Cubadebate

Matteo Renzi y, Silvio Berlusconi . Fotot: ANSA

Por Vincenzo Basile

En medio de la incertidumbre política y económica que asola a Italia, luego de nueve años de incesantes protestas ciudadanas contra la actual ley electoral, formulada en 2005 por el entonces Ministro para las Reformas, el derechista Roberto Calderoli (Partido La Lega), quien sucesivamente la calificó «una porquería», hoy ha llegado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Diputados un primer proyecto-base para la reforma de la misma y también para la eliminación del Senado de la República (segunda rama del Parlamento italiano).

El proyecto es fruto de un paradójico acuerdo político entre el joven Matteo Renzi, Secretario General del Partido Democrático (centroizquierda), alcalde de Florencia y presentado con el rostro del «demoledor» de la vieja guardia política, y Silvio Berlusconi, líder de la reconstituida Forza Italia (centroderecha), recién expulsado del Senado debido a una condena penal definitiva por fraude fiscal, y máximo exponente de esa misma vieja guardia que Renzi prometió «demoler».

En detalles, la nueva reforma establece la existencia de dos umbrales mínimos para partidos y coaliciones de partidos, cuya legitimización solo quedará respaldada al alcanzar el 8 y el 5% de los votos nacionales respectivamente; estipula la celebración de una segunda vuelta electoral si en la primera votación ningún partido o coalición obtienga al menos el 35% de los votos; se le reconoce un premio de mayoría y la posibilidad de controlar la Cámara, nombrando entre el 53 y el 55% de los diputados, al partido (o coalición) que obtenga el 35% de los votos.

Así mismo establece que los diputados no serán elegidos directamente por los ciudadanos ya que se confirma la presencia de listas bloqueadas, es decir, la formación, desde el secretariado de cada partido, de listas de candidatos en cada circunscripción electoral, a los que los electores solamente podrán ratificar -votando en favor de un partido- un tácito voto de aprobación, sin posibilidad de hacer propuestas o expresar preferencias alternativas.

Quedan de esta manera -al menos por el momento- completamente olvidadas las numerosas manifestaciones populares que en los últimos años se han dirigido, entre otros males, contra dos aspectos de la actual ley electoral y fundamentalmente confirmados en esta reforma.

En primer lugar, el premio de mayoría, que le otorga el control del Parlamento y la posibilidad de formar un Gobierno a un partido que obtiene poco más de un tercio de los votos (en un país donde en las últimas elecciones la abstención fue del 22%).

Y en segundo lugar, las listas bloqueadas, que exponen a los diputados a todo tipo de presión política y coacción por parte del partido que los nombra discrecionalmente (algunas veces entre convictos y otros personajes con un pasado poco limpio) y de cuya decisión dependen en concreto sus futuras carreras políticas, lo que de hecho los convierte en delegados del partido y no en mandatarios de los ciudadanos.

De este proyecto -el cual será sometido a una larga temporada de discusiones parlamentarias y modificaciones- se espera que el gran vencedor será el sistema bipolar, con dos grandes partidos o coaliciones (centroizquierda y centroderecha) que con mínimas o casi nulas diferencias de ideas y programas se alternarán en el poder, dejando fuera de la escena política a los partidos más o menos menores e ignorando las esperanzas de legitimación de un órgano legislativo cada vez más criticado por su falta de representatividad.

A pesar de todos los cambios que puedan darse durante el complejo iter parlamentario, este proyecto de reforma ya se identifica por si solo por lo que es: una ratificación no muy camuflada de viejos esquemas, al estilo del Punto Fijo venezolano, donde el derecho político de un ciudadano nace, se desarrolla y termina en poner una «X» sobre un símbolo vacío que formalmente le otorga legitimidad a una casta política enajenada y perpetrada en el poder, y que -con cambios de fachadas y alianzas entre «demoledores» y «demolidos»- ha logrado implantar en la sociedad la idea de que más partidos políticos son condición no solo necesaria sino también suficiente para pertenecer al llamado mundo democrático.