Cubadebate

Capítulo 2 del libro "Cuba y los derechos humanos": Un nuevo programa imperialista para la dominación de la nación cubana y la recolonización del país.

Uno de los ejemplos más contundentes del recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones de la administración de George W. Bush contra el pueblo cubano y el disfrute de su derecho a la libre determinación, lo constituye el endoso presidencial y la acelerada aplicación, de las disposiciones contenidas en el informe presentado el 6 de mayo de 2004 por la llamada "Comisión para Asistir a una Cuba Libre". Dicho documento articula  un amplio y agresivo programa dirigido a la destrucción del orden constitucional construido y refrendado por el pueblo cubano, con el objetivo de restablecer el esquema de dominación que sufrió la nación cubana por más de media centuria, como consecuencia de la ocupación militar de la Isla por las tropas estadounidenses y la imposición de un régimen de control neocolonial al país, tras la primera guerra imperialista de la historia.

La "Comisión para Asistir a una Cuba Libre" fue establecida por decisión del actual inquilino de la Casa Blanca, con el declarado propósito de acelerar lo que han dado en llamar "cambio de régimen" en la Isla. No era necesario aguardar al estudio del texto que sería presentado por la Comisión, para conocer de antemano la naturaleza anticubana, la profunda inspiración anexionista y la brutalidad de los métodos de agresión imperial que estarían incluidos en la letra y el espíritu del documento resultante de sus labores.

La hipótesis anterior estaba sustentada en varios argumentos. Destaca, en primer lugar, la composición de la Comisión. Fueron designados para integrar el "selecto" grupo varios personeros de los círculos más reaccionarios del poder en Estados Unidos, precisamente aquellos que propugnan la eliminación de la Revolución Cubana por cualquier vía, incluida una intervención militar. Descollaron también en la Comisión varios de los elementos más recalcitrantes, revanchistas y anexionistas de la mafia terrorista de origen cubano asentada en Miami.

En segundo lugar, el mandato conferido a la Comisión no dejaba margen  alguno a la duda. Se le solicitó acelerar o precipitar - con un plazo temporal de urgencia - la "transición a la democracia" en Cuba, entendida como la destrucción del actual sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano, y su reemplazo por otro, predeterminado en Washington hasta el más mínimo detalle.

Por último y no por ello menos importante, la hipótesis expuesta era coherente con la conducta extremadamente agresiva del presidente Bush en política exterior y sus permanente acciones anti-cubanas durante todo el período de mandato de su administración. Frustrada su aspiración de ser el primer presidente estadounidense en visitar la Isla tras la derrota de la Revolución, en un año electoral y como prueba de su compromiso con el "cambio de régimen" en Cuba, Bush promovió una escalada sin precedentes en la política de hostilidad y agresiones que habían llevado a cabo sucesivas administraciones estadounidenses contra la nación cubana, al impulsar una plataforma programática que sistematizara todas las medidas, políticas y acciones anteriormente decididas y recomendara nuevas iniciativas para doblegar la determinación de soberanía del pueblo cubano y derrocar su gobierno de forma expedita.

Un principio rector en la concepción de la plataforma programática anticubana solicitada por el presidente Bush, fue que las propuestas de líneas de acción a seguir, debían incluir sugerencias de medidas concretas para garantizar el control por parte del gobierno de los Estados Unidos de la evolución de los acontecimientos, una vez alcanzado el objetivo de imponer un "cambio de régimen" en la Isla.

Nunca antes había sido tan evidente la brutalidad y la falta de escrúpulos de la política anticubana de un gobierno estadounidense. En el cumplimiento de los objetivos planteados, la Comisión no tuvo reparo siquiera en recomendar la trasgresión de derechos tan elementales como los del respeto a los vínculos afectivos entre familiares.

El  informe de la llamada "Comisión para Asistir a una Cuba Libre" es un vasto programa de 450 páginas, dirigido a alcanzar el objetivo diametralmente contrario a lo que expresa su denominación, es decir, tiene por fin  conculcar la libertad y la independencia de los cubanos y a convertir su patrimonio en una posesión norteamericana.

Propone medidas para la intensificación de la agresión contra Cuba en todas las esferas con el fin de provocar la desestabilización interna y crear condiciones que sirvan de pretexto a una intervención militar directa.  También recomienda lineamientos de política para promover el descrédito y estigmatizar a la Revolución Cubana, neutralizando la acción solidaria  de los pueblos, de la intelectualidad honesta y de todas las personas objetivas y justas de este mundo, que admiran, respetan y apoyan la resistencia del pueblo cubano.

El documento integra, como tareas estratégicas para el logro del derrocamiento del Gobierno cubano: el incremento del apoyo al reclutamiento, organización y financiamiento de la contrarrevolución interna; la promoción de campañas político-diplomáticas contra Cuba en los distintos foros internacionales; el recrudecimiento de la guerra de desinformación contra nuestro país; el financiamiento y comprometimiento del apoyo de actores internacionales - gobiernos aliados y subordinados, algunas supuestas "organizaciones no gubernamentales", tanques pensantes" e instituciones "académicas" ideológicamente afines o que son financiadas con dinero de las nóminas de Washington, "intelectuales" que alquilan su talento y venden sus "principios", y otros varios de igual "pedigree" - a su política de hostilidad anticubana; la adopción de nuevas medidas para escalar las acciones de bloqueo y guerra económica contra Cuba; y lo que han dado en llamar "socavar los planes de sucesión del régimen", diseñando las modalidades y etapas del "cambio" y describiendo minuciosamente los requisitos que deberá cumplir el régimen títere que se imponga a la Isla.

El carácter irracional e ilegítimo  de las motivaciones y el desempeño de la Comisión se hace evidente en las contradicciones que plantean un número importante de las sugerencias realizadas, no sólo con principios y normas básicas del derecho internacional, sino con las propias disposiciones incluidas en normas, reglamentos y leyes estadounidenses.

El informe recomienda la asignación de 59 millones de dólares en los próximos 2 años -adicionales a partidas financieras previamente aprobadas-, para financiar acciones dirigidas a derrotar la Revolución, que se desglosan del modo siguiente:

• $18 millones de USD para financiar nuevas formas de llevar a cabo las transmisiones subversivas contra Cuba de las mal llamadas Radio y Televisión Martí. Se desplegaría de inmediato una plataforma de transmisiones utilizando un avión C-130 del conocido como Comando SOLO, que efectuaría transmisiones semanales y se autorizarían fondos para adquirir y reparar una plataforma de transmisión aérea que se dedicaría a transmitir a tiempo completo la programación anticubana de la Agencia de Información estadounidense.
• $7 millones de USD para el programa subversivo de la USAID contra Cuba, en virtud de la Sección 109 de la Ley Helms-Burton.
• $5 millones de USD en fondos para actividades de apoyo a los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos dentro de la Isla.
• $5 millones de USD en programas para promover acciones subversivas infiltrando y manipulando el trabajo de organizaciones activas en materia de derechos de la mujer.
• $4 de USD millones en programas para promover el reclutamiento de mercenarios de su política entre cubanos negros y mulatos (afrodescendientes).
• $4 de USD millones para reclutar mercenarios a favor de sus acciones anti-cubanas entre la juventud.
• $3 millones de USD para el financiamiento de programas anti-cubanos de supuestas ONG´s de diversas partes del mundo.
• $3 millones de USD para el apoyo logístico a los mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana.
• $2 millones de USD para promover la inserción de agrupaciones de mercenarios de la política de Estados Unidos contra Cuba en asociaciones u organizaciones internacionales, con el objetivo de facilitarles cierta "legitimidad" y "credibilidad".
• $3 millones de USD en programas para reclutar y financiar mercenarios que disfracen sus actividades con el manto de supuestos activistas sindicales y para facilitar sus "contactos internacionales".
• $5 millones de USD para iniciativas anti-cubanas de "Diplomacia Pública", financiando, entre otras actividades, conferencias y seminarios internacionales y campañas mediáticas de desinformación.

En el primer capítulo del documento, se sugieren, además, un grupo de nuevas medidas dirigidas a reforzar el impacto del genocida bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano y prohibir los limitados vínculos de intercambio que existían entre los pueblos estadounidense y cubano.

A continuación aparecen identificadas algunas de estas irracionales - y en algunos casos inhumanas -  medidas:

• Limitar los receptores de remesas de dinero y paquetes a los familiares directos de cubanos residentes en los Estados Unidos, definidos estos exclusivamente como abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos.
• Prohibir a los cubanos residentes en Estados Unidos el envío de remesas y paquetes a sus familiares en Cuba, si estos son funcionarios del gobierno o miembros del Partido Comunista.
• Reducir las visitas a su país de origen de cubanos residentes en Estados Unidos de un viaje anual, como era hasta ese momento, a un viaje cada tres años. Se establece la restricción adicional de la necesidad de un permiso específico para cada viaje, en lugar de la licencia general vigente hasta entonces.
• Restringir el otorgamiento de permisos para viajar a Cuba, sólo para visitar a "familiares inmediatos", que incluirán sólo a abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos. Quedan prohibidas las visitas y el envío de cualquier tipo de ayuda a primos, tíos y demás familiares cercanos.
• Establecer que los cubanos recién llegados a los Estados Unidos sólo podrán viajar a Cuba transcurridos tres años de haber emigrado.
• Disminuir la cantidad de dinero que pueden gastar los cubanos residentes en Estados Unidos para cubrir sus gastos durante sus visitas a Cuba, de 164 dólares a 50 dólares diarios.
• Ordenar a las autoridades norteamericanas que realicen "operaciones encubiertas" para impedir cualquier violación de las disposiciones anteriores. Se entregarán "recompensas" a aquellos que denuncien cualquier violación de dichas medidas.
• Continuar restringiendo el otorgamiento de licencias para viajes educacionales y el intercambio académico a ciudadanos e instituciones norteamericanas, estableciendo regulaciones más rígidas que las actuales.
• Redoblar los esfuerzos para involucrar a gobiernos de terceros países en las campañas contra la Revolución Cubana.
• Promover acciones en terceros países para desestimular el turismo hacia Cuba.

Las medidas enunciadas violan derechos fundamentales de todos los cubanos, son una intromisión inadmisible en las relaciones intrafamiliares, en la vida privada de las personas y convierten a los cubanos residentes en Estados Unidos en una clase inferior, discriminada injusta y cruelmente.

Las restricciones adicionales contra el pueblo cubano y sus familiares residentes en Estados Unidos son ilegales, contradicen principios básicos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos de América y el espíritu y la letra de numerosas decisiones adoptadas por el Congreso de ese país. Además, violan la Novena Enmienda de la Constitución norteamericana, que establece claramente que nadie puede denegar o menoscabar aquellos derechos que no aparecen normados en la Constitución y que, por tanto, son atributos exigibles de cada una de las personas que en ese país residen.

Para chequear y promover el riguroso cumplimiento de todas las medidas incluidas en su informe, la Comisión recomendó establecer el puesto de Coordinador de la "Transición en Cuba" dentro del Departamento de Estado, rememorando la función de pro-cónsules que desempeñaban los representantes de Washington en la Isla en la primera mitad del siglo XX.

Los otros cinco capítulos abordan las medidas que impondría el gobierno de Estados Unidos a Cuba - si alguna vez lograra derrotar a la Revolución Cubana -, como parte de un detallado plan de reordenamiento político, jurídico, económico y social de la Isla, a partir de la visión y pretensiones de dominación de Washington.

Cada capítulo merece un análisis independiente, ya que cada uno de ellos tiene mérito propio en el desenmascaramiento del fin último de la política de Estados Unidos hacia Cuba: privar al pueblo cubano de su soberanía y del ejercicio de  su derecho a la libre determinación.

El segundo capítulo refiere algunas de las medidas que adoptaría el gobierno de Estados Unidos una vez que asumiera la administración de una Cuba ocupada, en áreas como la salud pública, la educación, la vivienda y otros servicios básicos. Se afirma sin ambages, que se realizarían transformaciones profundas y dramáticas, mediante las cuales se eliminarían todas las manifestaciones del "comunismo castrista" - se califican así las garantías existentes de asistencia y seguridad social para todos, los subsidios al consumo social, las garantías al acceso universal a servicios educativos y de salud de calidad -  y se introducirían los "valores y  prácticas de libre empresa", a semejanza de lo que ocurre en los propios Estados Unidos,  país que siendo el más rico del mundo, mantiene sin seguro médico a más de 40 millones de personas.

En el llamado proceso de "transición" se desmantelarían los sistemas de servicios básicos que hoy disfrutan todos los cubanos y se implantarían en su lugar esquemas que respetarían las exigencias de las recetas neoliberales, con las consabidas consecuencias de exclusión y marginación de los sectores sociales con menos recursos. Se adelanta en el documento la intención de  destruir los libros de textos actuales y otros instrumentos didácticos y pedagógicos, que califican como "profundamente politizados", sin el más mínimo respeto por la calidad intrínseca de su contenido. La tormenta de bombas "inteligentes" y los ríos de sangre y lágrimas del pueblo cubano - según las mentes enfermas de los agoreros de la consolidación del Imperio estadounidense a escala global -, "desbrozarían" el camino de la "libertad" y el "conocimiento" al pueblo cubano. Se desempolvarían libros de textos utilizados como herramientas de dominación neocolonial durante más de medio siglo, que hacían creer a los niños cubanos, entre otras cosas, que las tropas estadounidenses tuvieron que intervenir desinteresadamente en Cuba a fines del siglo XIX para liberarnos del colonialismo español y poner fin al derramamiento de sangre, ante la incapacidad de nuestros mambises de conquistar por sí si solos la independencia de la Patria.

En el Informe de la Comisión se anuncia la eliminación del actual Sistema Nacional de Seguridad y Asistencia Social - que garantiza una cobertura universal -, y la privatización de los servicios de salud y educación, que dejarían de ser gratuitos y de acceso universal.  En el caso de la educación, se proyecta la reapertura de escuelas para las élites, el desarrollo de la educación privada en todos los niveles de enseñanza y el cobro de la educación pública.

Los programas que se llevan a la práctica en Cuba para alcanzar la universalización de la enseñanza universitaria o las ayudas especiales para que continúen sus estudios los jóvenes procedentes de familias con más bajos ingresos, serían eliminados de un plumazo.

Se recomienda el establecimiento, "antes de la transición", de un Comité para la intervención y asistencia gubernamental e internacional - constituido por agencias del gobierno de Estados Unidos -, que dirigiría las transformaciones en el sector social y convocaría a organizaciones internacionales como la OEA,  a acompañar tales acciones.

Como muestra del burdo injerencismo y el despropósito que los alienta, se llega a descalificar como posible interlocutor social al Consejo Nacional de Iglesias, que queda tildado de "instrumento de control del Gobierno sobre las Iglesias Protestantes", mientras se potencia el liderazgo de la Iglesia Católica.

En los lineamientos programáticos de la política anticubana endosados por el  presidente Bush el 6 de mayo de 2004, se reconoce a la mafia terrorista anticubana de Miami el papel de garante de los intereses imperiales de Washington en el régimen de dominación neocolonial que se le impondría a la Isla. Personeros de dicha mafia serían colocados al frente de un gobierno títere, aportando sus rostros para crear la impresión de una administración "criolla".

La mafia terrorista de origen cubano sería compulsada a establecer una "Fundación para la Asistencia a una Cuba Libre". Dicha organización, en realidad, no haría otra cosa que conciliar y promover los intereses de los sectores más retrógrados, agresivos y anexionistas del lobby anti-cubano en Estados Unidos.

Se planea una verdadera cacería de brujas, un proyecto revanchista cargado del odio y el resentimiento acumulados durante 45 años en los que el pueblo cubano ha derrotado cada intento de destruir su Revolución.  Con todo cinismo e hipocresía, enmascaran la ofensiva contrarrevolucionaria que piensan acometer tras la agresión militar a Cuba, con eufemismos tales como el de procesos de "justicia y reconciliación" o de "saneamiento social".

Tratando de tapar la claridad del Sol con un dedo, se anuncia en el Informe de la Comisión un supuesto plan de inmunización contra las principales enfermedades de los niños menores de 5 años, como si necesitara algo así un país que garantiza la inmunización universal de su infancia contra 13 enfermedades, mediante 10 vacunas que se suministran gratuitamente, siete de las cuales son de producción nacional.

El tercer capítulo está dirigido a desmontar las instituciones que garantizan el ejercicio del poder por el pueblo cubano y desactivar las numerosas organizaciones que sustentan la participación plena de cada ciudadano en una sociedad civil de profundas raíces populares y de elevados valores patrióticos y solidarios.

No se promueve, sin embargo, un vacío de poder. Como se hace a lo largo de todo el documento, se presentan lineamientos concretos para regir el establecimiento del nuevo sistema político, jurídico e institucional que sería impuesto sin descuidar, por supuesto, las instituciones armadas que garantizarían la represión de las manifestaciones de descontento popular y la defensa de los intereses de Estados Unidos y de la mafia terrorista de Miami.

Sería el propio Departamento de Estado norteamericano quien organizaría, entrenaría y dirigiría a una "nueva policía", con la asesoría de los Departamentos estadounidenses de Justicia, del Tesoro y del recientemente  creado para la Seguridad Interior.

Está concebido el enjuiciamiento masivo de los actuales funcionarios del Gobierno, de los dirigentes del Partido Comunista, de los oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, de los líderes de las organizaciones de masas y sociales, y de todos aquellos ciudadanos que apoyaron activamente la Revolución, incluidos los dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución.

El Gobierno estadounidense queda facultado en virtud del Informe producido por la "Comisión para Asistir a una Cuba Libre", para usurpar la función de suspender la vigencia de la Constitución de la República de Cuba, que fuera  apoyada en referéndum por más del 95% de los cubanos.

El gobierno de ocupación modificaría y reestructuraría el sistema legal, los procedimientos civiles y criminales, las leyes y los programas de estudio de las facultades de Derecho. Impulsaría también la creación de partidos políticos a la usanza tradicional sindicatos amarillos comprometidos con los intereses de las corporaciones transnacionales estadounidenses y de los negocios turbios de la mafia anticubana de Miami y una institucionalidad que serviría de soporte a una caricatura de república al estilo de la que fuera dejada atrás por el pueblo cubano tras un profundo proceso de transformaciones revolucionarias.

Para un país que se encuentra entre los pocos en el mundo que pueden exhibir con orgullo el cumplimiento del objetivo del pleno empleo, se propugna sin embargo la revisión de sus leyes laborales vigentes y el cambio de estructura y funcionamiento de su Ministerio de Trabajo.

Más aún, a pesar de arrastrar Estados Unidos uno de los sistemas electorales más cuestionados en el mundo por su falta de transparencia y fiabilidad y su subordinación casi total a la riqueza y el poder - que ha mantenido de modo sostenido el fantasma del fraude en el encumbramiento del actual inquilino de la Casa Blanca -,  la "Comisión para Asistir a una Cuba Libre" pide al Gobierno norteamericano "crear y  asistir" el funcionamiento de un nuevo sistema electoral y de partidos políticos en una Cuba ocupada.

Las "democráticas" elecciones en una Cuba arrasada por las bombas y sometida a las sofisticadas prácticas de torturas de las tropas estadounidenses, serían "legitimadas" por misiones de observación que articularía Estados Unidos con el apoyo de la OEA, una vez calificada con certeza como su "Ministerio de Colonias".

El cuarto capítulo prescribe la privatización acelerada y total de la economía cubana tras el derrocamiento del Gobierno Revolucionario; el sometimiento de las políticas económicas y financieras del país a Estados Unidos, como consecuencia de su subordinación a los dictámenes e imposiciones de las instituciones financieras internacionales; y el establecimiento de una economía de "libre mercado" que se ciña estrictamente a los las patrones de la doctrina neoliberal que tan funestas consecuencias ha tenido para las grandes mayorías de la población de América Latina y de muchos países del Tercer Mundo.

Exige la devolución de las propiedades nacionalizadas por la Revolución a corporaciones transnacionales norteamericanas y a los representantes de la  antigua oligarquía criolla de profundos sentimientos antinacionales, la mayoría de los cuales han adquirido la ciudadanía estadounidense. Vale la pena recordar que parte  importante de los principales propietarios pertenecientes a la oligarquía criolla estaba conformada por esbirros y torturadores de la tiranía batistiana, por corruptos politiqueros de sucesivos gobiernos entreguistas, por ladrones y estafadores del erario público y el patrimonio nacional y por personas inescrupulosas que lucraban con el sufrimiento, el hambre y la ignorancia del pueblo cubano.

En el documento se presenta la "devolución de propiedades" a los antiguos explotadores como la pieza clave para la reconversión económica y como la quimera para el crecimiento sostenido del país. Se obvia olímpicamente la realidad histórica de que esos mismos propietarios sumieron al país en el pasado reciente en una profunda crisis estructural y sólo fueron capaces de garantizar a la gran mayoría de los cubanos pobreza y humillación.

Se atiende especialmente en el Informe las modalidades de "devolución de propiedades" en los sectores agrícola, comercial y residencial. Se propone la creación de una Comisión del Gobierno de los Estados Unidos para asegurar la Devolución de Propiedades. La misma adoptaría las decisiones e impondría las medidas de fuerza necesarias para garantizar su ejecución. Sin dudas, sería necesaria mucha violencia para desalojar de sus tierras a los campesinos convertidos en propietarios por la Revolución o para reimponer el pago de elevados alquileres al 85% de las familias cubanas que gracias también a medidas revolucionarias hoy son dueños de la viviendas que ocupan.

Aquellos que pretenden desde Washington y Miami retrotraer al pueblo cubano a un pasado de sistemáticos desalojos, desahucios y despojos, se engañan si piensan que ello sería posible sin enfrentar una lucha de resistencia de millones de cubanos hasta la última gota de sangre.

En el Informe de la "Comisión para Asistir a una Cuba Libre", se propone también que, para facilitar la administración de una Cuba ocupada desde Washington, el al Gobierno estadounidense cree un Comité de Reconstrucción Económica, formado por representantes de los Departamentos de Estado, Comercio, Tesoro, Justicia, Agricultura y Vivienda, así como la USAID.

Las recetas neoliberales que estos procónsules aplicarían en Cuba determinarían: el desmantelamiento de la actual política fiscal y monetaria que persigue una redistribución equitativa de los ingresos y el estímulo al desarrollo económico del país; la eliminación del control de precios y de los subsidios a los productos de consumo de primera necesidad, incluidos los servicios de suministro de electricidad y agua; la eliminación de las cooperativas y la expropiación de sus patrimonios; el replanteo de prioridades en la definición de gastos del presupuesto nacional; y la revisión y eventual eliminación de los numerosos programas sociales que han colocado a Cuba a la vanguardia del Tercer Mundo por su desempeño y resultados en esta esfera.

De modo consistente con la clásica práctica política del engaño desarrollada por el imperialismo estadounidense, acudiendo de modo oportunista a la conocida fórmula de "la zanahoria y el garrote" la Comisión en su Informe expresa su "confianza" en que serán movilizados los recursos necesarios para apoyar la privatización y la reconversión económica de la Isla, para lo cual tratarían de "compartir" costos con otros países, atrayendo a la comunidad internacional de donantes.

Como garantía de que el comercio entre Cuba y los Estados Unidos y las eventuales inversiones que se realicen cumplirán las expectativas y saciarán las ambiciones de riqueza de los principales grupos económicos norteamericanos y de los sectores dominantes de la mafia anticubana de Miami, en detrimento de los intereses más genuinos del pueblo cubano, se propone crear también un llamado Comité Conjunto Estados Unidos-Cuba sobre Comercio e Inversión, que, por supuesto, sería también dirigido desde Washington.

Cuba sería empujada a someterse a las condiciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OEA y del Banco Interamericano de Desarrollo, quedando atrapada en una telaraña de condicionalidades e imposiciones que se encargaría de acabar de borrar cualquier sombra de soberanía que pudiera quedar a un país ocupado y sometido a la dominación de Estados Unidos.

En el quinto capítulo se detallan y amplían las modalidades de administración y privatización de los sectores económicos estratégicos y de la infraestructura productiva del país. Se reafirman concepciones, directivas y discursos ya presentados en capítulos anteriores, como para no permitir que alguien pudiera apartarse en el más mínimo margen, del diseño trazado para la recolonización de Cuba.

Se planifica promover cuatro líneas fundamentales de acción: la privatización de todos los servicios públicos; la intervención de la economía cubana por las instituciones financieras internacionales; la reconversión tecnológica de la industria y los servicios, forzando la compra de equipamiento norteamericano; y la intervención y "asesoría" estadounidense en todas las ramas de la economía cubana.

La codicia y el poder imperial lo devoraría todo: aviación, aeropuertos, operaciones marítimas, ferrocarriles, carreteras, plantas y distribuidoras de energía, transportes públicos, minería, telecomunicaciones, recursos hidráulicos y otros muchos sectores.

Para financiar la "reconversión" no se sugiere la asignación de fondos para ser concedidos a manera de donaciones. Cuba tendría que endeudarse, solicitando créditos millonarios para comprar productos estadounidenses y establecer garantías a sus inversiones de capital. Luego, los cancerberos financieros al servicio de los centros mundiales de poder -  las instituciones de Bretton Woods -, se encargarían de mantener controlado por el cogote al país, convirtiendo la economía cubana en un simple enclave del capital transnacional y en un apéndice del Imperio.

Asesores norteamericanos, contratados por un mínimo de 2 años - a ellos sí se les brindarían facilidades y protección en el empleo -, supervisarían y garantizarían la norteamericanización de los ministerios e instituciones cubanas.

Se impondría - según el Informe con carácter de "excepcionalidad" -, la contratación de empresas norteamericanas para operar todos los servicios mencionados. ¿Estuvo acaso la "Comisión para Asistir a una Cuba Libre" afectada por tanta orfandad de ideas que no pudo si no limitarse a plagiar los esquemas diseñados para la llamada "reconstrucción" del Irak ocupado? ¿O será acaso que la experiencia de la agresión y ocupación al Irak representa el ensayo del modelo de conquista concebido por las fuerzas que propugnan la expansión y consolidación del Imperio estadounidense en una escala planetaria?

En el Informe de la Comisión se sugiere que las empresas e instituciones norteamericanas planifiquen y dirijan las actividades de construcción, mantenimiento y operación de carreteras, puentes, instalaciones portuarias, ferrocarriles y aeropuertos. Se impondría un acuerdo de cielos abiertos que arruinaría a la aerolínea nacional cubana.

Las grandes transnacionales norteamericanas dominarían la extracción y refinación del petróleo y el gas y los derechos de exploración y explotación de eventuales yacimientos petrolíferos en la plataforma marítima cubana, cercenando definitivamente la independencia y autosuficiencia energética del país.  Los Estados Unidos se asegurarían el control exclusivo de cualquier reserva energética importante que se encuentre en el territorio o la plataforma marítima cubana.

Expertos norteamericanos dictarían también el texto de una nueva legislación en materia de telecomunicaciones e impondrían la firma de nuevos acuerdos bilaterales para la explotación del espectro radioeléctrico. Se liquidaría el carácter público de las estaciones radiales y televisivas - y con ello su utilización para fines educativos, culturales y una recreación sana del pueblo -, y se abriría el camino a la penetración sin control de la industria norteamericana del "entretenimiento", con su consabido impacto ideológico y sus negativos efectos de transculturación, fomento a la violencia, hiperbolización del individualismo y promoción de los injustos valores de la sociedad plutocrática que impera en los Estados Unidos.

El sexto capítulo fue dedicado a la descalificación de las políticas de protección medio-ambiental vigentes en Cuba que, por demás, han sido reconocidas internacionalmente.

El gobierno que se ha negado a firmar el Protocolo de Kyoto y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que levantó la prohibición para la explotación petrolera en las reservas naturales de Alaska, se arroga olímpica y cínicamente el derecho de ignorar las leyes, políticas y programas vigentes en Cuba, que demuestran la existencia de una profunda cultura y voluntad de protección medio ambiental. Cuba mantiene una estricta observancia y una rigurosa aplicación de las 26 convenciones, tratados y protocolos internacionales relativos al medio ambiente que ha ratificado, lo cual coloca al país a la vanguardia en el mundo en este tema.

En el Informe se propone la intervención mediante: la imposición de políticas de gobernabilidad medio-ambiental diseñadas en Washington; la modificación del cuerpo legislativo vigente en la materia; y el entrenamiento por agencias de Estados Unidos del personal al que asignarían responsabilidades claves a nivel nacional y local, tanto en el Gobierno, la industria, como en los medios académicos y de investigación.

No son nada sutiles en el planteamiento de sus pretensiones de saquear los recursos marítimos y pesqueros cubanos, y de asumir la administración y explotación de la biodiversidad atesorada en los parques naturales de la Isla.

En el terreno del abasto de agua potable y su tratamiento, se decide la sustitución del equipamiento y las fuentes de suministros de reactivos químicos, áreas donde garantizarían un mercado cautivo para los productos norteamericanos.

Aplicación de las medidas contenidas en el Informe de la "Comisión para Asistir a una Cuba Libre".

Como fuera expuesto con anterioridad, el documento producido por la Comisión fue hecho suyo por el presidente Bush el pasado mes de mayo, instruyendo la instrumentación acelerada de sus propuestas.

Si este engendro anexionista llegara a consumarse en su totalidad, se aniquilaría la nación cubana, utilizando como pretexto la promoción de las libertades y la democracia".

La aplicación de una parte importante de su contenido requiere la liquidación previa de la Revolución Cubana y de la resistencia heroica que impondrá su pueblo frente al agresor estadounidense.

Sin embargo, algunas importantes y graves medidas sugeridas en el Informe, sí pueden ser ejecutadas sin la ocupación militar de la Isla y de hecho han sido aplicadas de modo acelerado.

El 14 de octubre de 2004, el subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Daniel Fisk, informó que 150 días después de la presentación del Plan de la  Comisión, se habían entregado fondos adicionales por 14,4 millones de dólares (de los 29 millones propuestos como ayuda adicional), para apoyar el "desarrollo de la sociedad civil" - léase para el reclutamiento y financiamiento de mercenarios - en Cuba y transferido 6 millones de dólares a la USAID, para ampliar notablemente su labor con los "grupos de la sociedad civil".

Según el propio funcionario, se habrían canalizado hacia "socios" internacionales - se refiere a gobiernos, organizaciones y "figuras" renombradas que rentan sus servicios de complicidad al mejor postor -, los restantes $8,4 millones, declarando el supuesto objetivo de fomentar una mayor "participación internacional" a fin de ayudar a los "activistas de la sociedad civil", mediante un nuevo proceso diseñado para utilizar las "ideas" de los llamados "activistas democráticos" de todo el mundo.

Anunció, además, que fueron simplificadas las exigencias planteadas anteriormente al apoyo y suministro logístico a sus mercenarios en Cuba, a los que calificó nuevamente con el eufemismo de "grupos de la sociedad civil cubana", asegurando que ya se habían iniciado las entregas de medios.

En la propia intervención, el señor Fisk apoyó irrestrictamente la creación - con el dinero y cumpliendo las instrucciones de Washington - del llamado Comité Internacional para la Democracia Cubana, presidido por el fiel asalariado de Estados Unidos y ex presidente checo Vaclav Havel. El señor Havel, quien se dice escritor, se destacó recientemente por cierto en el papel de actor, siguiendo al pie de la letra el libreto que le asignaran los servicios especiales norteamericanos en un show anticubano de poca monta en Praga, que contó, eso sí, con una amplia cobertura mediática.

El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, aseguró, además, que con la aplicación a partir del 30 de junio de 2004 de las nuevas restricciones a los viajes y al envío de remesas y paquetes de regalo, hasta la fecha del 10 de octubre del propio año se habría logrado privar a Cuba de más de 100 millones de dólares en divisas y que, en el curso de un año, esta cifra ascendería a 375 millones, por lo que la reducción de todas las corrientes de ingresos llegaría a no menos de 500 millones de dólares.

En resumen, la escalada de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones que propugna el Informe presentado por la llamada "Comisión para Asistir a una Cuba Libre" se encuentra en marcha aceleradamente. Las amenazas y desafíos al disfrute por el pueblo cubano de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y la paz crecen por día.