Cubadebate

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, ratificó en la Mesa Redonda que las medidas adoptadas en el ámbito laboral para enfrentar el actual cerco energético tienen como principio esencial la protección integral de los trabajadores y sus familias.

Durante su intervención, el titular subrayó que la prioridad no es la interrupción laboral, sino la reubicación de los trabajadores en actividades que permitan mantener su vínculo con el empleo y evitar afectaciones en sus ingresos. “La prioridad número uno es la reubicación laboral. No la interrupción”, insistió.

Reubicación laboral: eje central de las medidas

Otamendiz Campos explicó que, siempre que las condiciones lo permitan, deben aplicarse alternativas como el trabajo a distancia, el teletrabajo, el cambio de labor o ajustes en la jornada. Sin embargo, cuando estas opciones no resulten viables, se impone la reubicación en otras tareas de utilidad social y económica.

En este sentido, señaló que existen amplias oportunidades para emplear la fuerza laboral disponible en sectores estratégicos y de alto impacto comunitario, entre ellos:

• Producción local de alimentos, en consonancia con la política de soberanía alimentaria.
• Servicios comunales, como la recogida de desechos sólidos y la higienización de las comunidades.
• Atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
• Apoyo a procesos educativos, ante déficits de personal docente en los territorios.

El ministro destacó que estas acciones no solo contribuyen al desarrollo económico y social del país, sino que permiten al trabajador mantenerse activo y útil, preservando su rol dentro de la sociedad.

Garantías salariales: respaldo legal a los trabajadores

El titular del Trabajo y Seguridad Social reiteró que la legislación vigente contempla garantías salariales para proteger a los trabajadores en caso de interrupción laboral.

En un primer momento, se asegura el 100% del salario básico durante el primer mes de interrupción, independientemente de si esta ocurre de manera continua o discontinua. Es decir, puede acumularse por días hasta completar el mes.

A partir del segundo mes, se establece el pago del 60% del salario básico, siempre que la interrupción se mantenga. Este financiamiento puede ser asumido por las propias empresas mediante sus reservas o, en determinados casos debidamente justificados, con respaldo del presupuesto del Estado, previa aprobación correspondiente.

No obstante, el ministro enfatizó que esta opción no debe convertirse en la regla. “Siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario que estar interrupto al 60%”, afirmó, al destacar el impacto económico y social que implica una reducción de ingresos para el trabajador y su familia.

Control y responsabilidad instituciona

Otamendiz Campos subrayó la necesidad de un riguroso sistema de control para garantizar la correcta aplicación de estas medidas y evitar la desprotección de los trabajadores.

En este entramado, las direcciones municipales de Trabajo desempeñan un papel clave, al encargarse de articular la oferta y demanda de empleo en cada territorio, en coordinación con empleadores y entidades estatales.

Asimismo, precisó que:

• Las entidades tienen la responsabilidad directa de evitar la interrupción laboral de sus trabajadores.
• Deben gestionar activamente alternativas de empleo antes de acudir a esta medida.
• Es imprescindible priorizar plazas en el sector productivo y de servicios, evitando el crecimiento innecesario de plantillas en áreas administrativas.

Por su parte, los organismos de la Administración Central del Estado y los consejos de la administración locales deben supervisar el cumplimiento de la política laboral, mientras que la inspección de trabajo está facultada para fiscalizar, detectar violaciones y exigir la restitución de la legalidad.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mantiene un monitoreo permanente de la situación laboral en el país. Según explicó el ministro, se informa mensualmente al Consejo de Ministros sobre el comportamiento de la interrupción laboral, la reubicación de trabajadores y las principales incidencias detectadas.

En un contexto marcado por tensiones energéticas, las autoridades insisten en que la clave está en aprovechar al máximo la fuerza laboral formada durante años, garantizando su protección y contribución activa a los programas económicos y sociales del país.

Duplica Cuba fuerza de trabajadores sociales y fortalece redes de protección en medio de la crisis

Ante el recrudecimiento del bloqueo y las severas limitaciones energéticas, el gobierno cubano ha priorizado el fortalecimiento de su sistema de atención social como un pilar fundamental para proteger a las personas en situación de vulnerabilidad. Así lo confirmó en la Mesa Redonda el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos, al detallar la creación de nuevas comisiones para el seguimiento de las políticas sociales y un incremento sin precedentes de la plantilla de trabajadores sociales en los últimos dos años.

El titular del ramo informó que, desde el segundo semestre de 2025, quedaron constituidas en todo el país las comisiones para la atención a las políticas sociales, una estructura de alcance nacional que desciende hasta la base, en los propios consejos populares. Presididas por un vice primer ministro a nivel de país, por los gobernadores en las provincias, por los intendentes en los municipios y por los presidentes de los consejos populares en sus demarcaciones, estas comisiones tienen el encargo de garantizar un abordaje integral a problemáticas que cruzan transversalmente esferas como la educación, la salud, el deporte, la cultura, la vivienda, el empleo y la seguridad social.

“Ninguna problemática social puede abordarse de manera sectorial o aislada. Hay que verla en su integralidad”, enfatizó Otamendiz, quien explicó que estas comisiones funcionan como grupos multidisciplinarios que articulan con diversos organismos e instituciones para evaluar y controlar el impacto de las políticas implementadas.

Como ejemplo, ilustró la complejidad de una familia donde confluyen un niño con problemas escolares, un adulto mayor con patologías y un joven desvinculado del estudio, una realidad que demanda la intervención coordinada de todos los factores comunitarios. El propósito final, aseguró, es “contribuir al diseño, implementación y monitoreo de políticas sociales centradas en las personas”, evaluando si realmente transforman las realidades para las cuales fueron concebidas y optimizando el uso de los recursos.

Voluntad política en tiempos de carencias

Otamendiz destacó como una muestra de voluntad política el incremento sustancial de la fuerza laboral dedicada al trabajo social. Mientras en 2023 el país contaba con 7327 trabajadores sociales, en la actualidad la plantilla aprobada asciende a 17 513, de las cuales ya están cubiertas 14 397 plazas. “Se duplicó la cifra de trabajadores sociales en los últimos dos años”, subrayó.

Este crecimiento cuantitativo ha ido acompañado de un impulso a la formación profesional. El ministro informó que se han graduado más de 2841 técnicos medios en trabajo social, con una matrícula actual de 4999 estudiantes en ese nivel.

A ellos se suman 355 técnicos superiores graduados. Como hito para el presente curso, se abrió la carrera universitaria en Trabajo Social, con 727 estudiantes matriculados en nueve provincias, y se prevé extenderla a todo el país en el próximo curso escolar. “Tenemos que avanzar de lo asistencialista a lo transformador”, afirmó, enfatizando la necesidad de preparar a los trabajadores sociales para potenciar en las personas y familias sus propias capacidades y resiliencia para superar situaciones de vulnerabilidad.

Presupuesto protegido para los más vulnerables

Pese a las dificultades económicas, el presupuesto destinado a la asistencia social se ha mantenido e incluso crecido. Otamendiz precisó que en 2025 se ejecutaron 5914 millones de pesos, una cifra que evidencia la voluntad de sostener la protección a las personas. Con estos recursos se atendió a 78 686 familias, lo que representa a más de 600 000 personas en todo el país. Solo para la entrega de recursos materiales —como una cuna para una embarazada, una mochila escolar, ropa de cama o cualquier otro enseres necesario para la vida cotidiana— se destinaron 1170 millones de pesos.

Entre las prioridades del gasto social, el ministro destacó el subsidio integral al consumo eléctrico para 216 familias con niños que padecen enfermedades de baja prevalencia, un gasto que asume completamente el presupuesto estatal.

También se financia la estancia en hogares de ancianos, casas de abuelos y el sistema de atención a la familia para más de 2000 adultos mayores que, aunque estos servicios ya tienen precios módicos, no pueden costearlos por sí mismos.

Para el año 2026, la atención priorizada se centrará en los beneficiarios de la asistencia social; los adultos mayores que viven solos sin redes de apoyo, sean pensionados o asistenciados; las embarazadas; los niños y niñas con bajo peso y talla; los adolescentes con enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad, y las madres con tres o más hijos que sean jefas de hogar y enfrenten condiciones de vulnerabilidad.

“Siempre lo decimos: en situación de vulnerabilidad, porque ser madre de tres o más hijos no significa ser vulnerable. Depende de las circunstancias, de los ingresos, del nivel educativo de la familia”, aclaró el ministro.

Recordando una máxima del Comandante en Jefe Fidel Castro cuando pedía no hablar de por cientos sino de nombres y familias, Otamendiz insistió en la necesidad de personalizar la atención: “No existen problemas sociales, existen personas, existen hogares, existen familias con determinadas problemáticas sociales a las cuales tenemos que abordar con esa integralidad”.

Transporte: Ajustes necesarios para mantener servicios imprescindibles

Por su parte, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ofreció una actualización sobre la situación del sector, severamente impactado por el déficit de combustible, la falta de piezas de repuesto y los problemas de infraestructura. Como se había anunciado previamente, fue necesario implementar ajustes drásticos que incluyeron la reducción de las salidas de ómnibus nacionales a una cuarta parte —una salida diaria hacia y desde cada cabecera provincial— y la programación de trenes nacionales cada ocho días.

Transcurrido aproximadamente un mes desde la implementación de estas medidas, Rodríguez Dávila informó que se han realizado 1716 viajes de ómnibus a nivel nacional. A esta cifra se suman 282 salidas adicionales gestionadas para atender necesidades específicas de personas que acudieron a los gobiernos locales, lo que ha permitido transportar a más de 90 000 pasajeros. En el ferrocarril, se realizaron los 24 trenes previstos en el plan más tres trenes extraordinarios para facilitar el traslado de estudiantes y profesores, movilizando así a más de 40 000 pasajeros.

En el transporte marítimo, las salidas del ferry se redujeron a dos semanales, ejecutándose 11 salidas que han transportado a 9460 pasajeros, siempre condicionadas a las condiciones meteorológicas. Los vuelos nacionales se mantuvieron con ajustes, mientras que otros servicios de menor prioridad y el transporte local se reajustaron para priorizar servicios básicos de salud, educación y ciclos eléctricos, contando en muchos casos con la colaboración de actores estatales y no estatales mediante la incorporación de ecomóviles.

El titular de Transporte también señaló que, debido a la crítica situación, fue necesario paralizar momentáneamente la mayoría de las inversiones viales, como la que se ejecutaba en Villa Clara entre Ranchuelo y San Juan de los Yeras, así como obras en terminales y estaciones. Estas inversiones, aseguró, se reanudarán tan pronto las condiciones lo permitan.

Rodríguez Dávila explicó que, ante la aguda escasez de combustible, se tomó la decisión de priorizar servicios vitales. “Se puso especial empeño en asegurar el traslado de los 12 800 estudiantes de la escuela especial, un servicio muy sensible que se realiza a diario”, afirmó, detallando que se respaldaron estas transportaciones con los limitados recursos disponibles.

En el caso de los pacientes de hemodiálisis, el ministro señaló que se implementaron diversas alternativas ante la falta de combustible. “En algunos casos se hospitalizó a los pacientes; en otros, se trasladaron en taxi o en triciclo”, explicó, y añadió que todo esto ha sido posible gracias al “gran apoyo de todos los transportistas a nivel nacional, de las autoridades y también determinada comprensión de la población, porque realmente la restricción es evidente”".

Operaciones portuarias y cargas

A pesar de las dificultades, el ministro aseguró que se han garantizado todas las operaciones portuarias. “Se aseguró la descarga de todos los barcos que llegaron y de todas las donaciones que hemos recibido”, declaró.

Reveló que, como promedio, se extraen 300 contenedores diarios de la terminal de Mariel, que contienen alimentos, recursos médicos, insumos industriales y piezas para el programa de recuperación eléctrica, como los parques solares fotovoltaicos.

Para lograrlo, Rodríguez Dávila explicó que opera una reunión diaria por videoconferencia con todo el país, la Operación Puerto-Transporte-Economía Externa, para “hacer las coordinaciones necesarias y garantizar que todo lo que llega llegue a su destino, en medio de muchas limitaciones y complejidades“.

El titular del ramo enfatizó que la crisis no ha paralizado la inversión. “No hemos detenido un grupo de proyectos que ya veníamos desarrollando; todo lo contrario, hemos tratado de acelerarlos”, aseguró. Como ejemplo, citó la adquisición de 25 ambulancias eléctricas, 150 triciclos eléctricos (en proceso de distribución) y 15 vehículos eléctricos para servicios fúnebres en La Habana, un programa que se extenderá a todo el país.

En el sector de la salud, se puso en marcha un servicio de transportación para el personal sanitario en la capital con 34 vehículos. Rodríguez Dávila calificó la flota como “totalmente insuficiente”, pero destacó que ya se han realizado más de 3 900 viajes, transportando a más de 200 000 pasajeros.

“Vemos con mucha sensibilidad la necesidad de que el personal de la salud, que tanto se sacrifica, pueda llegar y salir del trabajo con determinada facilidad”, subrayó.

Además, anunció la distribución de 64 vehículos a las provincias para apoyar la movilidad de pacientes, personal de salud y el programa materno-infantil.

Legalización y ordenamiento del transporte

Una de las medidas más relevantes anunciadas es un nuevo censo para legalizar los llamados “vehículos armados por piezas”, principalmente motocicletas y triciclos. “De conjunto con el Ministerio del Interior, realizaremos un proceso de legalización de estos vehículos que contribuyen a la movilidad”, explicó el ministro. Esta medida también permitirá a sus propietarios acceder al sistema ticket para la compra de combustible.

En la misma línea, se actualiza la política de comercialización de vehículos. Rodríguez Dávila adelantó que se eximirá de impuestos de importación a quienes traigan al país vehículos eléctricos acompañados de estaciones de carga con paneles solares, como parte de la estrategia de transformación energética.

De cara al futuro, el ministro detalló un ambicioso plan que incluye el ensamblaje de 100 ecomóviles en las provincias de Sancti Spíritus y Holguín, y la distribución de 150 triciclos eléctricos en todos los municipios del país, comenzando por el oriente, cada uno con su estación de carga para no afectar el sistema electroenergético nacional.

Asimismo, se trabaja en la construcción de estaciones de carga a lo largo de la autopista nacional, y se expandirá el servicio de microbuses ruteros al resto de las provincias.

“Son diversos los proyectos y no nos detenemos”, concluyó Rodríguez Dávila, quien resumió la estrategia del ministerio en cuatro líneas principales: sostenibilidad financiera, sostenibilidad energética, impacto social e impacto ambiental.