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TORTURA S.A.

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Más te "ablandan" torturándote, más hablas. Más hablas, más se enriquecen. Tal es la infernal lógica de la tortura privatizada que generó la Administración Bush en Afganistán, Guantánamo e Irak, al contratar a los interrogadores privados de sus socios de CACI Internacional. La firma de Arlington Virginia  reporta 15.8 millones de utilidades para el último cuadrimestre -un aumento de 38%- con "ventas" de 288.4 millones de dólares.

El neo-liberalismo, o más bien el nazi-fascismo, no podía ofrecer mejor demostración de su carácter inhumano al producir aquellas escenas de tortura que recorrieron el mundo y que ilustran cómo se llegó a tal extremo en una absurda búsqueda de beneficios corporativos.

En septiembre del 2003, el Pentágono envió al general Geoffrey Miller, entonces comandante del campo de concentración de Guantánamo, a Irak porque no estaba satisfecho con la información obtenida de los detenidos.

Un informe del Pentágono afirma que fue Miller quien recomendó que los policías militares aplicaran a los presos tratos brutales y humillantes.

Fueron luego los equipos de interrogadores privados, reclutados entre ex miembros de la  policía militar, del personal de instituciones carcelarias como de cuerpos policíacos en los Estados Unidos que alentaron a los guardias de las cárceles irakíes en "ablandar" a los presos para aumentar el rendimiento de sus técnicas de interrogatorio.

El informe clasificado de 53 páginas del general Antonio Taguba que reveló en gran parte el escándalo de la tortura en Abu Ghraib, revela que Steven Stephanowicz, un interrogador de CACI  implicado en la muerte de un preso, había "animado a la policía militar a aterrorizar a los prisioneros" y que "no ignoraba que sus instrucciones abrían la veda a torturas físicas y psíquicas".

El Ejército norteamericano admite ahora que por lo menos 25 presos han muerto en sus cárceles de Irak y de Afganistán.

LOS PARAMILITARES DEL "TORTUREGATE"

Un artículo del importante sitio web norteamericano www.counterpunch.com

firmado por dos expertos estadounidenses de seguridad nacional, John Stanton y Wayne Madsen acaba de revelar que el número de interrogadores privados contratados por la US Army es muy superior al mencionado hasta ahora por las agencias de prensa internacionales.

Según los dos especialistas, el "Torturegate" de Bush implica a "un extraño surtido de empresas de telecomunicaciones y de proveedores de mano de obra especializada que se sumaron al lucrativo negocio de la tortura en Guantánamo, Afganistán, Irak y en sitios secretos de Asia Central y de África del Norte".

Los interrogadores son "mayormente ex militares y ex policías" trabajando para contractores que son, en realidad, "organizaciones paramilitares remuneradas por el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad de la Patria y el Departamento de Estado" a través de contratos "disimulados en la extensa burocracia gubernamental"

El artículo de Counterpunch señala que una de las empresas más activas en este negocio sucio, United Placements, menciona como uno de sus principales socios a Oliver North, el oficial de la Administración Reagan implicado en las operaciones de tráfico de droga contra armas del escándalo Coca-Contra.

North era entonces Jefe del terrorista internacional Luis Posada Carriles, hoy preso en Panamá, y de los operativos cubanoamericanos de la CIA Félix Rodríguez Mendigutía y Rafael Chi Chi Quintero.

Por otro lado, muchas de las empresas involucradas en el negocio de la tortura tienen perfiles que recuerdan a los de las empresas generadas por las actividades de la CIA. Una de ellas, USIS, tiene entre sus socios "el omnipresente Grupo Carlyle, una empresa de inversiones multimillonaria con vínculos estrechos con George H. W. Bush, el ex primer ministro británico John Major, y el ex Secretario de Estado James Baker, además de lazos pasados con las empresa de la familia saudita Bin Laden".

TORTURAR PARA AUMENTAR LAS GANANCIAS

La prensa norteamericana reveló en los últimos días cómo CACI y una otra empresa norteamericana de "servicios de inteligencia y seguridad", Titan Corporation, enfrentan una demanda, presentada por el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) de Nueva York a nombre de nueve ciudadanos irakíes, por "conspirar para abusar de los detenidos con el fin de aumentar sus ganancias".

Según el texto de la demanda, las empresas "conspiraron para torturar prisioneros y así obtener información que les permitiera aumentar las posibilidades de lograr más contratos gubernamentales".

La demanda subraya que existe un patrón para torturar, violar, y en ciertos casos, ejecutar sumariamente a los detenidos mientras las empresas extraían informaciones según las exigencias de sus contratos con el fin de garantizar su renovación.

Por su parte, el diario británico The Guardian señala la relación particular que vincula CACI  y Titan al  Pentágono, incluido a su jefe, Donald Rumsfeld, a través de sus estrechos vínculos con las comunidades militar y de tecnología israelíes.
Sinfo Fernández Navarro, investigadora española especialista en inteligencia militar, autora de un extenso análisis publicado por el sitio web madrileño CSCAweb (www.nodo50.org/csca), señala cómo "hasta los últimos espantosos sucesos, nadie se preocupó de regular y controlar las actividades de los más de 20.000 agentes civiles de seguridad de las sesenta empresas privadas que hay ya en Irak. Empleados mercenarios que actúan con total impunidad, algunos de los cuales han sido contratados a través de una mera llamada telefónica".

Fernández Navarro explica cómo "hasta alcanzar la actual coyuntura, CACI, que emplea aproximadamente a 6.300 personas, ha seguido calladamente una agresiva estrategia de negocios enfocada a expandirse a base de absorber compañías más débiles y a aumentar sus negocios con el gobierno federal proporcionando personal de apoyo en las bases de las fuerzas armadas Nelly, en Texas, y MacLellan, en California. Sus beneficios se doblaron entre el  2001 y el 2003. Mientras otro tipo de negocios luchan para sobrevivir, aquellos que se han enganchado a la "Guerra contra el terrorismo" siguen elevando vertiginosamente la cuenta de sus beneficios".

"Hoy, CACI, como la mayoría de los integrantes de la industria militar, se jacta de tener una lista de antiguos soldados y espías y, asimismo, de contar con miembros de varios consejos de administración, como Michael Bayer (antiguo vicepresidente de la Junta de Administración del Pentágono, y asesor en la Fuerza Aérea, en el Colegio Naval de Guerra y en el Laboratorio Nacional Sandia), Bárbara McNamara (exdirectora adjunta de la Agencia Nacional de Seguridad), Arthur L. Money (antiguo ayudante del Secretario de Defensa) y Larry Welch (un ex general de la Fuerza Aérea que sirvió en la junta de jefes de estado mayor durante la primera Administración Bush)".

El Washington Post acaba por otro lado de revelar que el Jefe de las tropas de Estados Unidos en Irak, teniente general Ricardo Sánchez, autorizó los abusos contra prisioneros irakíes en la cárcel de Abu Ghraib.

Los documentos obtenidos por el Post enumeran 32 tácticas de intimidación, entre ellas el uso de perros, la aplicación de temperaturas extremas, perturbación del sueño, privaciones sensoriales y dietas "especiales", todas técnicas ya experimentadas en el campo de concentración norteamericano de Guantánamo.

Entre las técnicas que Sánchez supervisaba personalmente se encuentra el aislamiento total prolongado -una técnica usada en Estados Unidos por el FBI contra los cinco cubanos encarcelados por haber infiltrado grupos terroristas de Miami.

Un artículo sobre este tema publicado por la revista norteamericana Mother Jones, bajo la firma de Nonna Gorilovskaya, afirma que el escándalo de Abu Ghraib ha revelado un "Triángulo de las Bermudas legal" que ha protegido a contractores civiles de ser juzgado por abusos, violaciones y asesinatos ante cortes norteamericanas, "una situación que el gobierno norteamericano se ha negado a corregir".

"Como civiles, los contratistas no pueden ser juzgados por cortes militares. El año pasado, la Autoridad provisional de la Coalición declaró que civiles extranjeros no pueden ser juzgados ante cortes irakíes", señala el texto que precisa que no hay ningún precedente de extradición de contractores civiles para enfrentar a acusaciones en Estados Unidos.

"Si aquellos contractores fuesen juzgados ante cortes norteamericanas, pudieran liberarse al demostrar que sus actos correspondieron a instrucciones gubernamentales (government contractor defense) y que no tienen, por consecuencia, responsabilidad ninguna".

SANTUARIO PARA TORTURADORES

El escándalo del "TortureGate" permite recordar cómo la "cultura de la tortura" no es nada ajeno al imperio que acogió en cientos de oportunidades, en su propio territorio nacional, a torturadores procedentes del mundo entero. De Cuba, se refugiaron en el sur de la Florida, cientos de esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que luego se convirtieron, en muchos casos, en colaboradores de la CIA en sus operaciones sucias no solo contra Cuba sino también contra varios otros países. Luis Posada Carriles, Félix Rodríguez Mendigutía y Rafael Chi Chi Quintero son solo unos ejemplos de esa fauna naturalizada norteamericana que fue utilizada desde América Central hasta Vietnam.

La presencia en el propio territorio norteamericano de más de un millar de torturadores que encontraron allí un lugar seguro, lejos del alcance de la justicia de sus países, había sido revelada en abril del 2002 por un informe de Amnistía Internacional (AI), que calificaba a EE.UU. de "refugio" para estos criminales.

La denuncia no tuvo impacto ninguno en el país que, desde entonces, ha convertido a los "interrogadores privados" en mano de obra de exportación. •

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Jean-Guy Allard

Jean-Guy Allard

Periodista canadiense radicado en Cuba. Es autor del libro "Auge y caída de Reporteros Sin Fronteras".

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