Cubadebate

Reunión del Consejo de Ministros. Foto: Estudios Revolución.

No hay nada más cómodo que etiquetar y descalificar. Eso liquida cualquier discusión, cualquier matiz, todo intento de comprender lo que vivimos —y lo que viviremos—.

El Observatorio de Medios de Cubadebate ha estudiado las principales etiquetas peyorativas que utiliza la administración Trump para referirse a Cuba, y, entre ellas, la más común es “Estado fallido” (failed state). Concluye que la fuerza de esta fórmula no reside en la precisión analítica, sino en su utilidad política. Convierte la crisis compleja de un país en un veredicto simple —“no hay Estado, por tanto, hay que forzar el cambio”— y desplaza el debate público desde la pregunta legítima (¿son legales y eficaces las sanciones?) hacia otra tramposa (¿cómo se gestiona un colapso?;https://acortar.link/Bm15jf).

Cuando Washington llama a Cuba “failed state” no informa sobre un país ni evalúa su cohesión social ni su identidad histórica: intenta deslegitimar al Estado cubano para disciplinar a toda la nación. Donald Trump y Marco Rubio, que han realizado un particular aporte al perfeccionamiento del uso de los poderes públicos como instrumento para el crimen, el robo y el chantaje, buscan normalizar el asedio económico como si fuera una respuesta “responsable” ante un supuesto vacío institucional.

Bajo esa lógica, la escasez y la precariedad de la vida cotidiana en Cuba pasan a leerse como “fracaso interno”, mientras se oculta el impacto acumulado de más de seis décadas de medidas coercitivas unilaterales, hoy empujadas al paroxismo. La narrativa funciona como puerta giratoria en la que el deterioro provocado por las sanciones alimenta la etiqueta, y la etiqueta legitima políticas que agravan aún más ese deterioro.

Ahora bien, un Estado fallido, en sentido estricto, no protege a su población, no ejerce el monopolio del uso legítimo de la fuerza, no garantiza el imperio de la ley ni sostiene servicios básicos. Por eso conviene distinguir fragilidad de falla. Puede haber debilidad sectorial —energía, abastecimiento, transporte— y aun así existir un Estado funcional. En Cuba, ese umbral no se ha cruzado.

Primero, el país cumple los requisitos clásicos de Estado (según la Convención de Montevideo): población permanente, territorio definido, gobierno efectivo y capacidad de relacionarse internacionalmente. El subtexto de que “ha dejado de ser Estado” no se sostiene ni jurídica ni políticamente.

Segundo, lo que caracteriza el colapso estatal no es la escasez, sino la emergencia de autoridades paralelas que controlan territorios, cobran tributos, administran justicia propia e imponen reglas de circulación. En Cuba no existen actores armados o políticos con control territorial o fiscal que sustituyan al Estado. No hay conflicto armado interno ni insurgencia sostenida ni guerra de cárteles ni captura de territorios. No impera la “ley de la selva”.

Tercero, hay continuidad administrativa y capacidad de implementación.

Aún bajo estrés, operan ministerios, registro civil, sistema educativo y sanitario; se ejecutan campañas de salud pública y protección civil; existe regulación y persecución de mercados ilícitos. Un Estado realmente colapsado no logra sostener esas cadenas de mando, provisión y control.

Cuarto, Cuba conserva capacidad efectiva de política exterior. Mantiene relaciones bilaterales y multilaterales con más de un centenar de países, participa en organismos internacionales, negocia acuerdos y despliega misiones en el exterior. Esa agencia no es simbólica; es un indicador material de funcionamiento estatal, no de “vacío” y “colapso”, como repiten los mentideros de Miami.

Quinto, es visible la capacidad de sostén institucional ante shocks energéticos, financieros o logísticos. La respuesta en la isla no es la disolución estatal, sino la adaptación. Lo vemos cuando se activan las estructuras de contingencia y coordinación territorial, en la prioridad que siguen teniendo los servicios esenciales —salud, agua, alimentos básicos, comunicaciones— y en el reordenamiento administrativo de recursos escasos mediante mecanismos de distribución regulada y protección social. Esta misma semana se anunció, por ejemplo, la creación de una nueva empresa conjunta de los ministerios de Salud Pública y Transporte (Transmed), que destinará una flota de microbuses para trasladar hacia los hospitales de La Habana al personal médico y a pacientes que requieren tratamientos especiales, en medio del cerco al combustible decretado por Trump.

Puede discutirse la suficiencia de esas respuestas en un contexto de crisis material severa y asfixia económica, pero su existencia y su ejecución desmienten el cuadro de parálisis y vacío estatal que Washington repite hasta el hartazgo.

Por eso, con razón, Cubadebate concluye que etiquetas como “Estado fallido” no son categorías analíticas fiables, sino recursos propagandísticos para mantener las sanciones, el aislamiento, la presión diplomática y los escenarios de “transición” inducida.
Tomado (cubaperiodistas.cu)