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Al exponer los resultados de la implementación del Decreto Ley 35, De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el uso del Espectro Radio Eléctrico, Ana Julia Marine López, viceministra de Comunicaciones, explicó que la norma jurídica pretende ordenar y establecer el marco legal para el uso del espectro radioeléctrico.

“Existen aproximadamente 98 resoluciones dentro de nuestro ministerio que están vigentes hace unos años y complementan este decreto ley”, dijo.

Señaló que el espectro radioeléctrico es un recurso limitado, así como las redes de comunicación.

“Se trabaja en el desarrollo y la ampliación de la infraestructura. Es importante que se tenga en cuenta que este documento establece por primera vez el servicio universal de la telecomunicación y se reconoce el servicio de internet como un derecho del pueblo”, afirmó la funcionaria.

Marine López recordó que igualmente está regulado el proceso de fabricación, importación y comercialización de dispositivos de telecomunicaciones

Por último, dijo que para hacer efectivo su cumplimiento, se ha capacitado a las diferentes instituciones. “Hemos avanzado, pero no todo lo que quisiéramos, en el desarrollo de los servicios de radiocomunicaciones móviles troncalizadas para asegurar el funcionamiento de varias redes, precisamente por el costo más elevado que tienen los terminales del cliente”.

La diputada espirituana Miadys Gonzales Rodríguez consideró que el control del espectro radioelectrónico permite tener una mejor gestión de los recursos. “Para las empresas, este decreto permite implementar de manera más ágil lo que ya venía impulsado el ministerio hace unos años”, comentó.

Manuel Milán, de la provincia de Pinar del Río, sostuvo que el cuerpo legal llega en un momento en el que se ha producido un desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones en el país.

“Con su implementación, debemos lograr una mayor efectividad en el uso de estas nuevas tecnologías y de los servicios que a partir de ellas se prestan”, señaló.

Sesiona comisión de Industria, Construcciones y Energía. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Con la presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y el presidente de la Asamblea Nacional de Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, la Comisión de Industria, Construcciones y Energía informó en la sesión de la mañana sobre la situación del programa de construcción de viviendas en el país.

Vivian Rodríguez Salazar, directora general de Vivienda, presentó un informe sobre el cumplimiento de la política de vivienda, con cierre en abril.

Desde enero hasta el cierre de abril se terminaron 7 914 viviendas que fueron declaradas como habitables, 2 123 más que en el mismo periodo de 2021.

De esas 7 914 casas, el 21% del plan anual, 3 248 fueron construidas por la vía estatal, 1 064 células básicas habitacionales –con subsidios del Estado– y 3 602 por esfuerzo propio de los ciudadanos.

En el primer cuatrimestre del 2022 solo cumplieron con el plan Sancti Spíritus, Cienfuegos y Artemisa.

De acuerdo con Rodríguez Salazar, los mayores índices de incumplimientos se registraron en Camagüey, Guantánamo, Holguín y Mayabeque.

La directora de Vivienda reconoció que, aunque no cuentan con los materiales necesarios, el incumplimiento de los planes se debe a diferencias en la manera de trabajar en las provincias. Es una cuestión de “quién administra mejor los recursos y los pone donde tiene que ponerlos”, enfatizó.

Los mayores atrasos y dificultades fueron detectados en la construcción con subsidios.

Solo se cumplió el 9% del plan (1 064 células básicas habitacionales en el primer cuatrimestre, 282 en abril), y Sancti Spíritus e Isla de la Juventud fueron los únicos territorios que cumplieron.

Quedan pendientes de ejecución 10 379 viviendas con subsidios, de las que 10 065 corresponden al periodo 2012-2020. Las provincias con mayores atrasos son Villa Clara, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y La Habana, informó Rodríguez Salazar.

En el informe que presentó la directora de Vivienda se concluye que estos resultados demuestran la falta de prioridad que los territorios dan a este programa.

Han sido concluidas 2 917 viviendas para madres de tres o más hijos.

Rodríguez Salazar reconoció que este programa demorará muchos años en proveer de viviendas a todas las madres en esa situación. Hasta ahora, se ha identificado a alrededor de 52 000, de ellas más de 36 000 que necesitan acciones constructivas en sus viviendas.

Se han solucionado 1 476 afectaciones climatológicas de 10 523 planificadas en el año. Según el informe, quedan pendientes 43 284. De esa cantidad, 41 018 corresponden a derrumbes parciales y totales. Camagüey, Santiago de Cuba, Holguín, Pinar del Río, Las Tunas y Guantánamo son las provincias más afectadas.

Para cumplir el plan semestral de viviendas construidas con subsidios se deben terminar 4 704 células básicas habitacionales. Están en etapa de terminación 2 629.

Una de las conclusiones del informe presentado en la comisión fue que los niveles de producción de materiales de la construcción son ínfimos con respecto a la capacidad instalada.

Antes de la presentación del informe, Esteban Lazo preguntó al ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, qué impacto han tenido las mypimes privadas dedicadas a la producción de materiales.

El ministro aclaró que hay mypimes que pueden producir determinados materiales, pero que no cuentan con la maquinaria para producir otros. “Tenemos que dirigirlas a una producción destinada al municipio, que trabajen en función del desarrollo local”, dijo.

Sesiona comisión de Industria, Construcciones y Energía. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

En la sesión participaron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y los vice primeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca y Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación.. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Diputados cubanos visitaron en octubre del pasado año 13 empresas cárnicas y 11 lácteas para evaluar la implementación del Decreto Ley No. 34, que establece nuevas medidas dirigidas a perfeccionar la gestión de las empresas estatales.

Reunidas en el Palacio de Convenciones de La Habana, las comisiones de Asuntos Económicos y Agroalimentaria analizaron el seguimiento a ese chequeo, según el cual persisten en algunas entidades los inventarios ociosos y de lento movimiento y problemas con las notas de los estados financieros, entre otras deficiencias.

Al encuentro de este viernes asistieron Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República, y los vice primeros ministros Jorge Luis Tapia Fonseca y Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación.

El Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria está integrado por 37 empresas, 14 son lácteas y 15 cárnicas. Reúne 226 UEB y a 30 000 trabajadores.

De acuerdo con el informe, los ingresos por las ventas en MLC permitieron financiar materias primas e insumos que han sido alternativas ante el déficit de recursos para mantener las producciones.

Se conoció que la medida de pagar en MLC a los productores por los sobrecumplimientos posibilitó cumplir el plan de leche, aunque todavía es insuficiente frente a la demanda de la población.

El ministro de Economía y Planificación alertó que “poner a correr la divisa internamente en la economía” es “una medida peligrosa”, porque “no nos interesa exacerbar la dolarización”.

“En la misma medida en que avanzamos más en la dolarización, retrocedemos en recuperar el papel del peso cubano. Mientras pagamos más en divisa y en MLC, menos juega el peso cubano y más nos atrasamos en los objetivos de recuperar su papel”, agregó.

Gil Fernández señaló que son medidas emergentes para enfrentar una situación determinada, que no se pueden mantener por mucho tiempo.

El control efectuado por los diputados detectó crecimiento de los costos por el incremento de precios de productos importados, así como irregularidades en las fichas de costos para la determinación de los precios.

El ministro reiteró que la economía está enfrentando limitaciones objetivas, en lo cual influye la inflación por el incremento de los costos asociados a las compras en el mercado internacional. Contra esto –dijo– “el país no tiene un antígeno”.

“Estamos comprando todo más caro. Los precios suben por días”, añadió, y ejemplificó con la situación de varios productos:

• Una tonelada de trigo, que costaba 280 dólares en 2019, cuesta 455 dólares hoy.
• Una tonelada de harina de soya costaba 405 dólares, hoy cuesta 603 dólares.
• Una tonelada de frijol de soya costaba 418 dólares, hoy cuesta 674 dólares.
• Una tonelada de arroz costaba 468 dólares, hoy cuesta 619 dólares.
• Una tonelada de leche en polvo costaba 3 282 dólares, hoy cuesta 4 132 dólares.

A eso, se suma el incremento de los precios de los fletes, que son tres y cuatro veces más caros que en 2019, recordó el vice primer ministro cubano.

Reiteró la necesidad de separar los problemas objetivos de los subjetivos y “concentrar los esfuerzos en lo que depende de nosotros”. En ocasiones, se percibe que el sector no estatal es más rápido en implementar medidas aprobadas que el estatal, señaló.

Llamó a revisar el tema de las plantillas indirectas. Actualmente, el sector empresarial estatal tiene más de un 30% de trabajadores indirectos, lo cual incide en los costos y, al final, en los precios.

El ministro de Economía y Planificación recordó que se ha identificado a empresas estatales con una altísima e injusta rentabilidad (más de 80 centavos), muchas porque son monopólicas y otras porque han elevado el precio, no siempre con costos superiores.

Al cierre de marzo, en el sector agroalimentario las cuentas por cobrar ascendían a 3 213 millones de pesos, de ellas el 40% estaban vencidas, en lo cual inciden fundamentalmente las empresas de comercio.

Las cuentas por pagar cerraron con 4 682 millones de pesos, por falta de liquidez debido a los altos saldos en cuentas por cobrar.

Persisten impagos a productores, fundamentalmente en las empresas lácteas, donde también se reportan deudas en MLC asociadas a los pagos por el sobrecumplimiento en la entrega de la leche.

El ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, reconoció que tras seis meses del control realizado por los diputados, aún no se ha podido avanzar en cuestiones como las cuentas por pagar a los productores.

“Hay que llegar a pagarle diariamente al productor primario. A veces nos demoramos hasta 60 días”, dijo y recalcó la urgencia de crear vínculos diferentes.

Otro aspecto que tiene hoy peor situación es el envasado de productos como la leche y el yogurt.

A juicio de Manuel Guerra, diputado por Santa Clara, a partir de las visitas a las empresas se han logrado cambios, algunas han comenzado a transformarse y pensar diferente, pero quedan muchas rezagadas.

“En ocasiones se desconocen las medidas aprobadas y se sigue pensando que la OSDE es la encargada de tomar las decisiones”, opinó.

El informe subraya que no se avanza en la descentralización de facultades hacia las UEB, como establece el Decreto Ley 34, lo que limita su autonomía y capacidad de gestión.

Enrique Richard López, diputado por Cienfuegos, dijo que los chequeos en las empresas no solo se han centrado en los resultados de las producciones, sino en las propuestas de los trabajadores sobre cómo aportar más.

Gladys Bejarano durante los debates de las comisiones de Asuntos Económicos y Agroalimentaria. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.