Cubadebate

Los votantes en los condados de los Estados Unidos anteriormente cubiertos por la Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act, VRA por sus siglas en inglés) tendrán por lo menos 868 lugares menos para votar en las elecciones de 2016 que en las pasadas de 2012, según un nuevo análisis publicado el viernes.

De hecho, el informe (pdf) de la Leadership Conference on Civil and Human Rights concluye que tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 2013 que impuso a la VRA, que "los estados con registros conocidos de discriminación electoral cierran los lugares de votación en una escala masiva".  Fue un plan nada disimulado para limitar el voto de las minorías, que ha recibido fuertes críticas en EEUU, añade.

El 15 de marzo de 1965, Lyndon Johnson le exigió al congreso que aprobara la Ley de Derechos Electorales, que otorgaba al gobierno federal poderes excepcionales sobre los estados para ponerle fin a la “discriminación sistemática e ingeniosa” que limitaba los derechos de los electores negros en el sur del país. Desde entonces, y gracias a una serie de artículos de esa ley conocidos como la Sección 5, el gobierno federal es competente para bloquear cualquier legislación electoral que podría fomentar la discriminación en estados de tradición racista, en especial, los antiguos estados confederados como Texas.

Para los negros ha sido difícil ejercer su derecho al voto a lo largo de la historia, pero en 2008 la tasa de asistencia de los negros a las urnas ya era similar a la de los blancos. Y Estados Unidos eligió a Barack Obama.

Pero contra toda lógica, después de la elección de Obama los republicanos aprobaron leyes electorales discriminatorias en algunos lugares en los que gobiernan. Se redujo el plazo de votación anticipada, que facilita el acceso a las urnas de las personas de menos recursos, algo muy útil para las iglesias de mayoría negra que suelen motivar a sus fieles para ir a las urnas durante sus servicios dominicales.

También derogaron leyes que permitían a las personas registrarse y votar al mismo tiempo, algo muy conveniente para los estadounidenses más pobres que cambian de domicilio con mayor frecuencia y que, sin esta ventaja, se ven obligados a actualizar continuamente su información electoral. Además, se aprobaron nuevas leyes que establecieron límites estrictos al tipo de identificaciones con fotografía que pueden aceptarse en las casillas: la legislación de Texas establecía que podían aceptarse permisos para portar armas, más habituales entre los blancos, pero no identificaciones de trabajo o de escuelas públicas.

Algunos abogados especializados en derechos civiles argumentaron que la situación no era más que un caso moderno del tipo de leyes que el congreso pretendía bloquear cuando aprobó la Ley de Derechos Electorales, y en varios casos los tribunales estuvieron de acuerdo con ellos. Mientras esta ley se mantuvo intacta, los estados que la aplicaban tenían poco margen de maniobra. En 2012, la justicia federal bloqueó la legislación de Texas sobre identificaciones aceptadas para votar, y el Departamento de Justicia retrasó la legislación de Misisipi sobre identificaciones con fotografía tras solicitar más información sobre sus posibles efectos discriminatorios.

Alabama también aprobó una ley sobre identificaciones que no podía entrar en vigor hasta recibir autorización federal. Y entonces llegó la sentencia de un caso conocido como Shelby County vs. Holder: la Sección 5 dejó de ser aplicable en los estados con el argumento de que la información a partir de la cual se redactó y aprobó ya no correspondía con la realidad social y demográfica de gran parte del país.

Fue el mayor cambio en materia electoral desde 1965 y, según expertos en la defensa de derechos civiles, el mayor retroceso en la materia. Después de ese caso, Texas, Misisipi y Alabama siguieron adelante con su legislación sobre identificaciones mientras se resolvían las apelaciones ante la justicia federal. En Carolina del Norte, los republicanos aprobaron numerosas restricciones, incluida también una ley sobre las identificaciones y recortes al plazo de votación anticipada que afectaron de manera desproporcionada a las minorías. (También está pendiente una apelación federal).

Las elecciones presidenciales de 2016 serán las primeras que se realicen después de las modificaciones republicanas a la ley electoral que, si la justicia federal no actúa antes, podrían ser aplicadas en su totalidad. Los abogados que defienden los derechos civiles han mostrado su preocupación por los cambios que podrían perjudicar a los electores. Carolina del Norte, Virginia y Florida serían algunos de los estados más afectados y, además, allí las batallas electorales estarán entre las más reñidas.

Estudio reciente

Casi la mitad de todos los condados de Texas de la muestra estudiada Shelby County v. Holder, cerraron los colegios electorales, por lo que habrá 403 menos lugares de votación para las elecciones de 2016 que en años anteriores. 

Si bien la Leadership Conference reconoce que "existen razones justificables para reducir algunos lugares de votación y las consolidaciones pueden ser ejecutadas equitativamente", también señala que "no hay un proceso para asegurar que las reducciones sean reveladas al público, se llevan a cabo con el aporte de las comunidades afectadas y no discriminan a los votantes de color ".

De hecho, el análisis señala que "el cierre de los lugares es una táctica particularmente común y perniciosa para eliminar a los votantes de color. Las decisiones de cerrar o reducir los lugares de votación se hacen a menudo en silencio y en el último minuto, la intervención preelectoral o el litigio son prácticamente imposibles, y pueden suponer una carga indebida para los votantes minoritarios, que pueden tener menos posibilidades de acceder al transporte público o a los vehículos, dadas las continuas disparidades en los recursos socioeconómicos".

A más largo plazo, la organización está pidiendo al Congreso que apruebe uno de los dos proyectos de ley pendientes para restaurar la VRA. Ambos textos legislativos restablecerían la transparencia y los requisitos de notificación de determinados cambios en la votación, como los cierres de los colegios electorales.

"Y ambos incluyen una fórmula actualizada para determinar qué estados y condados deben tener cambios en la votación -incluyendo sus propuestas de reducción y consolidación de los lugares de votación- sujetos a la supervisión federal para asegurarse de que no sean racialmente discriminatorios", escribe la Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Sin embargo, concluye: "El Congreso aún no ha avanzado ni el proyecto de ley".

(Con información de Common Dreams y The New York Times. Versión de Cubadebate)