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Militares controlan Cali para sofocar masivas movilizaciones en Colombia (+ Videos)

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La reforma fiscal fue lo que provocó las protestas, pero ha sido la situación general del país, golpeada en estos momentos por la crisis económica y una tercera ola de contagios, todavía más agresiva que las anteriores, lo que ha generado este gran descontento. Foto: Iván Valencia / El País

A seis días de resistencia la ciudad vivió la noche de 3 de mayo una de las jornadas más violentas que se suscitaran hasta el momento, porque el 1 de mayo inició la militarización.

En Cali se registran desde el 28 de abril al momento 13 muertos, en toda Colombia superan las 30 personas asesinadas por la coalición de fuerzas policiales integradas por el Ejército, la Policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

¿Quién es el encargado de la militarización en Cali?

El encargado del mando y la militarización de Cali es el general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, quien, según su hoja curricular, tiene 36 años de servicio en la vida castrense, ha estado a cargo de diferentes batallones militares nacionales y extraterritoriales en  Israel, en 1982 comandó un Batallón en Sinaí y actualmente dirige la tropa en el Ejército Nacional de Colombia. Fue un elemento clave en operaciones contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), estuvo al frente de la llamada Operación Fénix de 2008, en la que se asesinó a Raúl Reyes, segundo líder histórico de esta organización guerrillera.

Asimismo, Zapateiro lideró dos operaciones militares para rescatar civiles y militares secuestrados por la guerrilla, las llamadas operaciones Jaque y Camaleón. Operación Jaque se efectúo en coordinación de Alto Mando Militar del gobierno de Uribe bajo el mando del ministro de Defensa Juan Manuel Santos, con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en julio de 2008, parte de la estrategia usada fue usurpar la figura de la Cruz Roja Internacional, pintaron helicópteros de blanco y usaron los logotipos de esa organización para disuadir; en la ejecución de este plan fue liberada Ingrid Betancourt, excandidata presidencial y excompañera de fórmula de Clara Rojas, que iba como vicepresidenta. La Operación Camaleón se realizó con pocos días de diferencia de la Jaque y fueron rescatadas cuatro personas secuestradas.

Ambas operaciones ocurrieron posterior a las largas negociaciones como intermediario del gobierno del presidente Hugo Chávez con las FARC, para ir intercambiando progresivamente rehenes, una de ellas es la ejecutada impecablemente  en enero de 2008,  la Operación Emmanuel, donde son liberadas Consuelo González (secuestrada en 2001) y Clara Rojas (secuestrada 2002), y a su pequeño hijo Emmanuel; durante el rescate participaron también la exsenadora Piedad Córdoba y una delegación de la Cruz Roja Internacional. Fueron trasladadas a la capital venezolana y atendidas exclusivamente por Hugo Chávez.

Las protestas arrancaron el miércoles pasado contra una reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado. Foto: Iván Valencia / El País

Zapateiro es uno de los militares duros que acompañó a carta cabal las decisiones y mandatos del expresidente Álvaro Uribe, y del ministro Santos, en la lucha contra la guerrilla, pero además estuvo encargado de neutralizar cualquier tipo de protesta civil, con el uso excesivo de la fuerza de ser necesario y que ahora cumple la misma función de fuerza y poder indiscriminado contra la población civil.

Aparte, el futbolista Juan Fernando Quintero y sus familiares acusan públicamente a Zapateiro de ser parte de la desaparición física de su padre Jaime Enrique Quintero, que en 1995 prestaba servicio militar bajo su mando en Medellín.

Las acusaciones que rondan la figura de Zapateiro son múltiples, y van desde violador de Derechos Humanos, asesinatos y desapariciones sin esclarecer o con historias que no concuerdan, que se acercan muchísimo a las formas empleadas por Uribe y que hasta el momento son prácticas comunes en Colombia: “los falsos positivos”.

Más cerco menos protección

El presidente desplegó al Ejército para contener los actos de violencia, pero no ha dado resultado. Al revés, ha elevado la tensión. La respuesta del Gobierno ha sido redoblar efectivos. Foto: Iván Valencia / El País

La orden dada por Iván Duque a las fuerzas militares, para cercar Cali, está amparada en el manual de Operaciones de Apoyo de la Defensa de Autoridad Civil (ADAC),  que tiene que ver con “atender crisis o situaciones internas de cualquier índole (tal como lo explican los propios militares), protección de la propiedad pública y privada y supuestamente, salvar vidas, garantizar los Derechos Humanos y el orden público, en condiciones humanas aceptables”.

Sin embargo, la brutalidad con la que se han movilizado en la zona los agentes del Esmad, la Policía y el Ejército, quemando hogares, persiguiendo y asesinando a la juventud que resiste en protesta el paquetazo de Duque. Las imágenes reales salen solo por redes sociales, este ha sido el único medio alternativo, aunque existen denuncias que en la zona de presencia militar han eliminado el servicio de Internet para que la gente no haga transmisiones en vivo por Facebook Live de los hechos violentos ejercidos por estas fuerzas.

Los medios de comunicación son tímidos a la hora contar los muertos y de condenar la violencia, sometidos a los intereses de la oligarquía colombiana, para la cual las protestas pueden significar un movimiento popular que exija y se transforme en una fórmula de esperanza para la población más pobre, que lucha por un cambio. Hasta ahora, la incursión armada del 3 de mayo ha sido más represora en las barriadas populares de Lido, La Luna y Siloé.

La violencia va en crescendo en Cali y el poder de fuego y de manejo estatal fue asumido por este nefasto personaje, que una vez más justificará las masacre a la que está siendo sometida el pueblo colombiano, mientras que las instituciones a la sombra del Gobierno, como es el caso de la Defensoría del Pueblo, seguirán ocultando las cifras y la realidad de lo que ocurre en el país, entregando un trabajo atrasado, en tanto recién el 3 de mayo, a cinco días del inicio del Paro Nacional, es que emitieron un primer boletín de víctimas que ha quedado caduco a la fecha, pues el conteo es solo hasta el 1 de mayo.

De estas escaladas de agresiones y asesinatos no quedan exentos de responsabilidades la gobernadora y el alcalde de Cali, quienes han procedido de la misma forma que lo ha hecho el uribismo cuando algo se sale de sus tentáculos y no lo pueden controlar.

La opinión contra la militarización

Un manifestante es capturado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, durante el paro nacional contra la reforma tributaria, el pasado 1 de mayo, en Bogotá, Colombia. Foto: Iván Valencia / El País

Dentro de Colombia autoridades regionales han manifestado que no solicitaron militarización de sus zonas, mientras que, a nivel internacional, organizaciones de Derechos Humanos que habían permanecido inmutables ante la situación, como la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de una portavoz Martha Hurtado y no de Michelle Bachelet, manifestaron preocupación sobre el uso de armas de fuego contra los manifestantes en Cali. Lo propio hizo la representación colombiana de Derechos Humanos de la ONU y José Miguel Vivanco por redes sociales el 3 de mayo.

Ayer, 4 de mayo, fue cuando el cipayo de los Estados Unidos Luis Almagro, incapaz de realizar manifestación alguna en contra de Duque, suscribió en la red social Twitter un comunicado elaborado por la Misión de Apoyo al Proceso Paz en Colombia (MAPP-OEA): “Hacemos nuestro el comunicado sobre la situación en #Colombia de la @MAPPOEA Condenamos la violencia y exceso de fuerza policial; cada asesinato debe ser investigado y determinadas las responsabilidades. También condenamos los actos de vandalismo de grupos violentos” .

El presidente Iván Duque ha calificado estos disturbios como “terrorismo urbano de baja intensidad”. Foto: Iván Valencia / El País

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(Tomado de Correo del Alba)

Se han publicado 3 comentarios



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  • Carlos dijo:

    Es decir el pueblo protesta pero no por instrucciones de USA sino porque hubo una subida de impuestos.

  • Adelante dijo:

    La OEA, calladita sin pronunciarse, si fuera Cuba, Venezuela o Nicaragua ya las pataletas del traidor Almagro se hubiera pronunciado, dónde tendrá su lengua sucia con estos acontecimientos en Colombia.

  • Miguel A. dijo:

    Los acontecimientos de Colombia reafirman lo que he expresado en varios comentarios anteriores sobre el mismo problema. De lo que sucede allí no se pueden buscar culpables nada más que en el propio sistema politico. La violencia genera violencia y los clásicos del marxismo hace mucho tiempo dijeron que las condiciones objetivas que se refieren a explotacion, insalubridad, falta de educación, y otras cosas agravadas con la Covid crean las condiciones reales para explosiones sociales, que inicialmente empiezan por un hecho como las medidas tributarias impuestas por Duke que incluso luego retiro, pero que fueron el detonante para la secuencia de huelgas en cadena que ya ahora tienen otras exigencias y que así están registradas en la historia porque son un reflejo del grado de madurez de la clase obrera y el pueblo. Y eso no lo para nadie. Si ahora existieran las condiciones subjetivas para guiar a esas masas los resultados sin dudas fueran más contundentes en el plano político. Aunque creo que ese sistema y otros de derrumban por su propio peso.

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