Cubadebate

Se acepta que el bloqueo tiene consecuencias muy fuertes pero hasta cuando vamos a seguir trabajndo sin la debida antelacion y eficiencia para evitar que sus efectos tengan estas consecuencias.
Con todo el respeto de los implicados, no se dan cuenta que esto es lo que buscan precisamente los HP del gobierno norteamericano y los histericos de Miami. Es como se le dijeramos, miren lograron lo que querian/buscaban.....
A esos HP tambien hay que ganarle en lo economico pero esta no es la forma

ES BUENO QUE LA MINISTRA HABLE SOBRE LA NOCIVA PRACTICA DE LOS MODULOS
HECHOS: Desde hace dos años aproximadamente es común ver en el comercio minorista la imposición de venta de módulos, principalmente en los establecimientos de las empresas de Comercio, Gastronomía, Compay Tiago, Palmares, TRD, etcétera, cuando ello constituye prácticas abusivas, ilícitas, y violatorias de los derechos de los consumidores, y por ende de la población y el ciudadano.
He visto la venta de botellas de ron y vino, pero con la condición de comprar también un pomo de agua de 1500 ml, y 50 javitas de nailon. Como es posible que las familias santiagueras puedan disgrutar, imagínense un trabajador que salga con su esposa, y que para tomar una botella de vino, tenga que comprar 50 javitas de nailon. Otro ejemplo, lo sufrí en tiendas en moneda nacional, donde para adquirir un desodorante o champú, había que comprar obligado un candado de 425 pesos o una carpeta de 700 pesos, lo cual es un salvajismo, pues un producto de aseo se necesita todos los meses, pero un candado o carpeta, a de más de valer bastante, no se necesita todos los meses, por lo que imponer la compra de un producto de primera necesidad con uno de poco movimiento u ocioso, a todas luces resulta una práctica abusiva hacia el cliente.
En el comercio minorista existen ejemplos también, tal es el caso de la tienda Trimagen, ubicada en calle San Félix, entre San Gerónimo y callejón del Carmen, donde están vendiendo las botellas de refresco de 1500 ml, con la condición de comprar una botella de agua de 1500 ml, y un pomo de pasta de ajo.
Los establecimientos de las empresas de Gastronomía y de Compay Tiago tienen el número uno violando lo dicho, pues todo lo están vendiendo en módulos, para comprar un regreso gaseado de 1500 ml, de 36 pesos, obligatoriamente hay que comprar un aliño de 400 pesos o una coca de 300 pesos, lo cual es un abuso. Existen otros ejemplos que por cuestión de espacio no abordare, pero todos son prácticas abusivas de atropello a los derechos de los consumidores.En resumen, todas las empresas de una forma u otra están aplicando esta práctica abusiva violatoria de los derechos del consumidor.

NORMAS QUE SE INFRINGEN CON LOS HECHOS DE REFERENCIA: La Resolución 54, “Indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema de comercio interno”, del fecha 20 de abril de 2018, de la Ministra de Comercio Interior, en su resuelvo quinto, inciso c) establece entre los principios de protección al consumidor: evitar las prácticas abusivas.
La Resolución en cuestión a pesar que incluye el termino practica abusivas, no lo define, pues la ley no está para definir conceptos, pero en concreta, las prácticas abusivas, según los especialistas de la materia, los organismos internacionales y la legislación de varios países, incluye: violar los derechos de elección y libre contratación del cliente, imponerle un producto como condición para adquirir otro, por lo que se prohíbe las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo objetivo. Por eso la prohibición legal de las prácticas abusivas se dirige a evitar que el consumidor sea compelido a adquirir bienes o servicios que no necesite o que no se ha planteado usar o adquirir en esa oportunidad. Sin embargo, se permiten los “combos”, la combinación de diversos bienes o servicios, siempre que cada producto que integre el conjunto pueda ser adquirido por separado.
Por todo ello, si las empresas deciden vender módulos, deben igualmente tener esos mismos productos de forma separada, para el que así lo desee también, la opción no puede ser únicamente módulos, ya que entonces estarían imponiendo la compra de un producto como condición para adquirir otro, lo que constituye una práctica abusiva, violatoria de las normas de protección al consumidor, sancionable en el Decreto Ley 155 de 1989, que en su artículo 2, establece que: contravendrá las regulaciones sobre el comercio minorista, gastronomía, y determinados servicios a la población, y se le impondrá la multa que en cada caso se señala, el que, inciso h), ofrezca a los consumidores la adquisición de determinado producto como condición para adquirir otro….

EN ESTA MISMA CUERDA DE RAZONAMIENTO Vale acotar que la Constitución de la República de Cuba del 2019, en su artículo 1 establece que Cuba es un Estado de Derecho y de justica social, lo que implica respectar la legalidad, y los derechos de la población, y en sus artículos 7, 9, y 90 inciso b), establece que la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado; a cuyo cumplimiento están todos obligados; las disposiciones y actos de los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, así como de las organizaciones, las entidades y los individuos se ajustan a lo que esta dispone; cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos; los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, además, velan por su respeto en la vida de toda la sociedad y actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias; siendo un deber de todo ciudadano cubano cumplir la Constitución y demás normas jurídicas.
En concreta, nadie está por encima de la ley, todos debemos cumplirla, por eso como es posible que se viole la legalidad socialista, y el Decreto ley 155 de 1989 de las contravenciones de las regulaciones sobre el comercio minorista, gastronomía, y determinados servicios a la población, y nadie haga nada, toda vez que la imposición de la compra de un producto como condición para adquirir otro, constituye una práctica abusiva que viola no solo el Decreto-ley 155 antes citado, sino también la Resolución 54, del 20 de abril de 2018, de la Ministra de Comercio Interior, que establece entre los principios de protección al consumidor evitar las prácticas abusivas.

JUSTIFICACIONES SIN SENTIDO: Si bien las empresas tienen como fin obtener utilidades, y en la actual crisis económica muchas tienen una situación económica-financiera desfavorable, el saneamiento de las finanzas de esas empresas no puede ser acosta de la desgracia del pueblo, trasladando las ineficiencias a la población. Esgrimir también como justificación el desabastecimiento existente, y que con los módulos se busca regular la venta de los pocos productos existente, carece también de fundamento, y no justifica violar los derechos de los consumidores, si se quiere regular un producto para evitar el acaparamiento, lo correcto es dar una cantidad limitada del producto, pero para nada esto justifica que se quiera imponer la compra de un producto como condición para adquirir otro, o sea, no se puede imponer la obligación de adquirir el modulo completo, más el cliente debe elegir, si adquiere el grupo de productos completo, o un producto en particular.
Actualmente a las empresas se le ha dado autonomía para formar precios, los cuales deben cubrir sus costos y dar un margen de ganancia, pero para nada dicha facultad de formación de precios, implica imponerle un producto al cliente como condición para adquirir otro, o sea, los famosos módulos que ahora están de moda.
Es decir, a pesar que las empresas pueden formar sus precios de ventas, y hasta cierto punto pueden confeccionar módulos para algunos clientes que los deseen, dichos derechos tienen como limite el disfrute de los derechos de los demás, la seguridad colectiva y el bienestar general, tal y como establece la Constitución de la Republica en su artículo 45; por ello, los derechos de las empresas de formar precios, y estrategias de ventas para garantizar sus resultados económicos y recuperarse de su situaciones financieras desfavorables, tienen como límite, no violar los derechos de los consumidores que en última instancia son derechos del ciudadano y la población, o colectividad.

PRONUNCIAMIENTO DE LAS AUTORIDADES EN EL TERRITORIO DE SANTIAGO DE CUBA. POR TODO LO ANTES EXPUESTO: Interpuse en noviembre del 2021 queja en la Dirección Integral de supervisión municipal, la Fiscalía, el gobierno, el PCC, el grupo empresarial de comercio, todos de la provincia Santiago de Cuba.
Hasta la fecha solo me ha dado respuesta la Dirección Integral de supervisión municipal, con una respuesta escueta que no resuelve el problema, a pesar que como órgano fiscalizador del estado le corresponde velar por la protección de los derechos del consumidor. Así mismo, me ha dado respuesta el grupo empresarial de comercio, de forma favorable, por lo que agradezco la atención de dicho organismo.
Por su parte, el gobierno, el partido, y la fiscalía no me han dado respuesta por escrito, vulnerando el derecho a queja y peticiones que me ofrece el artículo 61 de la Constitución de la República de Cuba. Como es posible que un órgano fiscalizador como la fiscalía que le corresponde velar por la legalidad, no se haya ocupado de lo denunciado.
Lo mismo ocurre con la Dirección de Comercio de la provincia de Santiago de Cuba, que hasta la fecha no me ha dado respuesta, a pesar que por encargo estatal le corresponde velar por la protección de los consumidores.
A pesar que el grupo empresarial de Comercio me dio respuesta de que se eliminarían estas prácticas abusivas en el territorio, lo cierto es que los establecimientos de las empresas de Gastronomía y de Compay Tiago se niegan a cumplir con dicha indicación y tienen el número uno violando lo dicho, pues todo lo están vendiendo en módulos, para comprar un regreso gaseado de 1500 ml, de 36 pesos, obligatoriamente hay que comprar un aliño de 400 pesos o una coca de 300 pesos, lo cual es un abuso, como hace un ciudadano para comprarle un refresco a sus hijos.

CONCLUSIONES: En fin, el cliente no recibe nada regalado, compra el producto que desea a cambio de su precio, y para nada está obligado a comprar un producto que no desea para adquirir el que en verdad quiere, lo cual es un derecho universal reconocido en la mayoría de los países, hacer lo contrario es una práctica abusiva y desleal violatoria de los derechos del consumidor, el cliente y en consecuencia del ciudadano; y con ello al Estado de derecho y legalidad que establece la Constitución de la República, por eso las ineficiencias de las empresas y las pérdidas económicas por productos de poca venta, no se pueden trasladar a los clientes obligándoles a comprar productos de lento movimiento, cuando lo que desea el consumidor es otro producto.
Es doloroso que los órganos de control a donde dirigí la queja no me hayan dado respuesta, tales son los casos del PCC, gobierno, fiscalía y Dirección de Comercio.