Cubadebate

Feria del Libro de La Habana 2023. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, hace ya más años de los que me gusta admitir, se decidió entregar un buen número de ejemplares guardado en su biblioteca a estudiantes y profesores interesados por ellos. El motivo específico no lo recuerdo: quizá fuera por malas condiciones de la infraestructura, por espacio, por deterioro acumulado… Lo cierto es que aquello no trascendió más allá de la Facultad, fue un asunto –digamos– muy local.

Hace pocos días me hicieron llegar una serie de publicaciones hechas en ese foro digital tan complejo que es Facebook, que versaban sobre la clausura de otra biblioteca universitaria, en otra Facultad. La polémica escaló muy pronto y decenas de usuarios compartieron, públicamente, sus ideas y comentarios sobre aquel tema, estuvieran o no vinculados de alguna forma con la biblioteca en cuestión. El principal motivo de consternación eran los ejemplares que, de no ser recogidos por algún que otro interesado, serían convertidos en pulpa.

Tras llegar esta controversia a los sitios que habitualmente amplifican cualquier cosa que suceda en Cuba, para mal, y aunque en puridad no fue un tema ocasional en conversaciones de esquina y sobremesa –que confirmen nuestros lectores–, el cierre de la biblioteca y el poco adecuado trato otorgado al conocimiento invaluable que atesoraba parecía ser un problema de seguridad nacional. Por suerte (y por buen tino de algún decisor), la escalada cesó una vez se difundió la noticia –por los mismos medios informales: las redes– de que la biblioteca no sería clausurada.

La constante exposición mediática de cualquier decisión errada o poco afortunada de la administración pública en Cuba hace que cualquier metedura de pata pueda ser convertida en combustible para una campaña contra el sistema. Así, la indolencia de aquellos que debieron velar por que esos libros, de no ser posible mantenerlos en su locación original, tuvieran un destino seguro y útil, se convirtió en un síntoma de depauperación de la gestión del conocimiento por parte del Gobierno.

¿Quiere decir esto que no se debe denunciar lo mal hecho en las redes? Sería una postura tan errónea como cobarde. Esa exposición permanente, que hoy pudiéramos ver como un problema, debemos convertirla en una ventaja para el control popular y la mayor eficacia de nuestros funcionarios y representantes, siempre que tengamos presente los condicionamientos y potenciales manipulaciones a los que puede estar sometida la información –verídica, falsa o tergiversada– que circula en las redes digitales.

También debemos ver en esos signos de alarma, ya sea una biblioteca que se amenaza cerrar, un simbólico parque de diversiones que se privatiza o el desmedido ánimo de lucro de algunos actores económicos –tanto en el sector privado como en el público–, una evidencia de lo saludable que se encuentra nuestro tejido social, de que el nervio de la Revolución no está muerto: las personas denuncian y discuten aquello que les parece amenaza lo que se ha conquistado en más de 60 años de lucha constante.

Sean ciertos o errados los argumentos que para esa denuncia se utilicen, congratulémonos ante esa realidad: si la gente quiere que las bibliotecas se mantengan abiertas, si la gente quiere que los parques recreativos permanezcan accesibles a todos, si la gente quiere que se le ponga un freno a la selvática ley de oferta y demanda, entonces la conclusión es que la gente quiere más socialismo. ¿Qué más se puede pedir?

(Tomado de Granma)