El 23 de febrero de 2010 Orlando Zapata Tamayo, recluso cubano, falleció tras una huelga de hambre de 83 días. Tenía 42 años. Era la primera vez desde 1972, cuando murió Pedro Luis Boitel, que un recluso fallecía en semejantes condiciones. Los medios occidentales pusieron en primera plana este trágico suceso y subrayaron la triste suerte de las personas encarceladas en Cuba.

Su ensañamiento meticuloso para oscurecer sistemáticamente la realidad, evocar sólo los aspectos negativos, descontextualizar las problemáticas, ignorar metódicamente el entorno geopolítico en que se encuentra Cuba, particularmente en su relación con Estados Unidos y la imposición implacable de sanciones económicas que condicionan la vida de todos los cubanos, recurrir a mentiras como fue fácilmente verificable en el caso de la supuesta “agresión”, tienden a descalificarla.

Cuba es quizás el único país del mundo donde es posible vivir sin trabajar (lo que no siempre es algo positivo). En Suiza, Sánchez tuvo enormes dificultades para encontrar un trabajo y vivir decentemente y, desesperada, decidió regresar al país y explicar las razones de ello a las autoridades. Según éstas, Sánchez habría suplicado llorando a los servicios de inmigración que le concediesen una dispensa excepcional “para revocar su estatuto migratorio”, y se lo concedieron. Yoani Sánchez ha decidido ocultar esta realidad cuidadosamente.

Parece sorprendente e ilógico que las autoridades de La Habana hayan decidido maltratar públicamente a una disidente tan mediática como Yoani Sánchez, sabiendo a ciencia cierta que semejante acto desencadenaría inmediatamente un escándalo internacional. A priori, existen otros medios mucho más eficaces y discretos para intimidar a los opositores.

La administración Obama, contrariamente a sus declaraciones constructivas, se ensañó en aplicar con celo las sanciones económicas contra Cuba. Así, según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, desde la entronización de Obama en el poder en enero de 2009, al menos siete multinacionales fueron sancionadas por una suma total que supera los seis millones de dólares.

El 2 de agosto de 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el cierre de “treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental” en Venezuela, pero la realidad es otra que han ocultado cuidadosamente con el objetivo de engañar a la opinión pública y presentar al gobierno más democrático de América Latina como un régimen que atenta gravemente contra la libertad de expresión.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) insiste sobre el tema. El 23 de junio de 2009, menos de un mes después de declarar públicamente su apoyo al canal de televisión golpista Globovisión difundiendo numerosas falsedades sobre la realidad venezolana, la asociación francesa intenta engañar otra vez a la opinión pública al respecto.

El 29 de mayo de 2009, Reporteros Sin Fronteras publicó una carta abierta al presidente venezolano Hugo Chávez en la cual la asociación denuncia “una auténtica carga del poder y de la administración” contra Globovisión, un “canal informativo privado”. Las autoridades venezolanas acusan al canal “de violar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios de comunicación que ‘promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público’”

El 20 de mayo de 2009, Reporteros sin Fronteras publicó una declaración sobre Cuba en la que afirma que “cualquiera puede navegar por Internet…salvo los cubanos”. Para apoyar su afirmación, RSF presenta un video realizado con una cámara oculta de una escena en la que se prohíbe a un cubano el acceso a Internet en un hotel. La organización añade que “en Cuba pueden condenar a un internauta a 20 años de cárcel si publica algún artículo “contrarrevolucionario” (artículo 91) en sitios de Internet, y a cinco años si se conecta ilegalmente a la red”.

Manuel Rosales, principal líder de la oposición, candidato presidencial derrotado en el escrutinio de diciembre de 2006 y actualmente alcalde de la ciudad de Maracaibo, está en el punto de mira de la justicia venezolana. Es sospechoso de corrupción y de enriquecimiento ilegal durante su mandato como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004.

El presidente Hugo Chávez acaba de dar una lección de democracia a sus detractores otra vez. El 15 de febrero de 2009, por decimoquinta vez en diez años, los venezolanos fueron llamados a las urnas, esa vez para pronunciarse sobre la enmienda constitucional que anulará la limitación de mandatos del presidente, los alcaldes, los diputados y los gobernadores.

Nueva y clara victoria del presidente Hugo Chávez en las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre pasado. Su formación, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha ganado en 233 municipios (80%) y en 17 estados (70%). En número de votos ha obtenido el 53,45% frente al 41?65% de los diversos opositores. Además, éstos pierden 555 442 votos con respecto al referéndum de diciembre de 2007 mientras que el PSUV gana 694342.