Cubadebate

Foto: Jaime Saldarriaga / Reuters.

La Fiscalía de Colombia informó ayer que fueron capturados 12 suboficiales que "estarían involucrados en actos de corrupción" y que pertenecían a una presunta red que exigía dinero a los uniformados a cambio de beneficios.

Estos funcionarios serán imputados por "fraude procesal, acceso abusivo a un sistema informático, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, falsedad en documento privado y concierto para delinquir".

Según la Fiscalía, este grupo operaba en guarniciones militares y pedía a los militares entre cuatro y cinco millones de pesos (entre mil 200 y mil 500 dólares) "para beneficiarlos con trámites de ascensos y cambios de unidades militares".

Por su parte, el Comando del Ejército Nacional de Colombia informó, a través de un comunicado, de la aprehensión y adelantó que la investigación fue llevada a cabo por cuerpos de Contrainteligencia, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación del departamento de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá.

Soldados colombianos durante parada militar en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2018. Foto: Carlos Julio Martinez / Reuters

Entre los apresados se encuentra un sargento viceprimero, siete sargentos segundos, dos cabos primeros y dos cabos segundos. Sin embargo, los altos cargos señalados en investigaciones periodísticas de haber cometido supuestas irregularidades mientras cumplían con responsabilidades en el cuerpo militar entre 2015 y la actualidad no han sido detenidos, sino que han recurrido a medidas administrativas dentro de la institución.

¿Por qué estas detenciones?

La revista Semana dio a conocer en días pasados un extenso trabajo especial sobre una serie de irregularidades en el Ejército donde estarían involucrados tres altos cargos de ese componente presuntamente involucrados en actos de corrupción, tráfico de influencias y coacciones para evitar filtraciones entre los uniformados.

En el texto, que según la publicación se basó en grabaciones, testimonios, videos y documentos en poder de la Fiscalía y la Procuraduría, se mencionan a los siguientes altos mandos:

• El actual jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, Jorge Romero, relacionado con presuntos actos de corrupción relativos a permisos de porte de armas a civiles y malos manejos entre 2015 y 2017, cuando comandó la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
• El segundo comandante del Ejército, Adelmo Fajardo, vinculado con la petición de cantidades de dinero a sus oficiales para gastos personales y familiares, entre 2016 y 2017, cuando era el comandante del Comando de Educación y Doctrina del Ejército.
• El general Eduardo Quirós, jefe del comando de apoyo a la contrainteligencia, señalado de coaccionar a oficiales sospechosos de haber divulgado información a la prensa sobre malos manejos en esa institución.

En ministro de Defensa, Guillermo Botero adelantó que Romero había sido llamado a calificar servicios (retiro del servicio activo, que no es una sanción o despido); que Fajardo había solicitado vacaciones "para preparar su defensa" y que Quirós sería trasladado "mientras se resuelve su situación".

En el seriado presentado por Semana también se menciona al actual comandante del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, quien se desempeñaba como inspector general del Ejército en esos lapsos y que no habría informado sobre las inconsistencias.

Comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en Bogotá, Colombia, el 7 de junio de 2019. Foto: Luisa Gonzalez / Reuters.

Esta nueva revelación ocurre casi dos meses después de que, a finales de mayo pasado, una investigación de AP arrojara pruebas que vincularían a Martínez Espinel con el supuesto encubrimiento de la muerte de civiles a manos de militares, hace más de diez años.

Días antes, el New York Times (NYT) había revelado que generales y coroneles del Ejército de ese país suscribieron un acuerdo para incrementar los operativos y "ser efectivos operacionalmente", con el objetivo de "matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes".

¿Qué dice el ministro de Defensa?

Botero escribió una serie de tuits donde aseveró que habrá "cero tolerancia" frente a actuaciones ilegales de la Fuerza Pública y que había sostenido un encuentro con la Fiscalía, la Procuraduría General y la Contraloría General "para solicitar acción frente a conductas irregulares".

"No seremos ni indulgentes ni temerarios, pero sí sumamente diligentes. Nos hemos tomado el tiempo necesario para analizar cada caso de manera individual", manifestó y aclaró que las hechos investigados había ocurrido antes del 7 de agosto del año pasado, cuando el presidente Iván Duque se posesionó en el cargo.

Habla el comandante del Ejército

Martínez Espinel afirmó hace un par de días que 42 integrantes de ese cuerpo fueron retirados del servicio activo y que 38 estaban a disposición de las autoridades judiciales, como parte de la investigación.

De igual manera, le respondió a Semana que no conoció ninguna denuncia directa contra los generales mencionados en el artículo durante su desempeño como inspector general del Ejército, cargo que ocupó hasta haber sido nombrado en el actual, en diciembre de 2018.

Por último, aseguró que una reunión en el comando de la Segunda Brigada, efectuada el pasado mayo en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, era para evaluar "las distintas actividades que se desarrollan en la jurisdicción" y no para someter a 15 militares a pruebas del polígrafo para conocer quién estaba filtrando información a los medios de comunicación, como lo recoge la publicación periodística.

Hasta ahora el presidente Duque no se ha manifestado al respecto.

(Tomado de RT)