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"Conozco Moro desde hace muchos años. No es un modelo de juez imparcial, tiene un sesgo de favorecer la acusación", dice el abogado Antônio Sérgio Pitombo, que ya defendió a Jair Bolsonaro en los tribunales. Foto: Andre Coelho / Bloomberg a través de Getty Images

Este martes el Supremo Tribunal Federal de Brasil hizo público el 10% de los diálogos interceptados entre los fiscales de la operación Lava Jato y el exjuez Sérgio Moro en los cuales se prepararon -sin separar los roles de acusador y juzgador- las condenas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Los diálogos que fueron periciados como auténticos por la máxima Corte son la principal espada de Lula para pedir la anulación de las condenas en su contra dictadas por la operación Lava Jato en el escándalo del Petrolao.

"Al final tendremos un buen día", le dice Moro en un chat por la aplicación Telegram al fiscal Deltan Dallagnol, jefe de los fiscales de Lava Jato, cuando este le cuenta que está preparando la denuncia contra Lula acerca de que fue sobornado con un departamento en el balneario de Guarujá por la empresa OAS como retribución a contratos obtenidos por la constructora con la estatal petrolera Petrobras.

Por este caso Lula fue condenado en tres instancias y pasó preso 510 días, y fue inhabilitado para participar de las elecciones de 2018 ganadas por Jair Bolsonaro, en las cuales, según las encuestas, el exmetalúrgico era amplio favorito.

Los diálogos fueron producto de un hacker que había entregado parte de ellos al portal estadounidense The Intercept, pero ahora la situación de lawfare ya fue confirmada por las pericias de la Corte suprema.

Lula está condenado en dos causas en la Justicia de Curitiba por corrupción que le impidieron ser candidato o ejercer cargos.

Cincuenta páginas de diálogos del chat fueron liberadas por el juez supremo Ricardo Lewandowkski, en las cuales Moro y los fiscales acuerdan procedimientos sin informar a las defensas de los acusados, hablan de operar a periodistas y defienden haber cometido ilegalidades ya que estaban cubiertos de "apoyo popular y de los medios".

Todo ocurrió entre 2015 y 2017 y en el medio la crisis por el Petrolao permitió la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por supuestos delitos fiscales en el manejo del presupuesto.

En las desgrabaciones, Moro y Dallagnol y otros fiscales también revelan que se han hecho contactos ilegales con la fiscalía de Suiza y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin cumplir con los procedimientos debidos.

En una de las conversaciones, Livia Tinoco, una de las fiscales de Lava Jato confiesa que Moro, la cámara de apelaciones de Porto Alegre y la TV Globo tenían el sueño de ver a Lula preso y calificó ese momento como un "múltiple orgasmo".

"No quieren a Lula de nuevo porque el pobre no puede tener derechos", escribió a sus colegas, el mismo día de abril en el cual Lula se entregó a la Justicia para cumplir su sentencia en una celda de la Policía Federal de Curitiba.

La incompetencia de Moro -que luego de condenar a Lula fue Ministro de Justicia de Bolsonaro hasta mayo de 2020- debe ser votada por el Supremo Tribunal Federal en el primer semestre.

La segunda causa de Lula -la supuesta propiedad de una quinta en la ciudad paulista de Atibaia- fue juzgada con condena a prisión por la jueza Marcela Hardt, sucesora de Moro que utilizó un texto de su antecesor para emitir la sentencia.

Como Lula está condenado en dos instancias, la Ley de la Ficha Limpia le impide ser candidato o ejercer cargos públicos.

Sin estas condenas por el accionar de Lava Jato, estaría en condiciones de ser candidato nuevamente.

Asociaciones de juristas pidieron la anulación total de la Operación Lava Jato a partir de los archivos hackeados que fueron tomados como válidos por la corte.

Dallagnol renunció a su cargo de jefe de Lava Jato el año pasado y Moro trabaja en una consultora estadounidense sobre corrupción.

Los diálogos están contenidos en archivos de 7 teras confiscados a un hacker en una operación de la policía federal.

Moro dijo en un comunicado que no confirma la veracidad de los documentos por considerar que el chat fue obtenido ilegalmente.

(Tomado de Télam)

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