Cubadebate

Los órganos competentes del Minint investigan los hechos de sustracción de este insumo, vital para el servicio eléctrico, en varios transformadores de la provincia. Foto: Periódico Sierra Maestra.

En los últimos meses, un crimen silencioso ha ido ganando terreno en todo el país: el robo de aceite dieléctrico, un insumo vital para el funcionamiento de los transformadores eléctricos que alimentan a miles de hogares, hospitales, escuelas y otras instalaciones esenciales. Este delito no solo destruye equipos de infraestructura crítica, sino que está dejando a miles de cubanos sin electricidad y, lo que es más grave, afecta la estabilidad económica del país.

En localidades como San Luis, en Santiago de Cuba, y en otras provincias como Las Tunas y Ciego de Ávila, la sustracción de este aceite ha generado daños irreparables a transformadores de gran capacidad. Cuando los delincuentes roban el aceite, el transformador a menudo queda fuera de servicio de manera permanente, lo que provoca la pérdida de energía en áreas residenciales, rurales, agrícolas e industriales. Comunidades enteras han quedado a oscuras y servicios vitales, como el abastecimiento de agua y el riego agrícola, se han visto gravemente afectados.

El daño no es solo económico. Según cifras de la Empresa Eléctrica, un solo transformador puede costar entre 4 y 5 millones de dólares en el mercado internacional. A esto se suman los costos de transporte, alquiler de grúas, combustibles y la fuerza laboral empleada en los esfuerzos de reparación. Además, las afectaciones a los clientes —que pueden oscilar entre 100 y 5,000 personas por incidente— generan un impacto social devastador, sobre todo en zonas rurales y en momentos donde las ya frecuentes interrupciones de energía agravan la situación.

El robo de aceite dieléctrico también tiene un componente ilegal que alimenta un mercado negro. En muchas provincias, el aceite robado se revende como combustible para tractores y camiones a precios exorbitantes que superan los 600 pesos por litro, lo que incentiva la perpetuación de estos delitos. Este círculo vicioso no solo destruye nuestros recursos naturales y energéticos, sino que además favorece la especulación y la corrupción.

Para enfrentar esta creciente amenaza, las autoridades cubanas han intensificado las medidas de control y seguridad. Se han realizado patrullajes las 24 horas en áreas de alto riesgo y se han implementado sistemas de vigilancia con cámaras de seguridad y alumbrado solar en las subestaciones. Además, se ha incrementado la colaboración con la Fiscalía y los tribunales, que ya han procesado a varios detenidos bajo cargos de sabotaje, un delito tipificado en el Código Penal con penas severas de hasta 30 años de prisión.

La lucha contra este crimen no solo recae en el gobierno y las instituciones de seguridad, sino que requiere la participación activa de la ciudadanía. Cada cubano tiene la responsabilidad de proteger nuestras infraestructuras y denunciar cualquier acto sospechoso. Los Consejos de Defensa Local, los CDR, las organizaciones de base y cada vecino tienen un papel fundamental en la prevención de estos delitos, porque la seguridad energética no es solo un asunto de autoridades, sino un compromiso colectivo.

Cada litro de aceite robado y cada transformador inutilizado se traduce, en la práctica, en un quirófano a oscuras, en una bomba de agua que deja de funcionar o en alimentos que se pierden por falta de refrigeración. Defender la integridad de esa red no es un gesto simbólico ni una consigna abstracta: es la garantía mínima para que, al final del día, no se apague el bombillo en la casa del vecino ni la esperanza de mantener el país andando.

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