que enfrenta el país y lo que le cuesta mantener un nivel de oferta que, evidentemente, no puede venderse subsidiado”.

Según el ministro, uno de los principales problemas que tiene la economía “es que lo que vende no cubre los costos para reaprovisionarse. Si usted compra combustible y lo vende más barato de lo que le costó, ¿cómo compra el barco que viene atrás?”. 

Es combustible que se compra con divisas en el mercado externo, se vende a precio bajo en moneda nacional, “y no tenemos todavía un mecanismo interno de convertibilidad que asegure que, con esos pesos cubanos, se puedan comprar dólares y volver a importar el combustible.

“La población, y nosotros mismos, lo hemos abordado en los espacios de debate que tenemos. ¿Hasta cuándo es sostenible eso? ¿Y quién lo paga?  Un elemento que tenemos que introducir en el debate conceptual y práctico sobre las medidas es que nada tiene un costo cero. La del combustible es una de las situaciones que requieren solución”.

Electricidad

Lo mismo pasa con la electricidad, apuntó. “Sabemos que en el mundo eso es una presión tremenda, para las familias tienen que ahorrar energía, porque tiene un alto costo. Nosotros tenemos que incentivar ese ahorro con determinadas medidas, porque cuando hay un consumo que supera una determinada cuantía (lo hemos fijado en los 500 kWh/mes), quienes más consumen también generan determinada afectación para quienes menos consumen, pues cuando hay que poner el apagón es para todo el mundo. El apagón no discrimina quién es el mayor y el menor consumidor”. 

Gil Fernández precisó que hay medidas que no tienen un fin recaudatorio, sino que buscan crear condiciones más favorables para estimular el ahorro necesario para la economía. 

“Ese es otro asunto que tenemos sobre la mesa, otra de las distorsiones. Está subsidiada la tarifa de electricidad, no solo para los bajos consumidores, sino para quienes tienen consumos más elevados”, dijo y explicó que detrás de este escenario está el costo en divisas que implica la generación de energía, “que no lo recuperamos con la venta de energía interna en el país. Entonces, otra vez, ¿hasta dónde es sostenible eso? ¿Quién lo paga? Al final la respuesta es que lo pagamos todos”.

Actores no estatales de la economía

Gil Fernández abordó también a los estados de opinión sobre el funcionamiento de las mipymes. Comentó que la población se queja de que el Estado tiene poca oferta y que hay espacios del mercado en los que el Estado no está participando como oferente y que “si quieres comprar determinado producto, tienes que acudir a las mipymes. ¿Eso es una distorsión o no es una distorsión?”.

Agregó que “los actores económicos no estatales en la economía tienen una función complementaria, no una función principal. El diseño de nuestro modelo no es uno en que el Estado no sea oferente de bienes y servicios y que sea solo el sector privado, pero nos está pasando. Y tiene sus explicaciones, y también tiene que ver con las correcciones que debemos implementar”.

Transporte

Explicó que las tarifas de transporte del sector estatal, “que de una manera u otra están topadas”, no cubren los costos de las empresas estatales y “es por ello que muchas empresas de transportación de pasajeros y de carga estatales están en pérdidas. 

“¿Qué incentivos tienen los trabajadores de esas entidades si están en pérdidas? ¿Cómo van a generar más ingresos para la repartición de utilidades?”.

Sobre este tema, recordó que del grupo de empresas en pérdidas del país, el 36% es porque tiene precios o tarifas topados. “Eso es antinatural, hay que corregirlo. Estas son distorsiones que debemos corregir de alguna manera”.

No es para nada una cruzada contra las mipymes

Según el ministro de Economía, el escenario es complejo desde el segundo semestre de 2019, con el recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la crisis generada por la pandemia, que golpeó el turismo y otras actividades productivas, y el escenario actual que enfrenta el país.

“Es una acumulación, y en ese periodo se ha adoptado un grupo de medidas como la incorporación del sector no estatal de la economía, se eliminó la restricción de la escala salarial en las empresas estatales y se quitaron las restricciones para repartir utilidades en el sector empresarial estatal. Ha habido un conjunto de medidas. Ninguna medida está exenta de riesgo, y han incorporado ciertas distorsiones que es necesario corregir”, explicó.

Dijo también que las normas jurídicas para los actores económicos no estatales se realizaron sin tener una experiencia previa de su funcionamiento en la economía. 

“Teníamos una experiencia de cómo operaban los trabajadores por cuenta propia, así como las cooperativas agropecuarias y las no agropecuarias. Se hizo el parquet normativo, se pusieron en vigor las normas, y dijimos que a los dos años se realizaría un corte para evaluar su funcionamiento.

“O sea, no es para nada una cruzada contra las mipymes. De hecho, en el plan de la economía para 2024 estamos previendo que se constituyan unos 4 000 nuevos actores económicos no estatales, generando más de 50 000 empleos. Esto no es una meta en sí misma, es una proyección. No hay ninguna cruzada, sino que hay una corrección para bien del país, de su funcionamiento económico y del pueblo”.

Ante versiones de que las medidas tienen un carácter neoliberal, Gil Fernández precisó que todas estas decisiones parten de un amplio proceso de consulta y análisis dentro de las instituciones gubernamentales, con la participación de académicos, la militancia del Partido, y con los análisis realizados sobre la opinión del pueblo.

“Sobre el neoliberalismo, yo podría decir que es todo lo contrario. El neoliberalismo apunta a reducir al mínimo la intervención del Estado, a eliminar o reducir la regulación de los mercados, a incentivar la libre competencia y la privatización. ¿Cuál de las medidas que estamos implementando va en esa dirección?.

“Nosotros estamos hablando de aumentar el papel del Estado como ente regulador en la economía, de intervenir en el mercado cambiario. No estamos hablando de más privatización. Estamos hablando de fortalecer la empresa estatal socialista, establecer mecanismos para la regulación de precios y evitar que la competencia se imponga como mecanismo principal para la asignación de recursos en la economía. ¿Qué tiene que ver con el neoliberalismo lo que estamos implementando en materia de corrección de distorsiones”.

Subrayó que estas medidas se toman para proteger las conquistas sociales de la Revolución. 

“Hay que entender que si no hacemos esto, sí nos cuesta trabajo avanzar. Son medidas diseñadas para fortalecer el papel de conducción central de la economía, que es la planificación centralizada de la economía, que no significa distribución centralizada de recursos, y el papel del Estado.

“Para nada el Estado reniega de sus responsabilidades, que eso sí sería el neoliberalismo: que el Estado se desentendiera, que viviera de los impuestos, liberara los mercados, desregulara, se retirara de la función que desempeña hoy. Ninguna medida va en esa dirección”, recalcó el vice primer ministro cubano.

“Vamos a medidas socialistas, inclusivas, de protección a nuestro pueblo, de protección a vulnerables. Todas las semejanzas que se quieran hacer con paquetes neoliberales es pura mala intención. No tienen ningún basamento científico ni ningún elemento de juicio, razonable.

“Reiteramos que las medidas apuntan a corregir distorsiones en tiempo, como le corresponde hacer a un país como el nuestro, sometido a una guerra económica y en permanente transformación. Todas esas transformaciones tienen riesgos, van generando distorsiones que debemos corregir.

“No es corregir distorsiones por corregir, sino para estar en mejores condiciones más favorables para el reimpulso de la economía, para marcar una tendencia más acelerada en la recuperación económica, para tener una mayor protección social a personas y familias en situación de vulnerabilidad y una distribución más justa y equitativa de la riqueza que se crea. Y para recuperar equilibrios macroeconómicos que, por estas distorsiones, y por las complejidades que atraviesa la economía, se han amplificado en los últimos años”, afirmó Gil Fernández.

“Por ejemplo, el déficit fiscal de hoy todos coincidimos que es alto, porque un déficit que supera el 15 o el 18% del PIB a precios corrientes está sobredimensionado, y tenemos que corregir eso. Las acciones para hacerlo tienen que ver con impuestos, con los precios y con medidas encaminadas en esa dirección”.

El propósito principal –añadió el ministro de Economía y Planificación– es acelerar el proceso de recuperación económica del país, proteger a las capas de nuestra población que están en situación de mayor vulnerabilidad, alcanzar una distribución más justa y equitativa de las riquezas que tiene el país e incentivar la producción y el trabajo. Y, por esa vía, sostener nuestras conquistas sociales. Más socialismo es lo que estamos buscando”.

Más adelante, en su intervención en la Mesa Redonda, apuntó que “sabemos que algunas medidas pueden acentuar algunas de las problemáticas que tenemos hoy, pero que nos permitirán en el mediano plazo ir corrigiendo las distorsiones y avanzar más aceleradamente en la economía, para bien del pueblo, de todos los cubanos, y para avanzar en nuestro sistema social”.

En otro momento, Gil Fernández reiteró que las medidas con los actores no estatales de la economía no implican detención del proceso ni represalia. “En estos dos años, hay más de 10 000 mipymes aprobadas. Ese es el primer indicador de que no hay detención. Sobre su funcionamiento, estamos oyendo al pueblo y estamos revisando las cosas que nosotros mismos implementamos en las normas y que, pasados dos años, como ya expliqué antes, había que revisar”.

Sostuvo que un primer paso es trasladar las facultades de aprobación a los municipios. “Esta es una medida positiva, para nada está contra las mipymes, porque se entiende que ya, transcurridos dos años desde la implementación, hay más conocimiento y experiencia en su manejo.

“Tenemos que acercar la decisión de la evaluación de esos negocios, que son a pequeña escala, a su vínculo con el desarrollo local, territorial, y con las estrategias de desarrollo municipal. Por lo tanto, es una medida que es para bien, no solo del entorno económico del país, sino del desarrollo de esos actores económicos, insertados en la estrategia de desarrollo de los municipios”.

Precisó que será gradual. “No vamos a hacerlo de un golpe, de un día para otro, para todos los municipios. Pero es una medida que estaba prevista y que íbamos a ir incorporando en la medida en que fuéramos ganando experiencia en el manejo, la conducción de estos actores económicos”.

Explicó que una segunda medida es la revisión de la lista de actividades no autorizadas. “Dimos un paso importante cuando pasamos de una lista de actividades permitidas a una de no autorizadas; o sea, de listar lo permitido a listar lo no autorizado, todo lo demás está permitido. Estamos revisando la lista en correspondencia con las condiciones actuales luego de hacer un profundo análisis con los organismos, recibir criterios de los Gobiernos territoriales… 

“No va a haber grandes acotaciones, solo se corregirán algunas cuestiones y se harán precisiones. No hay una gran transformación en la lista de actividades no autorizadas”.

A continuación, el vice primer ministro informó que se está trabajando en la creación de un instituto. “Iremos avanzando poco a poco en su creación y su consolidación, pero está diseñado para una atención coherente del sector no estatal de la economía y, después, su vínculo con los organismos de la Administración Central del Estado; el fomento de las políticas, la implementación de determinadas normas”.

Precisó que sería para todos los actores económicos no estatales, no solo para las mipymes. “Comenzamos por las mipymes, pero también se incorporará la atención a las cooperativas no agropecuarias, que hoy están dispersas en cada uno de los organismos en correspondencia con el tipo de actividad que desempeñan; las cooperativas agropecuarias, hoy en el Ministerio de la Agricultura, y los trabajadores por cuenta propia, que son casi 600 000”.

De acuerdo con Gil Fernández, el instituto “nos va a ayudar en la conducción de los actores económicos no estatales, sin que haya una intervención directa desde el punto de vista administrativo.

“Este país demanda una organización. En los dos últimos años, el Ministerio de Economía ha estado asumiendo esa función por encima de las que le corresponden. En el mismo puesto de mando está confluyendo una economía muy centralizada desde el punto de vista de asignación de recursos, de combustible, divisas, balances materiales, con la atención a los actores económicos no estatales, con el plan nacional de desarrollo y con la proyección estratégica del país.

“Entonces, hay que buscar fondo de tiempo para las cuestiones que son realmente más transformadoras, que puedan hacer al país crecer y sostener ese crecimiento en el tiempo”.

El ministro de Economía sostuvo que hay experiencias suficientes en el mundo y se han estudiado aquí todas esas experiencias internacionales para identificar cuál es la mejor manera de atención, “no solo para los actores económicos no estatales, pues también estamos trabajando en cómo debe ser la atención al sistema empresarial estatal”.

Aclaró que “no es una cuestión puramente de los actores económicos no estatales. Es un diseño del sistema de dirección de la economía ajustada a las condiciones actuales, que no son las mismas de hace 10 o 15 años, y que evidentemente implica un papel de los organismos globales, de los organismos ramales e instituciones, que puedan hacer una función más directamente de atención a los sistemas empresariales, estatales y no estatales”.

Gil Fernández explicó qué hay cuestiones importantes en las que es imprescindible ganar consenso social, como los subsidios, “una de las cuestiones incluida en las medidas y que varias veces se menciona.  Porque cuando uno dice ‘vamos a subir el precio del combustible’, ‘vamos a subir el precio de la tarifa de la electricidad’, lo que está detrás es eliminar el subsidio”.

Sobre este tema, subrayó que “hay que entender, en primera instancia, que los subsidios cuestan, porque a veces, en las cosas que leemos, en algunos estados de opinión, en algunos trabajos técnicos, se traslada a nuestra población y a la opinión pública que, para evitar que la población enfrente determinado costo, entonces el Estado lo subsidia. 

“Pero hay que comprender que cuando el Estado lo subsidia, nos cuesta a todos. O sea, se dice que ‘para evitar que la población pague determinado costo, vamos a dar el precio a la mitad y que la otra mitad la asuma al presupuesto’. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto tiene los ingresos y los gastos del país. Por lo tanto, cuando lo asume el presupuesto, lo asume el país. Y cuando lo asume el país, lo asumimos todos, bien sea porque dejamos de poner esos recursos en otra actividad, o porque tenemos que ampliar el déficit fiscal.

“Y si ampliamos el déficit fiscal, porque no tenemos suficientes ingresos para asumir ese 50% del precio, y emitimos dinero en circulación para poder respaldar ese 50%, es a su vez inflacionario, ¿y esa inflación quiénes la pagan? La pagamos todos y la pagan los más vulnerables, porque la inflación después afecta a todos por igual, pero el que tiene más capacidad de compra, puede comprar más caro; el que no tiene más capacidad de compra, no puede comprar.

“Entonces, a veces, con la mejor intención de proteger, el efecto que tienen esas prácticas en el mediano plazo es realmente inflacionario y afecta, está afectando o estamos afectando a la población y, dentro de esa población, a los más vulnerables”.

Agregó que “si no subimos el precio del combustible, la pregunta es quién lo paga. ¿El presupuesto del Estado? ¿Con qué dinero? Con el propio dinero que estamos recaudando vía impuestos o dejando de poner recursos en otro. ¿Con qué divisa compramos el combustible que vamos a vender después de subsidiado?¿Con la misma divisa que dejamos de dedicar a los alimentos? ¿Con la misma divisa que dejamos de dedicar a los medicamentos?

“Hay que entender que detrás de esto no hay una cosa etérea, que uno dice ‘bueno, esto lo quitamos y lo asumimos nosotros’. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros lo que manejamos son los mismos recursos que tiene el país. Y son recursos del pueblo. Ese es un primer elemento que hay que tomar en consideración para comprender por qué estamos planteando, entre las medidas, la corrección de determinados precios, que tienen por detrás altos niveles de subsidio, que no solo no son sostenibles para el país, sino que los estamos asumiendo equitativamente entre todos”.

Como un segundo elemento, Gil Fernández mencionó el asociado con el ahorro.

“Nos hace falta ahorrar, pero nos hace falta desde la economía, también, identificar incentivos al ahorro, porque no basta solo con la campaña comunicacional y el llamado a la conciencia. Eso es muy importante, yo diría que lo principal, pero también los precios tienen que mandar señales.

“Usted ve lo que pasa en el extranjero. Muchos países, incluso desarrollados, debido a los precios que tienen el gas, determinados componentes de portadores energéticos, la gente tiene que ahorrar obligatoriamente. Aquí hay quejas de la población también, relativas a quienes tienen mayor consumo; incluso, en determinadas actividades económicas del sector no estatal que son altos consumidores de energía”, dijo.

Reiteró que las medidas están más destinadas a tratar de incentivar el ahorro que a un fin recaudatorio.

“Lo que más nos interesa es que las personas que más energía o combustible consumen, a partir de tener que pagar un precio superior, incorporen medidas de ahorro a su sistema de vida. Ahora, si no lo pueden ahorrar, tienen que pagar un costo más elevado.

“Pero tienen la posibilidad de autoajustarse, hasta un determinado límite. Y eso es lo que estamos buscando, el incentivo que estamos buscando con estas políticas de eliminación de subsidios y de traslado de costos reales a los precios finales”, explicó.

Agregó que el mercado cambiario es hoy por hoy una de las distorsiones principales que está enfrentando la economía, y no es de diseño. 

“No diseñamos ese mercado cambiario informal o ilegal que está operando en el país, pero todos sabemos, y todo nuestro pueblo conoce, que una parte importante de las divisas que adquieren los actores económicos no estatales, las adquieren en ese mercado cambiario informal.

“Por eso usted lee los estados de opinión, lo publican ustedes en Cubadebate, de que los únicos que tienen productos son las mipymes, que las mipymes sí pueden importar y pueden vender, que tienen flexibilidad para los precios, que la empresa estatal está con las manos amarradas e, incluso, hay empresas estatales que para acceder a insumos se han encadenado con mipymes, porque estas adquieren la divisa e importan la materia prima o los insumos finales”, dijo.

“Eso lo tenemos que ordenar. Si fuéramos el neoliberalismo, dejábamos correr el mercado cambiario o lo ordenábamos con reglas de mercado, exclusivamente.

“Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de las divisas por el Estado, porque parte de lo que nos está pasando hoy, el hecho de que hay menos oferta estatal y más oferta del sector privado, es porque el sector privado, de alguna manera, está adquiriendo esas divisas en el mercado informal, el mercado ilegal, y esas divisas no están entrando al sistema financiero nacional. Por lo tanto, las empresas estatales se están quedando prácticamente sin fuentes de asignación de divisas y ya hay divisa que se está moviendo en ese circuito.

“Hay compañeros que nos dicen y usted lo lee a veces en algunos trabajos: ‘No se metan con eso, eso es una divisa adicional, esa divisa no es la del Estado, esa es una divisa que se genera al margen del Estado’. ¿Cuál es la divisa que es adicional, que no es la del Estado? Esa divisa que entra por los aeropuertos del país también es divisa que viene desde el exterior, es remesa que antes captaba la economía y que ahora se está moviendo en ese circuito. Si no, el Estado tuviera más dinero.

“¿Por qué el Estado en ocasiones no está en capacidad de ser oferente de bienes y servicios como debería ser? Parte de esas divisas se mueven en el otro circuito. Si hubiera para los dos… Pero es que no hay para los dos en las condiciones actuales realmente. En ocasiones, nosotros nos vemos con el barco de arroz de la canasta sin tener dinero para pagar y, entonces, hay transacciones en el mercado informal de divisas para importar bienes (que no estamos diciendo que no sean necesarios para el país, pero no son los imprescindibles), pero para el barco de arroz de la canasta, que lo se lo damos a toda la población, incluyendo a los del sector no estatal, no tenemos financiamiento. Eso hay que corregirlo”.

Seguidamente, preguntó cómo se logra corregirlo. “Con políticas que no son neoliberales, con políticas que conduce el Estado; políticas que debemos concebir con hacerlas con razonabilidad, con objetividad. Pero el Estado tiene que recuperar la gestión de la divisa.

“Y, ojo, que el tipo de cambio del mercado informal o ilegal que no se maneja desde la política monetaria del país, se manipula. Eso lo sabemos todos, por más que se quiera a veces transparentar con modelos matemáticos; se manipula y es un referente para la formación de los precios internos de la economía, y la población lo paga. Influye en la inflación y es algo ante lo cual nosotros no podemos virar la cabeza”.

Recordó que parte del monto que implica pérdida de poder de compra del país se está moviendo en esos circuitos, “pero el que tiene que responder por comprar la canasta es el Estado, el que tiene que responder por comprar combustible es el Estado, y el que tiene que responder por comprar los medicamentos es el Estado.

“Y, repito, como no vamos hacia el neoliberalismo, el Estado no va a decir ‘bueno, pues que sea el mercado el que se ocupe de eso. Se acabó la libreta, que la gente compre alimentos en los mercados de oferta y demanda; el combustible que lo importen y lo vendan en dólares y recuperen los costos, y los medicamentos, bueno, privatizaremos la salud’.

“Ese es el neoliberalismo. Nada de eso tiene que ver con las medidas que estamos implementando. Lo que estamos implementando es para una intervención del Estado que asegure la sostenibilidad económica del país y una conducción responsable de la economía y de la actividad económica y social que sea efectiva. Estas distorsiones, que en estos años, por todas las complejidades que hemos estado enfrentando, han estado presentes, estamos a tiempo de corregirlas, y es lo que vamos a hacer”.

Al intervenir en la Mesa Redonda de este miércoles, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, reiteró que estas medidas no son neoliberales.

“Precisamente, el presupuesto y la ampliación de los gastos concebidos en este presupuesto, donde se ha puesto prioridad en sectores básicos como salud, educación, cultura, deporte, conquistas de nuestro proyecto social, muestra cómo va creciendo el gasto como política fiscal de seguir respaldando, aun en estas condiciones, un compromiso histórico de generar y garantizar para nuestro pueblo”, dijo.

El ministro refirió que hay ligeros incrementos para respaldar una recuperación de niveles de actividad en estos sectores. En ese sentido, también hay indicaciones metodológicas, perfeccionamiento de mecanismos de control, también sobre esos gastos en cada uno de los sectores.

“Es un presupuesto que crece en esa dirección, que sigue apostando por garantizar los servicios sociales. Pero, para hacerlo, tenemos que establecer medidas financieras de regulación, de control. Y en ello se expresan los tributos, donde los aranceles también son tributos, el impuesto aduanero reconocido en la Ley 113, Del Sistema Tributario.

“Actúan no solo como mecanismos de acercar recursos para tomar decisiones de gasto, es decir, como fuente de recaudación de ingresos (lo cual es necesario y tenemos que seguir potenciándolo), sino también como mecanismos de ordenación y control y vía de crear incentivo, para, a través de estos mecanismos financieros, estimular determinadas actividades”, explicó.

“En el área de los impuestos, abrimos una tarea, que es revisar todas las exenciones, las bonificaciones fiscales concedidas para todos los actores estatales o no estatales y en los distintos sectores, porque es necesario evaluar cuál ha sido el real efecto que han tenido, y si su comportamiento se corresponde con el objetivo de incentivo, de crecimiento económico, de generar mayores servicios y niveles productivos, según el sector de la economía para el cual opera este tipo de incentivos.

“Este es un trabajo que abrimos desde inicios de este año y no compete solo ni podemos concebirlo desde el Ministerio de Finanzas. Tienen que participar el resto de los organismos globales y los ramales. Nos apoyamos también en la academia, consejos técnicos asesores, centros de investigación, institutos de investigación de la economía, que nos aportan para tener las mejores valoraciones y proponer las decisiones de adecuación cuando correspondan”.

Regueiro señaló que hay decisiones que comienzan a implementarse desde el 1 de enero, tal como quedaron aprobadas en la Ley del Presupuesto presentada a la consideración de la Asamblea Nacional, como la suspensión de los incentivos de las exoneraciones para el pago de los tributos, aprobados con la constitución de los nuevos actores económicos, sea para cooperativas no agropecuarias o para mipymes.

Recordó que, a raíz de su constitución, si estas derivaban de una reconversión de una actividad anterior, podían disfrutar de un periodo de exención del pago de tributos de seis meses. Si eran de nueva creación, el periodo era un año.

“Esto en el primer efecto en cuanto a fiscalidad es la pérdida recaudatoria, el sacrificio fiscal que significa para el presupuesto la obtención de estos recursos. Es un sector que ha crecido y ha demostrado capacidad económica y contributiva. No estamos en condiciones de mantener decisiones como esa. De hecho, todas las exoneraciones o los beneficios deben concebirse con un criterio de temporalidad.

¿Por qué? Porque el sistema tributario se basa en principios generales de imposición, el principio de la generalidad, de que todos aquellos que estén en similares condiciones tributen conforme con las reglas establecidas, desde la ley del sistema tributario”, dijo Regueiro Ale.

Recordó que la justicia social y la redistribución se aplican también en términos tributarios cuando se aplican aplicamos con criterios de igualdad, equidad tributaria, los tributos establecidos. Apuntó que es por ello que desde el 1 de enero quedan suspendidos estos beneficios.

“Todos los nuevos actores constituidos, algunos más consolidados que otros, que empiezan a tener otra relación en el entramado económico de nuestro país, comienzan a tributar bajo las mismas reglas que el resto, a pagar los impuestos sobre las ventas, sobre los servicios, sobre las utilidades, es decir, sobre las ganancias que obtienen”, dijo el ministro de Finanzas y Precios.

Esto –señaló– “favorecerá el crecimiento de los ingresos necesarios para soportar ese crecimiento en los gastos que tiene el presupuesto y recuperar gradualmente el resultado deficitario, logrando un mejor resultado presupuestario en los próximos ejercicios fiscales”.

Según el ministro, en relación con la aplicación de los tributos, específicamente a las micro, pequeñas y medianas empresas, se ha tomado la decisión de extender a todas las operaciones de comercialización la aplicación de los impuestos sobre ventas y sobre servicio.

“Hasta ahora –dijo–, la aplicación de esos tributos se circunscribía a la comercialización minorista de bienes, pero hemos visto el crecimiento que han tenido las mipymes como suministradores para determinados sectores, sobre todo en la actividad comercial. Esto generó importantes niveles de ganancia que expresan una capacidad económica que no estaba sometida a imposición.

“Era un tratamiento que les distinguía del resto de los actores económicos. Realizan la tributación, o tributan el impuesto sobre las ventas y sobre los servicios, por la generalidad de su actividad comercial, es decir, por todos los ingresos, sin distinción de si se trata de una comercialización mayorista o minorista. Y esto comienza también a partir del 1 de enero, con todas las reglas de vencimiento a las obligaciones al cierre del mes”, informó.

Adelantó que se ha previsto la asesoría que desde las oficinas de administración tributaria tendrán estos contribuyentes para que regularicen estas obligaciones, a partir del próximo ejercicio fiscal.

“Es una forma de aplicar con criterio de generalidad y logramos mayor justicia en la implementación de los impuestos para estos nuevos actores que se insertan en la economía. Han transcurrido prácticamente dos años y medio desde que esos beneficios fueron concebidos. Esta es una de las medidas que en materia de impuestos va a contribuir a tener mayores recaudaciones”, señaló.

Regueiro refirió que otra de las adecuaciones en temas de impuestos es un incentivo que se realiza con la aplicación del impuesto aduanero o del arancel.

“Un incentivo que está dirigido a fomentar las importaciones de bienes intermedios, de insumos, de materias primas que propicien el desarrollo del sector productivo en nuestro país, tanto de los actores económicos estatales como de los no estatales, incluso de la concertación y de la articulación de procesos productivos que puedan realizar de forma conjunta.

“Se explicaba en la Asamblea que ya al cierre de noviembre las importaciones realizadas por los actores económicos no estatales superan los 1 000 millones de dólares. Es una cifra importante y esas importaciones se caracterizan, por lo general, por ser productos terminados. Eso no aporta valor agregado a nuestra economía

“Lo que realmente va a lograr que haya una reactivación en la economía es que logremos el desarrollo productivo, que haya procesos productivos de creación de bienes, de prestación de servicios, con las capacidades que tiene nuestra industria, que tenemos que seguir desarrollando. Eso lo podemos hacer con los actores estatales y también en una mayor integración real, no solo como suministradores, como ha ocurrido en ocasiones, sino también que se compartan responsabilidades, riesgos en estos procesos.

“Hay una capacidad importadora que debemos estimular en función de que, en lugar de productos terminados, se importen insumos y materias primas”, explicó.

Precisó que el incentivo consiste en una reducción en un 50% del impuesto aduanero, la tarifa arancelaria que está establecida actualmente para la importación de esa mercancía.

Reconoció que hay complejidades, “porque una mercancía, en dependencia del destino, puede ser un producto terminado o puede ser una materia prima. La misma harina de trigo pudiera ser el insumo de un proceso productivo o un producto listo ya para la venta en una comercialización minorista”.

Por eso –informó–, la resolución que próximamente emitirá el MFP para regular el nuevo marco que facilita las importaciones de insumos y materias primas, implicará el análisis particular de cada proyecto de importación, del destino, la verificación de está destinada hacia un proyecto productivo que aporte a dinamizar nuestra economía.

“Este es un beneficio para todos los actores sin distinción: estatales o no estatales, incluso para proyectos conjuntos”, añadió, y apuntó que es de implementación inmediata, con su próxima publicación en la Gaceta Oficial.

“Como estamos disminuyendo los aranceles para estos insumos y materias primas, es necesario incrementar las tarifas arancelarias para la importación de mercancías que tienen similares en producciones nacionales. Es una protección para nuestra industria y la economía nacional.

“Estamos hablando productos de los que ha habido una importación considerable, fundamentalmente por actores económicos no estatales, pero también por entidades estatales”, dijo.

El arancel que actualmente se está pagando por esta mercancía como promedio oscila en la categoría general del arancel. Regueiro Ale apuntó que el arancel se maneja con dos categorías, una general y una de nación más favorecida, que, dadas nuestras condiciones del comercio, es la que más se aplica, entre un 10 y un 5%.

“Es decir, la tarifa efectiva viene siendo de un 5%, y la medida concibe un incremento de la tarifa general a un 30% y de aplicación efectiva para la nación más favorecida de un 15%. Incrementamos los aranceles para estos productos que tienen producción nacional similar que debemos continuar estimulando y protegiendo con nuestros recursos endógenos, nuestra infraestructura, con nuestra industria, con la combinación de los sectores primarios y el sector de manufactura, buscando favorecer las exportaciones y también mayor presencia de nuestras producciones en el mercado nacional. Es una regulación general, para todos los actores que realicen importaciones”.

Agregó que una de las correcciones en el área de las importaciones ocurre precisamente con las formas de gestión no estatal.

“Desde agosto del 2022 se reconoció que para las formas de gestión no estatal opera una tasa de cambio donde un dólar es equivalente a 120 pesos cubanos. Sin embargo, no lo habíamos implementado en relación con el cálculo y pago de los aranceles. Es un momento de rectificarlo. Esto implica que el valor del arancel tome en cuenta que por cada dólar de importación son 120 pesos lo que significa esa factura”, explicó.

Para ello se han realizado las coordinaciones con la Aduana General de la República y “estamos puntualizando la implementación con todas las empresas que prestan servicios de importación a las formas de gestión no estatal. Incluso, con formas de gestión no estatal que están aprobadas para prestar esos servicios entre ellas mismas. Son medidas generales en temas de aranceles que tenemos que tomar en consideración”, dijo.

Añadió que una medida que ha tenido un efecto favorable para la población, se relaciona con “una exoneración del pago de aranceles, incluso liberación de los límites para la importación durante varios periodos, de productos como los de aseo, alimentos, medicamentos y algunos implementos médicos”.

Esos beneficios arancelarios (para personas no naturales en condición de pasajeros, vía equipaje acompañado o no acompañado) vencen el 31 de diciembre, pero se ha tomado la decisión de prorrogarlos un trimestre, hasta el 31 de marzo.

Regueiro Ale señaló que se han estudiado comportamientos que distorsionan el sentido de la medida, personas que han utilizado ese mecanismo para suministrar mercancías para sus propios negocios, incluidos algunos que  no son lícitos ni tienen las autorizaciones correspondientes.

“No vamos a restringir estos beneficios, pero sí pondremos más rigor y control en el seguimiento de esas cadenas donde se está distorsionando el sentido de estas importaciones libres de aranceles. Es una de las cuestiones que tendrá  adecuaciones progresivas como parte de estas medidas”, dijo.

Sostuvo que las medidas, tanto tributarias como financieras, hay que verlas en su conjunto.

“Son medidas de regulación y control que tendrán un efecto general de favorecer los ingresos, generar incentivos y, sobre todo, progresivamente, propiciar mejores condiciones para el desempeño de la economía, para que haya mayor producción y podamos redistribuir la riqueza que se genere con principio de equidad”, afirmó.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió a la inflación y el déficit fiscal como retos importantes de la economía nacional sobre los que está trabajando la dirección del país y que afectan directamente en la vida de la población.

Afirmó que en los últimos meses, los precios han crecido menos, pero siguen creciendo. “Hay condiciones estructurales, como que no se logran los niveles productivos que nos proponemos, la falta de suministros e insumos que afectan la adquisición de fertilizantes, por ejemplo, con efecto en el sector agropecuario.

“Es precisamente en ese escenario donde tenemos menos ofertas y no hemos podido cubrir con las ofertas estatales las necesidades que tiene la población, donde el papel de la regulación tiene que ser más fuerte”, dijo.

El ministro agregó que “tenemos que ser mucho más celosos que hasta ahora con este tema, para lo cual hemos creado mecanismos y no estamos en el mismo punto que el año pasado, porque hemos ido aprendiendo a enfrentar estas nuevas condiciones en la economía”.

Regueiro Ale señaló que en años anteriores ha habido una inflación natural y un crecimiento de los precios, pero no en cifras tan elevadas como las de estos tiempos. 

“Se creó el Comité de Concertación de Precios, asistimos a un proceso de descentralización de los precios dirigido hacia el sector empresarial, centrando en las autoridades del MFP los precios sobre los productos más sensibles para la población, lo cual implica una protección. Pero esos mercados de precios regulados son precisamente los que mayores afectaciones tienen en cuanto al suministro”, comentó.

Según Requeiro Ale, ha habido una expansión de ofertas no reguladas del sector no estatal en las que los precios no solo han sido altos (respondiendo a la distorsión de la tasa de cambio ilegal, que es el mecanismo de reaprovisionamiento de mercancías para ese comercio), sino que también ha habido precios especulativos y abusivos.

“Cuando se revisan los costos, incluso con las tasas de cambio distorsionadas, los márgenes de utilidad y ganancias son exacerbados y no responden a los niveles normales que debe tener cualquier actividad comercial o productiva”, afirmó el ministro y agregó que ha habido un nivel de enfrentamiento.

“Es una actividad que se ha organizado con mayor rigor y sistematicidad, aún insuficiente, desde los Gobiernos locales, si revisamos los niveles de imposición de multas. La solución está por el camino de lograr mayores ofertas, como ha sucedido con productos agropecuarios de estación como el tomate. Si hay mayores niveles productivos, hay mayor presencia en el mercado y bajan los precios, ese es el camino.

“Tenemos que ser mucho más rigurosos con todos los actores no estatales y  estatales de la economía, porque también en las empresas del Estado ha habido distorsiones de las facultades que se les han otorgado para la formación de precios. La actividad de control y regulación es una de las prioridades del MFP y las OSDE”, sostuvo.

Subrayó que aún es insuficiente la capacitación en fichas de costo, a lo que hay que prestar atención. 

“En julio se emitió la Resolución 148, que actualizó la cuestión de las fichas de costos y precios para todos los productos, se realizó un amplio proceso de capacitación y se comenzó a implementar esa regulación con mayor alcance en el sector empresarial estatal, que sirve como referencia para el sector no estatal en cuanto a la configuración de los documentos para dejar constancia de sus operaciones.

“Sin embargo, es necesario tener, para determinados sectores, producciones y niveles de consumo una regulación de mayor alcance, que controle en el escenario actual, sin desconocer las condiciones de oferta y demanda que siempre van a estar presentes”, explicó.

Al respecto, adelantó que se han estudiado algunas propuestas y que se debe tener precisión en la elaboración de una nueva regulación centralizada, con rango nacional, sobre los precios máximos de algunos productos que, con independencia de quien los comercialice, son básicos para la población.

Entre esos productos, mencionó el pollo importado que se vende a precios muchas veces especulativos. 

Aclaró que no se trata de regularlo todo en un sistema que sea ingestionable y que limite la propia dinámica de concertación de los precios, pero hay consumos que hay que proteger para la población, entre ellos los de productos del agro.

“Son regulaciones que tienen que estar en consonancia con las características productivas de los territorios, con las capacidades y los niveles de consumo”, dijo.

“El mecanismo de concertación de precios lo que necesita es más rigor, más sistematicidad y mayor participación de los propios productores, en un contexto en el que la oferta está bastante deprimida”, concluyó.

En los minutos finales de la Mesa Redonda, el vice primer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dijo que el primero de enero celebraremos con júbilo, optimismo y seguridad en la victoria el 65 aniversario de la Revolución.

“Ese día empezaremos igualmente a implementar las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar las distorsiones e impulsar la economía, con la gradualidad requerida”, anunció.

Las primeras medidas que entrarán en vigor son las anunciadas por el ministro Regueiro Ale, relativas a los aranceles y que estimulan la producción nacional al disminuir aranceles a los productos intermedios e incrementar los de los productos terminados.

También, las exoneraciones fiscales, teniendo en cuenta las consideraciones explicadas por el ministro de Finanzas y Precios, con el propósito de incrementar los ingresos del presupuesto del Estado.

El vice primer ministro agregó que entrarán en vigor el primero de enero las justas medidas que benefician a los trabajadores de los sectores de educación y salud pública. 

“Hay una gradualidad en la implementación del resto de las medidas, que se irán informando en los espacios sucesivos de la Mesa Redonda”, dijo.

Adelantó que no entrará en vigor el primero de enero ninguna de las medidas vinculadas al aumento de precios, incluyendo los del combustible, y las tarifas de electricidad, transporte, gas y otros servicios. 

Gil Fernández llamó la atención sobre la urgencia de poner mano dura en los precios. “No hay justificación alguna para el incremento de determinados precios, pues ninguna de estas medidas ha entrado en vigor ni entrará la próxima semana”, apuntó.

Igualmente, sostuvo que hay que poner mano dura en el cobro de los impuestos, “pues estamos apreciando evasión fiscal en el país y de eso depende la sostenibilidad del presupuesto estatal”.

El ministro de Economía y Planificación comentó que, de manera general, las medidas han tenido aceptación y comprensión por la población, aunque hay preocupaciones en cuanto a su implementación, sobre todo las relacionadas con el incremento de precios. 

Reiteró que con las medidas se espera corregir distorsiones para reimpulsar la economía del país, alcanzar una distribución más justa y equitativa de las riquezas, eliminar subsidios y estimular la producción.

“De esta situación compleja se sale trabajando, produciendo, con más eficiencia, respaldando la producción nacional, haciendo un uso más eficiente de las divisas con que cuenta el país. Hacia eso están encaminadas estas medidas”, afirmó.

El objetivo –dijo– es crear un escenario más favorable para el reimpulso de nuestra economía, “sin que ninguna de las medidas sea mágica, con costo cero. Toda medida tiene riesgos e implicaciones que hay que atender con la debida integralidad”.

El vice primer ministro concluyó señalando que el primero de enero “iniciamos un año con transformaciones importantes en nuestra economía, que dan continuidad a transformaciones implementadas en años anteriores.

“Será un año enfocado en la corrección de un conjunto de distorsiones, en el reordenamiento monetario y económico del país, en el ordenamiento del sector no estatal”. 

El 2024 “será un año importante para Cuba, en el que hace falta mucha unidad, comprensión y confianza en que lo que se está haciendo busca el beneficio de la población.

“No hay ningún sentido neoliberal”, subrayó y agregó que “el Gobierno se involucra mucho más para obtener los resultados previstos”.