Cubadebate

Luis Posada Carriles está a punto de salir calle. En una decisión tomada el lunes 9 de abril, pero publicada este martes, la jueza Kathleen Cardone de la Corte Federal de El Paso, Texas, denegó una petición de la fiscalía, en la cual se solicitaba una prórroga en la implementación de la orden de libertad condicional para el terrorista. 

Esto significa que Posada Carriles, con un juicio pendiente en Venezuela por el sabotaje a un avión civil que causó la muerte a 73 personas, pudiera ser liberado inmediatamente, salvo que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (Homeland Security) implemente una orden de detención inmigratoria o que el Departamento de Justicia le imponga la detención con fines de extradición, solicitada por el gobierno venezolano desde el 15 de junio de 2005.

Es evidente que la jueza Cardone no quiere ser el oficial que tome la decisión de mantener a Posada Carriles preso, sin que el gobierno presente la evidencia necesaria para sostener los alegatos que hace en sus documentos legales.  Ella bien sabe que la libertad o la prisión de este hombre se encuentra en manos de la administración Bush. Sabe también que si el 11 de enero no hubieran trasladado la custodia de Posada, del Departamento de Seguridad a los alguaciles federales, ella no habría tenido que tomar esta decisión, porque habría una orden de detención con fines de inmigración, y estaría fuera de su competencia la libertad de Posada.

Su reacción parece más bien molesta. Es como si dijera: "¿por qué ponen en mis manos un fallo que estuvo en sus manos hasta el 11 de enero?" En otras palabras: "si lo quieren preso como dicen, certifíquelo, por favor".

¿Qué es le está diciendo ahora el gobierno a Cardone? En el documento firmado por el asistente del fiscal Federal de EEUU, Michael J. Mullaney, y los fiscales Van Lonkhuyzen y Paul Ahem, se argumenta que las condiciones impuestas para libertad bajo fianza no aseguran razonablemente que Posada se presente en corte el 11 de mayo para su juicio por fraude inmigratorio.   En síntesis, la Fiscalía señala lo siguiente:

El propio Posada Carriles reconoce que las medidas de seguridad de una cárcel venezolana no fueron suficientes y que pudo fugarse en 1985. Santiago Álvarez, una de las personas que lo ayudaron a ingresar ilegalmente al país, le tenía reservado un pasaporte falso.  Posada tiene un largo historial de uso de documentos falsos. Fue condenado en Panamá por cargos relacionados con un atentado de asesinato en el año 2000 contra el Presidente Fidel Castro.  Había usado también un pasaporte falso salvadoreño para ingresar a Panamá y cometer el intento de asesinato. En El Salvador, hay una orden de arresto por el uso de dicho pasaporte falso. Ingresó ilegalmente a los Estados Unidos y estuvo escondido en Miami por dos meses, antes de ser detenido después de convocar una conferencia de prensa de mayo de 2005.  Mostró gran habilidad para esconderse in plain view, a vista abierta, en Miami. Dijo en esa conferencia de prensa que si no podía quedarse en los Estados Unidos, se fugaba.  Ahora que ya tiene una orden de deportación de los Estados Unidos,  se han cumplido las condiciones bajo las cuales él mismo ha dicho que se fugaría. Tuvo una cita para una entrevista de inmigración en Miami en relación con el caso de asilo.  No se presentó.  Dijo que estaba enfermo, y sin embargo, se apareció ese mismo día en una conferencia de prensa. El dinero para la fianza sería 250 000 dólares.  Este dinero vendría de contribuciones de sus amigos en Miami.  "Si se fuga, la pérdida estaría diluida por el hecho de que (la responsabilidad del pago) se ha distribuido entre tantos contribuyentes." En los casos específicos que se discutieron el 3 de abril durante la audiencia (la voladura del avión, las bombas en La Habana, y Panamá), Posada ha jugado un papel de líder, dirigiendo a otros en actividades violentas.  Tener a Posada preso en una casa en Miami, no impide que continúe haciendo lo que ha hecho siempre: dirigir las actividades de los demás para cometer actos de violencia". 

La fiscalía alega que si la Jueza niega la petición de reconsideración, debería por lo menos fijar una audiencia para examinar la identidad de las personas que pagarían la fianza de 250 000 dólares y el origen de dicho dinero. También, reconoce que la colecta en Miami vendría de personas cuyo interés sería más liberar a Posada, que asegurarse de que él se presentará en Corte el 11 de mayo.  Cita un caso que sentó el siguiente precedente: si la motivación de los que hacen las contribuciones hacia la fianza es de ayudarlo a fugarse, entonces el tribunal tendría que desestimar la fianza ofrecida.

Todo eso es verdad, y creo que la propia jueza lo reconoce. Pero tengo la impresión de que ella piensa: "¿ante estos argumentos tan convincentes, por qué este señor no está certificado desde hace tiempo como terrorista?" Es lógico que reaccione con suspicacia: ¿por qué la fiscalía, que tiene todos los recursos legales en sus manos, le ha lanzado a ella esta papa caliente?

Los abogados de Posada Carriles probablemente pagarán esa fianza lo antes posible.  Si no lo han hecho hoy, seguramente lo harán mañana.  Ese será el momento decisivo para la fiscalía: ordenan la detención con fines de inmigración o no.  Detrás de la noticia estará lo que ya sabemos: esta saga sigue en manos de la Casa Blanca, y solo terminará cuando ellos inicien un proceso de extradición para Posada Carriles por 73 cargos de homicidio o lo juzguen en Estados Unidos por estos crímenes.  Ni más ni menos.

*José Pertierra es abogado en Washington y el representante legal del gobierno de Venezuela para la extradición de Luis Posada Carriles.