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Dictamen del juez supremo

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El presidente de los Estados Unidos de América cree realmente que cuenta con poderes divinos para ejercer la función de juez supremo del planeta.

Pero, a nivel de la tierra, cada vez que la asignación de tal facultad a Washington ha sido consultada a los mortales, ésta ha sido denegada.

El presidente George W. Bush dictaminó recientemente que Cuba y Myanmar (antes Birmania) son culpables de los delitos de tráfico de seres humanos, trabajos forzados y prostitución.

También declaró que Venezuela, Siria, Corea del Norte e Irán son candidatos para recibir las mismas sanciones, aunque invocó a su autoridad para no aplicarlas de manera tan drástica, porque el flujo de dinero vinculado a esa ayuda favorece el interés nacional de Estados Unidos.

El mandatario -dice la información de la agencia estadounidense Prensa Asociada- prefirió no aplicar sanciones a otros países donde dice haber descubierto graves problemas de tráfico de seres humanos, como Arabia Saudita. También retiró la amenaza inmediata de las sanciones a Kuwait porque ese país abrió recientemente un refugio para las victimas de abusos, casi siempre mujeres asiáticas obligadas a trabajar como esclavas en hogares de acaudalados kuwaitíes.

Magnánimo, Bush dispuso, asimismo, no aplicar sanciones a Irán ni a otras naciones en las que Estados Unidos cifra esperanzas de poder extender sus servicios culturales y educativos "para impedir los abusos".

En los casos de los máximos delincuentes, Cuba y Myanmar, la sanción que les impone Bush es retirarles el derecho a recibir ayuda estadounidense y prohibirles ingresar a sus programas de intercambio cultural y educativo. Cuba está sometida hace 48 años a un severo bloqueo comercial y una guerra económica que le ha excluido de tales "beneficios" desde hace 48 años.

La argumentación del mandatario norteamericano -seguramente de fuentes divinas- contradice el hecho de que Cuba ha sido, durante más de cuatro décadas, víctima y no culpable del tráfico de seres humanos que se ejerce, como lucrativo negocio, por inescrupulosos comerciantes asentados en territorio estadounidense, con el indisimulado apoyo de las autoridades del estado de la Florida y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En Estados Unidos rigen leyes que promueven la inmigración ilegal de cubanos con objetivos de propaganda política contra el proyecto socialista de la isla, al tiempo que se reprime con saña a inmigrantes irregulares de cualquier otro país del tercer mundo.

En cuanto a la prostitución, es notorio que Cuba logró prácticamente su desaparición como lacra social hasta la década de los años 1990 en que se vio estimulada por efecto del incremento del turismo, cuyo desarrollo la isla se vio obligada a asumir para hacer frente a la crisis desatada por la súbita cesación de los vínculos comerciales con la Unión Soviética y otros países de Europa del Este. Estados Unidos aprovechó aquella situación para extremar las medidas del bloqueo económico más largo de la historia contra un país independiente.

No obstante, la prevalencia de la prostitución en Cuba es insignificante hoy respecto a la que afectaba al país antes de la revolución que triunfó en 1959, y ni siquiera compara con los elevados índices actuales de esta lacra en otros países del continente, incluido Estados Unidos.

En cuanto a la vigencia de "trabajos forzados", es un delito inexistente en la isla, en cambio muy extendido en Estados Unidos con los inmigrantes irregulares como víctimas.

Todos los Estados tienen el derecho y el deber de observar a los demás y conducirse en la relación bilateral como soberanamente lo estimen procedente. Pero a ninguno le corresponde la facultad de colocarse por encima de los demás sin un mandato democráticamente formulado por la comunidad mundial en el seno del sistema de las Naciones Unidas.

El nuevo Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creado en 2006 para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos, está ahora subordinado a la Asamblea General integrada por todos los países miembros y en ella las decisiones se toman por voto mayoritario. Estados Unidos ni siquiera se atrevió a intentar su ingreso, ante la certeza de un seguro rechazo.

Ya el organismo de las Naciones Unidas encargado de vigilar las violaciones de los derechos humanos no es escenario manipulable por los Estados Unidos para presionar y chantajear a los países pobres. Ahora en esa instancia se pueden tratar no solo violaciones ocurridas en naciones del Tercer Mundo, sino también las que, con mayor frecuencia aún, se producen en Estados Unidos y en otras naciones industrializadas. Ya las agresiones de Israel contra los árabes se valoran igual que cualquier otra agresión a la seguridad humana.

La vigilancia sobre las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales tiene ahora igual prioridad que la relativa a las libertades civiles y políticas, que son de un carácter mucho más subjetivo que las primeras.

Dondequiera que las decisiones a nivel global sean tomadas por voto mayoritario de estados soberanos, es decir, democráticamente -y sin la intervención de divinidades que le soplen al oído de su presidente las sabias decisiones que Estados Unidos debe ejecutar a todo costo y en cualquier circunstancia-, la comunidad mundial se manifiesta contra la hegemonía unipolar y la dominación de la superpotencia.

Las naciones del tercer mundo, y en primer lugar las que integran el movimiento de los no alineados, ganan confianza en la fuerza de su unidad con cada derrota de Washington en votaciones como aquellas en las que su adversario ha obtenido casi la totalidad de los votos de los Estados miembros de Naciones Unidas, contra un respaldo a su posición de apenas un par de protectorados suyos, más Israel.

Los aliados habituales de la superpotencia no han soportado en esos casos las humillaciones que la altanería de la Casa Blanca les impone sistemáticamente y se han desmarcado, a riesgo de sufrir la ira imperial.

Lo racional sería que Washington reconociera que la humanidad, en pleno Siglo XXI, no puede aceptar que un Estado, por poderoso que sea, ejerza la conducción unilateral del planeta colocándose por encima, o al margen, de la comunidad mundial.  

La Humanidad no reconoce juez supremo, por mucho que quien pretenda serlo alegue estar en contacto directo con alguna deidad.

   

*Manuel E. Yepe Menéndez es periodista   y se desempeña como Profesor adjunto en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.

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Manuel E. Yepe

Manuel E. Yepe

Periodista cubano, especializado en temas de política internacional.