Cubadebate

El caso Posada Carriles por cualquier filón que se mire apunta a una dirección: el terrorista debe ser extraditado a Venezuela, donde es reclamado por la justicia de ese país, aunque las autoridades estadounidenses hagan su mayor esfuerzo por evitarlo, o debe ser juzgado dentro del propio Estados Unidos.

Y no se trata de que lo exijamos nosotros, las víctimas de sus criminales actos: hijos sin padre, madres sin hijos, esposas que enviudaron…, porque una bomba explotó e hizo estallar a un avión en pleno vuelo, como ocurrió el 6 de octubre de 1976 frente a las costas de Barbados.

Se trata de convenios internacionales establecidos desde hace mucho, los cuales Estados Unidos ha firmado y ratificado una y otra vez. Ejemplos hay suficientes, pero uno viene muy a tono ahora mismo: el Convenio de Montreal, rubricado el 23 de septiembre de 1971, a través del cual las naciones signatarias acordaron unirse "para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil".

Dicho tratado pacta claramente que si por alguna razón un estado no puede extraditar a un acusado (léase Posada) por semejante delito, debe juzgarlo él mismo por esos hechos.

Se explica entonces porqué el gobierno de Bush no puede poner "peros". Según el Convenio de Montreal, Estados Unidos se halla en la obligación de juzgar a Posada Carriles en su territorio como si el sabotaje de 1976 hubiese sido contra un avión de las aerolíneas estadounidenses y como si los muertos hubiesen sido ciudadanos norteamericanos, en caso de que decline la extradición solicitada por el gobierno bolivariano.

Lo que sí resulta inaceptable es, justamente, lo que intentan las autoridades de la Unión: maniobrar para encontrar un tercer país que sirva de trampolín y se trague la papa caliente. El artículo VII de la Convención de Montreal cierra el camino a Posada. La voladura de un avión civil es un hecho demasiado grave para pasarlo por alto y permitir que los autores se mantengan impunes.

Vamos a ver al final qué ocurre, aunque la película nos huela a reposición en esto de amparar y proteger a terroristas. Lo cierto es que la convención firmada por Estados Unidos establece que si el asesino no es extraditado deberán continuar en territorio norteamericano el proceso iniciado en Venezuela, el cual fue interrumpido por su evasión en 1985.

En declaraciones recientes, Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento, dijo que el caso de Posada es la mejor prueba para demostrar de qué lado están los Bush en la lucha contra el terrorismo, porque este es favorecido y protegido por las autoridades estadounidenses; Orlando Bosch Ávila es también perdonado, favorecido y protegido; mientras Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González y Fernando González, están encarcelados, incluso pisoteando con semejante acción decisiones de un tribunal superior.

Tal decisión fue dada a conocer el 9 de agosto pasado, cuando un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, revocó las condenas de los Cinco y concluyó que Miami no era lugar adecuado para hacerles un juicio justo.

Pero antes, el 27 de mayo, los expertos del Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, consideraron que el arresto de los Cinco era arbitrario e ilegal, e instaba al gobierno norteamericano a remediar inmediatamente esa situación, lo que significaba ponerlos en libertad. Sin embargo, nada de ello ocurrió.

La Corte de Apelaciones cedió ante la solicitud de la Fiscalía para la reconsideración en el pleno del fallo del 9 de agosto y como parte del proceso, el próximo 14 de febrero se realizará la vista en Atlanta, donde los 13 jueces escucharán los argumentos orales de ambas partes, para emitir luego, cuando así lo estimen, su veredicto.

Lo que ocurre con Posada y con los Cinco se explica, "porque algunos son los terroristas de los Bush, algunos de sus más notables terroristas, y los otros, los Héroes que fueron capaces de combatirlos".

Durante 24 horas continuas el pueblo de la capital, en representación de todos los cubanos, realizó una vigilia frente a la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, con fotos de 138 mártires de las más de 3 400 personas asesinadas a causa de actos de terror contra la Isla.

Ahí estaban los rostros de los tripulantes del avión civil de Cubana y los integrantes del equipo juvenil de esgrima que viajaban en la aeronave. Han transcurrido 30 años del crimen, la herida sangra igual. Los familiares de las víctimas no tienen consuelo.

Nuestra exigencia no puede ser otra: que  juzguen a Posada en Venezuela o en Estados Unidos. llevarlo a otro sitio sería volverlo a esconder, como hicieron cuando lo sacaron de Caracas en 1985. Si el presidente estadounidense George Bush desconoce este mandato, estaría colocando una bomba en el mismo corazón de la Convención de Montreal.