Constitución de la República
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Con el alta responsabilidad y sensibilidad que amerita ese ejercicio legislativo, fue aprobado y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el manual de funcionamiento de la Defensoría en materia civil, familiar, mercantil, trabajo y seguridad social de las personas en situación de vulnerabilidad.
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El pasado 14 de septiembre, los juristas cubanos rememoramos un aniversario más del natalicio del Dr. Julio Fernández Bulté, sin lugar a dudas uno de los grandes maestros de la ciencia jurídica nacional. Además de la amplitud y profundidad de su obra académica, el profesor Fernández Bulté logró, en términos inusuales, una amplísima popularidad en los más variados entornos generacionales de nuestro pueblo.
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Se trata de una columna enfocada en la socialización del conocimiento jurídico fuera de los espacios académicos y especializados, como ejercicio permanente en pos de acercar este fenómeno y sus conceptos a todas las personas.
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La relación de trabajo tiene dos manifestaciones: las relaciones laborales individuales y la relación colectiva de trabajo, la cual tiene como sujetos al empleador y a la organización sindical en representación colectiva de los derechos e intereses de los trabajadores.
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El derecho de los trabajadores a participar en la gestión económica de la empresa es un principio constitucional que concentra en sí los fundamentos de esas tres variables y se ha formulado con mayor concreción y extensión en cada reforma de la carta magna. Lamentablemente sus resultados y concreciones no han estado en correspondencia con las pretensiones.
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A lo largo de la historia jurídica de nuestro país, han existido mecanismos de representación y protección de las personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, las circunstancias sociales y la reforma de nuestro panorama legislativo, desencadenada a partir de la Constitución del 2019, ha propiciado la aparición de una estructura especializada para atender estos particulares: la Defensoría.
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Luego de transcurridos los 60 días que previó la norma para su entrada en vigor, se escuchan los ecos de las opiniones favorables que se vertieron durante su creación y se suman otras muchas de quienes operan ya, de un modo u otro, en el amplio mar de posibilidades que abre para la solución de las diferencias interpersonales y de otro tipo.
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La Constitución cubana de 2019 tiene el rasgo de refrendar un cuerpo de principios que le proporcionan legitimidad axiológica. ¿Qué significa esto? Significa que amén de la legitimidad que tiene el texto por haber sido discutido y aprobado mediante referendo por el titular del poder soberano (el pueblo); sus contenidos, el sistema político que instituye, el ordenamiento jurídico que se crea a su tenor y el proyecto de convivencia nacional que diseña, se sustentan de principios y valores de raigambre moral. »
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A partir de la regulación constitucional, desarrollada en lo atinente por la Ley 138, en cada provincia rige un Gobierno Provincial del Poder Popular, conformado por el Gobernador y un Consejo Provincial, que de conjunto tienen como misión fundamental el desarrollo económico y social de su territorio, conforme a los objetivos generales del país.
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La violencia en las relaciones sociales es un fenómeno extendido y de gran preocupación a nivel global, por sus nocivas consecuencias para la convivencia humana. Una de sus manifestaciones más repudiadas es cuando las víctimas son las mujeres. Cuba no está exenta de esta problemática, a pesar de los apreciables avances en la igualdad de género.
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Los chilenos elegirán hoy al consejo encargado de redactar el texto de una nueva Constitución, en una jornada donde está en juego la posibilidad de contar con una propuesta renovadora u otra que mantenga el status quo. Quince millones de personas están convocadas a las urnas para escoger a los 50 integrantes de ese órgano, para el que se postularon más de 350 candidatos.
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Como se aprecia, de forma coherente, la jerarquía orgánica que la Constitución de la República le concede a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se corresponde con la importancia y trascendencia de las atribuciones que con contenido económico le dispone.
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