Cubadebate

Imagen: Blasberg / Télam.

Rachel apaga el móvil antes de salir de casa. Camilo, su exnovio, le ha timbrado cuatro veces desde el amanecer. Llega tarde a la facultad y no tiene tiempo para lidiar con presiones. El día anterior fue igual. Ignoró más de diez llamadas hasta responder. Discutieron: él le preguntó por un muchacho del aula junto al que la etiquetaron en Facebook, ella le respondió que no era su problema.

En realidad, desde que terminó la relación su vida es un caos. Antes no era mejor. Camilo revisaba su actividad en las redes y le bloqueaba amigos, respondía por ella a los comentarios y ofendía desde el perfil a cualquiera que le provocara celos, incluso a familiares. Aguantó seis meses, hasta que decidió dejarlo. Todo fue a peor.

Durante las últimas cuatro semanas su ex no la ha dejado tranquila ni un segundo. Le timbra constantemente al celular, la amenaza, le envía mensajes preguntando dónde está, qué hace, con quién… Anoche la llamó “puta”. No fue la primera vez. “Tienes que guardarme forma. Mucha gente no sabe que ya no eres mi mujer. Cuando volvamos, nadie me respetará”, le dijo.

No entiende que no están juntos, que no van a regresar, que Rachel no le pertenece, que debe dejarla en paz. El colmo de las presiones fue cuando, ya separados, se metió en su cuenta de Facebook y comentó en su nombre. Insultó a alguien con quien pensó que mantenía una relación. ¿Por qué se dejó convencer de compartir contraseñas?

Cuando llega al aula Rachel olvida los problemas. Desconecta con los socios, atiende a las clases, prepara un trabajo final, se ríe de un par de chismes. Mantener apagado el teléfono ayuda; pasa la tarde sin pensar en Camilo... Hasta que sale de la universidad y lo encuentra en la puerta.

La agarra por la muñeca y repite los reclamos. Vuelve a amenazarla. Un profesor escucha la discusión y se acerca. Le dice a Camilo que lo que hace se llama acoso y, si vuelve a acercarse, establecerá una denuncia en la universidad o llamará a la policía. El muchacho no se asusta. La suelta, pero le asegura que las cosas no quedarán así. Rachel no sabe si el ciberacoso existe como delito, si tiene pruebas para denunciarlo o qué puede hacer.

Rachel no se llama Rachel, pero existe y tuvo miedo. Hace un par de años una investigación entre estudiantes de la Universidad de La Habana levantó su experiencia, junto a muchos otros casos de ciberacoso en la juventud cubana. El conflicto, latente, exige analizar sus múltiples caras. Urge definir estrategias legales y educativas para enfrentarlo. Cuba da los primeros pasos, pero queda mucho por hacer.

Del ciberacoso y otros males...

Más allá de sus muchas ventajas, la popularidad y facilidad de uso de recursos como los correos electrónicos, chats, sms y redes sociales, entre otros, los han convertido en nuevas alternativas para la violencia. De ahí han derivado prácticas como el ciberacoso que, en su sentido más amplio, implica el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) como plataformas de una conducta intencional, repetida y hostil de un individuo o un grupo para hacer daño a otros.

Ya en el 2006, durante el Congreso de la Sociedad de Psicólogos Londinenses, un equipo de investigadores bajo el mando de Peter K. Smith advertía sobre los riesgos de un fenómeno que llamaron cyberbullying. Señalaron que las agresiones de este tipo podían suceder en cualquier momento y lugar, con la consecuente dificultad de desconectarse del contexto, ya que los canales de comunicación siempre estaban abiertos.

Además, podían ser observadas por una gran cantidad de espectadores, un número indefinido de veces; y era posible que las víctimas nunca llegaran a conocer a sus agresores, debido al anonimato que permiten los medios utilizados. Quince años después los rasgos esenciales siguen ahí, pero la constante actualización de alternativas de comunicación online han provocado el perfeccionamiento paralelo de las variantes de ciberacoso.

Algunas agresiones frecuentes, tecnologías mediante, son la suplantación de identidad en las redes, el grooming (acoso a menores) y la sex-torsión (chantaje o acoso al que es sometida una persona por parte de otra que emplea una imagen suya con carga sexual, que previamente ha obtenido, legítima o ilegítimamente). También se producen ataques abiertos en línea, revelación directa de información íntima a través de teléfonos celulares o redes sociales y creación de sitios web para vengarse de anteriores parejas, mediante la publicación de materiales personales.

Tales amenazas afectan fundamentalmente a adolescentes y jóvenes, por ser este grupo etario el que mantiene un vínculo más directo y permanente con estas nuevas prácticas comunicativas.

En paralelo, las TICs se han convertido en escenarios para el ejercicio del control, el acoso y la dominación hacia las mujeres o hacia personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género. Así lo advirtió la investigadora y periodista experta en género Dixie Edith Trinquete, durante un evento convocado por el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS).

Desde su perspectiva, en esos espacios se replican estereotipos, violencias y patrones machistas de comportamiento, con la amenaza agregada de que permiten novedosas y efectivas formas de dominación. Algunos indicios de este cibercontrol aparecen cuando la pareja vigila continuamente los comentarios o decide qué amistades puede tener o no una mujer en sus redes. Monitorear, rastrear o perseguir a una persona desde las TICs o enviar comunicación no deseada con insinuaciones sexuales son otras prácticas violentas.

En esencia, el ciberacoso que sufren las mujeres es una extensión de la violencia sistemática que han vivido a lo largo del tiempo, pero ahora con mecanismos más sofisticados e incisivos. En el mundo de las redes se perpetúan roles de género, se juzgan nuestras diferencias y se intenta silenciar a aquellas que defienden sus criterios y derechos.

Por tanto, son frecuentes las presiones a políticas, periodistas y otras figuras públicas a quienes se les ofende o se les descalifica por su sexo, usando argumentos estereotipados como que “las mujeres están mejor en casa” o que “las que se sobreexponen son putas”. De hecho, investigaciones confirman que una mujer con voz fuerte en los espacios virtuales, que cuestiona conceptos y tradiciones, es sujeto de una violencia virulenta, en particular si habla de machismo o de sus derechos. El objetivo es silenciarla, atacando sus relaciones personales o su aspecto físico.

Entre otras iniciativas, el Mapa Mundial del proyecto ¡Dominemos la tecnología! registra miles de incidentes de violencia contra ellas en el mundo de las redes y las tecnologías y más de 500 relatos de supervivencia. Son apenas un pequeño retrato de una realidad que viven a diario muchas más mujeres. Cuba no escapa a ello.

Cuba, una experiencia no tan diferente

En su Informe Digital 2021 sobre tendencias digitales y de redes sociales en todo el mundo, We Are Social reportó que en 2020 ya estaban conectados a Internet 7 millones 700 mil cubanos, el 68% de la población del país: una diferencia sustancial respecto a años previos.

Tras ese incremento hay mucho más que números. Con la llegada de los datos, la multiplicación de los puntos WiFi y del servicio Nauta Hogar, y el consecuente aumento del acceso a Internet y a las redes sociales, muchas lógicas de funcionamiento variaron en la sociedad cubana.

“No solo se trata de un nuevo mundo repleto de posibilidades para almacenar, transmitir e intercambiar información en un nuevo soporte, o de acceder al mismo ritmo del resto del mundo a aplicaciones móviles de diverso tipo. Lo más complejo, desafiante, retador, es la modificación de tipo estructural que implica para la sociedad acceder a nuevas formas de producir y diseminar el conocimiento. Y la del uso y consumo de la información o de cómo se establecen las relaciones interpersonales”, comentó Dixie Edith.

Por supuesto, si estamos en las redes, comenzamos a experimentar muchos de los fenómenos que allí se dan. Lidiamos también con nuevos conflictos, delitos y presiones que se trasladan hacia allí desde la vida física y se vuelven aún más complejos. El ejemplo por excelencia es el ciberacoso.

En 2019, un estudio realizado por la propia investigadora en la Universidad de La Habana permitió un acercamiento a las diversas formas de violencia -también de género- que jóvenes estudiantes experimentan durante los procesos de socialización en el ciberespacio. Los resultados confirmaron el incremento paulatino de estas prácticas, en tanto se identificó un empleo aún “ingenuo” de las TICs.

Entre el 20% y el 30% de las personas entrevistadas declaró haber sido víctima de lo que consideran como “la violencia más habitual”, o sea, recibir insultos y palabras ofensivas con fines de ridiculización. Sin embargo, la mayoría de quienes denunciaron esta forma de maltrato también lo justificaron. Dijeron que se trataba de “bromas pesadas entre compañeros”, defendieron que “no era importante”, y aseguraron que cuando uno va a la escuela “tiene que saber “aguantar chucho”.

En el terreno de las relaciones de género, aun sin ser mayoría, el 34% de la muestra confesó haber recibido videos o imágenes de desnudos, pornografía; el 20%, de actos sexuales; y el 17%, mensajes con proposiciones sexuales. Paradójicamente, apenas un 12%, todas muchachas, confesó haber recibido acoso sexual, básicamente por el chat de Facebook o directamente a sus teléfonos celulares. Las principales formas de ciberacoso mencionadas fueron: mensajes ofensivos, imágenes sexuales o comentarios negativos “en respuesta a lo que se postea".

Resultó preocupante también la existencia de manifestaciones de dominación en las redes sociales disfrazadas de “preocupación” o “muestra de amor”. Ante la interrogante de si sus parejas tenían acceso a sus móviles o a sus perfiles en redes sociales, el 77,5% de los estudiantes contestaron afirmativamente y explicaron que eso era algo “normal”. Sin embargo, el hecho de que las parejas compartan perfiles y contraseñas de redes sociales como un signo de confianza resulta apenas un disfraz del control que se traslada del mundo “real” al “virtual”.

Más allá de esta investigación, otros análisis y reportes han mostrado cómo prácticas de ciberacoso y cibercontrol ganan terreno en la Isla. Y el escenario resulta aún más complejo porque muchas personas no conocen alternativas legales, educativas o institucionales para enfrentar este tipo de delitos. La falta de evidencias físicas suele influir en las pocas denuncias al respecto. Pero Cuba da los primeros pasos para enfrentar el conflicto.

En busca de respuestas legales y otras soluciones

Hasta hace un par de semanas, Cuba no contaba con una normativa legal que reconociera formalmente el ciberacoso y otras agresiones en las redes como delitos. Aunque, señala Yuliesky Amador Echevarría, miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), ante posibles casos se podían establecer las correspondientes denuncias.

“Aunque en el Código Penal no existen de forma explícita delitos relacionados con las TICs, cuando el mal uso de las redes dañaba el honor de una persona, llegaba a constituir una figura delictiva y podía procesarse, según la magnitud y el tipo, como difamación, injuria o calumnia. Sucedían en un espacio digital, pero el resultado era el mismo: actos de violencia”, explica a Cubadebate el también profesor de Derecho en la Universidad de Artemisa.

Sin embargo, este escenario normativo cambió para bien con la aprobación de la Constitución de la República en 2019. Allí queda claro que las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad. Además, se garantiza el respeto a la intimidad personal, familiar, a la propia imagen y voz, al honor y a la identidad personal.

“Esta inclusión de derechos en la Constitución fue esencial. Como norma suprema del país, marcó el camino a seguir para otras normativas de carácter inferior que, sin entrar en contradicción con ella, sirven de garantía a estos derechos”, apunta Amador Echevarría.

Con la reciente aprobación del Decreto Ley 35, se lleva por primera vez a una norma de rango superior hechos como el ciberacoso, el engaño pederasta o la difusión de pornografía. Esto aparece recogido en la Resolución 105, que forma parte del cuerpo legal de la nueva normativa.

Con su puesta en vigor, el usuario de los servicios públicos de telecomunicaciones no puede usarlos para realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva para la dignidad humana, de contenidos sexuales o discriminatorios, que puedan generar acoso. Además, “el ciberacoso, el engaño pederasta y la difusión de pornografía son definidos con niveles de peligrosidad entre medio y alto”, precisó el jurista.

Ahora, ante un incidente de ciberseguridad, las personas pueden informar a las Oficinas de Seguridad de Redes Informática (OSRI) en cada territorio, o a través de sus sitios web y correos electrónicos.

Otra vía de atención son las sedes de la Fiscalía. El ciberacoso deja una huella digital, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso según su tipo y magnitud. Teniendo en cuenta que lo que cambia es el medio tradicional físico por el digital, puede ser tipificado dentro de los delitos existentes en el Código Penal.

El Decreto Ley 35 nace a partir de la actualización del cronograma legislativo previsto para Cuba desde la aprobación de la Constitución de la República en 2019. Para Amador Echevarría “no es fruto del voluntarismo o de la arbitrariedad de una persona dentro de un ministerio. Tampoco contradice ni limita la libertad de pensamiento, conciencia y expresión que recoge el artículo 54 constitucional, sino que más bien pone límites a los contenidos que pueden dañar al Estado cubano y a nosotros como ciudadanos, también al ciberacoso”.

Agrega que tampoco entra en contradicción con el artículo 45 de la Carta Magna, donde queda claro que el ejercicio de los derechos de las personas solo va a estar limitado por los derechos de los demás, por la seguridad colectiva, por el bienestar general, por el respeto al orden público y por supuesto, a las leyes.

Pero, por supuesto, su puesta en vigor es apenas un primer paso. Necesariamente debe tener un acompañamiento de otras normativas desde el punto de vista civil, penal, administrativo, laboral, familiar, que permitirán una mejor aplicación del derecho y poner aún más en práctica la justicia social, agrega el jurista.

Es necesaria también la preparación y actualización de los operadores del derecho, tanto fiscales como jueces, abogados y asesores jurídicos, para que no existan arbitrariedades o interpretaciones libres de lo que realmente se quiso legislar en el nuevo decreto. En el empeño de evitar una mala aplicación, insiste, un termómetro permanente deben ser los artículos 7 y 9 de la Carta Magna, que establecen la supremacía constitucional y el principio de legalidad socialista, respectivamente.

Más allá de las leyes, el uso correcto de las redes sociales tiene que formar parte de los planes de estudio a todos los niveles, pero además tiene que estar en las agendas de trabajo de cualquier empresa o institución. “Dentro de la educación jurídica tienen que estar los tratamientos de estos temas de forma constante”, destaca Amador Echevarría.

En paralelo, es importante seguir trabajando sobre las desigualdades de género que dan lugar a la violencia. Urge repensar los modos en los que se concibe la prevención de las agresiones, los discursos que se construyen sobre el tema y los modos en que se educa para ser usuarios o usuarias de las tecnologías.

Las posibilidades de las TICs como herramientas para el desarrollo del país son infinitas. No caben dudas. Y a ellas hay que apostar. Pero, en paralelo, hace falta analizar y prevenir delitos como el ciberacoso y otras violencias. Para que muchachas como Rachel no vuelvan a tener miedo.