Cubadebate

Foto: Reuters.

De los 312 asesinatos de activistas registrados en 2017, solo el 12 por ciento desembocaron en arrestos, según un informe del grupo Frontline Defenders que denuncia la constante impunidad a favor de los asesinos de los activistas, quienes sufren además sobre sus hombros otra amenaza: la de la criminalización de sus actividades, por la que son acusados de delitos ficticios, encarcelados y torturados en prisión para silenciar su voz.

La violencia contra los activistas, según el anuario publicado esta semana por Frontline -- una red internacional que aglutina a más de 20 organizaciones de todo el mundo -- se concentra en cuatro países (Brasil, Colombia, México y Filipinas), donde existe un modelo específico y predominante de crimen: el que es perpetrado contra los defensores de los derechos territoriales de las poblaciones indígenas "y siempre en el contexto de los megaproyectos internacionales que realizan las industrias del sector de la extracción". Las fuerzas de seguridad son cómplices con su silencio o, en el peor de los casos, con su participación.

Y, aunque el grupo señala "algunas victorias" en 2017 -- como por ejemplo en Camerón, Sudán e incluso en Turquía donde, a pesar de la purga ordenada por el presidente del país contra sus opositores, campañas de movilización han conseguido revocar las condenas de algunos activistas --, la situación en términos generales sigue siendo gravísima y merece una consideración todavía más importante este año 2018, cuando se cumple el 20 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, cuya labor "ha llegado mucho más allá que el compromiso de sus gobiernos".

El factor de la impunidad.

Frontline Defenders estima que en torno a nueve de cada diez de los activistas asesinados habían sido amenazados de muerte previamente. Esto significa que la Policía podría haber intervenido para salvar sus vidas. Es la marca de la impunidad, según el grupo, y por extensión de las prácticas de criminalización contra los defensores contra los Derechos Humanos.

"En todas las regiones del mundo la criminalización ha sido la medida más común para impedir la labor de los activistas y deslegitimarlos a los ojos de sus propias comunidades. Se les ha amenazado con la cárcel o peor, bajo cargos de 'atentar contra el Estado' o 'secesión', que acarrean la pena de muerte", según Frontline.

La ilegalidad de esta persecución contra los activistas da lugar a situaciones surrealistas, como ha pasado en Camerún o Sudán, donde la presión popular ha llevado a ambos gobiernos a conmutar sentencias de muerte a activistas acusados de un cargo tan grave como el de traición a la patria.

Por ello, otros estados prefieren actuar de manera un poco más subrepticia contra los activistas, recurriendo a la legislación antiterrorista, siempre difusa y ambigua cuando conviene, y de la que derivan las declaraciones de estados nacionales de emergencia por los que las autoridades se arrogan la potestad de realizar detenciones indiscriminadas sin garantizar el derecho a la defensa ni un juicio justo.

(Con información de Europa Press)