Cubadebate

Cámara de diputados de Brasil. Foto: Archivo

La necesidad de ''pasar Brasil a limpio'' fue uno de los argumentos más escuchados en la sesión de la Cámara de Diputados que libró al presidente Michel Temer de la denuncia por corrupción pasiva.

Una misión que, visto los resultados de la votación de anoche y la composición misma de esa Casa, se antoja en estos momentos prácticamente imposible de acometer, coincidieron numerosos políticos y analistas locales.

Al pretender archivar la acusación "están oficializando la corrupción en Brasil", advirtió el legislador del Partido Laborista de Brasil (PTB) Silvio Costa horas antes que el plenario se rehusara por mayoría de votos a autorizar al Supremo Tribunal Federal (STF) a abrir un proceso judicial contra el gobernante.

Michel Temer fue acusado de corrupción pasiva por el procurador general Rodrigo Janot como resultado de la delación premiada del propietario del frigorífico JBS Joesley Batista, quien grabó en marzo último una comprometedora conversación con el mandatario en la residencia oficial, el Palacio de Jaburu.

En el audio Temer avalaba el pago de sobornos para comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados y uno de los artífices del proceso de impeachment Eduardo Cunha, quien cumple una condena de más de 15 años de cárcel por corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

Además, indicaba a su ex-asesor especial y exdiputado federal Rodrigo Rocha como intermediario para resolver los requerimientos de la empresa JBS, a cambio de lo cual la entidad pagaría durante 25 años una "propina" semanal de medio millón de reales, que presuntamente beneficiaría al ocupante del Palacio de Planalto.

Rocha fue filmado por la Policía Federal mientras recibía y luego huía con prisa llevando una maleta negra cargada de dinero, en el que constituía el primer pago de la JBS.

Sin embargo, para la mayoría de los legisladores ninguno de esos elementos resultaron suficientes para - respondiendo al manifiesto interés del 93 por ciento de la población que esperaba el enjuiciamiento de Temer por la Corte Suprema - dar curso al proceso, esclarecer los hechos y tratar de comenzar así a "pasar Brasil a limpio".

La decisión de los parlamentarios, coinciden analistas, estuvo sin embargo lejos de causar sorpresa.

Ya desde antes que la Comisión de Constitución y Justicia iniciara el proceso de análisis de la denuncia, y aprobara luego un relatorio favorable a desestimar la acusación, el analista político Francisco das Chagas Leite Filho alertaba que nada sucedería.

Michel Temer necesita del respaldo de 172 de los 513 integrantes de la Cámara de Diputados, y si 214 están envueltos en actos de corrupción ¿van a entregar su propia cabeza?, se cuestionó antes de advertir: "salvo que ocurra una hecatombe, un terremoto político hasta la decisión final del caso... no habrá ninguna novedad".

Hay en curso un juego de apariencias para instalar la percepción de que la Cámara va a entregar la cabeza de Temer; pero nada es más falso, más irreal, insistió Leite Filho.

De acuerdo con un levantamiento del portal Congreso en Foco, por lo menos 47 de los diputados que ayer participaron de la operación para salvar a Temer responden a acciones penales ante la Suprema Corte y de ellos seis ejercen su mandato incluso condenados a prisión.

El caso más notorio es el de Celso Jacob, quien cumple una pena de siete años y dos meses de cárcel en el complejo de Papuda, en esta capital, pero fue autorizado por un juez a trabajar en la Cámara durante el día para volver a su lugar tras las rejas a las 18:30 hora local.

Según la propia fuente, en total son por lo menos 238 los congresistas que responden a acusaciones criminales ante el STF y de ellos unos 190 son diputados que participaron anoche de la votación.

Por añadidura, no fueron pocas las denuncias sobre las maniobras emprendidas desde el Palacio de Planalto para librar a su principal ocupante y que, según estimados difundidos en los medios, pueden acarrear para las arcas públicas una erogación que oscilaría entre los 13 mil 200 y los 17 mil millones de reales (de cuatro mil 200 a cinco mil 400 millones de dólares).

Todo eso entre enmiendas parlamentarias y otros 'favores' concedidos poco antes de la votación a sectores como la poderosa bancada ruralista, a la cual Temer libró de una deuda de casi 10 mil millones de reales (más de tres mil 100 millones de USD) con el sistema de seguridad social, permitiéndole renegociarla para ser saldada en 180 meses, con una reducción del 25 por ciento en las multas y del cien por ciento en los intereses.

Eso, sin dejar de lado el hecho de que 10 ministros y tres secretarios de Estado con mandato en la Cámara de Diputados fueran exonerados para acudir a votar por el archivamiento de la denuncia y sumarse a lo que el legislador Pedro Uczai definiera como un nuevo golpe, éste para salvar a uno de los políticos más corruptos de Brasil.

(Con información de Prensa Latina)