Cubadebate

Según el Derecho internacional, toda ley debe respetar dos principios fundamentales que son la no extraterritorialidad y la no retroactividad. En efecto, una ley votada por una nación no puede ser extraterritorial ni retroactiva. No obstante, para la administración Bush, la legislación internacional pasa a un segundo plano cada vez que se trata de Cuba. En su confrontación con el gobierno de La Habana, Washington se caracteriza sobre todo por su política irracional, poco importa si humilla públicamente a un aliado dócil como Vicente Fox y se mofa de la soberanía del pueblo mexicano.

El 3 de febrero de 2006, una delegación de 16 funcionarios cubanos, reunida con un grupo de empresarios estadounidenses, fue expulsada del hotel Sheraton María Isabel de la capital mexicana. Después de una conminación del Departamento del Tesoro estadounidense que invocó la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917(Trading with the Enemy Act) y la ley Helms-Burton de 1996, la dirección de la multinacional Starwoods Hotels and Resorts Worldwide ordenó la evicción de los residentes cubanos. Dichas legislaciones estipulan que ningún cubano puede beneficiarse con productos o servicios de una empresa norteamericana [1].

A los cubanos, además de desalojarlos arbitrariamente, les confiscaron su dinero. La delegación, a pesar de que había pagado por tres noches, no pudo quedarse más que un día. El Viceministro de Industria Básica, Raúl Pérez de Prado, lamentó esa situación: "Nosotros somos gente culta y disciplinada y salimos del hotel, pero nos han confiscado el dinero" [2].

En el primer momento, la secretaría del ministerio de Relaciones Exteriores se negó a intervenir en el asunto para no ofender a la Casa Blanca, afirmando que se trataba de "un asunto entre particulares". Pero frente a la conmoción suscitada, el gobierno mexicano se vio obligado a expresarse [3].

El Ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Ernesto Derbez, reprobó el comportamiento del hotel, guardándose de criticar al verdadero responsable del escándalo, a saber la administración Bush. "La ley no puede de ninguna manera tener aplicación extraterritorial, y por lo tanto, lo que haríamos nosotros, no con el gobierno de Estados Unidos porque ellos tienen su legislación, sino con quien la aplica de manera errónea, sería aplicar la sanción que corresponda", declaró. Añadió que "la discriminación no está permitida contra ninguna persona en nuestro territorio, ni por género, ni por nacionalidad, ni por credo religioso [y] las leyes, tanto federales como locales, deben ser aplicadas si efectivamente fueron expulsados por ser cubanos" [4].

Kirby Jones, presidente de la Asociación comercial Estados Unidos-Cuba y antiguo miembro del Banco Mundial, que había organizado el intercambio con los representantes cubanos, expresó su ira y su incomprensión para con su gobierno. "Es increíble porque si siguen con esa política hasta el final quiere decir que ningún cubano en el mundo puede comprar una hamburguesa de McDonald's", enfatizó [5].

La decisión del hotel Sheraton viola varias leyes mexicanas. Primero, la ley sobre la Protección del Comercio y de la Inversión de 1996 estipula que "se prohibe a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que se encuentren en el territorio nacional [...] realizar actos que afecten el comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de leyes extranjeras". La legislación prevé una multa de 100 000 días de salario mínimo por toda infracción que se constata [6]. Después, se violaron las leyes contra las discriminaciones y la protección al consumidor. En teoría, las sanciones a las que se arriesga la multinacional van de una multa de 500 000 dólares a un cierre puro y duro del establecimiento [7].

Las precauciones que tomó el gobierno mexicano para no abordar la flagrante violación de la soberanía de México por los Estados Unidos fueron vanas. Derbez afirmó estar seguro de que se trataba de un caso de "discriminación", y no de una aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton [8]. También reafirmó, como consecuencia de las protestas de la sociedad civil, que no mandaría una nota diplomática a Washington para protestar contra la expulsión [9]. En cuanto a Carlos Abascal, Ministro de Interior, según él, "se violó la ley [...] y vamos a aplicar las sanciones correspondientes sin que eso implique un reconocimiento de que Estados Unidos violó [nuestra] soberanía" [10].

Pero, invalidando las declaraciones mexicanas, Brookly McLaughlin, portavoz del Departamento del Tesoro, aseguró que la ley estadounidense se había aplicado en el territorio de México. "El hotel en la ciudad de México es una empresa subsidiaria estadounidense y por lo tanto está sometida a la prohibición de proveer de servicios a Cuba o a sus ciudadanos. El hotel actuó de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos", declaró [11]. De la misma manera, Judith Brian, portavoz de la embajada estadounidense en México, certificó que "la ley prohibe a personas o entidades estadounidenses proporcionar servicios a personas o entidades cubanas, y el Sheraton, como empresa subsidiaria de una compañía estadounidense, debe acatar las leyes de Estados Unidos" [12].

Contradiciendo también las palabras del gobierno mexicano, Ellen Gallo, representante de la multinacional Starwoods Hotels, confirmó a su vez la intervención de las autoridades estadounidenses. "El Tesoro efectivamente nos exigió que negásemos el acceso a los participantes cubanos al Sheraton en la Ciudad de México", confesó [13].

El Senado mexicano condenó por unanimidad la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton, y exigió que el gobierno abriera una investigación al respecto, aplicara las leyes en vigor y emprendiera las medidas diplomáticas necesarias para que ese tipo de incidentes no se produzcan más. El candidato de izquierda a las próximas elecciones presidenciales de julio de 2006, Andrés Manuel López Obrador, rechazó vigorosamente esta forma de injerencia: "No se pueden aplicar leyes extranjeras en nuestro país. Nosotros no podemos de ninguna manera actuar como peones de ningún gobierno del mundo", subrayó [14].

Veinticinco congresistas estadounidenses criticaron a su gobierno en una carta enviada al Departamento del Tesoro. Lamentaron "la aplicación celosa de una ley estadounidense que podría tener implicaciones significativas en el mundo entero". El correo, que se hizo público, subraya el carácter absurdo de las sanciones económicas: "si un cine estadounidense instalado en un tercer país vende una entrada a un cubano ¿se arriesga a ser sancionada la empresa?" [15].

Las autoridades municipales impusieron un cierre el 28 de febrero, alegando que 15 de las 16 irregularidades constatadas durante la inspección no se habían corregido a pesar del plazo otorgado de diez días. Pero al día siguiente, después de una reunión con la Cámara Estadounidense de Comercio, la representante de la ciudad de México, Virginia Jaramillo declaró, contra todo pronóstico, que el hotel había "subsanado prácticamente todas las irregularidades en las últimas  horas", revocando así su propia decisión tomada un día antes. Los responsables del establecimiento habían cumplido el milagro de realizar "en las últimas horas" lo que no habían podido hacer durante diez días. La ciudad de México sólo sancionó con una multa de 15 000 dólares al Sheraton [16]. En realidad, las presiones políticas que ejerció el gobierno del presidente Fox, para quien la relación con los Estados Unidos sigue siendo sagrada a pesar de las afrentas públicas, tuvieron éxito [17].

El hotel Sheraton ni siquiera se dignó ejecutar las órdenes de cierre parcial del 28 de febrero de 2006, pretendiendo que no podía expulsar a sus 550 clientes sin aviso. Conviene señalar que la multinacional no dio muestras de tal delicadeza respecto a la delegación cubana, expulsada sin consideración alguna. Pero para el gobierno mexicano, que aún no ha ejercido ninguna sanción contra la empresa, el respeto de la soberanía del país viene después del mantenimiento de las "buenas relaciones", de sentido único como lo demuestra este nuevo escándalo, con la venerada administración Bush [18].

El odio de la Casa Blanca hacia Cuba llega a tomar giros delirantes y fanáticos. Desde hace más de cuatro décadas, los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar a Cuba sin arriesgarse a sufrir sanciones sumamente severas por parte de su gobierno. Pero desde el 30 de septiembre de 2004 y la aplicación estricta de la Reglas de Control de los Activos Cubanos por el Departamento del Tesoro, cualquier estadounidense que consuma un puro cubano o un vaso de ron Habana Club, durante un viaje turístico al exterior por ejemplo (su venta está prohibida en los Estados Unidos), se arriesga a una multa de 250 000 dólares y 10 años de cárcel [19]. ¿Quién se atreverá ahora a negar el alcance y la importancia terroríficos del despiadado estado de sitio económico que Washington impone a la población cubana?