Cubadebate

La marea violeta volverá a ocupar las calles este miércoles 3 de junio en una nueva edición de Ni Una Menos. Foto: El destape.

El 3 de junio de 2015 una multitud desbordó plazas, calles y avenidas de todo el país bajo una consigna que nació del hartazgo colectivo frente a la violencia machista: “Ni Una Menos”. Aquel grito surgió después de una larga lista de femicidios que conmocionaron a la sociedad argentina y logró transformar el dolor en una fuerza política capaz de instalar en la agenda pública una realidad que durante años había sido invisibilizada.

Once años después, la pregunta sigue siendo urgente: ¿cuántas más?

La antesala de este nuevo aniversario volvió a estar marcada por la violencia patriarcal. El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, volvió a exponer las fallas de un sistema que llega tarde cuando las mujeres, niñas y adolescentes están en peligro.

El caso de Agostina también dejó en evidencia, una vez más, el accionar de las instituciones encargadas de intervenir ante una denuncia de desaparición. Según denunciaron familiares y allegados, en las primeras horas no habrían encontrado una respuesta acorde a la gravedad de la situación.

Entre los principales cuestionamientos aparece la demora en la recepción de la denuncia, que habría sido rechazada inicialmente bajo el argumento de que los efectivos policiales se encontraban afectados al operativo de seguridad de un partido de fútbol. A ello se suma la activación tardía del Alerta Sofía, que recién fue emitida más de 72 horas después de la desaparición, pese a que se trata de una herramienta diseñada para actuar de manera inmediata en casos de niñas, niños y adolescentes cuyo paradero se desconoce.

La actuación de la fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, también quedó en el centro de las críticas por la lentitud de las medidas adoptadas durante los primeros días de búsqueda. En ese contexto, generaron especial preocupación las declaraciones públicas realizadas por el fiscal de la causa, quien incluso sostuvo que no se trataba de un caso vinculado a violencia de género.

La indignación social no tardó en hacerse sentir. Mientras crecían las críticas por las demoras y las irregularidades en la investigación, vecinos, amigos, familiares y organizaciones sociales se movilizaron frente a la comisaría Unidad 13, para exigir respuestas y reclamar la aparición de Agostina. Sin embargo, la respuesta estatal volvió a estar marcada por la violencia. La protesta fue reprimida por efectivos de la Policía de Córdoba, dependiente del gobierno provincial encabezado por el gobernador Martín Llaryora. La escena expuso una contradicción difícil de ignorar: mientras la familia denunciaba la falta de celeridad para buscar a una adolescente desaparecida, la respuesta estatal sí mostró rapidez y contundencia para reprimir la protesta social.

Hasta el momento el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, señalado por la investigación como la última persona que vio a Agostina con vida. Barrelier se desempeñaba como empleado de la Municipalidad de Córdoba, en el área de Tránsito, y fue apartado de sus funciones recién después de quedar detenido.

Distintos medios locales señalaron además que contaba con antecedentes y denuncias previas, incluyendo una causa por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, situación que abrió interrogantes sobre cómo había logrado incorporarse y mantenerse dentro de la estructura municipal. También trascendieron sus vínculos con sectores de la política cordobesa y que su ingreso al municipio habría contado con recomendaciones de dirigentes del oficialismo provincial.

En medio del dolor y la búsqueda de justicia, estas revelaciones alimentaron las denuncias de encubrimiento, negligencia y responsabilidad política que comenzaron a expresar familiares, organizaciones feministas y distintos sectores de la sociedad.

El caso de Agostina no aparece como un hecho aislado. En los últimos días también se conoció el asesinato de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones. Y tan solo un par de horas después, también fue asesinada en la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, Noelia Carolina Romero (30), “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!” fue el llamado de la víctima al servicio de emergencia estatal que tampoco dio respuestas a tiempo  Estos nuevos femicidios volvieron a sacudir al país y se suman a una estadística que no deja de crecer.

A más de una década de aquella histórica movilización, la violencia de género continúa siendo una emergencia social. Según El Observatorio Ahora que Si Nos Ven, entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia devastada y un Estado que muchas veces aparece solamente después del crimen.

La situación resulta aún más alarmante en un contexto de retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar las violencias por motivos de género. Organizaciones feministas, espacios de derechos humanos y asambleas de Ni Una Menos vienen denunciando el vaciamiento de programas, la reducción de recursos y el debilitamiento de áreas estatales que durante años funcionaron como herramientas de acompañamiento y protección para mujeres y diversidades en situación de violencia.

Los fondos destinados a los principales programas de prevención y asistencia sufrieron reducciones severas y modificaciones en sus condiciones de acceso, tales como el Programa Acompañar, la línea 144 y la línea 137 y Ayudas Urgentes. El recrudecimiento de la crisis económica afecta en mayor medida a mujeres y diversidades sexuales, de la mano del régimen de La Libertad Avanza, el Estado deja de garantizar los derechos mínimos de las mayorías para ponerse exclusivamente a disposición de los grupos económicos concentrados que viven del saqueo y la especulación financiera.

Discursivamente, desde la Presidencia se sostiene que la violencia "no tiene género" y se rechaza el concepto de "femicidio" como una categoría penal que otorgue privilegios o asimetrías ante la ley, argumentando que la vida de todos los ciudadanos vale lo mismo.

En paralelo, en el plano internacional, Argentina llegó a ser el único miembro del G20 en rechazar declaraciones conjuntas sobre igualdad de género. De hecho, a principios de 2026, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió informes de profunda preocupación por la desprotección y el desarme institucional en la Argentina:

“En cuanto al acceso a la justicia, el Comité señaló que la disolución de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) ha reducido significativamente la cobertura, y que el cambio a servicios remotos, junto con los recortes de personal y presupuestarios, ha afectado de manera desproporcionada a mujeres en zonas rurales, mujeres que viven en pobreza, mujeres con discapacidad y mujeres que sufren otras formas interseccionales de discriminación. El Comité instó al Estado a garantizar un acceso efectivo, asequible y físicamente accesible a la justicia para todas las mujeres, restaurando y fortaleciendo la presencia local, el personal y la financiación de los Centros de Acceso a la Justicia y otros mecanismos de asistencia jurídica, y asegurando que los modelos de servicios remotos complementen, en lugar de reemplazar, los servicios presenciales, especialmente para mujeres rurales y marginadas.

En cuanto a la violencia de género, el Comité expresó su preocupación por la significativa reducción en las asignaciones presupuestarias y la capacidad operativa de los principales mecanismos de protección. Destacó, por ejemplo, la modificación del Programa Acompañar, que redujo la duración de las prestaciones e introdujo requisitos adicionales de elegibilidad. El Comité también señaló la disminución sustancial en la financiación, el personal y la accesibilidad de la línea directa Línea 144, incluyendo la supresión de servicios especializados para mujeres con discapacidad. Recomendó que Argentina restableciera y garantizara una financiación y capacidad operativa adecuada, sostenida y transparente para estos mecanismos. También pidió eliminar los requisitos de reporte como condición de acceso, alinear la duración de las prestaciones con las necesidades de las mujeres y garantizar servicios especializados, accesibles e inclusivos.”

El problema no se limita a la respuesta judicial o policial frente a cada caso. Los femicidios constituyen la expresión más extrema de una trama estructural de desigualdades, violencias y desprotección que atraviesa la vida cotidiana de millones de mujeres. Por eso, cada vez que una nueva víctima ocupa los titulares, vuelve a quedar en evidencia que la prevención no puede reducirse a discursos punitivos ni a reacciones tardías frente a la tragedia consumada.

El movimiento feminista argentino logró instalar una certeza que hoy sigue vigente: los femicidios no son hechos aislados ni producto de situaciones excepcionales. Son la consecuencia de una violencia sistemática que requiere respuestas integrales, recursos concretos y una decisión política sostenida para garantizar el derecho a una vida libre de violencias.

Ante el avance de la reacción conservadora encarnada en las “nuevas derechas” en todo el mundo, cabe la pregunta sobre la causa de la incomodidad que genera el movimiento feminista y transfeminista en las propias organizaciones del campo popular. Quizás resulte más cómodo para la política tradicional ubicarnos como los chivos expiatorios, mientras las dirigencias se alejan de las demandas de sus representades.

Quizás resulte incómoda la denuncia de los feminismos populares a los límites de las democracias liberales, secuestradas por lobbies judiciales, financieros y mediáticos. Una democracia vapuleada, donde no existe igualdad ante la ley si no hay justicia social, menos aún para las mujeres y diversidades. Hace décadas intentamos avanzar en la construcción de una verdadera democracia participativa y popular.

Hoy la derecha reaccionaria encabezada por Milei cabalga sobre las deudas pendientes y las contradicciones del movimiento popular para avanzar aceleradamente en la destrucción de las garantías democráticas que conquistamos en décadas de lucha y organización.

A once años de la primera marcha de Ni Una Menos, el reclamo sigue resonando con la misma fuerza. Porque mientras continúen los femicidios, las desapariciones y la falta de respuestas eficaces por parte del Estado, aquella consigna que movilizó a millones seguirá siendo una necesidad urgente y no una consigna del pasado.

El colectivo Ni Una Menos  lanzó la movilización del próximo 3 de Junio a las 17 frente al Congreso de la Nación, bajo las consignas “Transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices” “Ni una menos: vivas, libres y desendeudadas nos queremos” “Unir las luchas y rebelarse es la tarea”.

Ni Una Menos no es una fecha para recordar. Es una deuda social.