Cubadebate

Capítulo 2 del libro "Cuba y los derechos humanos": Los procesos intergubernamentales de la maquinaria de las Naciones Unidas para los derechos humanos han sido secuestrados por Estados Unidos y sus aliados cercanos como instrumentos de presión para sus políticas de dominación global.

Casi seis décadas después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y transcurridos doce años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la maquinaria de las Naciones Unidas en la materia, ha demostrado una y otra vez su incapacidad para promover y proteger la realización de todos los derechos humanos para todos, sobre la base del respeto y apego a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

Las labores de la Comisión de Derechos Humanos están lastradas por la manipulación política que le ha sido impuesta por un reducido grupo de países poderosos, y muy especialmente por la superpotencia hegemónica mundial. Ese pequeño grupo de Estados ricos, perciben la Comisión como su propiedad privada y la utilizan indebidamente como instrumento de presión contra los intereses de los países subdesarrollados, que representan la inmensa mayoría de los miembros de las Naciones Unidas, y para imponerles determinadas normas supuestamente paradigmáticas y el pensamiento único.

La Comisión de Derechos Humanos y la Tercera Comisión de la Asamblea General, se han convertido en una suerte de tribunales inquisidores contra los países del Sur y contra todos aquellos que se oponen a la estrategia de dominación política e ideológica del Imperio. En dichas instancias se intenta de forma permanente la imposición dogmática de patrones y modelos que se pretenden universales, se trata de minimizar la protección y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales y se pretende negar el reconocimiento y protección al disfrute colectivo del derecho de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la libre determinación.

Predominan la manipulación, la mentira, los dobles raseros y los discursos vacíos, mientras se cierran los ojos ante realidades con las que convivimos cada día, por más que muchos procuran ocultarlas, o simplemente no verlas.

Resulta difícil reconciliar el Artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que proclama que: "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos", con el hecho de que los 4,500 millones de seres humanos que viven en los países subdesarrollados sólo consumen el 14 por ciento de todo lo que se produce en el mundo, mientras los 1,500 millones que viven en los países desarrollados consumen el 86 por ciento restante y el 20 por ciento de la población más rica del planeta posee 82 veces la riqueza del 20 por ciento más pobre.

Los nobles propósitos y los elevados atributos reconocidos a cada ser humano en la Declaración Universal, no pasan de ser letra muerta para casi mil millones de personas que pasan hambre, entre ellos 160 millones de niños desnutridos; para las tres quintas partes de la población de los países subdesarrollados que carece de saneamiento; para un tercio de esos 4,500 millones que no tiene acceso al agua potable; para un cuarto de esos seres humanos que no tiene vivienda y para un quinto que no dispone de servicios básicos de salud.

Treinta mil niños menores de 5 años mueren cada día y seiscientas mil mujeres mueren cada año en el parto, mientras más de 20 millones de infectados con el virus del SIDA esperan la muerte en África sin esperanza de tratamiento, en la más dolorosa negación del derecho a la vida.

Las resoluciones que se adoptan en los órganos de Naciones Unidas carecen de valor para los 850 millones de adultos analfabetos que no pueden escribir o leer siquiera la palabra "derecho" y para los 260 millones de niños en edad escolar que no reciben educación.

La Comisión de Derechos Humanos no despliega ni los esfuerzos ni los recursos necesarios para promover el derecho al desarrollo, derecho humano fundamental reconocido en la Conferencia de Viena, y único camino posible para sacar de la miseria y el hambre a la masa de los desposeídos en la Tierra que no comprenden para qué sirven las resoluciones aprobadas en Ginebra y Nueva York.

Aún muchos siguen a la espera de que la Comisión de Derechos Humanos designe un Relator Especial para dar seguimiento y potenciar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países industrializados con relación a la cuestión de la Ayuda Oficial al Desarrollo y al impacto nefasto de su dramático decrecimiento en el disfrute de los derechos humanos en los países subdesarrollados.

Los derechos al desarrollo, a la vida, a la alimentación, al empleo, a la educación, a la salud; los derechos de las mujeres y los niños, en fin, los derechos de todos los habitantes del planeta, y no sólo los de un grupo privilegiado, a una existencia decorosa y al disfrute pleno de la justicia social tantas veces postergada, no son hoy prioridad para nadie más que los países pobres y subdesarrollados.

La Comisión de Derechos Humanos necesita ser transformada en un instrumento de todos los países, que vele por todos los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos es patrimonio de todos los pueblos y no sólo de unos pocos.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas desde 1990, apuntan con el dedo acusador hacia los países subdesarrollados, como si fueran ellos realmente los violadores de los derechos humanos; todas fueron propuestas por países desarrollados. Nadie podría cuestionar objetivamente el hecho de que un grupo minoritario de países viene imponiendo sus enfoques y puntos de vista en las decisiones que se adoptan internacionalmente en materia de derechos humanos.

En las Tablas que se anexan, se puede apreciar claramente como todas las resoluciones adoptadas en el plazo de un decenio bajo el tema 9 del programa de la Comisión, establecido para considerar las graves violaciones de derechos humanos en "cualquier parte del mundo", o con relación a su tema 19, que sirve para promover los servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos, singularizan únicamente a estados en desarrollo.

En la Comisión se aprueba el doble de resoluciones con relación a derechos civiles y políticos que sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Se dedican tres veces más páginas de documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y culturales. La causa es bien conocida: a los países desarrollados sólo les interesa que la Comisión se ocupe de los derechos civiles y políticos.

Cada año, unos pocos países desarrollados acreditan para los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos a más delegados que todos los países subdesarrollados, que representan más del 75% de la población mundial. La consecuencia directa de este injusto desbalance es que los países desarrollados presentan más del 65% de todas las resoluciones y decisiones adoptadas en cada período de sesiones, lo que irremediablemente lesiona la aspiración del respeto a la diversidad enunciada en la Declaración y el Plan de Acción de Viena.

La labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es decisiva en la preparación de las sesiones y en el seguimiento de las decisiones de la Comisión. Sin embargo, los informes que se presentan a la Comisión, y en general casi todo su trabajo, es realizado por funcionarios que proceden de los países industrializados, imponiendo sus modelos, cultura, ideología y la experiencia histórica concreta de aquellos que han sido agraciados por un injusto orden mundial, que condena al ostracismo y la infertilidad el talento y la iniciativa de las grandes mayorías de seres pertenecientes a la especie humana, a los que tocó nacer al Sur del planeta.

Los países de Europa Occidental, Estados Unidos y Canadá tienen más personal en la Oficina de la Alta Comisionada que todos los países subdesarrollados en su conjunto. Los derechos humanos son universales, pero es muy difícil que funcionarios procedentes de países con un Producto Interno Bruto per cápita superior a los veinte mil dólares, tengan la misma percepción de esos derechos que funcionarios de países cuyo per cápita no supera los trescientos dólares. Esta contradicción se convierte de forma creciente en un desafío insoluble, mientras los países pobres asisten impotentes al éxodo incontenible de sus intelectuales y profesionales hacia los países ricos, en la búsqueda de mejores oportunidades y sueños imposibles.

Nadie en su sano juicio podría afirmar que en los países desarrollados no existen violaciones de los derechos humanos; lo que sí resulta imposible, es analizar en la Comisión esas violaciones.

La Comisión de Derechos Humanos permanece maniatada como consecuencia de las presiones que sobre sus miembros ejercen algunos gobiernos del Norte. Esa instancia no ha podido evaluar - siquiera debatir -, por ejemplo, las graves violaciones de derechos humanos derivadas de la conducta de las autoridades estadounidenses en el tratamiento a detenidos, ya sea en el territorio que ilegalmente ocupa su base militar en la Bahía de Guantánamo o en la prisión de Abu Ghraib y otras en el Iraq ocupado.

La incapacidad de la maquinaria de derechos humanos de la ONU para atender violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos, cuando sus perpetradores son ciudadanos de la superpotencia o de sus principales aliados. La impunidad de los poderosos.

El 26 de marzo del 2003, durante los trabajos del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, se presentó al plenario una propuesta de convocar una sesión especial urgente del órgano, con el fin de examinar los efectos sobre la población iraquí de la guerra desatada por Estados Unidos y sus aliados más cercanos.

Como se conoce, esa guerra imperialista había sido iniciada una semana antes, violando las más elementales normas del derecho internacional, en franco desprecio a la voluntad de la comunidad internacional y a la autoridad de las Naciones Unidas, en particular a su Consejo de Seguridad, recurriendo a los más burdos pretextos y mentiras.

La propuesta de celebrar el debate del tema, fue patrocinada por Argelia, Burkina Faso, la Federación Rusa, la Jamahiriya Árabe Libia, Malasia, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Sudán y Zimbabwe, y fue sometida a la consideración de la Comisión, durante los debates del tema 3 de su programa, titulado: Organización de los trabajos del período de sesiones.

La solicitud no prejuzgaba el rumbo y los resultados del debate. Sólo se pedía considerar y atender con carácter urgente los efectos de la guerra en el pueblo iraquí.

La reacción de Estados Unidos y sus aliados no se hizo esperar. Alemania, en nombre del Grupo de Estados de Europa Occidental y otros Estados, expresó su rechazo a la propuesta y presentó una moción procesal de aplazamiento del debate por 24 horas, invocando el reglamento de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico y Social.

Al día siguiente, la República Árabe Siria, en representación de los coautores de la propuesta, procedió a su revisión. Solicitó que la misma fuera atendida bajo el tema 4 del programa: "Informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y seguimiento de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos" y enmendó oralmente el título, que quedó de la siguiente manera: "Sesión Especial del 59° período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y la situación humanitaria en el Iraq, como consecuencia de la guerra".

Numerosos miembros del Grupo de Europa Occidental y otros Estados - al que pertenece Estados Unidos -, declararon en el debate su rechazo a la propuesta, recurriendo a los más diversos, insostenibles e impúdicos pretextos.

La propuesta fue sometida a votación nominal y rechazada por 25 votos en contra. Se opusieron Estados Unidos, todos los países miembros de la Unión Europea y sus asociados, varios latinoamericanos cuyos gobiernos fueron arrastrados a la aventura imperialista y algunos otros que sucumbieron frente a las presiones del agresor.

Mientras las bombas "inteligentes" mataban y mutilaban a miles de civiles inocentes y destruían obras insustituibles del patrimonio iraquí y universal, la Comisión de Derechos Humanos fue amordazada y obligada a guardar un bochornoso y cómplice silencio.

En un alarde de hipocresía, la Unión Europea presentó posteriormente su tradicional proyecto de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Iraq, bajo el tema 9 del programa de la Comisión, en el que se solicitó al Relator Especial presentar un informe al próximo período de sesiones de la Comisión, analizando las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en dicho país únicamente antes del inicio de la invasión militar, como si la historia de Iraq se hubiere detenido ese día. Ni el más mínimo espacio al monitoreo de los actos de los legionarios del Imperio.

El texto impuesto a la Comisión, permitió detener el calendario de los hechos en Iraq, ese día de marzo de 2003 en que cayeron los primeros misiles estadounidenses sobre su territorio. Las consecuencias humanitarias de una guerra de conquista que ha puesto fin a la vida de decenas de miles de civiles inocentes y que ha impacto a la opinión pública mundial por la brutalidad de las torturas a detenidos perpetradas por las tropas estadounidenses de ocupación, se han mantenido como un tema vedado a la consideración de la CDH.

La impunidad fue confirmada en el 60º período de sesiones de la CDH. Para que los ocupantes no se sintieran siquiera aludidos en sus crímenes, se adoptó una cínica solución: por primera vez tras muchos años, la Unión Europea "se abstuvo" de someter a la Comisión un proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Iraq. Súbitamente, desapareció el interés en el tema.

Otro proceso que puso nítidamente al desnudo la hipocresía y los dobles raseros que aplican Estados Unidos y sus aliados en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolló en el marco de su 60° período de sesiones, en abril del 2004, cuando Cuba introdujo la iniciativa titulada "Cuestión de las detenciones arbitrarias en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo."

Ese proyecto de resolución no pudo ser sometido al voto, a partir de las maniobras emprendidas por la Unión Europea y algunos gobiernos latinoamericanos, en complicidad con las autoridades de Washington.

La Unión Europea, que una y otra vez ha repetido estar en contra de las mociones de no acción en el ámbito de los derechos humanos, comunicó en aquella ocasión su decisión de recurrir a una maniobra procesal contra el proyecto presentado por Cuba, que no sólo hubiera impedido a la Comisión tomar acción sobre la propuesta, sino que habría incluso censurado e imposibilitado su debate y consideración.

Todo esto sucedió a pesar de que solo unas semanas antes el Parlamento Europeo había pedido a su presidencia que en el mencionado período de sesiones los países europeos patrocinasen un proyecto de resolución en que se instara a los Estados Unidos a aclarar inmediatamente la situación de los prisioneros de Guantánamo, en lo relacionado con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario, y, en consecuencia, a proceder al enjuiciamiento o puesta en libertad de los reclusos. También se reiteraba la solicitud de crear un mecanismo de vigilancia independiente sobre ese caso en el marco de las Naciones Unidas.

Los gobiernos de la Unión Europea no sólo se negaron a asumir tal liderazgo, sino impidieron también a otros cumplir tal deber. Una vez más, cerraron sus ojos para no ver y extendieron una cortina cómplice para ocultar las graves violaciones de derechos humanos que llevan a cabo las autoridades estadounidenses contra cientos de personas confinadas en condiciones que asemejan verdaderos campos de concentración, en los perímetros del territorio ilegalmente ocupado por la base naval estadounidense en la bahía de Guantánamo.

Meses después, en el marco del período sustantivo del Consejo Económico y Social que tuvo lugar en Nueva York, en el verano del 2004, se sometió a la adopción de ese órgano principal de las Naciones Unidas el proyecto de resolución L.17 Rev.1, titulado: "Cuestión de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas para combatir el terrorismo". El proyecto L.17 Rev.1 fue presentado por la delegación cubana al evento, como continuidad de los esfuerzos iniciados en el 60º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

En esta nueva oportunidad, el proyecto de resolución presentado por Cuba sugería un título, un contenido y un enfoque novedoso, al no identificar la responsabilidad de país alguno y mantener una estricta naturaleza temática. De hecho, la mayoría de los párrafos contenidos en el proyecto estaban construidos a partir de lenguaje ya consensuado con anterioridad y, en particular, tomaban como base textos de los instrumentos internacionales vigentes en la materia.

Lamentablemente, para los países que integran la Unión Europea, para el resto de los países industrializados de Occidente, y para algunos otros que no pueden resistir - con apego a la verdad y a la justicia - las presiones de la superpotencia hegemónica, no importó que el contenido de la nueva iniciativa fuera incuestionable desde el punto de vista del derecho, de la necesidad y de la ética.

No incidió tampoco en la determinación de las posiciones de estos gobiernos, que el proyecto de resolución respondiera positivamente a los reiterados y urgentes reclamos de acción, frente a aberrantes violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de operaciones militares internacionales emprendidas para el supuesto combate al terrorismo, realizados por importantes personalidades mundiales, organizaciones no gubernamentales, mecanismos de la CDH, órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos y la opinión pública mundial.

Bastaría mencionar el Comunicado Conjunto elaborado por la Oncena Reunión Anual de los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos, dado a conocer el 25 de junio de 2004, a través del cual cuatro representantes de los procedimientos especiales de la CDH, solicitaron visitar las instalaciones donde se encuentran detenidas personas por supuestos vínculos con el terrorismo, en los territorios de Irak, Afganistán y la base naval estadounidense en Guantánamo.

Lejos de acompañar y contribuir a los esfuerzos de negociación promovidos por la delegación cubana, otra vez los grandes "campeones" de los derechos humanos - las potencias industrializadas del Norte -, se dedicaron a fabricar un arsenal de pretextos y falsos argumentos, para mantener la vigencia de la inmunidad en la aplicación de las normas del derecho internacional a los responsables de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos, cometidas en el contexto de las operaciones militares internacionales emprendidas en los territorios de Afganistán e Irak.

La delegación de Estados Unidos solicitó el voto al proyecto, en el Consejo Económico y Social, que fue rechazado por 24 votos en contra, 12 a favor y 17 abstenciones. La responsabilidad de que la propuesta no haya podido ser adoptada, no debe ser sin embargo achacada sólo a las fuertes presiones realizadas por las embajadas estadounidenses en distintas capitales del mundo. Fue decisivo el apoyo cómplice y el activismo desplegado por la Unión Europea y otros países desarrollados, con el objetivo de mantener la impunidad de las brutales violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por su aliado estratégico.

Resistiendo las tremendas presiones norteamericanas, la inmensa mayoría de los países del Sur votaron a favor, o al menos se abstuvieron, en la adopción del proyecto L.17 Rev. 1. De hecho, 30 países, de los 54 miembros del Consejo, no acompañaron la solicitud expresa de Washington de votar en contra de la iniciativa cubana. Con ello, se demostró una vez más, la importante reserva de fuerza y resistencia que tienen nuestros pueblos en defensa de la dignidad humana, la verdad y la justicia.

Los que impidieron que la maquinaria de las Naciones Unidas de derechos humanos diera seguimiento y brindara una respuesta efectiva a casos de violaciones de derechos humanos, como los abusos sexuales contra detenidos cometidos por las tropas norteamericanas que ocupan Iraq, profusamente documentados a través de los medios internacionales son los mismos que están siempre dispuestos a garantizar la impunidad de Washington. Son los mismos que presentan, co-patrocinan y apoyan cada año, injustos proyectos condenatorios contra varios países del Sur en la Comisión de Derechos Humanos, entre ellos, la inútil y espuria farsa anti-cubana que promueve Estados Unidos.

Una vez más, quedó demostrada la incapacidad del llamado sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos, para funcionar sobre la base de los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad.

La Comisión de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Asamblea General y el resto de las instancias de las Naciones Unidas que atienden el tema de los derechos humanos, se mantienen secuestrados y han quedado convertidos en simples instrumentos de los intereses de dominación de las grandes potencias, lo cual ha sido especialmente visible en las acciones de manipulación política de sus trabajos, llevadas a cabo por la actual administración estadounidense.

Las presiones, las amenazas, los condicionamientos y hasta el chantaje, siguen siendo los "argumentos" preferidos por Estados Unidos y sus aliados incondicionales, para continuar utilizando a esos órganos como verdaderos tribunales, en los que pretenden condenar a aquellos que disienten, resisten y luchan contra los designios de dominación global de los centros de poder del capital transnacional.

Sin embargo, son muchos los que cuestionan este estado de cosas y no se resignan a que tenga que seguir así. En el informe presentado por el "Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio" que fuera establecido por iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas (ver Documento A/59/565), se cuestiona claramente la situación de "menor credibilidad" a la que ha sido conducida la Comisión de Derechos Humanos, afirmando categóricamente que la "Comisión no puede ser creíble si se considera que aplica dos medidas distintas cuando se trata de cuestiones de derechos humanos."

Han sido varios los procedimientos especiales de la Comisión que se han negado a sumarse al silencio cómplice que imponen las potencias del Norte con relación a las graves violaciones de derechos humanos de la superpotencia y a su cuestionamiento esencial de principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Los presidentes de los grupos de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos sobre Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas e Involuntarias y los relatores especiales contra la Tortura, sobre el Derecho al disfrute del más alto nivel de Salud física y mental posible, sobre la Independencia de Jueces y Magistrados y el experto independiente sobre la Situación de los derechos humanos en Afganistán, acaban de expresar en un informe graves preocupaciones sobre la situación de los detenidos en Guantánamo bajo acusaciones de terrorismo.

El informe señala que muchos de los reclusos han estado virtualmente incomunicados en casi tres años de detención, sin asesoría legal o información sobre la posible duración de su detención, en condiciones que, de acuerdo a numerosos observadores, equivalen a un trato inhumano y degradante.

Los expertos señalaron que las recientes medidas tomadas por Estados Unidos, como la liberación de algunos detenidos y la decisión de la Corte Suprema sobre el derecho al habeas corpus, no disiparon las serias preocupaciones sobre la necesidad de evaluar objetivamente las denuncias de tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos y degradantes, particularmente en los métodos de interrogatorio aplicados a los detenidos.

Calificaron de extremadamente desconcertante que la cifra exacta y los nombres de los detenidos sigan sin conocerse y que se realicen traslados no declarados a otros centros de detención, frecuentemente secretos, bajo la jurisdicción de Estados Unidos u otros países.

Agregaron preocupaciones sobre la independencia del proceso de instrucción y la justeza de los procedimientos, incluyendo eventuales cortes marciales en las que los detenidos carecían de acceso a asesoría legal y a la mayoría de las evidencias presentadas en su contra.

Finalizaron diciendo, que las condiciones de detención, especialmente las de confinamiento en solitario, representan un elevado riesgo de deterioro psíquico, incluyendo el posible desarrollo de cuadros psiquiátricos irreversibles.

Después de que tantos mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos hayan dictaminado semejante cuadro de graves violaciones, cabría esperar que se convocara una Sesión Extraordinaria de la Comisión para analizar la situación en la base naval estadounidense en Guantánamo y que en ningún caso, tal asunto permaneciera ajeno a las decisiones intergubernamentales del Órgano.

Al menos, eso es lo que ocurriría si el transgresor hubiese sido un país africano, asiático, árabe o latinoamericano. En ese caso, habrían sido sin dudas el propio Estados Unidos y la Unión Europea los primeros en exigir sanciones inmediatas e invocar un pretendido "derecho de intervención humanitaria."

Cuba, sabiendo que representa en su batalla internacional en el terreno de las ideas los intereses y las aspiraciones de libertad, independencia, justicia y bienestar de todos los pueblos del mundo, someterá a la consideración de los venideros foros de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, nuevas iniciativas que enfrentarán directamente la hipocresía, el cinismo y el oportunismo que sigue determinando el accionar de una gran parte de los gobiernos del Norte en las labores de esos órganos.

Cuba no cejará en su batalla por colocar dichas instancias en función de la defensa verdadera de las nobles causas y aspiraciones de justicia, desarrollo, equidad, paz y solidaridad, que tanto requieren las grandes mayorías de la humanidad, a las que le continúa vedada la posibilidad de conocer siquiera que tienen derechos.

ANEXO: Tablas con las resoluciones por países adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos en el período 1995-2004, con relación a los temas de su programa titulados: "Situaciones persistentes de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en cualquier parte del mundo" (tema 9) y "Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos" (tema 19).

Resoluciones Tema 19

[1] Hasta 1996 la resolución se refería a Zaire.

[2] En 1995 al final del título se hacía referencia al "oeste de la llanura de la Bekaa.

[3] En toda la etapa previa al 2000, el título variaba en la siguiente forma: Situación de los derechos humanos en Bosnia y Herzegovina, la República de Croacia y la República Federativa de Yugoslavia (Serbia y Montenegro).