Cubadebate

A propósito del VII congreso del PCC

El debate acerca de la justicia social, la igualdad y el igualitarismo, ha sido, es y será algo permanente en la sociedad cubana y gozará de primera prioridad siempre que no se abandone la orientación socialista de la construcción social y económica.

No está de más recordar que el tema es asaz complejo y que apenas se pretende con este artículo participar en el intercambio de ideas, en el razonamiento colectivo.

En un trabajo publicado en el periódico Granma hace unos 20 años, el 19 de marzo de 1994, titulado Firmeza de principios y cambio de mentalidad, se plantea: “Las medidas económicas que se requieren para el funcionamiento cabal de este principio (se refiere al principio socialista que reza: “de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo”) reclaman a su vez un cambio de mentalidad. Su aplicación hace emerger desigualdades reales, ya que las capacidades, habilidades, inteligencia y laboriosidad de la gente son objetivamente diferentes, aun cuando existan oportunidades iguales para todos.” Y más adelante: “Todos no podemos recibir lo mismo tanto porque no habría cómo hacerlo, como porque si lo pretendiéramos ello conduciría al inmovilismo y a la ineficiencia  (…) Debemos fijar en nuestras conciencias que las circunstancias han cambiado radicalmente y que el modo en que debemos continuar los objetivos socialistas y comunistas deben adaptarse a la nueva situación.”[1]

Sean las circunstancias de mediados de la década de 1990, las de hoy ya adentrado el siglo XXI, como las futuras, el tema de la igualdad y de la justicia social,  debe ser objeto de sistemática atención.

La necesidad de esclarecer  el significado de los términos

En el debate sobre la igualdad social los contenidos adjudicados a los términos empleados son difusos. No pocas veces se identifica igualdad con igualitarismo, o equidad con igualdad. Por ejemplo, he leído la frase “trato equitativo” entendida como el enfoque que toma en cuenta el ámbito social y condiciones de existencia de cada individuo, lo que confunde en mi criterio su significado  con el de igualdad social.

La confusión de los términos, su carácter difuso, obedece a la cercanía de los contenidos que tratan, lo que obliga en primer lugar a la precisión de los significados que se tendrán en cuenta cuando se mencionen los conceptos de equidad, igualdad e igualitarismo. Y una vez aclarados los significados servirse desprejuiciadamente de ellos para el análisis.

El término equidad (equidad social), que se emplea hoy con mayor frecuencia en lugar del término igualdad (igualdad social), es un concepto que se ha tomado de la jurisprudencia, pertenece al terreno del derecho positivo, al significar originalmente el grado de discrecionalidad que tiene un juez para dictar sentencia en los marcos del ordenamiento jurídico real, existente y vigente en un determinado Estado, o sea, el derecho establecido, codificado.

En relación con los conceptos producidos en el terreno de la economía política en la época actual, la equidad social aparece efectivamente tomando distancia de la igualdad social en su contenido y significado ético y acercándolo a las normas del derecho. Desde el punto de vista de las realidades y el ideal, propongo aceptar la gradación siguiente: equidad, igualdad e igualitarismo.

Cuando se habla de distribuir equitativamente, el principio que rige es el de la equidad, es decir, de aquello a lo que hay, de últimas, derecho reconocido legalmente.[2] En un sentido significa igualdad, pero con los límites en la legalidad establecida, es igualdad en la aplicación de la equidad. De hecho cuando se profundiza en el origen etimológico del término en la lengua castellana, las raíces griegas refieren la equidad como un derivado de la igualdad, pero también existe otra interpretación vinculada a la raíz εικοσ que significa “razonable o justo”.

La distribución bajo el concepto de equidad no es contraria a la moral pública, antes bien responde a la moral predominante en la sociedad. Eso es precisamente lo que avistó Marx cuando hizo la crítica al programa de Gotha al referirse a la sociedad que enrumba por el camino socialista como una realidad emergente del capitalismo y mantiene en lo económico, así como en lo intelectual y lo moral el sello de esa sociedad.

Sin embargo, lo anterior no obsta para enfocar la igualdad social desde un punto de vista ético, como algo que está más allá de la equidad social y a lo que puede aspirarse cuando hay un consenso de la sociedad lo suficientemente consciente y amplio.

Fuera del debate acerca de los significados y evolución histórica del término, en la actualidad el concepto de distribución equitativa se refiere a lo que está regulado jurídicamente y lo que está regulado jurídicamente en materia económica son las relaciones económicas existentes. De modo que en este plano referiremos la equidad a los niveles de igualdad social que están jurídicamente codificados, a partir de las condiciones del desarrollo económico de la sociedad y de los entendidos prevalecientes, en particular la psicología y lógica del intercambio de equivalentes.

La equidad aparece en este enfoque como el principio que asegura que las aspiraciones a la igualdad no mermen la eficacia del esfuerzo productivo, dadas las actuales condiciones de la división social del trabajo, el desarrollo tecnológico y la prevaleciente psicología y lógica del intercambio de equivalentes.

Igualdad social es algo superior, tiene una carga no solo económica y jurídica, sino, y principalmente, ética. Cuando hablamos de igualdad estaremos refiriéndola a otros ámbitos de la actividad humana. Puede incluso verse como el ideal aceptable para el largo plazo en nuestra sociedad, lo que no quiere decir que no se pueda ejercer en los límites que la realidad impone y, como se dijo arriba, cuando se tiene el consenso.

En consecuencia, hablar de “igualdad social” requiere su enfoque global, que debe incluir lo ético, lo político, lo económico, lo cultural. Reducirla a su argumentación desde el metabolismo socioeconómico solamente es un vicio tecnicista.

El igualitarismo es la hipérbole de la igualdad. Y obviamente, como principio universal resulta infuncional en condiciones de la división social del trabajo actualmente existente y en construcción en la sociedad cubana, cuando el modelo económico en curso y para el futuro es el de una economía mixta con diferentes formas de propiedad sobre los medios de producción y servicios, y cuando predomina una psicología de intercambio de equivalentes. Ello no significa que no se puedan establecer algunas formas de distribución bajo un concepto igualitario, no solo por la carga de humanismo y justicia social que tengan, sin también por lo conveniente que resultarán para el desarrollo equilibrado y eficiente de la actividad social incluyendo naturalmente la económica.

El ejemplo de lo anterior lo tenemos en Cuba donde los niveles de educación y salud de la población constituyen una fortaleza fundamental para enfrontar los desafíos del desarrollo económico.

No olvidar el pasado[3]

En Cuba prerrevolucionaria existían algunas de estas vías de distribución que se sustraían a la lógica del mercado y se practicaban como modo de coadyuvar a la estabilidad social y al decurso “normal” del metabolismo socioeconómico vigente, sin que llegaran ni remotamente a cubrir las necesidades de la población. Pero ni siquiera aquellas vías de distribución quedaban totalmente protegidas, pues no pocas prestaciones (en el terreno de la educación y la salud pública, por ejemplo) se veían invadidas por las prácticas clientelares que reflejaban la lógica mercantil de modo más o menos directo.

Muy frecuentemente las familias quedaban huérfanas de apoyo para educar y proteger la salud de sus miembros, quedando como únicas responsables frente a una realidad que les resultaba hostil.

Por otra parte, y siguiendo con el ejemplo de la educación y de la salud pública, el predominio de la propiedad privada alcanzaba a estos sectores y con ello funcionaba en estas actividades básicas de la sociedad la lógica del intercambio de equivalentes. Como resultado las minorías pudientes tenían acceso a estos servicios pagados y los demás tenían que acudir a los públicos insuficientes y a menudo contaminados por el clientelismo.

La condición de país capitalista dependiente y subdesarrollado subordinaba la mayor parte del esfuerzo productivo de la sociedad a los intereses del capital estadounidense y de sus socios locales, mientras que los propietarios de los medios de producción y de servicios no vinculados a estos intereses controlaban los resultados de casi todo el esfuerzo productivo restante, si se exceptúa la economía natural y los trabajadores independientes, recibiendo así los restos del pastel económico del país.

Aquella sociedad generaba numerosas deformaciones estructurales: monocultivo, monoexportación, diferencias abismales entre la ciudad y el campo, infraestructura deficiente, profundas diferencias sociales que, a su vez, aprovechaban los políticos de turno, reduciendo aún más los derechos de los más pobres con el clientelismo y el abuso de poder.

Al cubano pobre y necesitado de entonces le resultaba muy difícil cuando no imposible ascender, mejorar en la propia escala social que pautaba el mercado capitalista dependiente del país. La movilidad social “hacia arriba” era lenta y tortuosa, predominaba la inercia cuando no el empeoramiento de la situación social de las mayorías. La tiranía batistiana resultó ser “la tapa al pomo” del entreguismo de la oligarquía criolla a los intereses de los EEUU.

En resumen, había en Cuba una minoría en posición social ventajosa y una mayoría presa del sistema con escasas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida.

Las cifras a veces esgrimidas por algunos analistas sesgados acerca de la cantidad promedio de vehículos, televisores, transmisores de radio, etc. superior en la Cuba de entonces a la de muchos países de la región no puede ocultar la realidad de injusticia social que predominaba en el país.

Nada que no fuera ya explicado por Marx, cuando afirmaba en El Capital que el capitalismo –y más aún el subdesarrollado y dependiente- solo sabía desarrollar las tecnologías y los procesos productivos minando las fuentes originales de las riquezas: el ser humano y la naturaleza.

El principio que aportará la energía para mantener el rumbo socialista en Cuba, partirá de la realidad misma, de su constante esclarecimiento acerca del capitalismo que sufrimos y el que podríamos volver a sufrir si la sociedad deriva hacia el predominio en ella del mercado y de la propiedad privada. De regresar al predominio del mercado capitalista sobre nuestra sociedad, no se podrá esperar otra cosa como no sea la depauperación social, el deterioro del ecosistema y la pérdida de soberanía e independencia.

Ahí volvería indefectiblemente Cuba en los planos económico, social y finalmente político, si la sociedad a través del Estado revolucionario y de la participación social real no va solucionando paso a paso en función de mantener regulada la acción del mercado, las contradicciones entre la propiedad social y la privada, el mercado y la planificación, el interés individual y el interés social, el interés nacional y el del capital de las trasnacionales, contradicciones que pueden y deben convertirse en oportunidades para superar social y políticamente al mercado.

Obviamente, todas las políticas y acciones en general realizadas en esta dirección deben ser objeto del consenso de la sociedad, de ahí que sea tan importante la labor ideopolítica sistemática, capaz de resumir la inteligencia colectiva.

Si algo puede definir hoy a alguien en Cuba como revolucionario y como marxista, es la convicción de que se volverá a las condiciones del pasado si la ideología y la política no juegan su papel en la sociedad, en primer lugar orientando los cambios en el metabolismo socioeconómico.

Sobre el punto de partida actual

Primero despejar el tema desde lo económico

La economía mixta como concepto estructural y dimensión jurídica reconoce la diversidad de intereses en la actividad económica y, por tanto, una desigualdad económica que se suma a desigualdad de rendimientos individuales. En condiciones de una economía mixta es natural reconocer determinados tipos, magnitudes y niveles de desigualdad social.

La necesidad de reconocer la relación mercantil, que parte de la realidad de la psicología y lógica del intercambio de equivalentes, radica en el reconocimiento primero de su capacidad para contribuir a ordenar y hacer funcionar el metabolismo socioeconómico de la sociedad y, a partir de su ordenamiento, la posibilidad de regularlo subordinando su funcionamiento al mandato de la sociedad.

La consideración de que es imposible regular al mercado, es el reconocimiento de la eternidad del sistema capitalista con sus nefastas y catastróficas consecuencias sobre los seres humanos y la naturaleza.

La consideración de que ello es posible es el fundamento del camino socialista.

Esa capacidad debe ser vista como un complejo de acciones combinadas: regulaciones jurídicas, económicas, organizativas, ideológicas, políticas, culturales, comunicacionales. No se trata solamente de una justa y proporcionada política impositiva sobre todo tipo de actividad económica, sino de la integración de acciones en una misma dirección: regular el mercado, con la fortaleza fundamental del predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción de bienes y servicios.

Pretender que puede alcanzarse la justicia social del socialismo desde la redistribución de lo que se recaude por impuestos procedentes de la actividad económica privada, y que por ello no hay que poner límites a esta propiedad, porque “si producen más habrá más para todos”, no solo es nuevamente un enfoque economicista, reducido, sino que supone que los fundamentos jurídicos y políticos del Estado socialista cubano no terminarán minados y finalmente destruidos, bajo el impulso del afán de lucro y la corrupción, tanto externos como internos.

Es una realidad que la crisis económica en Cuba no ha generado una crisis política, pero no es un cheque en blanco respaldado por un capital inagotable. Es preciso ubicar en perspectiva política los cambios económicos en curso. Ese pensamiento que postula: “resolver primero el tema económico y después ver lo político” contiene la ingenuidad de separar la economía de la política.

La única garantía de poder aspirar a mantener una orientación socialista de la economía radica en el predominio de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y servicios, una legalidad que lo ampare y un Estado que la articule eficientemente, junto con una regulación colectiva de los trabajadores en cada unidad productiva o de servicios. Todo ello con el correlato ideológico de la actividad política y cultural que postule y promueva los valores humanistas del socialismo.[4]

Quiero recalcar que digo expresamente “garantía de poder aspirar”, ya que se necesita una capacidad organizativa y una vigilancia política anclada en la participación popular, porque no basta que predomine la propiedad social. Si predomina la privada, no hay posibilidades, pero si predomina la social no es automático que funcionará como miel sobre hojuelas el metabolismo socioeconómico socialista de modo eficiente.

Todo un entramado de formas organizativas diversas, normas legales, control político, vigilancia popular, serán indispensables. Pero sobre todo, control popular.

Sin un anclaje popular en cada lugar donde se generan las riquezas, en el que cobre real sentido la importancia social de la actividad económica y también la actividad sindical y política, donde se aprenda en la práctica a dirigir y a responsabilizarse colectivamente con las decisiones que deben tomarse con estricta observancia de las leyes, la actividad económica terminará gestionada con un sentido puramente técnico, administrativo, de ordeno y mando, burocrático y todo el edificio social terminaría manejado por una superestructura que dejará de mirar “hacia abajo”, hacia la sociedad, que mirará solo “a los lados” y “hacia arriba”, generándose una tecnocracia y una burocracia, que se alejarán cada vez más de los trabajadores, de quienes crean las riquezas, sustrayéndoles el derecho a representar al colectivo laboral ante la sociedad y a la sociedad ante el colectivo laboral.

Lo anterior no niega, sino presupone las estructuras necesarias de dirección, las responsabilidades individuales, las diferenciaciones en la remuneración en función de esas responsabilidades, pero regulada por el colectivo laboral en los marcos establecidos por la ley.

En la coyuntura actual y futura de la sociedad cubana no podrá llevarse adelante ningún proyecto de desarrollo que responda a los intereses de la nación, si no se hace más eficiente el papel del Estado, si no se mantiene la cohesión de la ciudadanía alrededor del poder político del pueblo trabajador, y si no se transfiere poder hacia las bases de la sociedad, sin por ello perder vitalidad en su cohesión. Lo anterior es lo que significa efectivamente la descentralización del poder, el empoderamiento real de los trabajadores.

El socialismo implica desarrollar las fuerzas productivas desde la auto-organización de los trabajadores y desarrollar la auto-organización de los trabajadores desde el desarrollo de las fuerzas productivas, dentro del principio de proteger la naturaleza y los seres humanos. La legalidad socialista debe encontrar el modo de codificar esta relación.

Sobre las otras dimensiones de la igualdad social

La sociedad es más que economía. Parece algo obvio, sin embargo, no pocos pretenden resolver los problemas sociales buscando soluciones económicas y olvidando las restantes variables. Es un tema que hemos discutido en otros trabajos[5].

Una de esas variables y forma de la igualdad social es la igualdad política de los cubanos. Ella es una de las dimensiones más efectivas que tiene el país, sin ser, ni mucho menos, lo mejor que puede y podrá hacerse. Esa igualdad política se asienta en última instancia en la igualdad económica que significa ser copropietarios colectivos de los medios fundamentales de producción y servicios y demás propiedades socializadas, pero en primer término es un fundamento jurídico político codificado por la ley, una expresión de la institucionalidad y ciudadanía cubanas, un derecho conquistado por la revolución socialista una ética consustancial al socialismo en Cuba.

La igualdad social es un concepto que incluye una serie de variables cuya influencia forma parte del bienestar, la satisfacción y la felicidad de los individuos, variables que rebasan la equidad. La igualdad social se refiere esencialmente a la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, el trato correcto, igual y sin discriminación, por motivo de sexo, género, etnia, raza, posición social, los derechos de participación en las decisiones, la libertad de palabra, la libertad de asociación.

No creo necesario abundar en porqué todo ello es posible en condiciones de existencia de un único partido en la sociedad cubana. Baste señalar que la existencia de múltiples partidos para nada es garantía de una real libertad de expresión y de asociación, que es lo generalizado en las democracias representativas del capitalismo, en las cuales se alinean detrás de intereses corporativos las diferentes formas de asociación política generadas o cooptadas por esos intereses, que amordazan y secuestran la democracia, violentan las leyes y su cumplimiento, manipulan la información y los medios de comunicación, impiden la justicia social.

A la vez, el pluralismo político, ese que permite todas las opiniones políticas no depende de si hay uno o más partidos, sino de si hay o no pluralismo político en la sociedad, si se ampara legalmente, si la libertad de expresarlo tiene espacio en la sociedad. Si lo que se dice tiene real valor para las decisiones trascendentales en el país. De ahí el llamado de Raúl a conquistar toda la democracia posible.

Todo ello también deberá ser objeto de discusión en el proceso de reconstrucción del consenso, urgente e imprescindible dado el grado avanzado de las decisiones en curso en materia económica y por su importancia política en la sociedad cubana.

La desaparición del conflicto Este – Oeste que influyó en los procesos sociales en el mundo entero con magnitudes y formas diferentes, dio lugar a la aparición de una conflictividad política mucho más compleja y difícil, pero a la vez también nos ha obligado a entendernos mejor a nosotros mismos, pasar balance de logros y carencias, quedarnos con lo más auténtico de nuestra experiencia social y política, y a proyectar nuestros análisis de modo más ágil  y con una responsabilidad mayor, dada la conciencia que tenemos hoy de las realidades y del valor de los principios.

La “cuadratura del círculo”

De nada vale “descubrir” y afirmar que la desigualdad es inevitable en la actualidad y en el futuro. Hay que definir dónde y en cuáles magnitudes está hoy esa desigualdad, cuán justificable es no solo económicamente, sino también jurídica y éticamente. Tampoco tiene sentido o utilidad alguna afirmar que esa desigualdad hay que minimizarla, que no se puede perder la orientación socialista hacia la igualdad social, todos esos planteamientos no pasarían de ser simplemente “declarativos”, actos de fe, posiciones que muchos compartimos, pero que no ofrecen enfoques útiles para encontrar las salidas.

Es cierto que no es sencilla la solución, sino muy compleja. De cara a los problemas del presente y a la proyección futura es preciso establecer criterios básicos y el modo de asegurarlos junto con toda la proyección de desarrollo de la sociedad porque, incluso compartiendo declarativamente esos criterios, pueden practicarse políticas contrarias totalmente a ellos.

Por tal razón hay llevar el debate hasta su concreción en postulados básicos que no deberían ser en ningún caso trasgredidos, los que deben mantenerse anclados en la nueva constitución del país y en las leyes, como límites a la búsqueda de rentabilidad y producción “a cualquier costo”.

Obviamente, la definición de esos postulados básicos no puede ser obra de un grupo de iluminados, sino que tiene que ser algo discutido con toda la población del país en un debate amplio, en el que tengan cabida todas las opiniones sea cual fuere su argumentación, que fomente del desarrollo de una subjetividad enriquecida y que termine expresando fielmente aquello que goza del mayor consenso de la sociedad.

Tal debate debería estar hace rato manifestándose en nuestros medios de comunicación, pero al menos es posible comenzarlo ya y debe procurarse que tenga el tiempo necesario para que madure en la conciencia de la sociedad, esto es de los trabajadores, las amas de casa, los jubilados, los estudiantes, los militantes del partido y de la juventud, las mujeres, los jóvenes, los dirigentes administrativos y políticos, las instituciones económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, en fin la sociedad en su conjunto. Un asunto de tal envergadura requiere que se le trate como tal.

Concretar el debate

Obviamente los temas a incluir dependerán de cómo se enfoque su planteamiento. A continuación me referiré a algunos que considero no deben faltar.

El predominio de la propiedad privada es el predominio del capital sobre el trabajo y el predominio del mercado sobre la sociedad. En consecuencia, lo primero y fundamental es el establecimiento de límites a la propiedad privada. Si ello no se define, si se deja al arbitrio de las decisiones posteriores, se corre el peligro del crecimiento y empoderamiento del mercado y sus leyes en lugar de su limitación y regulación[6].

Algunas vías de distribución del producto social se deberán regir entonces por el concepto de equidad social, otras por el concepto de igualdad social y otras incluso por el concepto igualitario de la igualdad.

El debate debe reafirmar que la educación y la atención médica universal y gratuita y la seguridad social básica, deben formar parte de un área que debe conservarse en términos socialmente igualitarios.

Hay que incluir el enfoque de la política impositiva como un elemento universal inherente a toda actividad económica.

Naturalmente, hay que definir lo que debe entrar en el concepto de seguridad social básica.[7] La seguridad social básica se refiere no solo al pago de las jubilaciones, la protección de las personas con discapacidad, la protección de la maternidad, la protección laboral, los ancianos sin amparo filial, los grupos vulnerables, sino también a los subsidios que se consideren necesarios y posibles en el terreno del suministro de agua, de electricidad, de alimentos básicos, de las medicinas, etc. y a las formas de organizar y canalizar ese subsidio, donde el concepto de universalidad no significa  ni mucho menos uniformidad en las formas de realizarlo.

Hay que concretar el debate alrededor de los ejes fundamentales de la proyección socioeconómica de la sociedad cubana para los próximos años, en particular en lo referido a las políticas sociales.

Para terminar

El enfoque científico de la construcción socialista en la sociedad cubana no puede pretenderse acabado, ni completo. Justamente su carácter científico parte de reconocer su esencia inacabada e inexacta. De ahí también la necesidad de su sistemática reelaboración y junto con ella de la constante reconstrucción del consenso.

Los cambios que se producen y producirán en la sociedad como resultado de la política económica, del desarrollo del conocimiento, de las capacidades productivas, de la cultura, de las diferentes vías de comunicación, las transformaciones del entorno internacional, los desafíos que impone la naturaleza, y muchos otros factores influyentes, exigirán su expresión en la teoría, confirmando y extendiendo las prácticas positivas y desechando las negativas, siempre con la mirada puesta en alcanzar toda la justicia social posible.

El crecimiento económico que se espera con la ampliación de las relaciones mercantiles en la sociedad cubana debe ser en cada momento acompañado desde la ideología socialista y la política revolucionaria, para dejar atrás algo del capitalismo en cada paso hacia delante en materia de desarrollo económico y tecnológico, porque puede ocurrir que mañana el país produzca más, pero acabemos siendo menos humanistas, menos socialistas.