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EEUU-UE y el ‘caso’ Guantánamo

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Activistas austríacos, vestidos como los presos de Guantánamo, protestan frente a la sede de la Cancillería, en Viena, contra la visita del presidente Bush. (Foto: AP)

Publicado en El Mundo, España, el 21 de junio de 2006

FRICCIÓN TRANSATLÁNTICA. Por primera vez en una cumbre anual con EEUU, los Veinticinco han decidido incluir en la agenda de mañana sus protestas sobre dos aspectos de la ‘guerra contra el terror’ de George W. Bush que vulneran los Derechos Humanos y el Derecho Internacional: los vuelos de la CIA, más de 1.000 de los cuales han atravesado el espacio aéreo europeo, y el ‘limbo legal’ en el que se encuentran los prisioneros de Guantánamo desde enero de 2002.

A pesar de que Condoleezza Rice pareció tranquilizar a sus aliados de la UE en su gira europea de diciembre pasado, al asegurarles que su país nunca tortura a sus prisioneros y que recibe garantías en ese sentido de los países a los que los entrega con sus ya famosos vuelos en aviones civiles, el tema ha vuelto a cobrar actualidad.

La exhaustiva investigación llevada a cabo por el Consejo de Europa en sus 46 estados miembros y el último informe previo de la Eurocámara han mostrado la gran dimensión del programa de entregas de prisioneros de la CIA a terceros países. Pero, al mismo tiempo, los líderes europeos tendrán que hacer malabarismos para abordar el tema y pedir explicaciones a Bush, dado que esos informes evidencian también la complicidad, activa, o pasiva en el mejor de los casos pero no por ello exenta de grave responsabilidad, de la mayoría de los miembros de la Unión Europea. El canciller austriaco y actual presidente de la UE, Wolfgang Schüssel confirmó ayer ante el Parlamento Europeo que en la cumbre se plantearía a Bush el tema de los vuelos de la CIA y el reclamo del cierre de Guantánamo, a requerimiento de los grupos PP Europeo, Socialista, Liberales y Verdes. Sería ésta la primera vez que la UE se pronuncia colectivamente sobre Guantánamo.

¿Quiénes están en Guantánamo?

Actualmente quedan 457 de los 759 prisioneros que en total han pasado por el centro de detención de la base naval de EEUU desde enero de 2002 hasta la fecha. La mayoría de ellos fueron capturados en Afganistán en el marco de la guerra iniciada en octubre contra el régimen de Kabul, como represalia por negarse a entregar o expulsar de su territorio a Osama bin Laden y sus hombres.

En realidad Bin Laden estaba asentado en Afganistán desde hacía años y a pesar de que ya en 1993 Al Qaeda había cometido su primer atentado contra las Torres Gemelas y que posteriormente realizó varios más contra intereses de EEUU en distintos países, el Departamento de Estado no incorporó a Al Qaeda en la lista de organizaciones terroristas hasta 1999. Washington se resistía a cortar sus vínculos con el régimen talibán. Negociaba la construcción, a través del gigante energético estadounidense Unocal, de un oleoducto que uniera Turkmenistán con Pakistán pasando por Afganistán. No casualmente el actual presidente afgano era entonces asesor de Unocal, al igual que el actual embajador de EEUU en Bagdad, Zalmay Jalilzad. Enviados del mulá Omar visitaron con ese objetivo EEUU_en 2001…meses antes del 11-S. Los atentados del 11-S convirtieron por primera vez a Bin Laden y Al Qaeda en el enemigo número 1 de EEUU, y Bush reclamó y obtuvo apoyo de la ONU, de la OTAN y de todos sus aliados para su gran cruzada contra el terror a nivel planetario, y para iniciar en octubre de 2001 su guerra contra Afganistán. Ninguno de ellos objetó cuando el Pentágono trasladó unilateralmente de ese escenario de guerra hasta Guantánamo el 11 de enero de 2002, a los primeros detenidos maniatados, con mascarillas quirúrgicas, orejeras, guantes gruesos, gafas ciegas, monos naranjas, arrodillados frente a sus celdas-jaulas, al primer campamento provisorio, Camp X-Ray, antes de pasarlos al  gigantesco Camp Delta.

Una de las pocas voces críticas que se alzó en aquel momento fue la de Mary Robinson, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (recientemente galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales), quien precisamente decidió no renovar su mandato al considerar que la lucha antiterrorista estaba «secuestrando» los cometidos de su trabajo. Al primer grupo de prisioneros le seguirían muchos más, detenidos no sólo por las tropas de EEUU, sino también por su aliada Alianza del Norte y cazarrecompensas, en redadas realizadas con total arbitrariedad. Por la propia documentación del Pentágono se confirma que sólo una mínima parte de los detenidos es sospechoso de pertenecer a Al Qaeda. De hecho los tribunales militares sólo han presentado cargos hasta al momento contra 10 prisioneros. Otros pueden haber sido trasladados a terceros países en vuelos de la CIA.

Como se comprobaría por testimonios de prisioneros liberados, también fueron trasladados a Guantánamo numerosas personas, de hasta 40 nacionalidades diferentes, capturadas en Pakistán y en distintos países, en muchos casos por medio de secuestros de la CIA. Paradójicamente, algunos de los que sí combatían en las filas talibán o eran miembros de Al Qaeda, son veteranos de la guerra de los 80, armados por EEUU, que combatían contra las tropas de las URSS que ocupaban Afganistán en apoyo al Gobierno prosoviético. Tanto Carter como Bush senior los llamaban luchadores por la libertad.

En los cuatro años y medio transcurridos desde 2002 hubo numerosas huelgas de hambre de los prisioneros para protestar por las humillaciones y torturas sufridas y por el limbo legal en que se encuentran, que fueron calificadas de acciones de propaganda por el Pentágono. Más de 260 médicos reclamaron en EEUU al Gobierno que acabara con la práctica de maniatar y alimentar por la fuerza a los detenidos por sondas nasales. Hubo más de 100 intentos de suicidio. Tres de ellos se concretaron días atrás. Los mandos militares los consideraron no como actos de desesperación, sino como actos de guerra.

George W. Bush asegura que quisiera cerrar Guantánamo pero que el Tribunal Supremo tiene que decidir qué hacer con «gente tan peligrosa», considerando que «la mejor solución sería someterlos a juicios militares».

De esta forma, Bush hace público el pulso que mantiene con el Supremo, que le ha paralizado sus polémicos tribunales militares. Todo nació en 2002, cuando su entonces principal asesor y actual fiscal general del Estado, Alberto González, buscó la fórmula legal para evitar la aplicación de las Convenciones de Ginebra a los prisioneros acusados de ser talibán o miembros de Al Qaeda. Como muestran las decenas de consultas internas y memorandos a letrados del Departamento de Justicia y a distintos asesores del Departamento de Estado y el Pentágono, se concluyó -con la tenaz oposición de Colin Powell, como quedó documentado- que la única opción para no ser acusados de violar la Constitución y la Justicia de los propios EEUU, era que el presidente dictara una medida excepcional, no utilizada desde la II Guerra Mundial.

Fue así que George W. Bush el 13 de noviembre de 2001 firmaba la Orden Militar titulada Detención, Tratamiento y Juicio de ciertos no ciudadanos en la Guerra contra el Terrorismo, por la cual consideraba que ni los talibán ni los miembros de Al Qaeda eran fuerzas regulares de ningún Ejército y que por lo tanto no se podían acoger al estatuto de prisioneros de guerra, tal como les reconoce la 3ª Convención de Ginebra.

En la Sección 7ª de la Orden se aclara que el detenido no tiene en ningún caso derecho a recurrir a ningún tribunal «ni en Estados Unidos ni en ningún otro país ni ante un tribunal internacional». En la Sección 3ª se establece que es potestad del secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, decidir dónde se aloja al individuo, «fuera o dentro de EEUU». El Pentágono impidió la visita a Guantánamo de observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y fue sólo a partir de las innumerables denuncias de las torturas que sufrían a diario los prisioneros hechas por detenidos liberados, organizaciones humanitarias, e incluso por la filtración de informes críticos de agentes del FBI, que la Justicia logró obligar al Pentágono a dar a conocer mucho tiempo después la identidad de los detenidos.  En junio de 2004, y tras el impacto producido poco antes por las fotografías de la prisión de Abu Ghraib, el Tribunal Supremo resolvió en una causa llevada por la juez Joyce Hens Green, que los tribunales federales sí tenían jurisdicción para estudiar recursos de los prisioneros. La Administración Bush recurrió esta decisión. Respondió desafiante estableciendo por su cuenta los llamados Tribunales de Revisión del Estatuto del Combatiente Enemigo, para que los prisioneros pudieran apelar pero ante esos tribunales militares. Sólo en 10 casos se reconsideró ese estatuto y se decidió liberarlos. Los letrados del  Gobierno llegaron a rechazar el argumento de la juez de que la privación de la libertad de los prisioneros violaba la Quinta Enmienda de la Constitución. «Es inaplicable a los extranjeros capturados fuera de Estados Unidos y recluidos en la bahía de Guantánamo».

«La determinación de quiénes son combatientes enemigos es una decisión quintaesencialmente militar confiada básicamente al Ejecutivo», sostuvo el equipo de letrados gubernamentales. Sin embargo, meses atrás el Supremo congeló los tribunales militares y debe aún determinar si son legales o no, cuatro años y medio después de creados.

Futuro incierto

A partir de 2005 han comenzado a arreciar los pronunciamientos a favor del cierre del centro de detención de Guantánamo. Bill Clinton ha sido una de las figuras más representativas del Partido Demócrata que lo ha reclamado; también lo ha hecho la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa), a la que seguiría el duro informe de los expertos en Derechos Humanos de la ONU, el _Parlamento Europeo y tímida e individualmente algunos líderes europeos.

Sin embargo, si Europa decide ahora reclamar a EEUU el respeto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional, no basta con que reclame el cierre de Guantánamo, despreocupándose del futuro de los cerca de 500 prisioneros que hay todavía allí. Si fueran repatriados a sus países de origen -lo que se presenta hasta ahora como el mejor de los escenarios- en muchos casos prolongarían su drama, dependiendo el país del que se trate. Si, por el contrario, fueran juzgados por tribunales federales de EEUU, la UE se encontraría ante una contradicción. Tras el 11-S acordó no entregar a EEUU a sospechosos de ser miembros de Al Qaeda, ante el temor de que pudieran ser condenados a la pena de muerte. Sin embargo, al menos algunos de los detenidos de Guantánamo posiblemente podrían ser ejecutados en EEUU.

Algunos eurodiputados proponen que, ya que la mayoría de los prisioneros fueron capturados en Afganistán, en una guerra legitimada por la ONU en la que participan varios países, deberían ser juzgados por un tribunal internacional ad hoc. Una posibilidad, sin embargo, que ni la UE ni la ONU parecen en ningún caso dispuestas a plantear…ni EEUU, a aceptar.

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Roberto Montoya

Roberto Montoya

Roberto Montoya es analista de política internacional y autor, entre otras obras, de los ensayos ‘El imperio global’ y ‘La impunidad imperial’.

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