Ministerio de Justicia (MINJUS)
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La Gaceta Oficial Ordinaria No.17 publicó este lunes resoluciones que actualizan las tarifas de los servicios jurídicos de las diferentes entidades facultadas, sobre todo en lo que se refiere en sus destinatarios, determinando en la mayoría de los casos importes unificados para personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional, a jurídicas estatales y no estatales constituidas al amparo de la legislación cubana.
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Sobre las nuevas tarifas de los servicios jurídicos aún quedan dudas en la población. ¿Por qué si el salario aumentó tres veces, algunos servicios multiplicaron su costo por seis? ¿Qué garantías existen para una debida defensa en caso de no poder pagar los nuevos precios? ¿Quién equipara la balanza para que los servicios ofertados sean costeables por la economía doméstica? Cubadebate buscó respuestas en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC).
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Desde la perspectiva de esta última, a partir del llamado Día Cero, surgieron disímiles dudas inherentes a los actuales precios de los servicios legales. ¿Se traduce el ordenamiento de tarifas, en todos los casos, en pagar mayores cifras por las mismas prestaciones? ¿En cuáles se concentran las principales modificaciones y en qué se sustentan los actuales montos? »
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La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición número 78 extraordinaria del año 2020, publicó las resoluciones del Ministerio de Justicia que implementan la Tarea Ordenamiento. En la misma se establecen las tarifas máximas para los servicios jurídicos que prestan las entidades autorizadas para ello.
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Con carácter experimental, el Ministerio de Justicia de Cuba (Minjus) acaba de aprobar la realización de actos mercantiles de naturaleza asociativa, por medio de una plataforma de videoconferencia o cualquier otro medio técnico que tenga imagen y sonido, con presencia virtual de alguna de las partes, conectadas con calidad y de forma segura con el notario.
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La Gaceta Oficial de la República publicó la Resolución 382/20 que contribuirá a la disminución de los términos de inscripción en los Registros de la Propiedad y a la elevación la calidad de los servicios jurídicos que presta el Sistema del Ministerio de Justicia. Esta resolución forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Justicia por elevar la calidad de sus servicios.
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El tránsito hacia la etapa de la recuperación tras la COVID-19 en el país será un proceso gradual y asimétrico, sin apresuramiento, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico de cada territorio. En el caso del sistema de justicia, lo planificado incluye la incorporación desde la primera fase de los procesos judiciales, según la urgencia y prioridades, así como la reanudación, poco a poco, de los servicios jurídicos.
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