Cubadebate

CARACAS.- En la madrugada del 25 de febrero de 2003 dos bombazos estremecieron esta ciudad, que despertó despavorida. La detonación más fuerte dejó en ruinas al Consulado General de Colombia; la otra, voló la fachada de la embajada de España. Las dos, provocadas por explosivos C-4, fueron activadas desde un celular, a escasos minutos del paso de un hombre en una motocicleta que "olvidó" frente a las sedes diplomáticas un paquete envuelto en una bolsa plástica. Entre los heridos, los medios reportaron a una niña de 4 años, Yuliana Pérez. Varios cristales que lanzó la onda expansiva se clavaron en su cuerpecito, mientras la pequeña dormía junto a su madre.

Poco a poco se conocerían todos los detalles de los bombazos: un conocido General hiló cada detalle de la trama terrorista, cuyo objetivo era culpar a los grupos a favor del gobierno de Chávez, crear un serio conflicto con Colombia y desprestigiar a la Revolución bolivariana. Se distribuyeron por la ciudad volantes con consignas patrióticas, en los que falsos revolucionarios reconocían la autoría del hecho. No contaron con que el motociclista, al que intentaron matar para borrar un testigo incómodo, contaría a las autoridades todos los detalles del plan y delataría a los responsables directos del sabotaje, afanosos miembros de la oposición golpista venezolana.

Los autores materiales, aquellos que activaron la bomba con el celular y cobraron en efectivo para hacer el "trabajo", huyeron a Miami antes de que fueran detenidos por la justicia. Son abrumadoras las pruebas contra José Antonio Colina y Germán Rodolfo Varela, los dos ex oficiales que corrieron a pedir asilo político a Estados Unidos. El pasado 28 de abril, después de un turbulento trámite migratorio que silenció la solicitud de extradición realizada por Venezuela, Washington ha liberado silenciosamente a los terroristas. Subrayo silenciosamente porque, salvo en Miami, los medios norteamericanos no han dicho ni pío. Y ya sabemos lo que eso significa: si la gran prensa no da cuentas de un asunto, este no existe.

No hay que ser un genio para darse cuenta de las afinidades de este caso con otro que nos concierne de modo más cercano: el de Luis Posada Carriles. El autor intelectual de la voladura de un avión civil cubano frente a las costas de Barbados, en 1976, también llegó a Estados Unidos, prófugo de la justicia venezolana y solicitó asilo político. Los tres militares -ya sabemos que Posada Carriles se vanagloria de haber sido un eficiente soldado de la CIA- fueron detenidos por el Departamento de Seguridad de la Patria en territorio norteamericano, pero ninguno resultó acusado de terrorismo, a pesar de que entre los tres habrían podido llenar un almacén de evidencias acusatorias, en las que no solo aparecen las habilidades comunes con el C-4 y la frialdad con que disponen la muerte de adultos y de niños. Posada, por ejemplo, tiene a sus espaldas la muerte de una pequeña. En la lista de las 73 personas que murieron aquel 6 de octubre de 1976 encerradas en un avión en llamas, está Harry Paul, una niña guyanesa de nueve años.

El 28 de enero de 2004, Venezuela le entregó al Departamento de Estado solicitudes de detención preventiva contra Colina y Varela. El 13 de mayo de 2005 hizo lo mismo con Posada. En vez de detenerlos formalmente, Estados Unidos tramitó sus casos como si fueran simples indocumentados y los benefició con las disposiciones del Convenio contra la Tortura, que establece que un inmigrante sujeto a deportación no puede ser enviado a un país donde supuestamente se le torturaría. En este caso -dijeron las autoridades norteamericanas, las mismas que hacen papilla a los presos en Guantánamo-, Venezuela.  Un mismo abogado del Departamento de Inmigración se ocupó del caso de los ex miembros de la Fuerza Armada Venezolana y del ex comisario Posada: Gina Garrett Jackson.

El abogado José Pertierra, quien representa al gobierno de Venezuela en el caso de extradición de Luis Posada Carriles, está convencido de que el benévolo tratamiento migratorio a los tres terroristas no es casualidad. "Al liberar a Colina y a Varela, Washington ha lanzado un balón de ensayo para medir la reacción de la opinión pública cuando libere a Luis Posada Carriles, cosa que ha pretendido desde que este señor llegó a los Estados Unidos. Aunque los actos terroristas de unos y otro son diferentes, es indudable el paralelo legal entre estos casos."

Liberar a personas que son acusadas de terrorismo y están sujetas a solicitudes de extradición, es una violación de las leyes norteamericanas y de trascendentales convenios internacionales, afirma Pertierra. "Washington pretende ofrecer impunidad a terroristas internacionales, por conveniencia. Sin embargo, la ley es muy clara en este aspecto: en asuntos de terrorismo, no hay discreción política. Estados Unidos tiene que extraditar o procesar en su territorio a Colina, a Varela y a Posada Carriles."

Frente a este simulacro de justicia, más vale atenerse a la ley, como sugiere el abogado Pertierra. No es bueno usar la palabra "terrorismo" para todo, pero no va a ser posible erradicarla a conveniencia. Las palabras no las administra el gobierno norteamericano, aunque se crea dueño del mundo. El huevo Humpty Dumpty de Alicia en el país de las maravillas decía: "Cuando uso una palabra, significa sólo lo que yo quiero que signifique; ni más, ni menos". Pero tratar de aplicar la majadería infantil a la violenta realidad puede ser muy peligroso. Si tres terroristas son tratados como pobres indocumentados, ¿quién podría impedir que las bombas de C-4 sigan reventando gente, incluso en las narices del Humpty Dumpty norteamericano?