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Estados Unidos es el país más acostumbrado a idear casus belli para justificar sus intervenciones militares. Foto: Reuters/Archivo.

Los conflictos y guerras impulsadas por Estados Unidos y la Unión Europea en Ucrania, el Caribe y el Cercano Oriente, sumadas a las provocaciones llevadas a cabo por Japón en el sudeste asiático, son el resultado de la descomposición del orden instituido luego del fin de la Guerra Fría. La hegemonía unilateral, imaginada por los intelectuales orgánicos del capitalismo neoliberal, apenas se sostuvo durante tres décadas. Los actuales gobernantes de Occidente se formaron creyendo que su influencia y poder eran omnímodos y que la historia había concluido. Donald Trump, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer irrumpieron en el escenario público conjeturando que las disputas estructurales por el futuro global habían sido superadas.

La vertiginosa irrupción económica y comercial de la República Popular China y el orgullo soberano de la Federación Rusa obligaron al Occidente envanecido a modificar sus certidumbres hegemónicas. Quienes insistían en presentarse como herederos triunfantes de una superioridad civilizatoria, aparecen hoy como dubitativos, frustrados y exasperados. El magnate estadounidense prioriza su confrontación con Xi Jinping porque busca reducir la productividad y competitividad de Beijing. Por su parte, la Unión Europea pretende coartar el resurgimiento ruso liderado por Vladimir Putin. Washington y Bruselas han decidido enemistades estratégicas disímiles. Sin embargo, ambos socios de la OTAN coinciden en la necesidad de contener, inmovilizar o interrumpir la emergencia de cualquier forma de multipolaridad, sobre todo la que expresan los BRICS.

Estados Unidos es el país más acostumbrado a idear casus belli para justificar sus intervenciones militares. Todos los pretextos históricos utilizados por Washington han tenido como común denominador la victimización propia y/o de poblaciones de terceros países. Los atentados de falsa bandera, como el incidente del golfo de Tomkin en 1964 (que le permitió a Lyndon Johnson obtener la autorización del Congreso para la invasión a Vietnam); las mentiras respecto a las armas de destrucción masiva en Irak, y las actuales entelequias descabelladas sobre el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles son –y han sido– artificios flagrantes para imponer su voluntad imperial.

El investigador indio Achin Vanaik compiló varios ensayos reunidos en el libro Cómo los Estados Unidos venden la guerra. Los artículos describen las diferentes formas de falacias, intimidaciones, extorsiones y guerras cognitivas utilizadas para instituir un sentido común acorde a las necesidades de Washington.

Uno de los antecedentes de la actual situación en el Caribe, en términos de los recursos naturales, remite a la defensa del territorio mexicano impulsada por el presidente Antonio López de Santa Anna, en 1836, cuando los esclavistas sureños ocuparon la Misión de Valero, conocida como El Álamo, en la actual ciudad de San Antonio. Esa defensa territorial de las fuerzas militares de Santa Anna brindó el caricaturesco subterfugio para iniciar una guerra que concluyó con el robo de casi la mitad del territorio mexicano: los actuales Estados de Texas, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. En esa porción territorial, birlada brutalmente a México, se asienta el 60% de las reservas totales de hidrocarburos (gas y petróleo). Cuatro de las siete cuencas de extracción más abundantes de ese país se ubican en esas tierras robadas. La cuenca pérmica ubicada en Texas y Nuevo México; la cuenca DJ Basin (Colorado, Wyoming y Dakota del Sur); la cuenca de Haynesville Shale (Texas y Luisiana) y la cuenca de Anadarko (Oklahoma y Texas).
Curiosamente, muy poco tiempo después de la anexión de esas tierras, en agosto de 1859, se inició el proceso de extracción industrial del petróleo, iniciándose la fiebre del oro negro, que ubicó a los Estados escamoteados a México como meca de peregrinación obligada. Las cuatro cuencas proveen, en la actualidad, más de la mitad de los combustibles utilizados por Estados Unidos. Sin embargo, las reservas que contienen se están reduciendo. Según diversas estimaciones de la agencia American Oil and Gas, el hegemón norteamericano cuenta con existencias para unos diez o quince años –como máximo– si sigue consumiendo al ritmo actual.

Frente a esta realidad, el arrogante excepcionalísimo estadounidense, pretende imponer cuatro prescripciones básicas respecto a Caracas: (a) las reservas de hidrocarburos de la República Bolivariana no deben contribuir al fortalecimiento de la economía venezolana; (b) dichos recursos naturales no pueden –de ninguna manera– contribuir al desarrollo de los BRICS ni producir sinergias de cooperación virtuosas con China; (c) no deben ser utilizados en ningún caso para implementar estrategias de integración regional latinoamericano-caribeñas destinadas a la autonomía energética, base de cualquier desarrollo industrial; y (d) las reservas deben convertirse en los stocks estratégicos estadounidenses. Para lograr este último objetivo, se ha desplegado una serie de iniciativas que se definen bajo el concepto de guerra híbrida.

Dicho dispositivo –en el caso de Venezuela– incluye el despliegue de tropas en el Caribe, las ejecuciones extrajudiciales de presuntas mulas marítimas, la guerra psicológica, la apelación al peligro del narcotráfico y la utilización mediática de la escuálida Corina Machado.

Para aumentar la presión y sumar al lobby de AIPAC, el secretario de Estado Marco Rubio ha señalado en Fox News –para sumar al lobby de la derecha israelí– que milicias de Hezbolá se encuentran en Caracas y que el chavismo le vende uranio a Hamás. A esta ofensiva se le suman las actividades de la CIA al interior del territorio venezolano. La última semana, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, detalló los intentos de la CIA orientados a instalar falsos laboratorios de drogas en zonas rurales para convencer al Capitolio de la necesidad de incrementar las acciones militares. Las filtraciones divulgadas por la periodista Maureen Tkacik en The American Prospect, respecto al programa de guerra bacteriológica –con contaminación inducida de hepatitis, influenza, sarampión y fiebre porcina–, se suman al conjunto de embestidas criminales planificadas por el Departamento de Estado.

Los planes destinados a imponer futuros casus belli incluyen también la remanida justificación humanitaria, esgrimida para bombardear Yugoslavia, Irak y Libia. Para instalar en la opinión pública la necesaria "intervención por desastre y hambruna", Washington divulga desde hace más de seis décadas una situación caótica en La Habana. Repitiendo lo que ya fracasó en Cuba, Trump también sueña con utilizar ese subterfugio. Todos esos intentos, lejos de garantizar el sometimiento, pueden llegar a estimular –como lo sugirió el presidente colombiano Gustavo Petro– el advenimiento de la ancestral profecía andina:

"El jaguar va a despertar, si el águila dorada se atreve a atacar al cóndor".