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Un juez autodesignado

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En un mundo que, al menos en teoría, está regido por un Derecho Internacional fruto de la inteligencia y la experiencia colectiva de todas las naciones, nadie podría explicar como se ha hecho el gobierno de los Estados Unidos de la facultad para juzgar y dictaminar acerca del desempeño de sus similares y, al propio tiempo, rechazar toda intervención de la comunidad planetaria en sus actuaciones extraterritoriales.
Veamos algunas informaciones muy recientes al respecto.
La Casa Blanca urgió al gobierno ruso a que celebre los comicios presidenciales de marzo de 2008 de manera "libre, justa y democrática" porque el gobierno de los Estados Unidos "los seguirá muy de cerca".
Quien formuló el primero de octubre de 2007 esta amenazante declaración fue la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, al contestar preguntas periodísticas acerca de unas declaraciones del presidente de Rusia, Vladímir Putin, en las que éste dijo estar dispuesto a incluirse en la lista electoral del partido Rusia Unida (RU), lo que le daría la posibilidad de encabezar, como primer ministro, el gobierno del próximo presidente de Rusia cuando concluya su segundo mandato y deba abandonar el cargo por prescripción constitucional.
Hablando a nombre de un presidente de los Estados Unidos llegado al cargo amparado por un colosal fraude electoral en el Estado de la Florida, la Perino matizó magnánimamente la intimidación apuntando que, en "ultima instancia", lo que Washington quiere es que "los propios rusos decidan sobre su futuro".
Unos cuantos días antes, desde Sydney, Australia, fue el propio presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, quien exhortó a los países de la llamada Cuenca del Pacífico a que exigieran con la mayor firmeza una actuación efectiva por parte de China y otros países en desarrollo contra la contaminación ambiental y el calentamiento global atmósfera.
Mientras varios centenares de manifestantes desafiaban medidas extraordinarias de seguridad en demostraciones de  protesta contra la presencia de Bush en Australia, y la participación australiana en las guerras estadounidenses en la región, el mandatario norteamericano respaldó una propuesta de "nueva posición común" ante el desafío del cambio climático presentada por el primer ministro australiano, John Howard, a los líderes de los 18 países con costas en el Océano Pacífico integrados en la APEC, (Asia Pacific Economic Cooperation, o foro de Cooperación Económica Asia Pacífico).
El nuevo enfoque o nueva posición común a que se referían Howard y Bush es una alternativa al Protocolo de Kyoto, que tanto Estados Unidos como Australia se han negado a firmar. Australia y Estados Unidos, responsables conjuntamente de la tercera parte de los gases de efecto de invernadero emitidos por el mundo industrializado, han declarado que no se proponen ratificarlo. Los otros países industrializados que no han ratificado el Protocolo de Kyoto son Liechtenstein y Mónaco.
Brasil, China, la India e Indonesia, países en desarrollo con grandes economías, son también Partes en el Protocolo de Kyoto, pero no tienen metas para la reducción de sus emisiones. Por eso, Washington y Canberra pretenden repartir la inocultable mayor responsabilidad de los opulentos países más industrializados y, descargarla, tanto como sea posible, sobre las naciones en vías de desarrollo.
En junio último, los siete países más ricos del planeta, más Rusia (G-8), no fueron capaces de ponerse de acuerdo sobre el lanzamiento de un plan de reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero que suceda al de Kyoto, dando con ello al traste con las aspiraciones de la canciller germana Angela Merkel, que presidía una cumbre convocada al efecto en la costa báltica alemana.
Aunque en ese encuentro los negociadores batallaron por acercar posiciones, Washington no cedió y se negó a comprometerse a fijar reducciones concretas de emisión de gases de efecto invernadero para la próxima década, dejando a los europeos sin más alternativa que la de continuar insistiendo, con la esperanza de lograr que Estados Unidos acepte participar en futuras negociaciones sobre el tema en el marco de Naciones Unidas.
 El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quiso justificar entonces a Estados Unidos señalando que su reconocimiento de la evidencia del cambio climático era ya un gran avance, teniendo en cuenta las responsabilidades -presentes y futuras- de aquel país, pero ratificó que los objetivos de reducción concreta de emisiones son la única manera de combatir el calentamiento del planeta.
(El jefe del Ejecutivo comunitario hizo este planteamiento durante una conferencia de prensa a la que los periodistas tuvieron que llegar en lanchas del ejército alemán, porque los manifestantes consiguieron bloquear con sentadas las líneas de ferrocarril.)
La Merkel pretendía que los países del G8 - EE.UU., Alemania, Japón, Italia, Francia, Reino Unido, Canadá y Rusia- se comprometieran a reducir un 50 por ciento las emisiones de dióxido de carbono para 2050, en relación con los registros de 1990. Pero Jim Connaughton, responsable de medio ambiente de la administración Bush, fue el encargado de comunicar que su gobierno se mantenía firme en cuanto a su negativa de asumir compromisos y anunció que el texto final de la cumbre del G-8 no incluiría objetivos de reducción vinculantes. Ni siquiera las gestiones del gran aliado, Tony Blair, que había asegurado en una entrevista con The Guardian que él sería capaz de convencer a Bush en materia de cambio climático, dieron resultado ante la arrogante testarudez.
Según los datos aportados por la Unión Europea, esa región ha conseguido rebajar los gases contaminantes que vierte a la atmósfera en un 4,8% desde 1990 y, durante ese mismo período, Estados Unidos ha incrementado su nivel de emisiones en un 15,8%.
El grave irrespeto hacia otras naciones que caracteriza la proyección internacional del gobierno estadounidense no es nuevo, se acentuó al término de la Segunda Guerra Mundial y ha seguido creciendo después del fin de la Guerra Fría. Su actual Jefe de Estado, George W. Bush, lo ha llevado a extremos injuriosos.
La calificación de "oscuros rincones del mundo" que diera Bush, amenazante, a los países del Tercer Mundo -al menos aquellos que no se someten a su imperio-, la arrogancia y prepotencia con que se refieren él y sus colaboradores cercanos a sus similares europeos, a Japón, a Rusia o a China, son muestras de que Washington realmente se considera habilitado para juzgar y comandar el planeta.
Esta deplorable realidad tuvo confirmación en el reciente discurso del Presidente Bush ante el pleno de la Asamblea General de la ONU, cuando acusó y amenazó a una veintena de países en vías de desarrollo por atentar contra la libertad y felicitó los "avances democráticos" en Irak y Afganistán "pese a la presión que ejercen los extremistas".
Es de todo punto de vista insultante que el gobierno estadounidense se permita emitir listados de países que respetan o violan los derechos humanos, o de los que promueven o no el narcotráfico, o de los que practican o apoyan el terrorismo. Estos tres deplorables flagelos de la humanidad -las violaciones de los derechos humanos, el narcotráfico y el terrorismo-, tienen en la superpotencia americana su campeón diseminador a nivel global. Nada le autoriza ejercer como juez.

*Manuel E. Yepe Menéndez es periodista  y se desempeña como Profesor adjunto en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana.
Octubre de 2007

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Manuel E. Yepe

Manuel E. Yepe

Periodista cubano, especializado en temas de política internacional.