Cubadebate

Cinco puntas tiene una estrella Y cinco dedos el puño que se aprieta para denunciar lo injusto, la ira. Ellos también son cinco. Los Cinco. Pero a la hora de sentarse en el banquillo, acusados por el enemigo, decidieron ser uno: Cuba

Esa es la razón número uno de la decisión de los jueces de Atlanta de este nueve de agosto de 2006. Todo el proceso ha sido, antes que judicial, político. Poco más de 11 millones de cubanos fueron juzgados, primero en Miami, ahora en el Onceno Circuito, por decidir juntos -y sin ayuda de fuera- sus propios destinos.

Muy a pesar de las intrigas cocinadas en Miami, este proceso se convirtió desde el principio en una denuncia contundente a los desmanes terroristas de esa zona del exilio cubano que no se cansa de promover acciones terroristas contra la Isla. Lástima que la llamada "prensa libre" no le haya dado nunca la cobertura que merece.

La decisión de ahora -tomada por diez jueces contra dos en desacuerdo del pleno- va contra otra anterior, digna y apegada a la justicia, emitida hace justo un año por un panel de tres magistrados del mismo Onceno Circuito de Apelaciones de Atlanta. Dos de ellos hoy ratificaron su vergüenza y su decencia.

Entonces la triada declaró nulo el amañado proceso legal que sancionó a Ramón, Gerardo, Fernando, Antonio y René a penas que en conjunto suman cuatro cadenas perpetuas más 77 años de prisión.

Tras revisar una montaña de documentos, aquellos tres jueces hicieron un análisis detallado de 93 páginas donde sostenían que los Cinco no habían recibido un juicio justo. Para los magistrados, tal evidencia "se impuso por la perfecta tormenta creada cuando la ola de sentimientos saturados de la comunidad (de Miami, ¿dónde si no?) y la amplia publicidad antes y durante el juicio, se combinaron con las referencias inapropiadas de la Fiscalía".

El texto alude a las diversas oportunidades en que los defensores solicitaron un cambio de sede y asegura que la jueza Joan Lenard debió concederlo, pues tuvo argumentos sólidos para ello.

También sostiene que la publicidad antes y durante el proceso fue adversa para los Cinco y que el jurado fue hostigado por la prensa. Así, los magistrados estimaron que "conformar un jurado imparcial en la comunidad de Miami era una probabilidad poco razonable debido al prejuicio existente en la misma".

En pocas palabras, la tríada del Onceno Circuito caló bien el ambiente de la mafiosa ciudad de La Florida y reparó, además, en la desatinada actuación de los fiscales. Y más allá del reconocimiento de que los derechos elementales de los acusados fueron violados, citaron, incluso, al viejo conocido Luis Posada Carriles y se refirieron a él como un terrorista.

Tal decisión, completamente unánime en contraste con la actual, fue como un puntillazo que respaldó otra anterior. El 27 de mayo de 2005, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas había declarado arbitraria y violatoria del derecho internacional la detención de los Cinco.

Tres consideraciones avalaron ese fallo: el confinamiento de los cubanos durante 17 meses que debilitó "la comunicación con sus abogados y el acceso a la evidencia y, con ello, las posibilidades de una defensa adecuada", también la aplicación del Acta de Protección de Información Clasificada -la tristemente célebre CIPA que llegó a considerar secreta hasta una receta de cocina-, y, por supuesto, el ambiente hostil en que se realizó el juicio.

Los expertos de ONU concluyeron "que los tres elementos (…) son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario". En consecuencia, solicitaron al Gobierno que adoptara "las medidas necesarias para remediar esta situación".

La respuesta brilla por su ausencia a pesar de que los órganos de la ONU están capacitados para exigir el cumplimiento de la ley internacional, independientemente de los sistemas legales de cada país, según lo estipula el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Curiosamente, este es el único de los 13 instrumentos jurídicos del subsistema de Derechos Humanos que el Gobierno estadounidense ha ratificado en los últimos años.

Aunque los diez jueces de Atlanta quieran tapar el sol con un dedo, la vida sigue demostrando que Miami es Miami: la peor ciudad para el juicio de los Cinco.

En estos últimos 12 meses, allí se quisieron prohibir libros infantiles en las bibliotecas escolares, solo porque hablaban de una Cuba diferente a la que imaginan las mentes calenturientas de la mafia; el asesino Posada Carriles sigue bien protegido, sujeto a un engañoso proceso migratorio; el FBI descubrió en la urbe miamense un enorme arsenal de armas, en las oficinas de Santiago Alvarez Fernández-Magriñat, con documentos probatorios de estar destinado a realizar acciones subversivas contra Cuba.

Y, por si fuera poco, José Antonio Llama (Toñín), ex directivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), reclamó públicamente a sus socios terroristas la devolución de alrededor de dos millones de dólares, aportados para financiar un atentado -otro más- contra Fidel. La acusación duerme convenientemente silenciada y las autoridades del "norte", por supuesto, no han levantado un dedo para iniciar investigaciones.

En tanto, los Cinco siguen de pie. Siguen sumando años de cárcel y esperan por la disculpa, que según Leonard Weinglass, abogado de Tony, les deben Bush y su comparsa. Pero ellos ya entregaron su vida por una causa más grande y esa decisión les define la diferencia entre estar en la calle y estar en la cárcel. Se saben un escudo de Cuba y eso basta.