Cubadebate

Editorial de El Nuevo Día, Puerto Rico

El informe sobre la incidencia de cáncer y enfermedades del corazón en la Isla de Vieques vinculada a la actividad militar de la Marina de Estados Unidos, dado a conocer tan tardíamente por el Departamento de Salud de Puerto Rico, representa la confirmación de una tragedia que no sólo tiene que ver con la salud de esa comunidad, sino con la manera en que se han vulnerado sus derechos.

La pregunta fundamental aquí es: dado que la detección temprana es casi la única arma disponible para combatir el mal, ¿por qué no se les dijo antes? Si el informe se terminó de elaborar a finales de 2006, ¿qué fue lo que impidió que los viequenses tuvieran acceso inmediato a los datos y fuesen debidamente advertidos de que tenían -y tienen- mayor riesgo de contraer enfermedades graves?

Que en el Departamento de Salud hay una tradición de ineficiencia absoluta a la hora de bregar con muestreos e informes, es algo que nadie puede poner en duda. Pero en el caso del informe con respecto a Vieques, existe la posibilidad de un encubrimiento mucho más grave.

La incidencia de cáncer entre la población de la Isla Nena, en los años comprendidos de 1997 a 2001, fue de 146.9 cada 100,000 personas, comparado con 123.3 a nivel de todo Puerto Rico. Las enfermedades del corazón se dispararon también entre la población viequense, con 193.3 casos por cada
100,000 habitantes, mientras que el resto de Puerto Rico reflejaba 154 casos.

Hay mayor número de hipertensos entre la población de aquella Isla, y, más inquietante aún, se ha detectado la presencia de metales pesados como mercurio, uranio o níquel en el organismo de un gran número de viequenses, lo que es causa potencial de otro amplio abanico de graves dolencias.

Aparte de ese tétrico panorama, los viequenses se quejan de que, durante estos años la limpieza de las playas y antiguas zonas de ejercicios militares, no se ha realizado con los exigibles rigor y prudencia. Existen testimonios de que las bombas que no habían explotado, se detonan al aire libre, dejando escapar nuevos contaminantes a la atmósfera. No se han tomado precauciones extremas, ni siquiera cuando existe evidencia rotunda de que se trata de sustancias muy dañinas. De hecho, ante el Tribunal federal hay en proceso una demanda de clase presentada por alrededor de 7,000 viequenses, quienes alegan daños a la salud por estos motivos.

Nada puede haber más duro que enfrentarse a la enfermedad propia o a la de los seres queridos, estando tan lejos de los centros especializados de tratamiento y, a la vez, sufriendo una difícil situación económica. Más del
60 por ciento de la población de Vieques está desempleado y eso provoca que el acceso a la transportació n, a los controles regulares de salud, y a una alimentación mucho más adecuada, se dificulten grandemente.

El Gobierno tiene que movilizarse con gran celeridad y sin titubeos. Ya no se trata de meras especulaciones o sospechas: los viequenses están pagando en carne propia un alto precio, y lo que necesitan, antes que nada, es que se les hable claro. Que les expliquen a qué deben atenerse para tratar de tener acceso a los remedios. Por otro lado, e independientemente de lo que determinen en su momento los tribunales en cuanto a la contaminación, habrá que fijar responsabilidades por la tardanza en dar a conocer el informe del Departamento de Salud.

Por ahora, las autoridades sanitarias del País deben volcarse en la detección temprana y en los chequeos continuados, no de una muestra de la población, sino de todos los viequenses que han estado, o pueden haber estado, expuestos a los contaminantes.

Dentro del alarmante cuadro, lo importante es mantener informada a la población, hacerla consciente de sus riesgos y salvar todas las vidas que todavía se puedan salvar.