Cubadebate

Un artículo aparecido ayer en el día de ayer bajo la firma de los periodistas Matthew Haggan y Jack Dolan, en un periódico de Miami, acusa a varios funcionarios públicos del Condado de Miami Dade de retener injustificadamente cerca de cinco millones de dólares, sin emplearlos para solucionar los urgentes problemas sociales que padece la ciudad. Precisamente cuando acaban de ser despedidos centenares de empleados públicos.

Controlando este dinero para usarlo quién sabe para qué finalidad, los funcionarios del Condado se sienten poderosos e intocables. No se descarta, desde luego, que estas cifras vayan a parar para satisfacer objetivos electorales de los mismos o a cumplir objetivos alejados del beneficio público. Según este artículo: “El presidente de la Comisión, Dennis Moss, controla más de $1 millón. La comisionada Sally Heyman tiene $955,064. El comisionado José "Pepe'' Díaz tiene $548,651. El comisionado Bruno Barreiro tiene $479,168 y la comisionada Katy Sorenson  $353,691.”

Lo penoso, según los articulistas, es que estos fondos pasan de un año fiscal a otro sin ser empleados, incrementando las arcas congeladas de los funcionarios, capaces de ruborizar a Rico McPato, precisamente cuando el Condado sufre un déficit fiscal cercano a los 444 millones de dólares, en detrimento de los programas sociales.

Para nadie resulta una sorpresa que en épocas de crisis y recesión económicas como las que viven actualmente los Estados Unidos, en que millones de personas pierden sus empleos y viviendas, beneficios sociales y  las propias expectativas vivenciales de seguridad, los suicidios se incrementan a niveles alarmantes, sobre todo en personas jóvenes.

De acuerdo con un reporte publicado recientemente por parte de Daniel Carpman, periodista de la agencia española  EFE, existen estadísticas oficiales que denuncian que  cerca de tres millones de adolescentes estadounidenses piensan seriamente en la posibilidad de suicidarse, con cerca de  1 700,000 intentos y  cerca de 1,600 muertes. Miami no escapa de esta cruda realidad.

Para Catherine Penrod, actual Directora General de Switchboard de Miami, la reducción de 30 %  de los fondos en el presupuesto fiscal para el próximo año destinado a las organizaciones de ayuda contra el suicidio, es un crimen premeditado: "Para mí es duro creer que es bueno acumular tanto dinero cuando hay tantas necesidades insatisfechas''.

Mientras  estos funcionarios usan sin restricciones y plena libertad el dinero de los contribuyentes, el índice de desempleo en la Florida creció en septiembre a un 11,3 % en su condado, según cifras aportadas por Departamento de Trabajo de la Florida. Al tanto que Sean Smith, un economista de la Universidad Central de la Florida pronostica que estas cifras de desempleo se mantendrán a este nivel hasta el año 2012. Desde luego, aunque insuficientes estos cinco millones podrían servir de algo para paliar la penosa suerte de cierto número de homeless y  desempleados.

Lo penoso de todo es que los funcionarios del Condado de Miami Dade, al igual que los prepotentes y omnímodos dictadores de cualquier república bananera, apenas se ruborizan con las acusaciones hechas contra ellos y el justo reclamo contra la inmovilización de estos fondos públicos. Haciendo caso omiso de las penurias de sus propios electores, el Presidente de la Comisión del Condado, Dennis Moss, declaró: "Yo decido cómo se gasta el dinero de mi presupuesto, no The Miami Herald ni los otros medios.  (…)  Así se ha hecho históricamente, así lo hacemos ahora y así lo haremos en el futuro''.

No podría esperarse  otra cosa de estos servidores públicos apegados al stablishment norteamericano, basado en las desigualdades sociales y el enriquecimiento de unos pocos a costa de la gran mayoría ciudadana.