Cubadebate

A mediados de junio de 2005, el organismo nacional de inteligencia de Venezuela, la DISIP (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención), sufrió una crisis como resultado de una Orden Ejecutiva, en la que se exigía la reestructuración de todo el aparato de inteligencia. El problema se suscitó debido a la fuga de un traficante de drogas colombiano, José María Corredor, alias "Boyaco", del cuartel general de la Dirección, al pagar más de 3 millones a funcionarios corruptos de la DISIP para conseguir su libertad. Aunque el incidente de Boyaco puso la transformación en marcha oficialmente, desde hace mucho tiempo debían introducirse cambios en la DISIP.

La solicitud pendiente de Venezuela en cuanto a la extradición del terrorista cubano-venezolano Luis Posada Carriles, actualmente detenido en un centro de inmigración de El Paso, Texas, ha sacado a relucir graves hechos sobre el tenebroso pasado de la DISIP y ha evidenciado, a todas luces, la necesidad de revisar minuciosamente las operaciones del organismo. Posada Carriles y sus seguidores cubanos autodenominados exiliados ocupaban altos cargos en la DISIP a finales de los años sesenta y principios del decenio de 1970, utilizando la división de inteligencia de Venezuela como plataforma para llevar a cabo su guerra contra la Revolución cubana. Venezuela acogió a la mayor comunidad cubana en el exilio fuera de Miami, y se convirtió en la base de operaciones de numerosas actividades terroristas, que ocasionaron la muerte así como lesiones a cientos de civiles inocentes en Cuba y en el extranjero. Posada Carriles y otros, como Carlos ("El Mono") Morales Navarrete, a la sazón  también eran conocidos como agentes de la CIA, designados para cumplir misiones en Venezuela.

Documentos recientemente desclasificados de un organismo de inteligencia militar de Venezuela, demuestran que, con posterioridad, Posada Carriles dirigió una compañía de investigaciones privada en Caracas, que fue totalmente equipada con equipo de vigilancia y materiales suministrados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA). De modo que, incluso después que él y sus colegas abandonaron la DISIP, siguieron operando dentro de Venezuela y en la comunidad de inteligencia, con el pleno conocimiento del Gobierno venezolano, entonces dirigido por Carlos Andrés Pérez en su primer mandato.

Considerando que,  hoy por hoy, los documentos desclasificados de la CIA y otros organismos estadounidenses han proporcionado pruebas sobre la participación de los Estados Unidos en el golpe de estado perpetrado en abril de 2002 contra el presidente Chávez, el posterior sabotaje contra la industria petrolera, en el que se intentó nuevamente destituir al Presidente, y el referendo revocatorio del año pasado relacionado con el mandato del presidente Chávez, para el cual se inyectaron más de 9 millones de dólares para garantizar la victoria de la oposición, Venezuela debe cuidarse de la intromisión y presencia de la CIA en sus fronteras. (véase www.venezuelafoia.info)

Además, aunque  el 20 de junio de 2005 el ministro del Interior, Jesse Chacón, tomó juramento al nuevo jefe de la DISIP, coronel Henry Rangel, y se comprometió a reorientar la responsabilidad del organismo de manera que se centre exclusivamente en las actividades de inteligencia y contrainteligencia, su afirmación de que Venezuela no trabajaría con la CIA sino con el Buró
Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA (Dirección de Lucha contra la Droga), suscita preocupación.

Lógicamente, la CIA  el FBI y la DEA son tres organismos diferentes, pero tras la reciente reestructuración del sistema de inteligencia estadounidense, que se tradujo en la creación de una nueva Dirección Nacional de Inteligencia (DNI),  que se encargaría de supervisar a todos los organismos de inteligencia de la nación, es obvio que a los distintos organismos se les duplicarán los deberes y las responsabilidades, por lo que mientras algunos operan, otros no podrán actuar. Además, el elegido del presidente George W. Bush para ocupar el cargo, John Negroponte, es un individuo que desempeñó un papel clave en los conflictos de baja intensidad e intervenciones más abyectos que tuvieron lugar en América Central en el decenio de 1980.

Además, informes confidenciales constatan que agentes de la DEA en Venezuela han estado involucrados en actos de sabotaje, tráfico de drogas, infiltraciones y violaciones de la ley, con la intención de desacreditar la reputación internacional de Venezuela como país que combate el narcotráfico. Los informes ponen de manifiesto lo que se ha probado en otras partes del mundo, que la Dirección de Lucha contra la Droga es otro instrumento político del Gobierno de los Estados Unidos para promover sus intereses en el extranjero. En el caso de Venezuela, las pruebas demuestran que los agentes de la DEA se han apropiado de cargamentos de drogas ilegales, frustrando los intentos del Gobierno de ese país dirigidos a detener y procesar a los traficantes de drogas, y han saboteado numerosos intentos de capturar a contrabandistas y traficantes de drogas. En lugar de desempeñar su función oficial de contribuir a la detención y arresto de los traficantes de drogas, en Venezuela la DEA ha desempeñado un papel delictivo e intervencionista, a todas luces con el propósito de impedir que el Gobierno de Venezuela cumpla sus obligaciones internacionales.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) opera en Venezuela desde dentro de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Como es  característico en la mayor parte de las embajadas estadounidenses en todo el mundo, el Representante Jurídico de la Embajada es el oficial  del FBI. Es difícil comprender que ese individuo, que trabaja bajo los auspicios del Embajador estadounidense en Venezuela, no promoverá la agenda de los Estados Unidos. Como se evidenció en documentos recientemente desclasificados del FBI relacionados con el caso de Luis Posada Carriles, fue el oficial del FBI en Venezuela quien mantuvo contacto con Posada Carriles durante sus años de estancia en Venezuela; todo parece indicar que en calidad de enlace entre el terrorista cubano y la comunidad de inteligencia estadounidense.

Teniendo en cuenta el pasado tristemente célebre del FBI y de la DEA en Venezuela, así como sus nuevas relaciones con la CIA y la DNI. El organismo de inteligencia venezolano recientemente estructurado tendría la sensatez de tomar grandes precauciones al abrir sus puertas a la colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos en materia de inteligencia.

LA GUERRA DE DESINFORMACIÓN DEL PENTÁGONO EN VENZUELA Y EL AUMENTO DE LA PRESENCIA MILITAR EN AMÉRICA LATINA

En un sorprendente acto que tuvo lugar en la medianoche del 26 de mayo de 2005, el Gobierno de Paraguay autorizó la entrada de soldados y jefes militares estadounidenses durante un período de 18 meses hasta diciembre de 2006, en virtud de una resolución, en virtud de la cual también se aprobaba una reglamentación en la que se otorgaba inmunidad a los soldados estadounidenses por las violaciones de leyes nacionales o internacionales cometidas en suelo paraguayo. Conocida como Acuerdo del Artículo 98, lo cual se refiere al Artículo 98 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, el gobierno de Bush ha utilizado dicha resolución para socavar la credibilidad y la jurisdicción de la CPI.

La solicitud inicial del Gobierno estadounidense incluía la entrada de trece (13) contingentes militares en Paraguay, integrados por 499 soldados, equipo, armas y municiones. La presencia militar estadounidense se utilizará para establecer una base de operaciones en Southern Cone,  una zona a la cual el gobierno de Bush se ha referido en reiteradas ocasiones como un enclave ideal para los terroristas debido a su penetrable frontera que incluye tres naciones. En la actualidad, las fuerzas armadas estadounidenses tienen pequeñas bases de operación en Araba/ Curazao, Manta, Educador y El Salvador, denominadas Bases de Operaciones de Avanzada (FOL por sus siglas en inglés), así como bases más grandes en Honduras, Guantánamo (Cuba) y en toda Colombia. Desde que tuvo lugar el golpe de estado contra el presidente Jean Bertrand Aristide  a principios de 2004, los Estados Unidos han aumentado su presencia militar en la isla caribeña, posiblemente con el objetivo a largo plazo de establecer una base permanente. Además, las fuerzas armadas estadounidenses siguen manteniendo una presencia menos significativa en Puerto Rico y Panamá, pese a que en los últimos años se procedió al cierre de algunas bases.
El aumento de la presencia estadounidense en la región se ajusta a los nuevos cambios a los que se está adaptando SOUTHCOM, uno de los cinco mandos militares estadounidenses, que abarcan a todo el mundo.  SOUTHCOM se encarga de América Latina y el Caribe y cuenta con un presupuesto de 800 millones de dólares y tiene en plantilla de 1 400  empleados.  Recientemente, el jefe del SOUTHCOM, Brantz Craddock, acusó a Venezuela de crear la "desestabilización" en la región como resultado de las "amenazas a la democracia" del gobierno.  Las declaraciones de Craddock repiten las numerosas declaraciones formuladas por voceros gubernamentales estadounidenses, que incluyen al propio presidente Bush, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, el Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega y a otros 
funcionarios de más bajo nivel.  Las declaraciones se han reiterado en los medios de difusión estadounidenses, sin proporcionar pruebas sólidas que respalden esas peligrosas acusaciones, que conducen a preocupaciones de una campaña propagandística de los medios de difusión y el gobierno estadounidenses contra Venezuela.

Pese a las repetidas negativas del gobierno estadounidense en cuanto a una campaña contra Venezuela, mediante una reciente reestructuración del Pentágono se autorizó el despliegue de "equipos de contrapropaganda" a América Latina, establecidos para neutralizar los puntos de "posible actividad terrorista y desestabilización regional", entre ellos, Venezuela y Bolivia.  Según un informe de la edición del 13 de junio de la TIME MAGAZINE, mencionado en La Nación Exterior (19 de junio de 2005,  "EEUU lanza una Guerra de propaganda en la región"), durante los seis últimos meses, el Pentágono ha desplegado grupos de 2 a 4 especialistas militares en operaciones sicológicas para realizar campañas de publicidad que promueven los intereses de Washington en el Oriente Medio, América Latina y otros lugares estratégicos del mundo.  La nueva unidad, denominada Elemento de apoyo a operaciones sicológicas conjuntas (JPSE), apodada "gipsy", radica en el cuartel del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, en Tampa, Florida.  Considerados "guerreros sicológicos", el Pentágono ha estado enviando a esos especialistas a los comandos de ultramar, armados con "planes para realizar campañas publicitarias en pro de los Estados Unidos con el fin de contrarrestar la propaganda de los enemigos".

Según el artículo de la Time Magazine,  "el director de JPSE, Jim Treadwell dijo a la Time que espera, con el tiempo, enviar esas unidades a Europa, el Oriente Medio, Asia y América Latina, donde podrían producir anuncios de televisión de calidad comercial, espacios radiales, sitios web y material impreso para acrecentar la imagen de los Estados Unidos en esas regiones".

El e uipo JPSE tiene un presupuesto de 77 500 millones de dólares estadounidenses para los próximos siete años, además de fondos adicionales para contraatacar las acusaciones provenientes de "grupos terroristas" en cualquier nación.  Según LA NACION, un vocero del SOUTHCOM confirmó que el grupo del JPSE operará en América Latina, aunque no se pudieron proporcionar detalles.  El equipo del JPSE se propone contratar cuatro agencias de relaciones públicas en los Estados Unidos durante las próximas semanas por 250 000 dólares estadounidenses cada una, con el fin de diseñar las estructuras básicas de las campañas propagandísticas.  El Director Treadwell, quien encabezó el Cuarto Grupo de Operaciones Sicológicas durante la invasión a Iraq, confirmó que la idea es "ser lo más creador posible".  Esa creatividad pudiera incluir el uso de "propaganda negra", información que se dice se origina del "enemigo" para confundir y desacreditar a la sociedad.  Según Treadwell, "generalmente, no utilizamos la propaganda negra.  Por otra parte, si la utilizamos, no podría decirle".

Considerando que el nuevo "teatro de operaciones" del Southcome incluye como primer objetivo de seguridad, "mejorar la capacidad de las fuerzas de seguridad de la nación asociada para proteger la infraestructura decisiva de la industria energética de la región", Venezuela, como el mayor exportador de petróleo en el territorio del Southcome, debe ser una esfera de  atención primordial.

El sexto objetivo del nuevo teatro de operaciones del Southcome también parece estar dirigido a Venezuela:  "Impedir que los Estados renegados  apoyen a las organizaciones terroristas".  Como América Latina no es refugio de ninguno de los "Estados renegados, y en los objetivos del Southcome no se mencionan esos países, solo queda suponer que Cuba y Venezuela son los puntos de referencia.  El gobierno de Bush ha acusado a Venezuela en numerosas ocasiones de acoger a grupos que los Estados Unidos consideran terroristas, a saber, las FARC y el ELN de Colombia, pese a que nunca ha presentado pruebas contundentes.  Además, recientemente, este autor recibió un documento secreto desclasificado del Departamento de Estado en que se alega que grupos como el Hezbollah y el Asbat Al-Ansar reciben apoyo operacional y financiero en Venezuela y aducen además que organizaciones sociales venezolanas, Coordinadora Simón Bolívar, M-28 y Jirajaras son grupos involucrados en actividades terroristas.  Sin embargo, no se han proporcionado pruebas concretas para respaldar esas peligrosas acusaciones.

Asimismo, las relaciones comerciales de Venezuela con Cuba, nación clasificada por el gobierno estadounidense como un "refugio de terroristas", ofrece evidentemente más motivos para que el Southcome justifique su creciente intervención en la región.

Aunque una acción militar directa estadounidense en Venezuela sigue pareciendo lejana, la ampliación de la presencia militar en la región, particularmente alrededor de Venezuela, los grupos PSYOPS recientemente creados con la intención de promover campañas y las necesidades energéticas siempre crecientes de los Estados Unidos parecen implicar que se fragua una operación inminente contra Venezuela.