Tribunal Supremo Popular de la República de Cuba
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Como acto judicial, muy bueno: inicio en tiempo, público en sala, carácter ejemplarizante, las partes totalmente aptas para ejercer sus funciones, testigos ahí, buen proceso de investigación previa, evidencias o pruebas irrefutables, garantías procesales, respeto y apropiado tratamiento a la acusada, sólida intervención de la Fiscalía, adecuada defensa, precisiones y notas al detalle por parte de jueces profesionales y legos.
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El Tribunal Supremo Popular presentó un balance detallado de la aplicación del Código de las Familias, destacando su impacto en la protección de derechos, la reducción de conflictividad y la introducción de figuras innovadoras como la compensación económica y la guarda compartida, en línea con los principios de solidaridad e inclusión que promueve la norma.
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El Tribunal Supremo Popular informa que este lunes 8 de diciembre de 2025 notificó las sentencias de los procesos penales contra el acusado Alejandro Miguel Gil Fernández. Las vistas orales se desarrollaron entre los días 11 y 13 de noviembre de 2025 y entre el 26 y el 29 del propio mes. »
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El proceso, que se celebrará con acceso restringido al público por razones de Seguridad Nacional, sigue lo establecido en la Constitución y la Ley Penal. Tanto la defensa como el acusado han tenido acceso al expediente y han ejercido su derecho a presentar conclusiones provisionales. La vista oral tendrá lugar este martes 11 de noviembre a las 9:30 de la mañana.
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El condenado trasladaba cocaína y cannabinoides sintéticos desde Santiago de Cuba para su comercialización en la capital. Fue detenido en septiembre de 2024 por el Órgano de Enfrentamiento Antidrogas cuando intentaba realizar un nuevo viaje. La sentencia, contra la cual se puede interponer recurso de casación, incluye también la prohibición de salida del país y el comiso de bienes.
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El 18 de septiembre la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, del Tribunal Provincial Popular de La Habana, la cual posee competencia para conocer los delitos que atentan la seguridad estatal de gran parte del occidente del país, dictó sentencia en la que condenó a 10 años de privación de libertad a Yuni Valdés Pérez, como responsable de un delito de sabotaje.
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Al intervenir este lunes en el programa Mesa Redonda, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió sobre los crecientes riesgos que el panorama regional e internacional del narcotráfico representa para la soberanía y la seguridad de Cuba, y detalló la estrategia nacional para combatir este flagelo.
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Los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano analizaron este lunes la marcha de las acciones de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, luego de recibir informes de la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
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Delitos económicos o delito contra la economía, son aquellas conductas o hechos que cometen los ciudadanos y afectan la producción o los recursos materiales, financieros de la economía. Son hechos que negativos que repercuten en determinadas relaciones de producción, distribución, comercialización y venta de mercancías, y a los cuales van a aparecer vinculados sujetos que se van a asociar para, precisamente, defraudar la economía, sujetos que van a ser de diferente naturaleza, desde los funcionarios, los empleados públicos y también cualquier actor económico.
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En medio de la creciente preocupación ciudadana expresada tanto en redes sociales como en conversaciones públicas, el Tribunal Supremo Popular de Cuba ha emitido un pronunciamiento en su función de ejercer justicia en nombre del pueblo sobre diversos hechos que han afectado sectores esenciales, como el transporte, la aviación, las ambulancias, los grupos electrógenos, los paneles solares y las telecomunicaciones.
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Entre los meses de enero y marzo de 2025, se concedieron beneficios de excarcelación anticipada a 553 personas sancionadas por delitos diversos. Estos beneficios, se otorgaron conforme a los requisitos previstos en ley y a las características de cada uno de los sancionados. Este proceso transcurrió con normalidad, como de forma sistemática acontece en el país.
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Durante la Segunda Edición del Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales se intensificó el patrullaje en zonas de alta incidencia delictiva y se realizaron detenciones de personas vinculadas a ilegalidades. Además, se identificaron actividades ilícitas, se llevó a cabo un monitoreo sobre el cumplimiento de sanciones en libertad y se implementaron acciones preventivas para reducir la reincidencia.
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