Cubadebate

Ya sea a través de la venta ambulante, la prestación de servicios, la agricultura, el trabajo doméstico o la participación en la economía subterránea, por solo mencionar algunos ejemplos, estos trabajadores encuentran una manera de generar ingresos para sobrevivir. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

En el tejido económico cubano, el empleo informal es un terreno en el que se entrelazan realidades complejas. Por un lado, puede representar una fuente de ingresos crucial para muchas familias, proporcionando una forma de subsistencia en un entorno donde determinadas oportunidades formales son limitadas o conllevan a un camino menos expedito.

Sin embargo, esta modalidad laboral trae consigo una serie de costos y desafíos que afectan tanto a los trabajadores como a la sociedad en general.

Ya sea a través de la venta ambulante, la prestación de servicios, la agricultura, el trabajo doméstico o la participación en la economía subterránea, por solo mencionar algunos ejemplos, estos trabajadores encuentran una manera de generar ingresos para sobrevivir. Sin embargo, esta supervivencia muchas veces se mantiene en un equilibrio precario, con ingresos fluctuantes y sin garantías de estabilidad a largo plazo.

Uno de los costos más significativos del empleo informal es la limitación de derechos laborales y la falta de seguridad para los trabajadores. Al carecer de un contrato formal, estos empleados se enfrentan a la incertidumbre diaria de no tener protecciones legales básicas.

La ausencia de un marco regulatorio sólido deja a la mayoría vulnerables a la explotación, los bajos salarios y las condiciones laborales precarias. Además, la falta de acceso a la seguridad social y los beneficios laborales limita su capacidad para enfrentar los desafíos y riesgos asociados con enfermedades, accidentes y vejez.

¿Cómo se define el empleo informal en Cuba?

La informalidad laboral en Cuba es un fenómeno complejo que ha sido abordado desde diferentes perspectivas. Mirlena Rojas Piedraita, investigadora del Centro de Investigaciones Sociológicas y Psicológicas (CIPS), destaca que este tema no es nuevo en la academia cubana, ya que se ha investigado desde los años 90.

“Sobre todo desde el punto de vista de transitar de un mundo laboral homogéneo, en buena medida estatalizado, a un mundo laboral que es heterogéneo, donde los fondos sociales de consumo muchas veces estaban difusos a la hora de poder satisfacer las necesidades básicas de las personas”, explicó.

A su juicio, el empleo informal no solo se debe entender desde una visión estructural, sino también desde las prácticas sociales que se llevan a cabo en el día a día.

En el programa televisivo Cuadrando la caja, Rojas Piedraita mencionó que en el contexto de la actualización del modelo económico y social cubano, las brechas económicas, sociales y políticas se han ampliado, dificultando el acceso al empleo formal.

La investigadora destaca que la informalidad no se limita a cuestiones no reguladas, que están fuera del contrato de trabajo en el ámbito laboral tradicional. También abarca prácticas informales relacionadas con representaciones sociales, elementos socio-psicológicos y la cultura del trabajo.

Mencionó que la situación de crisis económica que vive el país puede llevar a un incremento de estas prácticas, debido a la insuficiencia de los salarios para satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como para hacer frente a un alto costo de vida. Es importante identificar la discrepancia entre los salarios y el costo de vida en este sentido, refirió.

Por su parte, Ariel Fonseca Quesada, director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicó que la informalidad laboral incluye a aquellas personas que realizan una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo ni protección de la seguridad social. Aclaró que, en el caso del trabajo por cuenta propia, al ser un trabajo autónomo, no se requiere un contrato de trabajo.

En entrevista con Cubadebate, el directivo enfatizó en la importancia de tener un contrato de trabajo que refleje las garantías, derechos, deberes, funciones, régimen de trabajo y descanso, así como el derecho a vacaciones. La ausencia de estos aspectos y la falta de protección social son indicadores de la informalidad laboral, dijo.

En cuanto a las clasificaciones de empleo informal, señaló que aún no se ha profundizado lo suficiente en ese aspecto. Sin embargo, se reconoce que la informalidad puede presentarse en diversos sectores de la economía, como el agropecuario, el comercio y la cultura.

Según investigaciones, se ha observado una mayor concentración de informalidad en el sector agropecuario y en el sector no estatal de la economía, aunque esto no significa que el sector no estatal sea el único responsable de la informalidad laboral, sostuvo.

La Encuesta Nacional de Ocupación permitirá obtener datos más precisos sobre los sectores y actividades con mayor incidencia de informalidad laboral en Cuba, dijo.

Además, Fonseca Quesada explicó que se ha evidenciado que incluso en entidades estatales, como el sector del comercio, existen situaciones de informalidad laboral, como personas que realizan tareas no remuneradas o reciben beneficios en especie.

¿Qué dicen las investigaciones?

En Cuba no existen estadísticas precisas sobre el empleo informal en el país, refirió el director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque estudios diversos evidencian su presencia en los sectores agropecuario, de comercio, el manufacturero, y en la construcción.

Fonseca explicó que las estadísticas laborales son proporcionadas por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en virtud de un convenio con la Organización Internacional del Trabajo, y afirmó: “Somos receptores de esta información, no generadores de datos laborales”.

Con relación a las investigaciones en curso, mencionó que la Encuesta Nacional de Ocupación, llevada a cabo por la ONEI entre abril y junio, brindará datos detallados por sector, actividad económica y territorios a nivel provincial. Esta encuesta, que abarcó aproximadamente 60 000 hogares, dijo, proporcionará información importante sobre el panorama laboral en el país.

Fonseca Quesada destacó la importancia de la formalidad laboral para garantizar la calidad del empleo. “Uno de los requisitos es que haya protección de la seguridad social y contratos de trabajo. Estos contratos permiten a los trabajadores buscar justicia laboral en caso de violación de derechos”, dijo.

De acuerdo con las investigaciones existentes, focalizadas en un sector, se ha observado una mayor concentración de empleo informal en el sector agropecuario, especialmente en las provincias de Mayabeque y Artemisa. No obstante, Fonseca hizo hincapié en que la informalidad no se limita exclusivamente a dicho ámbito.

A pesar de la falta de estadísticas específicas sobre la tasa de informalidad en Cuba, el directivo expresó su optimismo y afirmó que el país no se acerca a los altos niveles de empleo informal observados en muchos países de América Latina, donde más del 50% de las naciones presentan altos índices de informalidad.

“En Cuba, hemos establecido un amplio régimen de seguridad social que brinda protección a los trabajadores”, dijo.

El especialista hizo una distinción entre la informalidad y la ilegalidad. “Si un zapatero está ejerciendo su oficio sin haber obtenido la licencia correspondiente, eso es ilegal”, ejemplificó. Sin embargo, Fonseca señaló que las personas pueden regularizar su situación obteniendo las licencias necesarias en la Dirección de Trabajo, convirtiéndose así en trabajadores por cuenta propia.

Para Mirlena Rojas, investigadora del CIPS, si bien no se justifica la ilegalidad, existen cuestiones que podrían abordarse de acuerdo con la Constitución y el Código laboral. “Es fundamental considerar las condiciones laborales, los salarios y el sentido de pertenencia de los trabajadores para comprender por qué optan por prácticas informales”.

Para combatir dichas prácticas ilegales es necesario establecer regulaciones que fomenten la formalidad laboral y abordar las diversas realidades del empleo en Cuba, teniendo en cuenta las condiciones laborales y la protección de los trabajadores, enfatizó.

Un elemento importante, consideró el funcionario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “es que hay una particularidad de la informalidad: la mayoría de las personas que están ahí se han puesto en esa situación de manera voluntaria.

“Yo no estoy protegido por la seguridad social, pero también estoy violando la ley tributaria, porque estoy realizando una actividad económica y no estoy tributando por esa actividad. En muchos países latinoamericanos, la gente está ilegal porque no puede legalizarse, no porque no quiere, y la discusión en Cuba es alrededor del hecho de por qué no quieren”.

Para Antonio Aja Díaz, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, si bien se ha hablado mucho sobre el envejecimiento de la población cubana —que asciende al 22.3% de la población con 60 años o más—, es importante prestar atención al 63.4% de la población en edad laboral que está en plena capacidad de trabajar.

Al intervenir en el programa televisivo Cuadrando la Caja, el demógrafo señaló que esta cifra representa a más de siete millones de cubanas y cubanos, lo que significa que tienen el potencial de ser una fuerza laboral productiva en diversos sectores y contribuir al desarrollo económico del país. El Censo de Población y Viviendas de 2012 destacaba que solo trabajan o buscan empleo 4 559 100 personas de las más de siete millones que tienen edad laboral.

En este sentido, planteó preguntas clave: ¿En qué sectores se trabaja? ¿Cómo se refleja la necesidad de trabajar en esta población y en la realización de salarios justos?

En respuesta a estas cuestiones, Aja Díaz explicó que, si bien existen altos índices educativos y profesionales en la población cubana, es necesario trabajar en la reducción de la informalidad laboral. Afirmó que la economía cubana, en su proceso de construcción de un modelo socialista, debe garantizar los derechos de todos los trabajadores, independientemente del sector en el que se desempeñen.

Sobre la distribución actual de la población laboral, Aja mencionó que, en 2019, un 69% de los cubanos trabajaba en el sector estatal, mientras que un 20% se encontraba en el sector privado y un 11% en el sector cooperativo, cifras que han ido en ascenso. Sin embargo, destacó la importancia de fomentar la propiedad cooperativa y buscar formas de aumentarla.

“Romper con la percepción de que yo puedo vivir sin trabajar, eso lo da en primer lugar la claridad económica de un país”, dijo.

“Mientras en nuestro país la única fuente fundamental para tener un ingreso, para tener un mejor nivel de vida, para elevarse en la vida, no sea trabajar y existan vías alternativas, sencillamente en el imaginario de la población va a estar eso presente y se va a trasladar de una generación a otra”, dijo Aja, quien subrayó la importancia de promover una cultura laboral en la que los profesionales y el resto de la población se sientan valorados y encuentren realización en su trabajo.

En cuanto a la legislación cubana sobre el empleo informal, el director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quesada, explicó que actualmente no existe una legislación específica que aborde este tema de manera implícita.

Sin embargo, mencionó que se está trabajando en una reforma legislativa que incluirá un nuevo Código de Trabajo, el cual debe regir durante los próximos años. Aseguró que se está buscando desarrollar un enfoque más inclusivo que reconozca y proteja los derechos de los trabajadores tanto en el sector estatal como en el no estatal, incluyendo el empleo informal.

“A veces la gente dice: ´oye, que en esta cafetería están explotando a esta gente´, pero es que el Código los protege a ellos también. Tenemos que lograr que esas personas se defiendan, demanden al empleador, no se queden los brazos cruzados pensando que el Código de Trabajo solo es una garantía para los trabajadores del sector estatal, y no es así.

“No existe legislación específica en Cuba sobre el tema de la informalidad, solo decimos cuáles son los requisitos para que un trabajo sea formal, pero no lo mencionamos. En ese ese cambio de enfoque estamos en los dos últimos años. Hay desconocimiento, hay falta de cultura jurídica, es verdad, pero conozco muchos estudiantes universitarios, gente muy preparada, que saben que están vulnerando sus derechos. Sin embargo, no los reclaman, incluso conociendo dónde pudieran hacerlo, pero prefieren el ingreso que el descanso”, señaló Fonseca Quesada.

Precariedad laboral vs. derechos

La precariedad laboral afecta de diferentes maneras a los trabajadores informales en Cuba. De acuerdo con Fonseca Quesada, en algunos casos, el empleo informal puede no ser precario, como aquellos en los que los trabajadores tienen conocimientos especializados y se unen a pequeñas empresas que les ofrecen buenas condiciones laborales e ingresos considerables.

Sin embargo, señaló que en áreas rurales y en el sector agropecuario, la informalidad y la precariedad laboral suelen ir de la mano debido a la falta de acuerdos sobre condiciones mínimas de seguridad y salud, la ausencia de contratos laborales y la falta de definición de derechos y responsabilidades.

“Donde no hay un contrato de trabajo, donde no hay deberes y derechos de ambas partes, donde no están los límites definidos, en muchos casos hay precariedad en el empleo e informalidad”, insistió.

Destacó la preocupación de los trabajadores informales por la falta de garantías laborales y la ausencia de contratos que establezcan salario, horario y condiciones mínimas de trabajo. También mencionó que se producen muchos accidentes laborales en el sector informal y que estos trabajadores carecen de protección legal.

Ante la pregunta de dónde podrían acudir los trabajadores informales para presentar denuncias por violaciones laborales, Fonseca Quesada señaló que no existe un órgano de justicia laboral específico para el sector no estatal, pero podrían recurrir al tribunal municipal. Sin embargo, destacó que la dificultad radica en la falta de contratos que certifiquen la relación laboral.

Por su parte, Mirlena Rojas, investigadora del CIPS, opinó que uno de los derechos más vulnerados por parte de los trabajadores informales es el acceso a la protección laboral. Hizo referencia a la necesidad de revisar el Código de Trabajo, que está sujeto a modificaciones, y resaltó la importancia de abordar las diferencias existentes entre el sector estatal y el no estatal.

Rojas afirmó que las prácticas informales no se limitan al sector no estatal y que es fundamental implementar regulaciones que protejan a todos los trabajadores, garantizando su seguridad laboral y prestaciones sociales. También advirtió sobre los riesgos de la flexibilización laboral y la discrecionalidad de los empleadores, que pueden generar desigualdades y ampliar las brechas sociales.

Fonseca Quesada mencionó como una herramienta que cada trabajador debe conocer el Decreto 96, que establece el protocolo de actuación para enfrentar las manifestaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral.

“Se aprobó en septiembre del año pasado. Refiere las manifestaciones, las conceptualiza y te brinda un camino de hacia dónde dirigirte para denunciar en cualquiera de los sectores en que trabajes cuando sientas que has sido violentado o discriminado en ese ámbito”, dijo.

Ellas en la economía informal

Según investigaciones, si bien la mayoría de los trabajadores informales son jóvenes, las mujeres representan menos del 30% de dicho sector, dijo Fonseca Quesada. Según el directivo, a diferencia de los hombres, las mujeres tienden a formalizarse y evitar participar en el mercado negro y la economía subterránea.

En este contexto, resulta relevante analizar el papel de las mujeres en el ámbito de los cuidados. Según Fonseca Quesada, aproximadamente el 82 de cada 100 personas cuidadoras son mujeres. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de estas mujeres no reciben una remuneración por su labor. Aunque su trabajo es esencial como cuidadoras, generalmente no se les reconoce económicamente por ello.

Dentro del debate sobre la informalidad laboral, Fonseca Quesada planteó la necesidad de diferenciar entre el concepto tradicional de trabajo (que implica remuneración) y el concepto emergente de “trabajo no remunerado”. En este sentido, el cuidado se considera una forma de trabajo que no se basa necesariamente en una compensación económica directa. Por lo tanto, no se debe equiparar automáticamente el cuidado con la informalidad.

En cuanto a la relación entre cuidados e informalidad, el directivo subrayó que existen casos en los que personas cuidan a niños o adultos mayores sin contar con una licencia formal. Estos ejemplos podrían considerarse informales, ya que no cumplen con los requisitos formales para brindar cuidado. No obstante, el acto de un padre o una madre cuidando a su hijo o a un familiar cercano no debe ser catalogado como trabajo informal, ya que no implica una transacción económica directa.

“Hoy es una necesidad reconocer el trabajo doméstico”, dijo Mirlena Rojas, quien mencionó que es esta una de las salidas del programa de Trabajo Digno, liderado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que apuesta también por un Sistema Integral de Cuidados de la Vida; y donde las mujeres juegan un rol fundamental.

El empleo informal en Cuba se presenta entonces como una realidad compleja diversa donde, por un lado, brinda una forma de subsistencia para muchas personas y familias, permitiendo el funcionamiento de economías individuales. Sin embargo, esta realidad también conlleva costos significativos, fundamentalmente en relación a garantía de derechos.

Cualquier aproximación a este tema pasa por reconocer como sociedad que abordar los múltiples desafíos de esta problemática implica buscar soluciones que promuevan la inclusión y la protección de los trabajadores informales sin socavar su capacidad de generar ingresos y contribuir al desarrollo económico del país.