Cubadebate

A pocos días de darle la bienvenida al 2025 retomamos Pensar el Derecho, una columna que desde sus inicios ha tenido el reto permanente de sin perder el tecnicismo, llegar a los diferentes públicos y evitar concentrar sus contenidos únicamente en los conocedores de la rama. A este empeño se unió desde sus primeras apariciones un grupo destacado de especialistas en la materia, muchos de ellos profesores y otros que sin compartir el aula, constituyen fuente de obligada consulta. El esfuerzo, como bien se dijo en aquella primera columna introductoria, estaría concentrado en la socialización del conocimiento jurídico fuera de los círculos académicos y especializados, como ejercicio permanente en pos de acercar este fenómeno y sus conceptos a todas las personas. A cada uno de ellos agradecemos el empeño y el tiempo dedicado al análisis, la lectura, las recomendaciones de temas a tratar y sobre todo la disposición a escribir en un espacio que se volvió un referente, no solo para la población lega en temas de Derecho, sino también para estudiantes y colegas de profesión.

Cuando ya septiembre de 2021 parece lejano y transitamos en el cuarto año de la columna, resulta imposible no agradecer también, de manera especial, a quienes durante este tiempo estuvieron coordinando su salida cada Lunes, sirviendo de enlace a través de todo el país y garantizando la calidad y prontitud de los temas tratados. La Dr.C. Majela Ferrari Yaunner, junto a la Dr.C. Yamila González Ferrer tuvieron la tarea de iniciar y enrumbar los resultados que hoy vemos. Una columna sólida, con un importante número de lectores y credibilidad ganada. Más de 100 trabajos publicados y siempre con la frescura y claridad que se necesitaba para que cualquier persona, conocedora o no del tema, pudiese leer y entender.

El reto hoy, al retomar la sistematicidad del espacio, sigue siendo fuerte. Con motivo del segundo aniversario de la columna, escribí y cito aquí por la vigencia que aun conserva: “No es alquimia el proceso de robustecer la cultura jurídica de nuestros ciudadanos, se trata por el contrario de un proceso lento y de gran complejidad que requiere la concurrencia de múltiples situaciones objetivas y subjetivas, tendientes todas ellas a inculcar en el ciudadano el criterio y la visión jurídica de las cosas. Sin embargo, no es tarea imposible cuando se cuentan con las herramientas y el concurso de un grupo de académicos y operadores que nos siguen convidando a Pensar el Derecho.”

Bienvenidos entonces, de regreso, a esta nueva ruta del espacio, continuidad del camino transitado donde el intercambio con la ciudadanía, nuestros lectores y mayores críticos, seguirá siendo clave y prioritaria para aumentar aún más, la tan necesaria cultura jurídica, manteniendo un clima de legitimidad en el ámbito legal, que sea controlado directamente por nuestro Pueblo y los conocimientos que va adquiriendo.

Volviendo sobre el camino transitado

En Febrero de este 2025, estaremos recordando y celebrando el sexto Aniversario de la Constitución de la República. Sí, aquella que durante tres meses, de agosto a noviembre de 2018 llevamos a Consulta Popular y luego en el 2019 a Referendo, entrando en vigor en abril del propio año. Un proceso que no sólo desde la teoría estaba catalogado de construcción colectiva, sino también en el ámbito práctico, teniendo en cuenta que cada ciudadano mayor de 14 años pudo soñar su Constitución a través de propuestas que permitían añadir, eliminar o modificar los contenidos que se presentaron al debate. A lo largo de todo el país se suscitaron un importante número de análisis en barrios, escuelas y centros de trabajo, permitiendo que el resultado final fuese una Constitución que no sólo se parecía a la sociedad donde se aplicaría, sino que también respondía a sus necesidades, dinámicas y realidades.

Si bien a la vista de muchos el proceso de “hablar de leyes”, como algunos decían, concluyó con la entrada en vigor de la Constitución, lo cierto fue que a partir de ese momento comenzó entonces toda una revolución legislativa en Cuba. Ya teníamos Constitución, de las más avanzadas y modernas, ahora había que darle vida a cada uno de sus contenidos. ¿Vida a sus contenidos? En un lenguaje sencillo, no bastaba con lo que ella recogía, sino que hacían falta otras Disposiciones Normativas, que sin entrar en contradicción con lo ya aprobado, vinieran a desarrollar cada una de las cuestiones que habían quedado recogidas en aquel Texto de 229 artículos, reflejo de un país.

Se hizo urgente la elaboración de un Cronograma Legislativo a corto, mediano y largo plazo que hasta finales de 2027 tendría la responsabilidad de que lo ya redactado no se convirtiese en letra muerta, con el reto permanente, cual espada de Damocles, y a partir de un atinado análisis, determinar cuáles eran las más urgentes, cuáles podían esperar un poco a partir de la propia progresividad de los Derechos y las llamadas intemporales, auqellas que su creación y entrada en vigor no eran de las más preocupantes a la ciudadanía, aunque en términos de urgencia legal, todas eran imprescindibles para el buen funcionamiento del Estado y la seguridad de las personas. El plazo para la elaboración de este Cronograma legislativo fue de un año.

Habían otras que sí tenían una fecha prevista, tal es el caso de la Ley Electoral que debía ser aprobada antes del plazo de seis meses de haber entrado en vigor la Constitución o lo relacionado con el Código de las Familias, ley esta que atendiendo a los resultados de la Consulta Popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular debía disponer, en el plazo de dos años, iniciar el proceso de consulta popular y referendo. Si bien estas son algunos ejemplos, no fueron las únicas con tal situación de límite de tiempo.

Ajustes al Cronograma Legislativo y su posterior desarrollo

No podemos olvidar que la Constitución como ya habíamos dicho, fue aprobada y entró en vigor en el 2019,  un año antes que la Pandemia COVID - 19 afectara nuestro país. Es importante tener en cuenta esto, pues al analizar los períodos de tiempo, justo cuando debíamos comenzar con más fuerza el cumplimiento de este Cronograma, los mayores esfuerzos estuvieron encaminados a la salud de nuestra población como bien a salvaguardar. No obstante, en medio de días duros para la nación, con un pico creciente de contagios y fallecidos, se continuó trabajando en la elaboración de las normativas. Aunque con modificaciones en cuanto a fechas, no se detuvo la producción legislativa.

En este contexto y en medio de uno de los principales rebrotes, nace “Pensar el Derecho”. Ante este escenario, donde fueron surgiendo nuevas dudas en la población, marcado por el aislamiento social y las medidas extremas de seguridad en el ámbito de la salud, comenzó a dar sus primeros pasos lo que ya hoy podemos catalogar como una columna establecida que dialoga sobre los retos del Derecho en nuestra sociedad.

Entonces, ¿hemos contribuido a la cultura jurídica en estos años?

La cultura jurídica y dentro de ella la cultura de la legalidad, desempeñan un papel fundamental dentro de las relaciones sociales y lo ideal es que se trabajen y refuercen desde edades tempranas, no como obligación en el sentido crudo de la palabra, sino como una necesidad que favorezca la transformación del ser humano. Sin embargo, es posible que al mencionar ambos conceptos se interpreten como complejos por parte de la población o en el peor de los casos, creyéndolos no necesarios, se descuide totalmente el sentido de ambos.

Precisamente ese es uno de los mayores problemas en la difusión del contenido de las normas y funcionamiento de nuestro sistema legal, pues se asume que la población interpretará de la misma forma que quien emite o difunde, de ahí que la cultura jurídica siga siendo hoy objeto de grandes desafíos, sobre todo a partir de una realidad cambiante y una sociedad en rápida evolución y con varias fuentes de acceso a la información. A ello se suma que puede entenderse también como esa continua formación del individuo que pasa por la conocida Educación Cívica hasta cada una de las cuestiones de la vida en sociedad aportándole a su comportamiento, pero que en ocasiones se ve limitada ante la opinión de muchos de que el Derecho es sólo cuestión de “abogados” y nada tiene que ver con el resto.

Resulta necesario insistir, como lo hemos hecho a través de Pensar el Derecho, en las acciones para promover la cultura de la legalidad cuyo propósito sea que el ciudadano conozca el ordenamiento que rige en nuestra sociedad, que sepa cómo funcionan las instituciones y la manera en que pueden acudir a ellas, que entienda el sistema legal que le da acceso a la protección y exigibilidad de sus derechos y, aún más importante, que tenga la certeza de que existen los medios por los cuales se puede acceder a la justicia cuando esta haya sido violentada. Para ello sigue siendo imprescindible romper con el viejo nudo conceptual que enmarca al Derecho como un instrumento únicamente con el fin de castigar, reprimir (entiéndase esto en su sentido técnico y no de forma restrictiva), limitar o restringir la actuación de las personas.

Al Derecho se le reconocen múltiples funciones que van desde su concepción como instrumento de legitimación de poder, hasta aquellas finalidades que se identifican como conformadoras de un orden social equilibrado. De ahí que hemos defendido que las normas jurídicas también poseen una naturaleza educativa, al estar encaminadas a modelar una personalidad ciudadana o humana en su más alta dimensión ética. En su función de orientación de conductas, dota a los ciudadanos de las herramientas que les permiten prever las consecuencias de sus actos.

¿Qué más nos queda por hacer?

Hay preguntas que si bien las hemos hecho en otras ocasiones, debemos volver sobre ellas: ¿Qué porcentaje de la población tiene acceso al conocimiento de las leyes que nos rigen? ¿Cómo funciona nuestro sistema legal? ¿Qué papel juegan los ciudadanos en el cumplimiento y correcta aplicación de las normas vigentes? Interrogantes como estas se han respondido en todo este tiempo de profusa producción didáctica (y por qué no, también científica), donde Cubadebate se convirtió en el medio idóneo para cumplir con la responsabilidad dada, sirviendo de puente entre la ciudadanía y la comprensión de un renovado ordenamiento jurídico que entraña nuevos desafíos para todos, ciudadanos, juristas e instituciones.

A las preguntas anteriores podemos añadir otras: ¿Conoce nuestra población sus Derechos?, ¿Sabe acerca de sus deberes?, ¿Es capaz de nombrar la legislación adecuada ante la problemática que se le presente?, ¿Puede distinguir entre la función del Juez, el Fiscal o el Abogado?, ¿Conoce ante qué casos se va a la presencia de un Notario?, o ¿Puede decir cuándo es una Ley, un Decreto Ley o un Decreto?. Mientras existan dudas así y otras aún mas “complicadas” que en el día a día, a través del intercambio, se nos presentan y que pueden parecer básicas para un especialista en Derecho, pero tan necesarias para nuestra población, seguirá siendo de utilidad la columna.

En función de lo anterior es importante destacar también que tener muchas y buenas leyes no es suficiente, pues resulta necesario promover su conocimiento en la sociedad, por todas las vías posibles y también a partir de espacios como este, lo que influirá en la eficacia y eficiencia de las normas, de ahí lo necesario de esa retroalimentación que no faltará con los propios temas que el lector nos sugiera y otros que a partir de intereses comunes les hagamos llegar.

Sumar a esto que el acompañamiento de importantes procesos legislativos a partir de la explicación de instituciones jurídicas y sus fundamentos, se convierte en generador de consensos a su alrededor, lo que constituye un indicador democrático que luego se refleja en la realización de las normas de modo más espontaneo.  Cuando un número mayor de sectores y personas se acercan al Derecho, lo reconocen en su cotidianidad y participan en su creación, resulta más fácil hacerlo valer.

En este cuarto año de Pensar el Derecho y a partir de retomarlo...

Resulta innegable que el Derecho está presente en nuestro día a día, en nuestras actividades cotidianas, haciéndose omnipresente en la vida social, afectándonos profundamente, determinando en gran medida nuestras vidas desde las circunstancias del nacimiento hasta las de la muerte. Los seres humanos por naturaleza, de forma instintiva, estamos impulsados a vivir en comunidad y solo así llegamos a alcanzar el pleno desarrollo. Por ello, la convivencia, incluso la más básica, necesita de una ordenación adecuada de las relaciones entre las personas.

En este contexto resalta el importante papel que seguirá jugando Pensar el Derecho como una columna de opinión jurídica que busca no solo educar, aportar conocimientos, sino también sentar bases y transformar. Sirva entonces esta nueva publicación después de algunos meses de ausencia no sólo como saludo al año que recién inicia, sino también como el sitio de encuentro para debatir, aportar y seguir andando el camino de la tan necesaria legalidad.

¿Qué temas tocamos en 2024?

• La mirada de género y de derechos sexuales y reproductivos de la nueva Ley de Salud Pública cubana
• El trabajo a distancia y el teletrabajo: Argumentos para su potenciación en Cuba
• Garantías para la reinserción laboral de las personas privadas de libertad en Cuba
• La protección de los consumidores vulnerables: Retos para el ordenamiento jurídico cubano
• Desafíos del Derecho de Contratos ante las personas adultas mayores
• La tutela judicial sobre las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión
• Comentarios sobre las recientes modificaciones al Reglamento de la Ley de Seguridad Social
• ¿Sabía usted que las donaciones son revocables?
• La seguridad jurídica, exigencia del Derecho y la sociedad
• La elección del gobernador y vicegobernador provinciales ante cargos vacantes
• A cinco años de la Constitución de 2019, sus retos
• Sobre el Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo, sus principios
• Los derechos protegidos en el anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo
• Las cuentas que tienen que rendirse más y mejor
• ¿Todos los caminos conducen a la Defensoría?
• En código de tendencias: Clínica jurídica
• El sistema nacional de los recursos naturales y el medio ambiente en Cuba